La orden a militares fue abatir a civiles en Tlatlaya

El Centro Prodh exigió investigar hechos acontecidos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, en los que 22 personas murieron. Foto: Cuartoscuro

AFP / SUN

MÉXICO, D.F / TOLUCA, Méx.- Un documento del Ejército Mexicano confirmaría que soldados recibieron la orden de matar criminales días antes de que se cometiera, hace un año, una aparente masacre militar en la localidad de Tlatlaya, denunció ayer una ONG mexicana.

El Centro Prodh exigió investigar hechos acontecidos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, en los que 22 personas murieron. Foto: Cuartoscuro
El Centro Prodh exigió investigar hechos acontecidos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, en los que 22 personas murieron. Foto: Cuartoscuro

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reveló ese documento en una conferencia de prensa en la que exigió que se investigue si hubo responsabilidad de mandos militares en los hechos acontecidos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, en los que 22 personas murieron.

“Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario,” dice el documento fechado el 11 de junio de 2014 en el campo militar número 22-D de San Miguel Ixtapan, cercano a Tlatlaya.

Contactada por la AFP, la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que debe corroborar la autenticidad del documento pero no hizo ningún otro comentario.

Diecinueve días después de la fecha en que se habría emitido esta orden militar, el Ejército reportó un incidente en Tlatlaya en el que aseguró que los 22 muertos eran secuestradores que fallecieron en un enfrentamiento con soldados que sólo dejó un uniformado herido.

Este saldo tan asimétrico despertó dudas y, meses después, una testigo superviviente aseguró que muchos de esos presuntos delincuentes, incluyendo su hija de 15 años, fueron ejecutados por los soldados a pesar de haberse rendido.

Esta sobreviviente y testigo clave en el caso, Clara Gómez González, hizo su primera aparición pública ayer en la conferencia del Centro Prodh.

“Mi vida está en riesgo”, dijo la mujer visiblemente angustiada, al explicar que teme represalias tras la divulgación de falsas versiones que indican que ella recibió una compensación financiera por sus declaraciones.

“Lo único que yo quiero es que se haga justicia porque ejecutaron a mi hija”, clamó entre lágrimas.

Liberan a detenidos

Cuatro policías ministeriales consignados ante un juez de control por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) relacionados con el caso Tlatlaya quedaron libres bajo caución después de comparecer ante un juez de control, el cual en las próximas horas resolverá su situación jurídica.

El delito por el que se les acusa es el de tortura. En la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México, vigente en la entidad desde el año de 1994, está considerado como “no grave”, ya que contempla una pena de entre tres y 12 años de prisión.

A los servidores públicos (de los cuales no se ha dado a conocer su nombre), se les fijaron medidas cautelares por cerca de 60 mil pesos.