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Vida Pública

Niega diputada están intentado dividir a los colectivos de familiares de personas desaparecidas

Esto luego de que el pasado viernes un grupo de personas que integraban dicho colectivo se reunieron con la legisladora y el subsecretario de Vinculación mientras que el resto de los se encontraban en la manifestación

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Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La diputada del PAN, Libia García Muñoz negó que esté intentando dividir a los integrantes del colectivo de familiares de personas desaparecidas ‘Sembrando Comunidad’ como se le ha venido acusando en redes sociales y señaló que es momento de cerrar el capítulo y comenzar a trabajar en la búsqueda de quienes no están.

Lo anterior luego de que el pasado viernes un grupo de personas que integraban dicho colectivo se reunieron con la legisladora panista y el subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, Alfonso Ruiz Chico, mientras que el resto de los miembros de la organización se encontraban en la manifestación de la glorieta Santa Fe en donde cuatro mujeres fueron detenidas y una más resultó gravemente lesionada de una pierna.

Dijo que en dicha reunión no hubo ningún ofrecimiento o engaño hacia el grupo de familias de personas desaparecidas que se reunieron con ella.

“De ninguna manera es mi intención señalar a nadie, al final creo que la causa de los desaparecidos, ya suficiente dolor tienen ellos como para que nosotros estemos en señalamientos, creo que más bien tenemos que cerrar este capítulo, ponernos a trabajar y de mi parte, el ofrecimiento siempre estará para los familiares, si yo puedo ayudar en algo, siempre estaré dispuesta y disponible, reconozco el trabajo que han hecho los colectivos pero de ninguna manera esto se trata de ninguna estrategia política, al contrario es únicamente el acercamiento porque jamás dejaríamos a un familiar que quiere dialogar solos y sin atención”.

Libia García afirmó que fueron varias mujeres quienes desde el jueves anterior le solicitaron reunirse sin saber lo que iba a ocurrir la mañana siguiente; a decir de la diputada local las personas le indicaron que durante el primer día de plantón en el Teatro Juárez (jueves 9 de julio), el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo les envió un escrito el cual fue destruido por José Gutiérrez sin que pudieran conocer cuál era su contenido, por lo que le solicitaron que fuera el enlace para saber qué se decía en dicho documento.

“Había sido roto (el documento) por el dirigente del colectivo, el licenciado Pepe, parece ser que se los hicieron llegar, según lo que ellas me comentaron y que habían roto el documento sin posibilidad de darle lectura como muchos familiares habían solicitado que se diera lectura y lo único que les habían referido era que el gobernador no estaba dispuesto a dialogar con las familias, yo ante ese señalamiento, les exprese que me parecía que tanto el gobernador como toda la gente que estaba trabajando el tema, habían mostrado en todo momento disposición de dialogar y que si me lo permitían yo podía hacer el contacto con la secretaria de gobierno para que les externaran que contenía este documento”.

Libia García reiteró el llamado a dejar de lado señalamientos y descalificaciones y poner manos a la obra y trabajar, se acercó este grupo de familiares y yo estuve ahí para escucharlos, pero, así como a ellos, al mismo José Gutiérrez, a Janeth, a Viviana a los demás integrantes del colectivo, siempre les hemos expresado la disposición de dialogar”.

Que se llegue a las últimas consecuencias

Señaló que la investigación que se abrió para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza durante la manifestación del viernes en la glorieta Santa Fe, debe llevarse hasta las últimas consecuencias.

“Porque si se comprueba (el uso de la fuerza excesiva) tiene que haber sanciones, no se puede reprimir una manifestación pacífica y mucho menos cuando hay personas que están sufriendo de esta manera”.

Esto después que el mismo viernes, el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini anunció que se le dio la indicación a la Dirección de Asuntos Internos de iniciar una investigación para revisar el actuar de los elementos que estuvieron en la manifestación.

Por otra parte, luego de que el gobernador del estado aceptó que se revisará el proceso de designación del Héctor Alonso Díaz Ezquerra como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, la legisladora afirmó que el proceso se llevó a cabo a pegado a derecho conforme a las leyes y a la convocatoria que se emitió.

“Nosotros por supuesto que estuvimos vigilantes de manera externa del proceso y creo que los perfiles que participaron cumplieron con los requisitos legales, entiendo el ofrecimiento y estaremos atentos a lo que determine el ejecutivo, pero me parece que el proceso se llevó a pegado a derecho”.

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En la ciudad de Irapuato suspendieron 11 centros por no contar con todos los permisos municipales; no se sabe cuántos centros de rehabilitación operan en la clandestinidad

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Foto: Eduardo Ortega

Staff Correo

Estado.- El secretario de Salud del estado, Daniel Díaz Martínez informó que de 300 centros de rehabilitación en la entidad solo 14 cumplen con la normativa en materia de tratamientos contra las adicciones.

Díaz Martínez indicó la cifra durante la reunión virtual que sostuvo con los diputados locales, luego de que el legislador del PAN, Rolando Alcántar Rojas, le cuestionó sobre los avances y acciones llevados a cabo durante el 2019 en materia de atención a la drogadicción.

A decir del funcionario estatal, no se sabe cuántos centros de rehabilitación operan en la clandestinidad, no obstante, manifestó que cuando hay alguna notificación se acude a verificar que estos anexos cumplan con la normatividad en la que deben operar sobre todo en su modelo de atención.

Revisan 142 sitios

Refirió que durante el 2019 se han revisado alrededor 338 sitios y en este año un total de 142 por la contingencia sanitaria, “así como no podemos entrar ahorita a estos centros donde viven personas como no pueden entrar los brigadistas para el control del dengue”, señaló.

Y reiteró que lo que supervisa la Secretaría de Salud es el modelo de atención y las condiciones de saneamiento bajo las que operan los anexos, pues la autorización de uso de suelo no lo otorga la dependencia estatal.

Dijo que los 14 centros de rehabilitación para tratamiento residencial que cumplen con el modelo de atención reconocido en la normativa tienen una disponibilidad de 509 camas.

Recordó que antes, con apoyo del gobierno federal se otorgaban becas para que las personas pudieran ser atendidas en estos lugares “pero la Federación ya nos quitó la posibilidad de otorgar esas becas para tratamiento residencial a organizaciones civiles, por eso es que en estos centros residenciales se complica el seguimiento, pero no lo hemos dejado de lado, es un tema prioritario”.

Daniel Díaz manifestó que, de manera adicional, el estado tiene nueve centros de atención primaria de adicciones que se llaman ‘Capas’ o ‘Nueva Vida’ y se proyecta la creación de dos más en León y uno en Irapuato durante la presente administración estatal.

Buscan anexos regularizarse

El titular de la Secretaría de Seguridad de Irapuato, Pedro Cortés Zavala informó que hasta el momento 24 representantes de centros de atención en adicciones acudieron dependencia para regularizarse.

El funcionario señaló que finalizó el operativo de revisión de permisos en 47 anexos; como resultado de esta acción, seis centros fueron clausurados y 11 más suspendidos por falta de licencia de uso de suelo.

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Demanda de este tipo de intervenciones creció en 2019 y 2020; el Código Penal de Guanajuato sí permite interrumpir la gestación en caso de abuso sexual

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Óscar Jiménez

Estado.- En los últimos cuatro años, en Guanajuato se han interrumpido de manera legal 23 embarazos, debido a la causal de violación.

Datos concentrados en el Informe General de Avances (IGA) Interrupción voluntaria del embarazo, que elabora la Dirección de Salud Mental de Secretaría de Salud de Guanajuato, arrojan que de los 23 embarazos interrumpidos, en nueve casos se trató de menores de edad que fueron abusadas sexualmente en la entidad.

De acuerdo con los registros oficiales, en 2017 se recibieron cinco solicitudes de jóvenes de 31, 22, 21 y 19 años, así como una menor de apenas 11 años de edad.

Al año siguiente, aunque la demanda disminuyó a sólo tres solicitudes, todas las víctimas eran menores de edad, de 12, 13 y 14 años, revela información que Correo mediante una solicitud de acceso a la información pública.

Fue en 2019 cuando las solicitudes para interrumpir un embarazo alcanzaron su máximo histórico, al tramitarse nueve solicitudes, tres de las cuales correspondían a menores de edad de 12, 15 y 16 años, así como jóvenes mujeres de 18, 20, 21, 27, 30 y 36 años.

En 2020, hasta el corte de la primera semana de agosto, se había interrumpido seis embarazos, dos en menores de 14 y 15 años, y mujeres de 18, 24, 26 y 31 años.

En su respuesta, la SSG informó que entre 2012 y 2016 no se recibieron solicitudes de este  tipo en la entidad.

Las dos causales

En el estado de Guanajuato solo es permisible por las leyes, la interrupción del embarazo mediante dos causas; cuando es producto de una violación o si el aborto fue provocado de manera imprudencial.

La primera de estas causas es válida en todo el país, pues no hay excepción para condenarle, sin embargo, para el resto de las condicionantes hay variaciones en las diversas entidades, entre las cuales, Guanajuato -junto con Querétaro– significa uno de los espacios geográficos del país con más restricciones en torno al tema.

En la contraparte, entidades como Baja California Sur, Colima, Michoacán, Tlaxcala y la propia Ciudad de México, son las que consideran más factores, con seis, para la interrupción legal del embarazo.

“En caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación”, señala la norma NOM-046-SSA2-2005 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El capítulo VII del Código Penal del Estado de Guanajuato se dedica al aborto, donde se hace hincapié en que “A la mujer que provoque o consienta su aborto, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días de multa”, esto en el artículo 159 de dicho código, y en el artículo 163 se refrenda que no es punible el aborto si es resultado de una violación.

En mayo de este año, las Comisiones Unidas de Justicia y Salud del Congreso del Estado rechazaron las iniciativas que presentaron los grupos parlamentarios de Morena y PRD, en los que se proponían ampliar las causales, como en otros estados del país, que permitieran no castigar el aborto.

 

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Sánchez castellanos señaló al gobierno del estado y al federal; indicó además que la necesidad de salir a trabajar fue otro de los factores que influyeron

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Fernando Velázquez

León.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, consideró que el hecho de que Guanajuato haya sido el estado en donde menos disminuyó la movilidad hacia centros de trabajo se debe a los mensajes confusos que han mandado la Federación y el gobierno del estado.

Según el reporte que Google elabora con base en los registros de GPS de los celulares, Guanajuato es la entidad con la mayor movilidad hacia centros de trabajo durante la pandemia de la Covid-19.

Esto puede deberse a distintos factores, comentó Sánchez Castellanos, quien enlistó la imposibilidad de muchas personas de quedarse en casa y tener que salir a trabajar, y que Guanajuato, a diferencia de otros estados, cuenta con varias ciudades grandes entre las cuales personas se desplazan para ir a trabajar.

Sin embargo, también agregó que existe incredulidad de algunos en la existencia de la enfermedad, que suman a las políticas erráticas por parte del gobierno federal y la inconsistencia que el gobierno del estado ha mostrado en el semáforo de reactivación.

Además, reconoció que en parte puede deberse a que algunos negocios que no deberían estar abiertos durante la contingencia sanitaria, sí lo hicieron.

Cuestionado sobre si otra razón podría ser que patrones no hayan permitido a sus empleados trabajar desde casa, el líder del CCEL descartó que eso sea representativo, pues quienes pueden laborar en esa modalidad representa a la minoría en las empresas.

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