De vapeadores y extinción de fideicomisos

Habrá que seguirle la pista a la iniciativa que presentó la diputada morenista Lorenia Valles para regular y gravar los cigarros electrónicos.

Productos que el subsecretario Hugo López-Gatell insiste en censurar, pese a los reiterados fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarando la inconstitucionalidad de su prohibición absoluta.

No solo eso, ya le habíamos platicado que países como Reino Unido, Canadá, Francia y Nueva Zelanda han hecho caso a los estudios científicos que aseguran que vapear es mucho menos dañino que fumar.

Por lo tanto se ve al cigarro electrónico como un aliado en el combate al tabaquismo. En México, aproximadamente 43 mil personas mueren al año de forma prematura por el tabaquismo.

Los costos de atención médica estimados para el tratamiento de pacientes por tabaquismo rondan los 81 mil 132 millones de pesos. ¿Qué esperamos para seguir el ejemplo de los países antes mencionados?

Hemos señalado el enorme riesgo que la prohibición implica para la salud pública, dejando sin garantías de calidad a adultos que quieren abandonar el tabaco y adquieren estos productos en el mercado negro.

 O peor aún, una prohibición que no se traduce en un impedimento para que los menores de edad accedan a estos productos que contienen nicotina y por tanto no son inocuos.

La propuesta de Valles es simple: legalizar los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) y los Productos de Tabaco Calentado (PTC).

Con ello se controlaría su calidad para proteger a los niños, pwero adicionalmente se obtendría un beneficio para la hacienda pública en términos de cobro de IVA y el IEPS.

Tomemos como referencia el último dato oficial de vapeadores: un millón de personas que compren un dispositivo al año (500 pesos) y consumen 2 mililitros de líquido de nicotina a la semana (75 pesos).

 Tasando el IVA, más el IEPS que propone Valles, los ingresos que el gobierno estaría recibiendo serían unos 800 millones de pesos anuales. Nada despreciable que salvaría varios fideicomisos para la ciencia.

Bien valdría la pena que el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera haga números, porque podríamos estar frente a una oportunidad para combatir el tabaquismo y obtener importantes ingresos en tiempos críticos.

NO ES EXTRAÑO que en casos de alto impacto como el del general Salvador Cienfuegos los grandes despachos se suban. La cosa es que acompañen a su cliente hasta el final. El ex secretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto recurrió al bufete de moda entre mexicanos: Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. La batuta la llevan los litigantes Duane R. Lyons y Juan P. Morillo, quienes fuera socios del actual embajador de Estados Unidos en México, Chistopher Landau. Esa firma no cobra menos de 800 dólares la hora. Lo usual es que arranquen con un pagon de anticipado, quizás entre 50 mil 100 mil dólares que se van descontando conforme avanza el caso. Para Quinn Emanuel este expediente es de gran visibilidad en México, como sucedió en su momento con César Duarte, Martín Díaz y Gonzalo Gil White.

LAS POSICIONES DEL sindicato de pilotos que lidera Rafael Díaz y Aeroméxico que dirige Andrés Conesa quedaron en el aire justo en un momento crucial. La asamblea determinó que ya no puede ceder más, como aceptar la modificación del Contrato Colectivo del Trabajo que la empresa de Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo quiere equiparar a los de Volaris que comanda Enrique Beltranena y Viva Aerobús, de Roberto Alcántara. Aeroméxico hace ver que los pilotos son el único de los siete que se opone seguir apoyando y sin su respaldo Apollo Global puede retirar la capitalización de mil millones de dólares que ya aprobó la jueza Shelley C. Chapman de la Corte de Quiebras de Nueva York.

POR LO QUE hace a Interjet, como le adelanté ayer al final los trabajadores acordaron aplazar para el 30 de octubre el emplazamiento a huelga que tenían programado ayer a las 10 horas. Para que fluyan los 150 millones de dólares que traen los nuevos inversionistas Carlos Cabal y Alejandro del Valle, el SAT tendría que aceptar un plan de pagos de ISR que la anterior administración de Miguel Alemán Magnani acordó liquidar correspondiente a ejercicios anteriores a 2020. Raquel Buenrostro ha rechazado varios ofrecimientos. El Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue de cerca el caso de Interjet porque sabe que es la candidata más viable a irse a quiebra y con ella unos cinco mil empleos.

AEROMAR ES OTRA que está muy comprometida financieramente. La empresa que maneja Danilo Correa arrastra pasivos superiores ya a los mil 200 millones de pesos con el mismo SAT por impuestos, con Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que dirige Oscar Argüello, por concepto de turbosina y con el Aeropuerto Internacional de la CDMX, que lleva Jesús Rosano, por servicios. Considere además deuda bancaria por alrededor de otros 70 millones de pesos, principalmente con Santander, que comanda Héctor Grisi. El quid está en la oficina de Raquel Buenrostro porque los pupilos de Zvi Katz están muy resueltos a litigar retenciones de Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado.

ESTA SEMANA HABRÁ consejo en M&G Polímeros, de los principales fabricantes de resina PET de México. La compañía a cargo de Luis Aperti reestructuró unos 900 millones de dólares de pasivos. La semana pasada salió formalmente de Concurso Mercantil. La firma nombró cinco nuevos consejeros, a saber Anthony Mcarthy que es el nuevo presidente del Consejo de Administración. Lo acompañan Marco Antonio Garza, Carlos Pani, Elías Cruz y Álvaro Garza. Tras la capitalización Bancomext, que dirige Carlos Noriega Romero, se quedó con el 30% de la firma. Banorte de Carlos Hank González con 15%, HSBC de Jorge Arce con 8%, Monex de Héctor Lagos con 6% y Santander de Héctor Grisi con el 3%.  

PUES CON LA novedad de que ayer la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que comanda Ernestina Godoy, judicalizó penalmente a la persona moral propietaria de las Farmacias del Ahorro. Se le imputa un delito ambiental por la tala indiscriminada de árboles en 2016 para ampliar su estacionamiento en la sucursal de Coyoacán 750. Bajo el nuevo sistema acusatorio ahora se pueden juzgar a las empresas. La cadena de Max Leonardo Castañón contrató como litigante a Virgilio Tanús, del bufete Tanus, Salazar & Azaola.