Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Las extorsiones a comerciantes en Celaya y en otros municipios no cesan, por lo que la presidenta de la comisión de Justicia del Congreso del Estado, Cristina Márquez Alcalá, adelantó que la fracción del PAN buscará reformar el Código Penal para que este delito sea catalogado ‘contra la seguridad de las personas’, pues ya dejó de ser un delito patrimonial.

Igualmente, mencionó que se llevará a cabo una revisión de las reformas al Código Penal aprobadas el año pasado con las que se incrementaron las penas para quienes comentan extorsión, las cuales podrían alcanzar hasta 22 años de cárcel. 

“A un año más o menos de distancia de haber sido aprobado, lo que tendríamos que hacer es una revisión, verificar cómo está funcionando , cuál es el impacto, si se está allegando de una herramienta efectiva a las instancias tanto de investigación como de  impartición de justicia —léase Ministerio Publico y jueces— para poder sancionar a los responsables de este delito tan lesivo que dejó de ser simplemente económico y pasó a trastocar la vida, la salud, la tranquilidad, la emocionalidad de las personas y de familias completas y de sociedad enteras de todo el estado”.

En las últimas semanas, decenas de locatarios y microempresarios de Celaya han sido acosados por el cobro de piso y han resurgido ataques armados a negocios. De enero a septiembre de este año, se han presentado 30 denuncias ante el Ministerio Público por el delito de extorsión, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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Mayor claridad

Cristina Márquez Alcalá, diputada del PAN. Foto: Lourdes Vázquez.

Ante ello, la diputada del PAN adelantó que se ha estado trabajando en ajustar el tipo penal a fin de tener mayor claridad y contar con una figura específica para poder llevar a cabo la investigación, el enjuiciamiento y la sanción a extorsionadores.

“No debemos dejar ningún cabo suelto, ni lugar a interpretaciones o ambigüedades. Entonces, viendo cómo se están dando las cosas, ya estamos trabajando en la actualización del tipo, aunado a que estamos revisando cuál ha sido el impacto para poder mejorar y tener una herramienta que permita abatir este tema, castigar a los responsables y apostar a la prevención”.

Reiteró que es de suma importancia que, en el Código Penal, este delito se reubique del capítulo de delitos patrimoniales a los delitos contra la seguridad de las personas.

El año pasado se aprobaron incrementos a la sanción por el delito de extorsión por el que quienes lo cometan podrían alcanzar 15 años de prisión y 7 más en caso de existir agravantes, como el uso de armas, ostentarse como miembros de la delincuencia organizada o de una corporación policial.

Cristina Márquez aclaró que no, “el incrementar las penas no implica que se abata el delito o que se deje de cometer el delito”.

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