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Extinción de dominio: una herramienta para combatir la corrupción

Hace unas semanas presenté en el Pleno de la Comisión permanente una iniciativa que propone la reforma a diversas disposiciones de la Ley Federal de Extinción de Dominio.

Esta iniciativa se deriva de la reforma constitucional que establece el Sistema Nacional Anticorrupción y busca que en aquellos casos en que se inicie una averiguación penal por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, las pruebas aportadas por la Auditoría Superior de la Federación sirvan también como pruebas para acreditar la extinción de dominio.

Esta propuesta tiene dos aspectos elementales. Por un lado, se propone que la  Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades, coadyuve con el Ministerio Público en los casos de averiguaciones previas cuyo origen sean las denuncias penales relacionadas con casos de enriquecimiento ilícito, siempre que las denuncias sean hechas por la Auditoría Superior y derivadas de auditorías a la cuenta pública. Y por otro lado también se propone que cuando la Auditoría Superior de la Federación se haya constituido como coadyuvante del Ministerio Público dentro del procedimiento previsto en la Ley Federal de Extinción de Dominio, el procurador general de la República esté obligado a analizar  las consideraciones que realice la Auditoría Superior de la Federación antes de acordar sobre la procedencia del desistimiento de la acción de extinción de dominio.

En este sentido, la coadyuvancia por parte de la Auditoría Superior de la Federación permitirá aportar pruebas en el procedimiento de extinción de dominio, con independencia a las aportadas por el Ministerio Público. Pero además buscamos asegurar que el Ministerio Público agote todas las posibilidades antes de tomar la eventual decisión de desistirse de la acción de extinción de dominio, al obligarlo a  atender las consideraciones que haga la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, se busca asegurar que aquellos funcionarios públicos o particulares que han incrementado su patrimonio a partir de actos de corrupción, sean efectivamente privados de esos bienes patrimoniales, no basta con la sanción privativa de libertad  o la sanción administrativa, es necesario que se reintegre ese patrimonio al Estado, porque son recursos de todos los mexicanos.

Con la incorporación de estas modificaciones  se facilitará la resolución de muchos de los planteamientos asociados al combate de la corrupción desde el ámbito del patrimonio de los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado.

No obstante lo anterior, es necesario reconocer que la figura de extinción de dominio en materia federal no ha rendido los frutos que se esperaron cuando se aprobó la ley en 2009. La Extinción de dominio implica una acción de carácter civil que se desarrolla en forma independiente a los procesos penales para afectar bienes que han sido producto de la delincuencia, por parte del crimen organizado y ahora también por parte de quienes cometan actos de corrupción. Es por ello que en breve iniciaremos desde el Senado una revisión exhaustiva a la ley para determinar la necesidad de mayores ajustes.

Este es el inicio del arduo trabajo que deberemos emprender al inicio de la próxima legislatura, que iniciará el primero de septiembre y que tiene como gran reto construir la legislación secundaria en materia de combate a la corrupción.

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