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Darío Celis Estrada

La cuarta transformación

Coca-Cola vs Go Gaba

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Coca-Cola vs Go Gaba

Un nuevo frente se abrió en el pleito entre Coca-Cola y el emprendedor mexicano José Antonio del Valle, creador del refresco Go Gaba. Tiene que ver con los abogados de la multinacional.

Recordará que demandó penalmente a la firma fabricante de refrescos que preside aquí Galya Frayman por supuestamente despojarlo de una creación por la que ahora exige una multimillonaria indeminización.

Su empresa desarrolló Gaba, que es un ingrediente especial donde radica su innovación, y por la que ahora exige una compensación a la firma de Atlanta por la friolera de 345 millones de dólares.

Del Valle acusa fraude corporativo al incumplir un acuerdo de 2017 en el que se declaraba que Coca-Cola y sus subsidiarias o partes relacionadas no podían participar en un proyecto específico.

Se trata de la producción, distribución o venta de una bebida similar a Go Gaba, o que incluyera el ingrediente Gaba, durante al menos 30 meses después de que concluyera su exclusividad.

Pero antes de que se cumpliera medio año de ese acuerdo, Del Valle se percató de que su socio de negocios lanzó en Japón “Fanta Gaba” que se producía localmente y se empezaba a exportar vía distribuidores.

El expediente sigue empantanado en la Fiscalía de Justicia de la CDMX, a cargo de Ernestina Godoy, mientras Coca-Cola instruyó a su batería legal a ir contra Del Valle, no sin incurrir en un conflicto.

La refresquera contrató los servicios del abogado Gerardo Ramírez Ornelas y éste acreditó como colitigante a su asociado, Luis Robles Santamarina, para demandar civilmente a Del Valle.

La cosa pasaría desapercibida, de no ser que se trata del hijo del ex presidente del Consejo de Administración del banco que intermedió la alianza entre Go Gaba y Coca-Cola de México: Luis Robles Miaja.

Go Gaba realizó un convenio con la banca de inversión del BBVA-Bancomer en 2016 para levantar 28 millones de dólares y lanzar la renovada versión del producto en 50 países durante cinco años.

En 2017 fue reconocida por el Consejo México Francia para el Emprendimiento y la Innovación, y ese mismo año BBVA propuso a Del Valle un acuerdo con Coca-Cola Company para desarrollar su proyecto.

El acuerdo se firmó en diciembre, después de seis meses de negociaciones, reuniones y presentaciones con los más altos funcionarios de la empresa en México y con la intermediación del BBVA-Bancomer.

La demanda civil interpuesta por Ramírez Ornelas ha sido una forma de presionar a Del Valle y de desacreditar las denuncias penales que Coca-Cola enfrenta en su contra.

Pero ahora el bufete tiene un conflicto de interés.

DEBIDO A LA nueva realidad que vivimos, la prevención y solución de conflictos se es prioridad en la agenda de cualquier comerciante o arrendador, y especialmente en los bancos. Esto da pie a que los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), contenidos en el artículo 17 Constitucional, tomen relevancia y los mediadores privados sean hoy una muy buena herramienta para obtener resultados favorables para alcanzar los acuerdos requeridos. Pero el proyecto de ley federal de las MASC que se encuentra en el Senado, produjo ya un enfrenamiento interesante. Y es que se busca que sea la Secretaría de Gobernación, que comanda Olga Sánchez Cordero, la que controle a los mediadores privados y decida también cuándo un convenio tiene efectos de cosa juzgada. El tema central es que los notarios, que sí controlan Gobernación y los gobernadores, han perdido buena cantidad de negocio al permitirse que los mediadores privados intervengan en la constitución de garantía para el cumplimiento de los conflictos en que participan, lo que antes resultaba un jugoso negocio reservado para el gremio notarial. La magistrada Paula García Villegas Sánchez Cordero, como miembro del Poder Judicial Federal, e hija de la promotora de la ley, se ha pronunciado abiertamente en que tal posibilidad reflejada en el proyecto es inconstitucional, al existir una clara invasión de esferas del ejecutivo federal sobre los juzgadores. Los temas de los convenios de mediador y los efectos de sentencia ejecutoria están regulados en leyes como el Código de Comercio y los códigos procesales, lo que reserva solamente a los jueces el cumplimiento de tales acuerdos de mediación. Así es que el gremio de los mediadores va con todo para oponerse al proyecto y seguir dependiendo de los Centros de Justicia Alternativa de cada estado del país, como lo han venido haciendo desde hace más de ocho años.

CON MÁS DE 50 procedimientos judiciales por el incumplimiento de contratos, pago de créditos y defraudación, Pounce Consulting mantiene su negativa de responder demandas civiles. Están asentadas en los juzgados 1º, 3º, 8º, 34, 46, 48 y 70 en materia mercantil en los estados de Jalisco, Zacatecas y CDMX, que gobiernan Enrique Alfaro, Alejandro Tello y Claudia Sheinbaum. De acuerdo con documentos a la vista, el empresario Rogelio Viera Ayala ha participado en las licitaciones de alumbrado público en al menos diez municipios de los estados de Jalisco y Zacatecas. Y se ha negado recurrentemente a reparar las lámparas LED que no cumplen con la vida útil de cien mil horas y que carecen de la certificación de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE). A principios de año, el municipio de Zapopan, que gobierna Pablo Lemus, canceló una licitación a Pounce Consulting para colocar 14 mil 500 luminarias por 78 millones de pesos. Sucedió que el ayuntamiento detectó que incumplían la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SENER-2012. Según la información, la empresa también está en falta con varias instituciones financieras. Empresas declaradas en quiebra contrataron créditos con Scotianbank que dirige Adrián Otero, Santander que encabeza Héctor Grisi y Unifin de Rodrigo Lebois. Aunado a ello, empleados denunciaron que Viera Ayala ejerce hostigamiento laboral, les retiene salarios hasta por dos meses y los despide sin las indemnizaciones que corresponden por ley. Por ello también tiene juicios abiertos en materia laboral en juzgados de los mismos estados de Jalisco, Zacatecas y la Ciudad de México.

AL FINAL TODO un éxito la operación que cabildeó el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Éste terminó ordenando al INE que revisara el mecanismo de elección de la dirigencia de Morena, lo que en la práctica derivó en el descarrilamiento del proceso y en un freno en seco a Mario Delgado, el aspirante que ya se perfilaba a ganarla. El lunes le dimos cuenta aquí del enojo que había en Claudia Sheinbaum y su equipo por el rebase que significaba para su principal contendiente, Marcelo Ebrard. Pero la oportuna intervención desde Palacio Nacional evitó que el canciller tomara ventaja asumiendo el control del partido.

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Darío Celis Estrada

Relanzan el Tren México-Toluca

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Relanzan el Tren México-Toluca

Al entonces gobierno de la CDMX de Miguel Ángel Mancera le tocó licitar el Tramo 3 del Tren México-Toluca. En noviembre de 2014 un consorcio liderado por Caabsa fue el ganador del contrato.

El grupo de los hermanos Luis y Mauricio Amodío firmó el acuerdo el 16 de diciembre de ese mismo año. La obra consideraba un plazo de ejecución de dos años, que concluían en diciembre de 2016.

Pero problemas en la liberación del derecho de vía, particularmente por la población cercana a la avenida Vasco de Quiroga, ocasionaron que la SCT cambiara el proyecto ejecutivo original.

Lo anterior derivó en una suspensión de obra por nueve meses, hasta septiembre de 2015. Este cambio modificó los costos inicialmente acordados en el proceso de licitación.

El consorcio liderado por Caabsa inició los trabajos en la zona de las casetas de la carretera México-Toluca, y continuó en los tramos donde fueron liberados los derechos de vía.

De los 16.6 kilómetros únicamente 4.6 tenían derechos de vía, sin que éstos fueran continuos. La SCT los liberó paulatinamente hasta llegar a la CDMX, donde se presentaron diversos problemas e inconformidades sociales en diferentes zonas del tramo.

En noviembre de 2016 las huestes de Gerardo Ruiz Esparza enviaron a la CDMX el catálogo de conceptos del nuevo proyecto ejecutivo, lo que generó un diferendo de precios entre Caabsa y la autoridad.

Este conflicto se solucionó a través de un procedimiento administrativo previsto en la Ley de Obra Pública que concluyó con la firma de un convenio de modificación de contrato en octubre de 2018.

No obstante lo anterior, y las diferimientos con los pagos de anticipos, los privados continuaron los trabajos de la estructura del viaducto del tren, tanto en cimentaciones construidas en obra, como elementos prefrabricados de concreto como columnas, capiteles y trabes.

También avanzó en la construcción de estructuras metálicas para los puentes y estaciones del tren en Santa Fe y Observatorio.

A pesar del desfase en la ejecución de la obra, el consorcio siempre ha estado apegado al programa de obra acordado con la CDMX. Prueba de ello es que no existen ni se han aplicado penalidades.

A la fecha el Tramo 3 reporta un 58% de avance y adicionalmente se tiene un adelanto en estructuras de concreto prefabricado y estructuras metálicas en los talleres de Caabsa ubicados en Texcoco y Guadalajara.

En agosto de 2019 la SCT y la CDMX llegaron a un acuerdo mediante el cual la primera se encargaría de la obra, lo que que podría resolver los problemas de retraso en la liberación de recursos a la CDMX, que en promedio tardaban seis meses.

Esta decisión generó cinco actas de suspensión temporal de los trabajos por parte de la CDMX, iniciando el 1 de septiembre del 2019 y la última con fecha de vencimiento el 31 de agosto de este año.

De acuerdo con las actas de la suspensión, la razón es atribuible a la falta de recursos fiscales.

A finales de agosto, y tras la presentación de un video en la conferencia mañanera de AMLO, se decidió que el contrato permaneciera a cargo del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Se informó que al Tramo 3 se le añadirá una nueva estación entre Santa Fe y Observatorio, amén de un puente atirantado. Ninguno de estos dos elementos estaba previsto en el contrato original.

Caabsa declaró desde el 3 de agosto estar lista para reiniciar la obra. El avance actual en sitio y el adelanto en talleres en la fabricación de trabes y estructuras permitirán sostener un ritmo de obra acelerado.

Debido a que la suspensión de obra finalizó el 31 de agosto, y tras la decisión del Presidente de reiniciar con los trabajos, se dio aviso a Caabsa de reiniciar la obra a partir del 1 de septiembre.

Actualmente la CDMX y el consorcio liderado por los Amodío se encuentran ajustando el programa de obra, de acuerdo con el nuevo plan para terminar en diciembre del 2022.

ADEMÁS DE UNA reducción por hasta dos mil 350 millones de pesos en su utilidad neta el año pasado, impulsada por la cancelación de servicios para el sector público, la aseguradora MetLife ha tenido que desembolsar recursos extra para solventar complicaciones administrativas y legales en las que se ha visto involucrado su corporativo. De acuerdo con sus últimos estados financieros anuales, la empresa que lidera Sofía Belmar aumentó sus gastos en reservas de litigios en un 73%, mientras que su gasto por quebrantos administrativos mostró un inesperado incremento de hasta 362 puntos porcentuales. Los problemas para la firma norteamericana vienen principalmente de la operación de su promotora Grupo KC, de Daniel Guzmán, que se ha colocado como líder en amonestaciones ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En específico por permitir que sus agentes de seguros operen sin la cédula emitida por el propio regulador que encabeza Ricardo Ernesto Ochoa, y por modificar pólizas sin previo aviso a los asegurados. Grupo KC se ha convertido en el principal promotor de los servicios de MetLife, al grado que entre 2010 y 2011 adquirió dos inmuebles para albergar sus oficinas con créditos hipotecarios en los que la propia firma de seguros aparece como acreedor.

EN ESTE ESPACIO advertimos hace meses que se veía muy cuesta arriba que Jesús Seade llegara a la dirección de la Organización Mundial del Comercio. El embajador y la 4T apostaron al apoyo de su amigo, Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos. Pero fueron tres razones por las que no llegó a la final: falta de apoyo del gobierno mexicano, porque un latinoamericano había dejado la dirección hace unas semanas y porque el bloque asiático-africano en esta organización le corresponde, en teoría, presidirlo. Seade pidió desde inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador que una vez que concluyera la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, si el Senado de la República lo autorizaba, iría de embajador a China. Lleva casi una década de vivir en ese nación y su familia radica en el país asiático. Podría ser un gran promotor del comercio y la inversión entre ambos países. Un embajador de lujo, pues, para este régimen.

ENTRE LAS CONTRATISTAS de limpieza a nivel federal y de la CDMX habrían llegado denuncias a dependencias como la FGR de Alejandro Gertz Manero, el SAT de Raquel Buenrostro y la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, para que se investigue a Grupo Relissa y Gerlim, ligadas a la familia Reyes Domínguez, quienes habrían participado en presuntos actos ilegales por conducto de uno de sus principales miembros, José Juan Reyes Mote. Se habla de un contrato por más de 300 millones de pesos que se quedó Relissa en el ISSSTE, que dirige Luis Antonio Ramírez.

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Darío Celis Estrada

La caja chica del turismo

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La caja chica del turismo

La industria turística nacional está en una encrucijada perversa: desapareció el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) bajo el argumento de que funcionarios y empresarios saqueron el dinero público.

Y con esa creencia, el gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador se cortó el brazo promotor de la marca “México”, mientras que buena parte de los recursos fiscales que se cobran a turistas se lo quedan gobernadores.

Entonces en el 2020 a este sector se le juntaron todos los males: cero promoción, cero apoyos fiscales, empresarios fragmentados en cámaras de todos tamaños y caída de la demanda de 70% por el Covid-19.

La 4T tiene documentado que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña de cada peso que se destinaba a la promoción y publicidad para el turismo, sólo llegaban a su destino 35 centavos.

El resto se perdió en el océano de la corrupción y el vehículo fue el CPTM, que a un año de su cierre sólo cuenta con amagos de Santiago Nieto que tiene una docena de demandas contra ex funcionarios.

En los dos últimos sexenios México gastó en promoción turística 36 mil 302 millones de pesos, que lograron posicionar al país como uno de los ocho destinos más importantes del mundo.

Y en dos de años de gobierno de la 4T, la industria turística se desplomó a niveles históricos, producto de errores garrafales, como la eliminación del CPTM y la no creación de un instrumento sustituto.

En un reporte entregado a AMLO se prueban los excesos de los directivos del CPTM: en los últimos 12 años, de los 20 de vida del consejo, a “servicios personales” se destinaron casi 2 mil millones de pesos.

En el gobierno de Calderón se erogaron alrededor de 613 millones 388 mil pesos, mientras que en el de Peña Nieto los gastos fueron de casi mil 313 millones de pesos, números redondos en ambos casos.

En el concepto de “gasto general”, que incluía promoción y difusión de la marca México dentro y fuera del país, el gobierno del panista erogó en seis años 13 mil 515 millones 327 mil pesos.

Pero el que no tuvo límites fue el priísta Peña Nieto, con 22 mil 787 millones de pesos. El gasto de promoción vía el CPTM creció en cerca de 9 mil 272 millones de pesos entre un gobierno y otro, mientras que en el de “servicios personales” subió casi 700 millones.

A 13 meses de la desaparición del CPTM y de una supuesta investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, sólo existen declaraciones de posibles desvíos de recursos públicos a cuentas privadas en el extranjero.

Pero se desconoce si hay procesos judiciales contra algún funcionario o privado.

EL TRIBUNAL ELECTORAL del Poder Judicial de la Federación va discutir hoy el proyecto para dar marcha atrás a la convocatoria del INE, a fin de renovar la dirigencia de Morena. Como ayer le informé, el proceso lo quiere descarrilar Claudia Sheinbaum porque sabe que si la encuesta transita Mario Delgado ganaría el control del partido en el gobierno, lo que beneficiará a su principal adversario: Marcelo Ebrard. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue el primero en sugerir el mecanismo de encuesta, pero a sus operadores se les salió de las manos y ahora tuvo que intervenir el Consejero Jurídico, Julio Scherer, para cabildear un borrón y nueva cuenta por el riesgo político que implica para la jefa de gobierno de la CDMX, la candidata favorita del tabasqueño para la grande de 2024. En los corrillos de Palacio Nacional se busca patear el proceso hasta pasadas las elecciones de 2021 y en el ínter mantener a Alfonso Ramírez Cuéllar. Y es que Morena no tiene más que más pleitos por delante: precisamente el actual dirigente logró la semana pasada que la Fiscalía General de la República, que comanda Alejandro Gertz Manero, proceda contra Yeidckol Polevnsky y los empresarios que benefició con más de 700 millones de pesos.

YA NO ES novedad: la presentación del paquete de proyectos de infraestructura se volvió a patear, ahora dos semanas más. Según esto se anunciará ahora por paquetes y por sectores, empezando con uno de carreteras el próximo lunes 28 de septiembre. Y así sucesivamente. Como le informé, pese y al compromiso de Andrés Manuel López Obrador de que se darían a conocer a más tardar hoy, las diferencias subsisten. Sobre todo por la aversión que el Presidente tiene al endeudamiento, lo que lo llevó a tirar el Tramo 5 del Tren Maya. En la matriz de más de 250 proyectos que considera la Secretaría de Hacienda, que comanda Arturo Herrera, hay un buen número que implican pasivos para el gobierno, de ahí que estén siendo revisados nuevamente con lupa.

EL REVÉS QUE BlackRock se llevó con su APP (Asociación Público Privada) para ampliar la autopista Cancún-Tulúm y construirle el Tramo 5 del Tren Maya, podría tener repercusiones devastadoras para el gobierno de la 4T. De entrada, que el influyente gestor de fondos que dirige aquí Samantha Ricciardi ya no participe en los proyectos de infraestructura que Andrés Manuel López Obrador va anunciar ahora en dos semanas. Pero el golpe seco se lo están llevando Julio Villarreal, Julio Scherer y Alfonso Romo, quienes llevan meses buscando la fórmula financiera para reflotar a Altos Hornos de México. Y es que el dueño de Grupo Villacero y los dos arietes de Presidencia, habían convencido a Larry Fink de que BlackRock apoyara la operación rescate.

EL INSTITUTO FEDERAL de Especialistas en Concursos Mercantiles rechazó la oferta de Oro Negro para adquirir ciertos activos, bienes y derechos que conforman la masa concursal. La semana pasada los de Edgar Bonilla dieron palo a los abogados de Gonzalo Gil, José Antonio Cañedo y Carlos Willianson, entre muchas otras razones, en virtud de que el monto equivalente al 100% del crédito del que Nordic Trustree es titular, no representa un pago en efectivo y no puede ser usado como pago. Tampoco establece el precio ofrecido que serviría como base para determinar el precio mínimo dentro del procedimiento de subasta. Oro Negro es la empresa que tiene demandado al gobierno mexicano por la friolera de mil millones de dólares. Sus accionistas tienen ficha roja.

CAXXOR GROUP ADQUIRIÓ a Taylor-DeJongh, la banca de inversión con más historia en el ramo de infraestructura. La apuesta de Caxxor, que preside Carlos Ortiz, es convertirse en la principal banca de inversión en infraestructura para Latinoamérica. La compañía está enfocada en atraer inversión internacional a la región, destacando principalmente en tres áreas estratégicas: infraestructura logística, refinación y real estate. Por otro lado Taylor-DeJongh, que encabeza Fadi Hallak, es uno de los bancos de inversión en infraestructura más importantes del mundo, con más de 250 mil millones de dólares colocados e interviniendo en más de 600 proyectos de infraestructura en los últimos 35 años.

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Darío Celis Estrada

Madruguete de Sheinbaum

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Madruguete de Sheinbaum

Justo cuando el país requiere que la estabilidad política abone a la recuperación económica, sectores del partido gobernante hacen muchas, muchas olas.

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está en marcha una discreta, pero poderosa operación para intentar tirar mañana la encuesta con la que Morena elegirá a la dirigencia que encabezará a la primera fuerza política en las elecciones de 2021.

Detrás de la operación estaría el equipo de la mismísima jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y consistiría en presionar al Tribunal, a través del magistrado Felipe de la Mata.

Este funcionario declararía procedente la impugnación contra el método de elección por encuestas, que fue presentada por el actual líder del instituto político, Alfonso Ramírez Cuéllar, y la cual fue turnada al Trife el 7 de septiembre.

De proceder la imputación, se echaría abajo la elección de presidente y secretario general de Morena por la vía de encuestas, lo que dejaría a Ramírez Cuéllar a cargo del partido en el poder hasta las elecciones del año próximo.

Dado que Ramírez Cuéllar y Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional, responden a los dictados de la mandataria capitalina, su grupo tendría vía libre para definir candidaturas y consolidar su proyecto presidencial.

Fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien sugirió y defendió el camino de las encuestas para la elección de la dirigencia del partido que fundó, pero el grupo cercano a la jefa de gobierno quiere tirarlo sí o sí porque es la única manera de mantener el control político del instituto.

Ni a Mario Delgado ni a Porfirio Muñoz Ledo ni a Yeidckol Polevnsky, que en ese orden encabezan las preferencias internas de los morenistas, le responderían a ella, sino al Jefe del Ejecutivo.

Se sabe que De la Mata, a quien se le turnó el expediente, y al menos otros tres magistrados del Trife, son cercanos al Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

Habrá que ver si los magistrados mantienen el mismo criterio, o si sucumben a la presión.

TÉCNICAMENTE, HOY ANDRÉS Manuel López Obrador tendría que dar a conocer el paquete de proyectos de infraestructura energética. “Antes del 15 de septiembre”, prometió hace unos días. Hasta ayer no había mucho movimiento que digamos en Palacio Nacional, ni se había convocado a ningún representante del sector empresarial para la mañanera de hoy, aunque el tabasqueño es de los que reaccionan de última hora y ordena la asistencia. Por lo demás, las diferencias sobre qué proyectos incluir continuó toda la semana pasada. Las posiciones de Arturo Herrera y Alfonso Romo están encontradas con las de Rocío Nahle y también las posturas del propio Herrera y Romo chocaban por el papel que deberían jugar Nafinsa y Bancomext en el financiamiento. El secretario de Hacienda ve en Carlos Noriega Romero una posición suya, como cabeza de sector, pero en los hechos la tiene perdida a manos del Jefe de la Oficina de la Presidencia. AMLO tiene citado hoy a las 11 horas a Herrera. Todo apunta a que el anuncio será mañana.

VAYA MENSAJE QUE envió el director del ISSSTE al secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval. El 2 de septiembre, y a espaldas del recién nombrado director de Administración y Finanzas, general Jens Pedro Lohmann Iturburu, se realizó un operativo para remover a los responsables de las Subdirecciones de Personal, Programación y Presupuesto, Contaduría y Servicios Generales, así como puestos de mando en la Subdirección de Infraestructura. Luis Antonio Ramírez designó a nuevos titulares. Se les exigió la renuncia con fecha 31 de agosto. Algunos la firmaron y otros fueron obligados por la Dirección Jurídica a desalojar sus oficinas sin renuncia. A la mayoría se les informó que era una instrucción, incluso del recién llegado Lohmann Iturburu. Los removidos eran del equipo de Pedro Zenteno y fueron reemplazados por cercanos a Ramírez. ¿Boicot a la cuña que le impusieron?

SEGÚN DOCUMENTOS A la vista, Segalmex-Diconsa acaba de adquirir 7 mil toneladas de maíz blanco a la firma sinaloense Almacenes y Servicios Santa Rosa, de Eduardo Arámbula, por un monto de 29 millones 400 mil pesos. La compra se da a pesar de que el organismo que lleva Ignacio Ovalle tiene en almacenes alrededor de 450 mil toneladas de ese producto, correspondientes a la cosecha 2019, parte del programa de Precios de Garantía. Sobre la mesa estaría, además, un pedido de 140 mil toneladas en los próximos días, aun cuando el acopio de este año empezará ya en el mes octubre y se esperan recibir alrededor de 1 millón de toneladas de los pequeños y medianos productores.
NUEVO CHOQUE DE Moisés El-Mann y René y Teófilo Zaga, señalados en el y escandaloso desfalco al Infonavit con la empresa Telra. Sin subsanar todavía el expediente, están trenzados en un nuevo pleito, ahora por el control de un desarrollo hotelero en Playa Mujeres, Quintana Roo. Coludido con Félix Romano, El-Mann pretende privar a los Zaga de sus derechos accionarios y de unos 37 millones de dólares. Resulta que con Guardia Nacional y todo a los Zaga les impidieron la entrada a una asamblea de accionistas la semana pasada en Cancún. El que salió en calidad de cadenero a bloquear el acceso fue Jacobo Bazbaz Sacal.

EN LA OTRA colisión empresarial, la de Coral y Prisa, reportamos la salida de Gerardo Ramírez Ornelas. El litigante de temas mercantiles fue el primero en promover las acciones legales de los españoles que preside Javier Monzón, pero se terminó retirando. Ya lo relevó otro abogado entrón, de esos que le gustan los pleitos: Jaime Guerra. Se trata del también litigante de Alonso Ancira, el de Altos Hornos de México. La vía penal y administrativa corre entre Coral y Prisa en paralelo a la mediación donde los primeros tienen de amigable componedor a Ricardo Alarcón Gaviria y los de Miguel Alemán Magnani a José Ramón Cossío.

LA SECRETARIA DE la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, abrió expediente contra el que fuera responsable de la comunicación social de Pemex en el sexenio pasado, Ignacio Durán, y su protector, David López. Desde esa oficina corrieron millones y millones de pesos para cuidar la imagen de Emilio Lozoya, primero, cuando explotó en febrero de 2013 el edificio B2 del corporativo de Marina Nacional, y después para perseguir ferozmente a los empresarios que no se plegaron a sus órdenes de despojo. Hay cientos de facturas de las que Durán no entregó comprobables. La denuncia la hicieron los pupilos de Octavio Romero.

OMAR CERVANTES SE comunicó con este reportero para comentar que en su caso y el de Emilio Saldaña es completamente falso que operen como consultores de proyectos electorales. El director de comunicación social de la Secretaría de Gobernación recordó la instrucción de Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que quien quiera hacer política partidista o electoral puede hacerlo renunciando a su cargo. “En mi caso estoy dedicado al 100% a los asuntos de la secretaría y de la secretaria”.

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