1.- Libertad condicional de alto impacto

Guanajuato

Las decisiones del Poder Judicial implican diversos eslabones poco observados dentro del Sistema de Impartición de Justicia. Tal es el caso de la libertad condicional aplicada a aquellos presos sentenciados, que se asumen con un bajo indicio de reincidir en su delito fuera de las cárceles.

Sin embargo, cuando hablamos de sentenciados por delitos de alto impacto, que cometieron agravios a la vida y a la integridad de una o más personas, se trata de una responsabilidad mayor para el poder que preside María Rosa Medina Rodríguez.

Hoy Correo publica las cifras sobre las personas acusadas de delitos en crisis como el homicidio, desaparición forzada, violación y otros, que actualmente ‘gozan’ de libertad condicionada en Guanajuato: son 259 sentenciados.

El gobierno estatal es el que administra a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado los Centros de Reinserción Social que en opinión del magistrado, Plácido Álvarez Cárdenas, “son verdaderas escuelas del crimen” que no abonan en la reinserción social.

La exposición anterior fue ante los diputados del PRI que proponen incrementar la punibilidad mínima en homicidio simple doloso, que, por el contrario, dijo que “están generando una bomba de tiempo en el estado”.

De acuerdo con la ley, la responsabilidad de conceder o no este beneficio, está en el Juez de Ejecución, sin embargo, en lo que respecta a la Coordinación de Seguimiento y Supervisión de la Libertad Anticipada, está a cargo de la SSPE encabezada por Álvar Cabeza de Vaca Appendini, acérrimo crítico a estas medidas.

Para este 2022 existen en Guanajuato 116 personas que fueron acusadas de homicidio y que pueden estar en semi-libertad, así como 66 que cometieron una violación. Sin embargo, también existen personas que fueron acusadas de desaparición forzada, feminicidios, terrorismo, privación ilegal de la libertad, entre otras situaciones.

Se trata de una cifra que redimensiona el peso de responsabilidad de las instancias de justicia y seguridad, cuyos criterios se ponen a prueba con estos casos. Órdenes que deberán estar auditadas y revisadas constantemente, en medio de la impunidad y la crisis de violencia que vive Guanajuato.

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2.- La agenda política de la FGE

Barbara Botello denuncia a Santillana

El Fiscal General del Estado (FGE), Carlos Zamarripa Aguirre, ha insistido desde su ratificación en el cargo que se encuentra desligado de causas partidistas, con una trayectoria fuera de color político alguno. No obstante, eso no quiere decir que no siga causas políticas, evidenciadas por su insistencia y concentración en personajes concretos.

Eso es lo que salta a la vista en el caso de la exalcaldesa y exdiputada federal, Bárbara Botello Santibáñez, quien vivió escasos tres años caóticos en medio de la controversia que derivó un descrédito público que el PAN, ni tardo ni perezoso, trató de capitalizar al concentrar tiempo y esfuerzo en investigarla tan pronto recuperaron la alcaldía de León.

Desde entonces, causas diversas en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría municipal, han tratado de dirigir los agravios a la exedil con muy poco atino, más allá de los que fueron sus colaboradores cercanos.

El pasado miércoles 29 de junio, la priista acudió a la audiencia intermedia dentro de la causa penal 1P2020-2421, instaurada en su contra por un supuesto delito de fraude en la que se desestimó la prisión preventiva que por sexta vez solicitó la FGE.

En un comunicado que se espera que la exalcaldesa hoy ratifique públicamente en conferencia de prensa, tocó algunas fibras sensibles que lejos de enaltecerla, evidencian la inefectividad de la FGE.

De acuerdo con el recuento de la también expriista, ya suman 56 los procesos que han intentado en su contra entre denuncias civiles, administrativas, electorales y penales. Todas sin efecto a su persona, aunque sí a su entorno.

Fue a partir de ahí que elevó el tono de su denuncia. Más allá de la persecución política alegada desde la primera acusación, afirmó que desde de que gobernó León a la fecha, intervinieron sus comunicaciones privadas.

Y vino un contraste lapidario: “el mismo día de la audiencia que comento, el 29 de junio, fueron asesinadas ocho personas en Guanajuato. Guanajuato es el estado más inseguro de la República y la Fiscalía se dedica a perseguirme en lugar de perseguir delincuentes”.

Lo que siguió es una confirmación de la vigencia de una política guanajuatense que se ha convertido en la piedra del zapato de una fiscalía que no ha sido capaz de armar un caso, sustentarlo y judicializarlo. Hoy Botello Santibáñez está libre y dispuesta a hablar, mientras la FGE administra los resultados que puede lograr.

3.- El INAH vs. Navarro, otra vez

Olga Adriana Hernández
Olga Adriana Hernández Foto: Archivo

Desde que recibió el proyecto del nuevo Museo de las Momias de Guanajuato -MUMO-, la representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado, Olga Adriana Hernández Flores, detectó que no incluía un estudio de cambio de uso de suelo. Se trata de un requisito básico, y de información que bien pudieron usar los detractores de la obra desde hace meses.

Desde mayo, Hernández reveló que el gobierno de Alejandro Navarro Saldaña incumplió con la mitad de la documentación necesaria para obtener luz verde por parte del INAH, pero omitió ese ‘detalle’. Esperó hasta ser invitada a la más reciente sesión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, foro donde encontró nuevos aliados.

El MUMO no sería un museo, sino una plaza comercial con una sala de exhibición para las momias, agregó. “No vamos a estar esperando ese proyecto, cuando llegue, qué bueno que llegue, se analizará como todos los otros proyectos que se ingresan, pero hasta ahí”, sentenció.

“Las estrellas se están alineando para no dejar que avance el MUMO”, declaró Navarro el pasado 29 de junio. Parece que no se equivoca, este podría ser el fin de sus planes.

Pero todo indica que no es el fin de sus encontronazos con la dependencia federal. Ahora, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato -OCG- pedirá la intervención del INAH para rescatar la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Entre las problemáticas que mencionan, se encuentran el deterioro de zonas como la Presa de la Olla, las plazuelas de San Roque y San Fernando, la controversia entre fotógrafos y comerciantes del Callejón del Beso y la proliferación de cantinas.

La solicitud, en voz de José Santibáñez, integrante del OCG, fue escuchada por Olga Adriana Hernández, quien se dijo dispuesta a entablar diálogo con los involucrados, autoridades municipales y ciudadanía. ¿Mostrará el alcalde la misma disposición?

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Contra Retrato

David Novoa Toscano

Al menos algunos aires renovadores se esperaban tras la salida de Juan Carlos Muñoz Márquez, con una administración municipal que ha mostrado una oposición a su resultados y proceder al frente del patronato de la Feria Estatal de León. Pero en los hechos, las presiones políticas les han orillado a continuar con su programa.

David Novoa Toscano llegó como el relevo de confianza, encargado de redirigir los esfuerzos de una feria presa de los extraños y disruptivos cambios aplicados por Muñoz Márquez. Por eso se puso en duda la Feria de Verano; por ello se retomó la administración del estacionamiento, entre otras medidas.

Pero muy pronto se dio cuenta de que no sería una gestión tersa, pues cuan-do menos se esperaba se filtró la implementación de un Festival de Verano a baja escala. Edición que se trabaja a marchas forzadas con la confirmación de último momento, que no deja lugar a dudas sobre la influencia de su antecesor.

Hace semana y media, el propio Novoa confirmó los juegos mecánicos –los cuales no estaban contemplados en el mapa del alternativo Festival de Verano- con nada más y nada menos que Grupo García, amos y señores del ramo que con muñoz Márquez alcanzaron su consolidación en León.

Según Novoa Toscano, los García fueron los únicos que se presentaron como ofertante a la licitación por invitación del Patronato de la Feria para seleccionar a la prestadora del servicio. Incluso recalcó que él mismo habló con dueños de tres de cinco empresas, pero no le mandaron respuesta.

Sin dudar de las capacidades empresariales de David Novoa, tal parece que al paso controversial que tuvo su antecesor, las dinámicas no han cambiado del todo.

Lo único que quedaría por esperar es que no decidan reponer la concesión del estacionamiento a la Operadora Prestige Parking S.A. de C.V., designada en junio de 2021 sin someterla a ningún proceso licitatorio. En este caso sí que urge una visión empresarial innovadora para generar recursos propios. Veremos.

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JRP