La cuarta transformación

Bonilla y su delfín Escobedo preocupan a la IP

Hay preocupación en el sector empresarial de Baja California por el proceso de sucesión en el gobierno de ese estado. El actual mandatario, Jaime Bonilla, parece empecinado en entregarle el mando a su Secretario de Economía, Mario Escobedo Carignan.

Escobedo es conocido por su oscuro pasado empresarial: militó en el PRI, después en el PAN y pasó recientemente a Morena. Nada de eso le impediría gobernar, si no fuera por una larga lista de acusaciones e investigaciones que pesan en su contra a nivel federal y local.

En la Unidad de Inteligencia Financiera, que capitanea Santiago Nieto, el 2 de enero pasado se abrió una investigación en contra de Escobedo, Rubén Roa Dueñas, la empresa gasera Blue Propane y de su representante legal, Edgar Alan Jaramillo Pérez, por enriquecimiento y obtención de recursos de procedencia ilícita.

En la Secretaría de la Función Pública hay una denuncia presentada el año pasado en contra de Escobedo Carignan, Roa Dueñas, Cynthia Gissel García Soberanes y Jesús Damián Núñez, todos funcionarios del gobierno de Baja California. La denuncia con folio 130620-2019 es por presuntamente recibir sobornos de particulares.

En la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero, la carpeta de investigación con folio CEDAC-0451226-2019-12-WEB contempla los presuntos delitos de soborno y cohecho.

Ante la Secretaría de la Función Pública de Baja California, Mario Escobedo, Rubén Roa, Cynthia Gissel García y Jesús Damián Núñez, todos funcionarios del gobierno del estado, han sido señalados a través de la denuncia número 2019121 por los presuntos delitos de soborno y favorecer a particulares.

La Fiscalía de Justicia de Baja California recibió una denuncia en contra de Escobedo Carignan, Jaramillo Pérez, Jorge Alberto Elías Retes y Marco Antonio Sánchez, quienes fueron señalados por los ilícitos de cohecho, intimidación, tráfico de influencias y promoción de conducta ilícita cometido contra particulares.

Muchas son las críticas que ha recibido el Secretario de Economía de Baja California; se le señala que en plena pandemia autorizó la apertura anticipada de casinos, maquiladoras y cines, cuando no había condiciones sanitarias; es cuestionado por haber permitido a la gasera sonorense Blue Propane instalarse y operar ilegalmente en el estado.

Escobedo Carignan es aliado político de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, “El Patas”, exalcalde de Tijuana, quien ha sido señalado como uno de los diputados federales del PAN que recibieron sobornos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Estas y otras acusaciones pesan en el historial de Mario Escobedo, con quien el gobernador Jaime Bonilla se ha aliado para buscar seguir gobernando la entidad una vez finalizado su mandato, el año próximo.

PUES NADA, QUE el gobierno de la 4T se sigue haciendo bolas con los 2 mil millones de pesos que Alejandro Gertz Manero le vendió al presidente Andrés Manuel López Obrador como una recuperación de un supuesto fraude al patrimonio del Infonavit por parte de la empresa Telra Realty. Resulta que el apoderado legal de ese instituto, Gabriel Vázquez Guarneros, desde el 28 de agosto se desistió de cobrarlos. ¿Se acuerda que aquí le reportamos la semana pasada que el Infonavit rechazó que la Fiscalía General de la República (FGR) otorgara un criterio de oportunidad a un tercero acusado de lavado de dinero? El Infonavit, que dirige Carlos Martínez, se opuso a que el dinero fuera a dar al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y menos que los 2 mil millones de pesos terminaran comprando cachitos de Lotería para la rifa del avión Presidencial. ¿Qué sucedió?, que el 27 de agosto el Infonavit preguntó a la FGR dos cosas: si el dinero era una indeminización y si podía considerarse una víctima, y aquélla contestó extraordinariamente rápido: al día siguiente, 28 de agosto, que no era indeminización, y que el agraviado “era la sociedad”. La respuesta se dio 48 horas antes de la audiencia que el lunes 31 el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la CDMX, Arturo Medel, había emplazado para resolver el expediente. ¿Conclusión? La 4T no le ha recuperado al Infonavit los 4 mil 800 millones de pesos que denunció como un fraude del gobierno de Enrique Peña y que pagó indebidamente a un privado. Todo lo demás es pura simulación y show mediático.

NADA, LEÓN MANUEL Bartlett Álvarez y su empresa Cyber Robots Solution no están inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Irma Eréndira Sandoval. El hijo de Manuel Bartlett Díaz obtuvo dos supensiones de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Graves Administrativas, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para desvirtuar las denuncias por la venta de ventiladores pulmonares al IMSS, que dirige Zoé Robledo. Es por ello que su compañía ha podido seguir participando en los procesos de compras que están efectuando otras dependencias, como es el caso del ISSSTE que le referí ayer en el que está surtiendo ahora ultrasonidos portátiles para tórax y pulmón, eso sí, según se desprende del análisis que hizo la nueva dirección de Administración y Finanzas a cargo del general Jens Pedro Lohmann Iturburu, con sobreprecios.

LA REBATINGA POR los equipos médicos para asistir a los enfermos de coronavirus va palidecer cuando las potenciales vacunas para prevenir y combatir el virus SARS-CoV-2 empiecen a estar disponibles para su venta en México. El arribo del antídoto ya generó fuertes diferencias entre el canciller Marcelo Ebrard y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell, cuyo primer escarceo vimos hace exactamente una semana, en el famoso Martes de la Salud, la conferencia mañanera que el presidente Andrés Manuel López Obrador dedica al tema. Ahí vimos a un Secretario de Relaciones Exteriores que prácticamente cedió la plaza al llamado Zar anti Covid-19. Y es que si bien Ebrard está realizando las negociaciones con gobiernos y empresas fabricantes, quien tendrá la última palabra sobre qué vacunas cumplirán con la regulación será López-Gatell.

TAL CUAL LE adelanté, ayer Andrés Manuel López Obrador volvió a recibir a los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena, para seguir analizando el paquete de proyectos de infraestructura. Parece mentira, pero a prácticamente un año de un primer anuncio los proyectos energéticos siguen siendo excluidos del interés presidencial. Los grandes relacionados con petróleo y electricidad siguen estando reservados para el Estado. Ni Alfonso Romo ni Arturo Herrera, participantes de la reunión, han podido convencer al Presidente.

EL EXPRESIDENTE FELIPE Calderón debe sentirse consternado de no poder contratar como defensores a su ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ni a su compañero en la Escuela Libre de Derecho, Julio Esponda. Y es que ambos ya son abogados de la empresa brasileña Braskem, filial de Odebrecht, precisamente la que se encumbró gracias al impuso que le dio el michoacano con el megaproyecto petroquímico Etileno XXI y que ahora lo pone en el centro de la denuncia del ex director de Pemex, Emlio Lozoya Austin. A estas alturas Calderón no tiene fichado a ningún penalista litigante que lo defienda.