Los recientes eventos en El Salvador, en el que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, destituyó al fiscal general y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de aquel país renueva la discusión entre el caudillismo y la amenaza que ejerce en la edificación institucional. El actual período electoral, nos invita a reflexionar aún más, considerando el efecto e importancia que tiene el llamado ‘Estado de Derecho’ sobre la calidad de vida de la población y el clima de negocios. Ese concepto que para muchos se ha vuelto abstracto y que tiene tantas acepciones como exponentes del tema, lo cual dificulta su fácil comprensión y más aún, disponer de medios objetivos para evaluar su fortalecimiento o debilitamiento.

A propósito del tema, el pasado 29 abril, The World Justice Project® (WJP) presentó la tercera edición del Índice de Estado de Derecho en México para el período 2020-2021, organizado con base a la evaluación de ocho factores. Esta organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., conceptualiza al Estado de Derecho como un sistema de gobernanza basado en cuatro principios universales: I) Rendición de cuentas; II) Leyes justas; III) Gobierno abierto y IV) Mecanismos accesibles e imparciales para resolución de disputas. Lo cual tiene incidencia en la reducción de la corrupción, la protección de personas respecto hechos injustos y el combate a la pobreza, así como también es la base del desarrollo, al construir gobiernos transparentes, que rindan cuentas y respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La fotografía que brinda esta nueva entrega es particularmente importante, pues incorpora los efectos que tuvo la pandemia al poner a prueba la infraestructura necesaria para garantizar el funcionamiento continuo de las instituciones gubernamentales, así como tomar conciencia del estancamiento en el progreso de esta materia.

Así, con base en los hallazgos, lo bueno a destacar, es que la mayoría (17) de las entidades federativas mostraron avances en su puntaje general: Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Encabezando el índice con el puntaje más alto, por tercera ocasión, el estado de Yucatán.

De estas entidades, sobresalen cuatro en particular por la consistencia que han mostrado al mejorar continuamente desde la primera evaluación publicada para el año de 2018: Baja California Sur, Guerrero, Sonora y Nayarit.

Asimismo, el reporte menciona que seis entidades mejoraron significativamente en cuanto a la seguridad, reflejando una disminución en la incidencia delictiva: Campeche, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Sonora y Yucatán.

Por el otro lado, lo malo es que la inseguridad continúa siendo el mayor azote de las entidades, a lo que ahora se suma el debilitamiento en la libertad de prensa y la reducción del espacio cívico. En particular, la crisis sanitaria evidenció la baja adopción digital de las instituciones de procuración de justicia que terminaron por afectar la procuración de justicia. De esta manera, no extraña que 10 entidades no presentaron avance en su puntuación general (Chiapas, CDMX, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Puebla) y peor aún, en cinco entidades hubo retroceso (Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz).

Finalmente, lo feo y más preocupante, es que, en la encuesta a la población general, la respuesta más común a la pregunta sobre las tres palabras que se asocian con Estado de Derecho fue un demoledor ‘No Sabe’, representando el 48%, 52% y 59% para los grupos de 18 a 35 años, 36 a 59 años y 60 años o más respectivamente.

Este amplio desconocimiento, implica un gran riesgo a la vida institucional del país. Si bien, las instituciones que hoy tenemos aún distan de ser las más eficaces, su debilitamiento no producirá un mayor bienestar, por lo tanto, debemos continuar apostando por su fortalecimiento y generar contrapesos al uso arbitrario del poder. Bien señalaba el jurista y filósofo francés Montesquieu, a quien se le considera el padre de la teoría de la separación de poderes: “Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”.

EZM