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Bárbara Botello

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Sin miedo a la alerta de género

El pasado jueves, el gobernador Eruviel Ávila puso un gran ejemplo a todos los gobernantes del país al solicitar formalmente la alerta de género para varios municipios del Estado de México.

Pese a que dicho estado no es de los primeros en el país en delitos contra las mujeres, se reconoció que existe un problema serio en algunas regiones que se debe atender de inmediato. Más que ver la alerta de género como un castigo, la ven como una oportunidad de enfrentar y superar la problemática.

Vale la pena que en Guanajuato reflexionemos sobre este problema. La violencia contra las mujeres es un tema que sigue pendiente en la agenda estatal, a pesar de que ha sido una demanda añeja de asociaciones civiles como Las Libres.

La alerta de género es básicamente un reconocimiento de que existe un problema de violencia hacia la mujer, y que hay que atenderlo. Es un mecanismo protector de los derechos de las mujeres en un contexto de violencia y permite una emergente intervención del Estado.

Lamentablemente, para muchos gobernadores aceptar una alerta de género,  significa una mancha a su imagen o un duro golpe a su popularidad. Por supuesto que no es así, pero si lo fuera, es algo realmente fútil comparado con la vida de cualquier mujer.

En noviembre de 2013 la Secretaría de Gobernación emitió un nuevo reglamento a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que incluyó nuevas disposiciones para la declaratoria de alerta de género y hacerla menos burocrática para quienes la solicitaran.

La solicitud de alerta de género se hace al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, con base en el artículo 22 de la Ley General sobre la materia. Ésta la define como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

En el Estado de México, ya existían solicitudes de alerta de género desde hace varios años, y es hasta hoy que el gobierno participa en el mismo sentido, siendo así que el pasado 9 de julio el gobernador solicitó la alerta de género para 11 municipios, que son: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco.

Existen solicitudes de alerta de género en los Estados de México, Guanajuato, Oaxaca, Nuevo León, Hidalgo, Morelos, Chiapas, Colima, Michoacán y Baja California. Es decir, es un tema que trasciende cualquier sentido de partidos políticos, al ser un grave problema social.

Ojalá que la valentía del gobernador Eruviel Ávila sea el comienzo para que los gobernantes varones dejen de tenerle miedo a la alerta de género, y que en el caso de Guanajuato el gobernador Miguel Márquez no cierre los ojos ante la realidad, que reconozca y tenga voluntad política, asuma su responsabilidad y atienda adecuadamente este serio problema.

Como próxima diputada federal, mi compromiso es a favor de la igualdad y la equidad de género. Los guanajuatenses pueden tener la seguridad de que empujaré todos los temas relacionados con el apoyo necesario para el desarrollo de las mujeres y sus derechos, sobre todo al de una vida libre de violencia.

Es preciso reconocer un problema tan serio como éste, así sin miedo. Desde el Congreso Federal las mujeres tienen en mí a una aliada incondicional y permanente. ¡Nos leemos la próxima semana!

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El enredoso y opaco gasto en seguridad de León

Bárbara Botello

Los presidentes municipales y las alcaldesas tienen un reto mayúsculo para mantener policías eficientes y confiables. Pero hay otro elemento que debe tomarse en cuenta: el correcto ejercicio de los recursos públicos en materia de seguridad.

En la revisión al gasto de 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que el Municipio de León “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del subsidio, con base a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron en su totalidad sus objetivos y metas”.

Entendemos que León sufra para contener la violencia porque no tiene al personal adecuado en la Secretaría de Seguridad Pública; Luis Enrique Ramírez Saldaña, el secretario, ha dado sobradas muestras de su incapacidad, pero el alcalde Héctor López Santillana dejó claro que no hará cambios en esta dependencia.

Pero una administración que se precia de ser ‘transparente’ y ‘eficiente’, debería por lo menos ejercer correctamente los recursos destinados al Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), un subsidio federal que en 2016 alcanzó para León 103 millones 687 mil 300 pesos.

La ASF analizó el gasto del 76.9% de estos recursos, es decir 79 millones 736 mil 600 pesos. De estos recursos, concluyeron que el Municipio no había ejercido 8 millones 132 mil pesos… este recurso, al no gastarse, debió reintegrarse a la Tesorería de la Federación, ¡pero tampoco lo hicieron!

Es decir, además de no utilizar 8.1 millones, tampoco lo devolvieron. Cuando se trata de otros actores políticos, ¡por mucho menos dinero hacen un gran escándalo!

La ASF también encontró que el Municipio gastó 1.7 millones en la compra de 14 motocicletas. Por el monto, debieron licitar la compra, pero las adquirieron mediante una adjudicación directa; además, el dictamen que presentaron a los auditores no justificó, fundamentó y tampoco motivo dicha acción. Vaya, ¿ese es el gobierno honesto y responsable que presume Héctor López Santillana?

Aún hay más: gastaron 426 mil pesos en la compra de uniformes para los policías (336 camisolas, 336 pantalones y 336 quepis); el problema es que en una visita de inspección, los auditores constataron que a la fecha de la revisión no se había efectuado aún la entrega del vestuario convenido con el proveedor.

Además de que gastaron mal -o de plano no gastaron y no devolvieron el recurso-, el Municipio tampoco rindió cuentas: no remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los Formatos Avance Financiero correspondientes al primero y cuarto trimestre sobre los recursos Fortaseg 2016; además de que tampoco difundió en medios locales del municipio el formato. Por si fuera poco, los informes que sí presentaron carecían de calidad y congruencia.

Queda claro que los recursos de 2016 fueron mal empleados. Para 2017 aún están a tiempo de hacer bien las cosas, por eso en días pasados presenté un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a efecto de exhortar respetuosamente al Municipio de León a realizar una gestión eficiente y transparente del subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 2017, pero también para que solventen las observaciones de 2016… y que regresen el dinero.

 

¡Nos leemos la próxima semana!

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El descaro de Diego Sinhué

Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, secretario de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) y ‘delfín’ del gobernador Miguel Márquez Márquez, está en abierta campaña por la gubernatura. Las aspiraciones no son malas, el problema es que para promover su imagen utiliza recursos públicos.

Diego se aparece hasta en la sopa. Figura en reuniones de clubes sociales y de servicios, en universidades, con empresarios, con líderes sociales. ¿Tiene unos 15 años o un bautizo? No lo dude y llame a Diego Sinhué, a nada le dice que no.

Quizá en los eventos públicos Diego no esté pidiendo el voto -en los privados no lo sabemos-, pero lo cierto es que tiene a su disposición unos 5 mil millones de pesos del programa Impulso, que servirían para abatir el rezago social. La realidad es que usa un programa que debería ser noble para promoverse.

Si Diego quiere ser candidato debe renunciar ya, porque la cancha no está pareja y nos estamos encaminando hacia una elección de Estado. En pocas palabras, Diego le está haciendo daño a Impulso por su ambición política.

Como no hay visos de que esta situación cambie, el miércoles acudí a la Procuraduría General de la República (PGR) para presentar una denuncia penal en contra del titular de la Sedeshu por el posible delito de uso de recursos públicos para uso propio o ajeno o con aplicación distinta a lo que se destinó.

Esta denuncia se suma a la queja que presentó el dirigente estatal del PRI, Santiago García López, ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). Sabemos que las autoridades harán lo que esté en sus manos para acreditar el mal uso que está dando Diego a los recursos públicos, pero también sabemos que el gobernador no se detendrá para impulsar a su ‘delfín’. Estaremos atentos.

UNA GRAN MUJER

Al margen de las ideologías partidistas, reconozco en Mayra Enríquez Vanderkam a una política comprometida con grandes causas. Guanajuato necesita más mujeres como ella, que se involucren en la vida pública, que sirvan a los demás.

Perdimos a una gran mujer, que sin duda deja un legado que no debe desaprovecharse.  Desde este espacio envío mis más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz.

¡Nos leemos la próxima semana!

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El fallido Fideicomiso de Seguridad

  

Desde que el gobernador Miguel Márquez Márquez tuvo la ocurrencia de crear fideicomisos para la seguridad en algunos municipios, sabíamos que algo estaba mal; era una ocurrencia.

Es alarmante que las decisiones importantes sobre el combate a la delincuencia se tomen así, con base en ocurrencias, en corazonadas, y no siguiendo una estrategia diseñada por expertos. La participación ciudadana es importante, sin duda, pero ya existe un espacio idóneo en León para ello: la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia (la misma que Márquez se negaba a crear durante mi gobierno).

Y es el Gobierno, no los empresarios, quienes deben asumir la inversión en materia de seguridad. Los ciudadanos, empleados o con negocio propio, ya contribuyen a través de sus impuestos para mantener una estructura administrativa para que todas sus aportaciones se regresen en obras y servicios, sean recursos federales o estatales.

¿Para qué pedirles más dinero? Márquez dice que su gobierno pone un peso por cada uno que pongan los empresarios. Como si el dinero fuera suyo, y como si los empresarios no estuviera ya de por sí gastados por la inversión que hacen para contratar seguridad privada, comprar cámaras de video, alarmas anti robo y así poder autoprotegerse, ante la ineficacia del estado.

Y los 50 millones que había aportado el gobierno del estado al Fideicomiso de León, se invertirán en obras… para Irapuato. Así es, Márquez decidió quitarles el dinero y mandarlo a otro municipio, para que allá se construya el Cuartel de la Policía Militar.

Por supuesto que estoy a favor de la construcción de ese Cuartel (pugnamos por ello en mi administración), y sé que los 3 mil 200 efectivos militares que estarán destacamentados ahí contribuirán para mejorar la seguridad en el estado, ante la ineficacia de nuestras autoridades.

En lo que no estoy de acuerdo es en que Márquez se haya burlado de los integrantes de la Mesa Ciudadana. Con esto queda claro que al gobernador no le interesa la participación de los guanajuatenses en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas que nos aquejan, por eso así, con total desfachatez, les falta al respeto y les regatea los recursos.

Y todavía se atreve a decir que lo están grillando… Está confundido: le están exigiendo que rinda cuentas. Todos lo exigimos.

¡Nos leemos la próxima semana!

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