NUEVA LEGISLATURA: AHORA, RENUNCIAS INOPORTUNAS

DE TODO. La legislatura local que está por cumplir dos meses apenas en funciones ya pasó a la historia como la que mayores obstáculos, problemitas y situaciones propias y ajenas a su voluntad tuvo que enfrentar en sus primeros meses de actividad.

ADIÓS. Ayer, en Junta de Gobierno, el presidente de la misma, Luis Ernesto Ayala Torres, confirmó la renuncia de Eduardo Aboites Arredondo quien se desempeñó durante ocho años como director general de Servicios y Apoyo Técnico Parlamentario.

EL CONJUNTO. A esta renuncia se suma la salida de tres secretarios técnicos de igual número de comisiones que en su conjunto representan un golpe duro para el trabajo técnico que se avecina para los diputados locales durante el mes siguiente en el que tienen que despachar leyes de ingreso municipales, la estatal y el presupuesto de egresos.

¿Y LA PREVISIÓN? En el caso de Aboites, por su antigüedad y la importancia técnica del cargo que ocupa, llama la atención el momento del adiós. Aquí es una de dos: si ya era inminente su salida, lo deseable hubiese sido que renunciara en el arranque de la legislatura para que el relevo no sufriera con una exigencia tan grande en la curva de aprendizaje inicial.

POR EJEMPLO. Y si no estaba planeado, una alternativa habría sido pedirle esperar el cierre del periodo de sesiones para sacar la chamba pendiente. Con ese contexto, es lógico suponer que Aboites de plano tiró la toalla porque no podía aguantar un día más en el Congreso.

PARA ACABARLA. La liquidación de tres secretarios técnicos de comisión tampoco es asunto menor porque ahí está uno de los soportes claves del trabajo legislativo. Luis Ernesto Ayala rechazó que lo de Aboites esté relacionado con las otras tres salidas. Se sabe que ahí había quejas de varios diputados sobre el trabajo de estos últimos

TRANSPARENCIA. A ello hay que agregarle los retrasos que ha habido para subir al portal del Congreso las minutas de las sesiones de la comisión de Administración. Hasta ahora solo una minuta se ha subido de las por lo menos tres sesiones que ha habido para saber en qué se gastan los recursos del Legislativo.

LE HABLAN. Temas todos que caen en la cancha de Christian Cruz Villegas, el secretario general del Congreso, que es quien menos puede argumentar que apenas se está adaptando a su nueva chamba. Ya hizo lo mismo en la antepasada legislatura.

EL SIT, REGRESO A CLASES Y LA ESCASEZ DE CHIPS

EL PROBLEMA. Ahora que nos aproximamos al regreso presencial a clases en ciudades como León, las autoridades y empresarios concesionarios del Sistema Integrado de Transporte tendrán que enfrentar el desafío que representa cumplir con la tarifa preferencial para estudiantes y la crisis para la fabricación de chips.

GLOBAL. Se trata de un tema que ya se veía venir porque hace meses, se supo de la crisis mundial en la fabricación de estos aditamentos que afectó entre otros sectores, a las armadoras de automóviles. La fabricación de esos chips se da en China.

CUENTA REGRESIVA. Los empresarios avisaron al gobierno leonés de ese problema en julio pasado. En el caso del SIT, el problema no explotó porque no había demanda. Pero a partir de enero sí la habrá y los empresarios tendrán que resolverlo de alguna manera.

EL MOMENTO. El problema se extiende también para otros sectores que tienen tarifa preferencial como la población de adultos mayores. Daniel Villaseñor, presidente de la Alianza de Transportistas se reunirá pronto con las autoridades para revisar las alternativas posibles.

PROYECCIONES. Por lo pronto, solo se dispone de 30 mil tarjetas que se adquirieron de otro proveedor. Esto puede cubrir la demanda de adultos mayores y el 70% de la de estudiantes aunque para 2022 se requerirán 10 mil mensuales si la movilidad en el transporte público vuelve a los niveles de 2019.

AÚN HAY MÁS. Y una más, 2022 podrán ponerse al día con la demanda pero se pronostica una nueva crisis mundial por la sobredemanda para 2023.

LA DEL ESTRIBO…

En tiempos de redes sociales, no se perdona el resbalón de ningún personaje público. El turno fue ahora ara Rubén Aguilar, excandidato a diputado federal por Morena, quien fue grabado cuando se molestó al ser infraccionado por elementos de Tránsito Municipal de León.

Aguilar, esposo de la regidora morenista en el cabildo leonés, Gabriela Echeverría, discutió con los elementos cuando estos le quitaron una placa a su vehículo. El video comenzó a circular en chats el martes por la noche y ayer ya estaba en la cuenta de algunos periodistas como Joaquín López Dóriga.

Ayer, Aguilar subió a redes su versión de los hechos. Reconoció que se alteró pero al final pagó la multa por usar el teléfono celular al conducir.

LA VARA ESPECIAL PARA MEDIR EXCESOS AZULES

Hace exactamente 12 años el entonces contralor municipal de León, el priista José Cruz Hernández Moreno iniciaba procedimiento de sanción en contra de funcionarios de la administración de Vicente Guerrero Reynoso encabezados por quien fuera tesorero, Francisco Javier González Álvarez, por la fallida inversión en Metro Financiera que, a la postre, representó una pérdida de 37 millones de pesos para el erario.

Además de González Álvarez; Luis Jiménez Romero, ex director de Egresos, y Gabriel Vieyra, ex director de Finanzas, estaban en la mira de la Contraloría pues los tres habían participado en el diseño de esa inversión que no tuvo el aval del Ayuntamiento.

Eran los tiempos en los que el tesorero no tenía los controles que hoy enfrenta y podía hacer lo que se le viniera en gana, incluida la decisión de invertir 20 millones en una empresa de esas que brotaban de la nada, ganan clientes y luego truenan porque simple y sencillamente no tenían bases sólidas.

Eso fue justamente lo que ocurrió en León. A González Álvarez se le ocurrió invertir ahí y a la vuelta de los meses, el dinero invertido se fue a la basura.

El contralor en turno inició un proceso de sanción pero fue entonces que el panismo gobernante en la gestión de Vicente Guerrero construyó un muro infranqueable para proteger a su funcionario pese a que Ricardo Sheffield lo puso en la mira y quiso castigar esa acción que se topó con pared en el oficialismo azul.

Javier González no se salvó de la sanción más dura (y de risa) que pudo haber encontrado: cinco años de inhabilitación para ejercer un cargo público pero al final lo rescataron en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo donde procedió su recurso y luego pudo ser contratado como asesor en el Congreso del Estado.

Un funcionario que decidió meter 20 millones en una empresa poco confiable no solo se quedó sin castigo, sino que el PAN lo volvió a cobijar con cargos públicos.

La ahora alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos debe recordar el caso porque ella era la segunda de a bordo en la Tesorería y el hoy síndico, José Arturo Sánchez, era regidor priista con Sheffield, hoy funcionario federal morenista como alcalde. Se imponían los usos y costumbres azules: a los aliados, justicia y gracia.

LA JUSTIFICACIÓN DE 4 MILLONES MÁS PARA EL HALCÓN

Luego de que Héctor López Santillana prefirió evitar la polémica y como en otros casos, tomar decisiones que pudieran desgastar más su cierre de doble trienio como alcalde de León, ayer el comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de León decidió aprobar la enésima reparación del helicóptero Halcón, la vetusta aeronave de la que dispone la secretaría de Seguridad de León para auxiliar en tareas de combate a la delincuencia.

Resulta que en agosto pasado, 2 meses antes de concluir su gestión, el ahora director de Guanajuato Puerto Interior ya no quiso moverle al asunto. Mario Bravo, secretario de Seguridad, compareció ante el comité para solicitar la reparación del helicóptero pero la mayoría panista no hizo nada por mayoritear.

Y al final, todo se dejó para la nueva administración encabezada por Alejandra Gutiérrez Campos. El síndico José Arturo Sánchez Castellanos se batió en defensa del gasto de 4 millones de pesos para la reparación del Halcón.

Llamó la atención la apasionada defensa. O antes no se había hecho con contundencia y ahora se trataba de sacarla sin miramientos ante los cuestionamientos de la oposición.

Hace unos meses, incluso Mario Bravo abrió la posibilidad de vender la aeronave. Ayer, Sánchez Castellanos dijo que aún tenía vida útil y que lo peor que podía hacerse era arrumbarlo y tenerlo sin mayor atención. Que si se tenía para auxiliar en temas de seguridad, sin reparo había que gastar en ello.

Que el pago del mantenimiento es justificado y forma parte de los gastos naturales de una aeronave que no puede mantenerse como un automóvil, sin el servicio que se exige.

De esta manera, olvidémonos pues de que la administración municipal de León se deshaga del helicóptero que será usado al menos por este trienio.