1.- Megacable contra el pueblo del municipio de Guanajuato

Alejandro Navarro Saldaña

Anoche, la compañía de telecomunicaciones Mega Cable S.A. de C.V dio respuesta a la decisión del gobierno municipal de Guanajuato, capital del estado, de cortar el tendido de cable a la zona sur de la demarcación, luego de que por años ha incumplido el pago de derechos por el uso de vía pública a los cuevanenses, a pesar de sentencias que lo obligan a ello. Lo ha hecho olvidando un pequeño detalle: a quien representa el gobierno municipal es precisamente a la población, ante quien pretende llamarse sorprendida la cablera.

Cada peso que por años Mega Cable ha evadido pagar, que sí cobra puntualmente a sus usuarios, y a los que corta el servicio sin piedad cuando no cumplen con su pago, se representa en calles sin pavimentar, alumbrado público sin mantenimiento o carencia de recursos para que se provea seguridad a la ciudadanía. Su adeudo es millonario y hay constancia judicial de ello, además de que se dio razón al municipio por parte de la justicia federal.

Tiene razón la empresa cuando señala que tiene una concesión federal para proveer un servicio de telecomunicaciones, pero no lo tiene para usar impunemente la infraestructura pública municipal en su beneficio, que es el fondo del problema.

El alcalde Alejandro Navarro Saldaña ha tomado una decisión valiente en este caso, pues se afecta a miles de usuarios de televisión de paga, telefonía e internet. La decisión es por el bien común. Recae la responsabilidad en la empresa, que no cumple con sus obligaciones con el municipio, con toda la población. Es a ellos a quienes no paga. Seguramente la cablera buscará atascar en tribunales el tema, lo ha prometido.  Pero éticamente, no le asiste la razón, no cumple como empresa socialmente responsable. El pueblo de Guanajuato Capital, que es el verdadero acreedor, no debe permitir más abusos.

2.- Sensibilidad

Libia Dennise García

La realización de un estudio genético sobre los cuerpos de quienes han sido encontrados en fosas clandestinas en el estado de Guanajuato, necesita pasar por el contraste de datos frente a probables familiares. Se necesita de ambas partes para la identificación. Lograr esto, requiere la integración de un banco de información completo, sujetarlo a la existencia de carpetas de investigación es un tema que puede superarse con base a voluntad política en favor de las familias de las víctimas encontradas o de los desaparecidos.

La secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, conoce el tema con amplitud, desde su paso por el Congreso del Estado y ha obrado para allanar, en la medida de sus posibilidades, el camino para los dolientes que buscan a quienes ya no están con ellos en medio de la violencia extrema en Guanajuato. Tiene los instrumentos jurídicos posibles para obtener la información necesaria que se requiere para los contrastes en los análisis, aun cuando no haya carpetas en la Fiscalía General del Estado, como lo piden las familias, con base a sus temores.

Es cosa de sensibilidad subsanar las deficiencias de la ley, para eso hay cajones de sastre.

3.- Sana distancia del poder

Lorena Alfaro García

La razón fundamentada de que la renovación gubernamental recrea la esperanza es porque, durante la lucha electoral, se obtiene información básica de la necesidad ciudadana vigente para sentar las bases de un programa de gobierno; en ello reside además la gobernanza. Ante el cambio de administraciones municipales en octubre próximo entre quienes dejarán las plazas y los que recibirán: hay opiniones diferentes sobre cómo gobernar, pero también de dejar herencias, indebidas o no.

Desde Celaya hasta León este debate se está dando con sus diversos matices. En Irapuato, después de que la alcaldesa electa, Lorena Alfaro García, se preocupó por suscribir que la administración municipal está obesa y que habría nuevos criterios para la toma de decisiones, en el marco del fracaso de inscribir al club Irapuato en una liga competitiva,  el alcalde que cumple tres trienios -no continuos- le reviró a su cofrade de partido la sentencia que cuando llegue… se dará cuenta. La primera alcaldesa ha sido ahí secretaria del ayuntamiento y tesorera municipal.

En Celaya, la alcaldesa Elvira Paniagua, entre las peor calificadas del país, se tomó la libertad de recomendar a su sucesor ratificar a su secretario de Seguridad Ciudadana a pesar de que la ciudad está entre las más violentas del mundo. Sin duda no es desdeñable que persista lo que funciona, pero la gente votó por mejores formas de gobernar frente a lo ya hecho.

De la Valija. Negar la realidad

La diputada local por Morena, María Magdalena Rosales, ha decidido asumir el papel de Verónica, para limpiar el rostro del gobierno federal sobre la asignación de recursos a Guanajuato, descalificando al gobierno de la entidad señalando que hay subejercicios, aunque estos no sean tan grandes como los de la Federación.

Atina cuando critica que los recursos no se ejercen para lo que se presupuestaron. Pero eso es también lo que se critica a Palacio Nacional cuando recorta el gasto federalizado a las entidades, siendo el más afectado Guanajuato, entre los 32 estados, a cambio de impulsar su propia agenda. La Federación decide qué recortar. Están los datos en la Secretaría de Hacienda, a menos que tenga sus propios datos la diputada. A quien se perjudica, al final, es a sus representados.

Gerardo Trujillo Flores

A sólo horas de su nuevo nombramiento, se desayunó con la novedad de que su primer cometido: liquidar la guardería simbólica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el estado en Guanajuato Capital.

El ingeniero, un liderazgo en el PAN con carrera política estructurada como activista político, tiene la gran oportunidad de mostrar a la sociedad, la sensibilidad política y social del gobierno estatal, frente a un problema tan delicado.

Gerardo Trujillo Flores, director general del DIF estatal, se dedica a reforzar el plan de la institución para cerrar la guardería del Centro de Desarrollo del DIF estatal, cuando debiera de presentar un proyecto para su rescate, la obligación de la institución es apoyar a las familias. No se puede argumentar que la instancia no es viable como si fuera negocio privado, Puede mostrar con empatía y habilidad del servidor público la viabilidad para un servicio esencial a la niñez.

Además Trujillo Flores debe fungir como primer contacto entre los padres de familia y el Ejecutivo estatal, tomando las necesidades del núcleo de la sociedad y no “bloqueando” una posibilidad de vínculo sociedad-gobierno, como lo revelaron los padres de familia que acudieron ante él para pedir que no cierre la guardería en agosto próximo. Se necesita la guardería del DIF estatal, la continuidad es salida política de gobierno. Gerardo busca ser alcalde en Cuévano.