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Darío Celis Estrada

La cuarta transformación

Un caso gordo de corrupción para AMLO

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Un caso gordo de corrupción para AMLO

En casi dos años de gestión, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro que no se siente cómodo con las actividades empresariales de los particulares, aunque algunos de sus colaboradores han demostrado que prefieren hacer negocio con la política.

El caso más evidente es el del recién cesado subsecretario de Gobierno y ex Administrador General de Aduanas, Ricardo Peralta, quien estableció en cada una de las oficinas que tuvo a su cargo una maquinaria para generar dinero, según abundantes denuncias, pruebas y testimonios.

Aquí narramos hace tiempo que a su paso por el sector aduanero, Peralta instaló una oficina privada en el número 530 de la Avenida Prado Sur, en las Lomas de Chapultepec, en la que Arnoldo Martínez Rentería, entonces su segundo de a bordo, negociaba contratos con proveedores.

En aquel momento, por ejemplo, ese grupo buscaba ejercer 14 mil millones de pesos del fideicomiso aduanero, el casi desaparecido FACLA, para entregar proyectos de seguridad aduanera a empresas como Seguritech, de Ariel Picker, y de Kio Networks de Sergio Rosengaus.

A la par, Peralta puso en práctica la experiencia que adquirió en sus años como colaborador del Grupo Autofin, de Juan Antonio Hernández, y estableció una red de importación de autos a precios subvaluados, operada desde Mexicali por el exadministrador de la aduana Alejandro Miramontes.

Con el cambio a la Secretaría de Gobernación, en mayo de 2019, los negocios tuvieron que moverse de giro. De entrada, la estructura externa del nuevo subsecretario tuvo que mudarse a la Avenida de Las Palmas, a una casona ubicada en el número 910.

Desde ahí, según sus propios excolaboradores, se operó a través del director de Juegos y Sorteos, Luis Calvo Reyes, el cobro de piso al sector de los casinos. Pero también se tejió una red de extorsiones y servicios especiales para empresas y políticos.

Ejemplo de ello fue el caso del paro de actividades en la mina El Peñasquito en Zacatecas, en el que personal que participó en las negociaciones asegura que detrás de las compensaciones económicas solicitadas por los ejidatarios para permitir la operación de la mina, estaba Peralta.

Newmont Goldcorp señaló en diversas ocasiones esos intentos de extorsión.

Entre los servicios especiales a políticos, se destaca el que realizó al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, para aprehender por homicidio imprudencial al exdiputado Cipriano Charrez.

Se narra que el depuesto subsecretario convocó a reunión al político morenista y, al mismo tiempo, envió el mensaje a la PGJ hidalguense para que lo detuvieran en las mismas rejas de la Secretaría de Gobernación.

Actualmente, las puertas de la administración pública parecen ya haberse cerrado para un funcionario de este calibre, pero el deseo de continuar con los negocios se mantiene intacto y para ello dice tener ya estructurada una empresa de operación electoral.

Entre los posibles clientes que se tiene confirmado que se reunieron con Peralta para evaluar sus servicios, anote usted a aspirantes a gubernaturas como Víctor Castro en Baja California, Layda Sansores para Campeche, Indira Vizcaino para Colima, Cruz Pérez Cuellar para Chihuahua, Félix Salgado para Guerrero, Cristobal Arias para Michoacán, Miguel Ángel Navarro para Nayarit y Rubén Rocha para Sinaloa.

La mayoría de estos personajes acudieron a la casona de la Avenida Palmas, incluso antes de la remoción del subsecretario de Gobierno, y algunos más, como Tatiana Clouthier de Nuevo León y David Monreal de Zacatecas, recibieron la visita de Peralta en sus propios estados.

Cabe destacar que, entre los expertos operadores electorales que vendió Peralta en sus servicios, estaban mencionados Omar Cervantes, director de Comunicación Social de la Segob, y Emilio Saldaña, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la dependencia, por lo que, a las irregularidades que pudieran encontrarse en todos estos hechos, se suma que se hizo uso indebido de la infraestructura y personal gubernamental.

LA UNIDAD DE Inteligencia Financiera, que capitanea Santiago Nieto, presentó querellas por lavado de dinero contra Softtek, la empresa regiomontana de Blanca Treviño. En paralelo el SAT, que preside Raquel Buenrostro, empezó a citar a sus accionistas y principales directivos acusados de evadir el pago del Impuesto Sobre la Renta a través de la figura de asimilados a salarios. Las autoridades tienen corroborado que con tal de disminuir su base gravable se recurrió a operaciones inexistentes vía factureras, con las que registraban deducciones altas y utilidades mínimas. Treviño se convirtió en el primer miembro del Consejo Mexicano de Negocios en ser señalado de lavado de dinero. Vaya dardo de la 4T.

BBVA ERA UNO de los 15 grandes contribuyentes a los que se había referido hace meses atrás Andrés Manuel Lopez Obrador reacios a pagar lo que debían al SAT. Ahí estaban también FEMSA de José Antonio Fernández Carbajal, Wal-Mart que maneja Guilherme Loureiro, Alsea de Cosme Torrado, IBM que dirige Eduardo Gutiérrez y Grupo Modelo que comanda Cassiano de Stefano. El banco dirigido por Eduardo Osuna acordó ayer finalmente con los pupilos de Raquel Buenrostro liquidar 3 mil 200 millones de pesos, con lo que cierra este expediente. Corresponden a los ejercicios de 2006 a 2008 y de 2012 a 2015. La cifra fue sustancialmente menor a lo que le habíamos comentado aquí.

LA INDUSTRIA DE las telecomunicaciones, y particularmente las empresas de telefonía móvil, están en guardia. Y es que escondido en el Paquete Económico que presentó el martes el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la Ley de Derechos propone encarecer el espectro radioléctrico. Y es que se pretende aumentar el cobro de los derechos de uso y explotación de las bandas celulares de 800 y 3.4 megahertz. Y lo que es peor: los genios financieros de la 4T quieren también subir los derechos para las redes de nueva generación, la 5G. Ya se imaginará la preocupación en América Móvil de Carlos Slim, AT&T que preside Mónica Aspe, Izzi que comanda Salvi Folch y Telefónica-Movistar que lidera Camilo Aya.

AYER LE DI cuenta que arrancó el proceso de mediación entre Prisa, que preside Javier Monzón, y Grupo Coral, de Miguel Alemán Magnani, para alcanzar un acuerdo sobre el control editorial y operativo de la cadena Radiópolis. Los hispanos ya designaron al ex ejecutivo de Grupo Caracol, el colombiano Ricardo Alarcón Gaviria. Pues bien, la contraparte también ya nombró a su mediador. Se trata ni más ni menos que el ex ministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío. Se cree que con el acompañamiento de estos personajes pudiera encontarse una salida al conflicto. Sobre este mismo asunto nos dicen que el abogado Juan Araujo todavía no llega a un arreglo con Prisa, respecto de los honorarios que pretende.

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Darío Celis Estrada

Para ser Secretario de Hacienda no basta serlo

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Para ser Secretario de Hacienda no basta serlo

La popularidad de Andrés Manuel López Obrador está empezando a caer. Desde julio, a razón mensual de 0.6%. Su capital político disminuye porque la población no ve resultados positivos en tres rubros.

La seguridad tiende a empeorar, la contención del Covid-19 no existe y la economía de las empresas y de los mexicanos a diario se erosiona a una velocidad preocupante. Y el Presidente lo sabe muy bien.

Está consciente que tiene que dar un golpe de timón antes de que buena parte de los mexicanos que creyeron en su discurso y votaron por él, le retiren su respaldo porque se convirtieron en víctimas de la 4T.

En lo más íntimo de Palacio Nacional ya empezó a tomar forma una ruta de salida para anticiparse a la despresurización de lo que en el arranque de 2021 será una bomba de tiempo: el manejo financiero del país.

El actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, se tiene y se va ir. No dio ni da para más. Decía Jesús Silva Herzog que para ser secretario de Hacienda no solo hay que serlo, sino parecerlo.

Un nombre empieza a sonar: Rogelio Ramírez de la O. AMLO siempre lo ha tenido cerca de asesor. En su más inmediata intervención, fue él quien le sugirió descarrilar la asignación del Tramo 5 del Tren Maya.

En las reñidas elecciones del año 2006 Ramírez de la O ya se perfilaba a ser el secretario de Hacienda, si López Obrador hubiera sido reconocido como el ganador a la Presidencia de la República.

Dos eran los personajes que se encargaron de contactar a la comunidad financiera internacional en la víspera de la jornada electoral para contener el mensaje de “López Obrador un peligro para México”.

Uno fue Alfonso Romo Garza-Madero, el actual Jefe de la Oficina de la Presidencia y Coordinador del Gabinete para el Crecimiento Económico, y el otro era precisamente Rogelio Ramírez de la O.

En 2018, cuando el tabasqueño ganó, Ramírez ya había decidido retraerse a su negocio, la consultoría privada. No fue tan enfático como Santiago Levy, que no quiso pagar antes por ver ganada la Presidencia.

Pero todo lo anterior ya es historia. Ramírez de la O sí ve con agrado la posibilidad de ser el próximo titular de Hacienda, máxime porque lo empuja quien tiene la más fuerte ascendencia sobre el Presidente.

Pero sabe que no puede dar un salto al vacío. Debe tener control sobre dos carteras claves: Energía, hoy en manos de Rocío Nahle, y en consecuencia Pemex y la CFE, de Octavio Romero y Manuel Bartlett.

Y también sobre Economía, que encabeza Graciela Márquez, dependencia que jugará un papel fundamental como motor de recuperación económica. Si Ramírez de la O no las controla no tomará el riesgo.

Por eso el avezado financiero debe poner en práctica la frase de Jesús Silva Herzog y que también repetía constantemente José Ángel Gurría y que Francisco Gil Díaz también le aplicó a Vicente Fox.

“Para ser secretario de Hacienda no basta serlo, hay que parecerlo”, un principio que intentó fallidamente Carlos Urzúa y mejor se fue, que Herrera no cumplió y que ahora Ramírez de la O pone por delante.

¿Lo podrá entender y aceptar el Presidente López Obrador? El tiempo se le agota.

EL JUZGADO 63 de lo Civil de la CDMX emitió la semana pasada una resolución que lo único que deja ver es el uso de Grupo Prisa de viejas prácticas de soborno a autoridades para seguir violando la Ley de Inversión Extranjera. Y es que el juez Miguel Ángel Robles Villegas ordenó tener por no presentadas las demandas de medidas prearbitrales promovidas por Coral, de Miguel Alemán Magnani, argumentando que fueron entregadas en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19. La demanda contra las acciones del grupo español presidido por Javier Monzón se turnó virtualmente en la oficialía de partes del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX utilizando una e-firma para acceder a dicho portal, como lo dicta el Acuerdo del Consejo de la Judicatura de la CDMX del 30 de junio del 2020, para la presentación de demandas virtuales, por lo que la resolución no tiene sustento y seguramente responde a otro tipo de arreglo. No hay la mínima intención de llegar a un acuerdo entre las partes en disputa. El viernes iba a ser la primer reunión de mediación y Prisa dejó plantado al ministro en retiro José Ramón Cossío.

EL VIERNES ESTUVIERON en Palacio Nacional los dueños de Grupo Carso y BioPappel, dos de los empresarios más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, quien no tuvo empacho en ventilarlo públicamente vía su cuenta de Twitter. “Platiqué con Miguel Rincón y Carlos Slim. Siempre procuro recoger los sentimientos de los más humildes así como también escucho a los empresarios exitosos”. Este encuentro contrastó en su manejo mediático con el que 24 horas antes sostuvo también con otro hombre de negocios no tan cercano y muy fustigado por la 4T: Daniel Servitje, presidente de Bimbo. La panificadora, al igual que Coca-Cola, en la narrativa del gobierno es señalada como causante de los problemas de obesidad del país. Pero de esa reunión, en la que se puso en la mesa el controvertido tema del nuevo etiquetado, no se dijo absolutamente nada.

ESTA SEMANA VA ser determinante en la ruta de capitalización de Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa y preside Javier Arrigunaga. Y es que la jueza Shelley Chapman, que lleva el procedimiento en Nueva York bajo el Chapter 11, presidirá una audiencia en la que se autorizará el financiamiento preferencial garantizado (DIP) hasta por mil millones de dólares. Los 100 millones iniciales del primer tramo de 200 millones Apollo Management ya los liberó el 9 de septiembre. Pero con el aval de Chapman esta semana, la aerolínea de Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo podrá celebrar contratos de crédito con el prestamista que preside Leon Black por otros 100 millones para completar el primer paquete, y 170 millones de dólares adicionales que integran el primer tranche del segundo paquete de 800 millones de dólares.

AUNQUE el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles ya opinó que la oferta de compra de los activos de Oro Negro que lanzaron los bondholders (no la empresa de Gonzalo Gil, José Antonio Cañedo y Carlos Williamson, como erróneamente le informé) es improcedente, la última palabra la tiene el juez concursal, Benito Zurita. El titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil de la CDMX será quien en todo caso resolverá si procede o no la petición del representante de Nordic Trustee, Víctor Bañuelos, del bufete Garza Tello & Asociados. Si fuera el caso, se instruiría al liquidador, Gerardo Badín, a realizar la subasta. En la panza de Perforadora e Integradora Oro Negro hay 25 millones de dólares de cuentas por pagar de Pemex y 11 millones de dólares en un fideicomiso.

MARIO DELGADO DEBERÁ decidir entre aplicarse y sacar adelante en la Cámara de Diputados las reformas que le interesan a Andrés Manuel López Obrador, o distraerse en quirtarse de encima las fuerzas de Morena que no lo quieren ver como próximo presidente del partido en el poder. La orden que el Tribunal Electoral que preside Felipe Fuentes Barrera dio al INE de Lorenzo Córdova, a fin de modificar la convocatoria para renovar la dirigencia de ese instituto político, llevará a la elección por la vía de encuestas después de junio del año próximo, como le adelanté aquí hace una semana. Delgado no debe preocuparse de perder su momentum. De lo que sí debe ocuparse es en sacar, por ejemplo, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, un expediente clave en Palacio Nacional.

LE REPORTÉ HACE unos días que Media Pro es uno de los dos interesados que ya presentó oferta no vinculante para quedarse con los canales de Fox Sports que Disney está obligado a vender. El otro es Fox Media, de Rupert Murdoch. Un tercero en la puja es Grupo Sipse, de Alejandro García Gamboa, que a principios de mes entregó pero solo una manifestación de interés. Pues bien, le informo que el yucateco podría hacer el fronting de Media Pro. García y Jaume Roures ya están negociando esa ruta. No los pierda de vista.

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Darío Celis Estrada

Relanzan el Tren México-Toluca

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Relanzan el Tren México-Toluca

Al entonces gobierno de la CDMX de Miguel Ángel Mancera le tocó licitar el Tramo 3 del Tren México-Toluca. En noviembre de 2014 un consorcio liderado por Caabsa fue el ganador del contrato.

El grupo de los hermanos Luis y Mauricio Amodío firmó el acuerdo el 16 de diciembre de ese mismo año. La obra consideraba un plazo de ejecución de dos años, que concluían en diciembre de 2016.

Pero problemas en la liberación del derecho de vía, particularmente por la población cercana a la avenida Vasco de Quiroga, ocasionaron que la SCT cambiara el proyecto ejecutivo original.

Lo anterior derivó en una suspensión de obra por nueve meses, hasta septiembre de 2015. Este cambio modificó los costos inicialmente acordados en el proceso de licitación.

El consorcio liderado por Caabsa inició los trabajos en la zona de las casetas de la carretera México-Toluca, y continuó en los tramos donde fueron liberados los derechos de vía.

De los 16.6 kilómetros únicamente 4.6 tenían derechos de vía, sin que éstos fueran continuos. La SCT los liberó paulatinamente hasta llegar a la CDMX, donde se presentaron diversos problemas e inconformidades sociales en diferentes zonas del tramo.

En noviembre de 2016 las huestes de Gerardo Ruiz Esparza enviaron a la CDMX el catálogo de conceptos del nuevo proyecto ejecutivo, lo que generó un diferendo de precios entre Caabsa y la autoridad.

Este conflicto se solucionó a través de un procedimiento administrativo previsto en la Ley de Obra Pública que concluyó con la firma de un convenio de modificación de contrato en octubre de 2018.

No obstante lo anterior, y las diferimientos con los pagos de anticipos, los privados continuaron los trabajos de la estructura del viaducto del tren, tanto en cimentaciones construidas en obra, como elementos prefrabricados de concreto como columnas, capiteles y trabes.

También avanzó en la construcción de estructuras metálicas para los puentes y estaciones del tren en Santa Fe y Observatorio.

A pesar del desfase en la ejecución de la obra, el consorcio siempre ha estado apegado al programa de obra acordado con la CDMX. Prueba de ello es que no existen ni se han aplicado penalidades.

A la fecha el Tramo 3 reporta un 58% de avance y adicionalmente se tiene un adelanto en estructuras de concreto prefabricado y estructuras metálicas en los talleres de Caabsa ubicados en Texcoco y Guadalajara.

En agosto de 2019 la SCT y la CDMX llegaron a un acuerdo mediante el cual la primera se encargaría de la obra, lo que que podría resolver los problemas de retraso en la liberación de recursos a la CDMX, que en promedio tardaban seis meses.

Esta decisión generó cinco actas de suspensión temporal de los trabajos por parte de la CDMX, iniciando el 1 de septiembre del 2019 y la última con fecha de vencimiento el 31 de agosto de este año.

De acuerdo con las actas de la suspensión, la razón es atribuible a la falta de recursos fiscales.

A finales de agosto, y tras la presentación de un video en la conferencia mañanera de AMLO, se decidió que el contrato permaneciera a cargo del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Se informó que al Tramo 3 se le añadirá una nueva estación entre Santa Fe y Observatorio, amén de un puente atirantado. Ninguno de estos dos elementos estaba previsto en el contrato original.

Caabsa declaró desde el 3 de agosto estar lista para reiniciar la obra. El avance actual en sitio y el adelanto en talleres en la fabricación de trabes y estructuras permitirán sostener un ritmo de obra acelerado.

Debido a que la suspensión de obra finalizó el 31 de agosto, y tras la decisión del Presidente de reiniciar con los trabajos, se dio aviso a Caabsa de reiniciar la obra a partir del 1 de septiembre.

Actualmente la CDMX y el consorcio liderado por los Amodío se encuentran ajustando el programa de obra, de acuerdo con el nuevo plan para terminar en diciembre del 2022.

ADEMÁS DE UNA reducción por hasta dos mil 350 millones de pesos en su utilidad neta el año pasado, impulsada por la cancelación de servicios para el sector público, la aseguradora MetLife ha tenido que desembolsar recursos extra para solventar complicaciones administrativas y legales en las que se ha visto involucrado su corporativo. De acuerdo con sus últimos estados financieros anuales, la empresa que lidera Sofía Belmar aumentó sus gastos en reservas de litigios en un 73%, mientras que su gasto por quebrantos administrativos mostró un inesperado incremento de hasta 362 puntos porcentuales. Los problemas para la firma norteamericana vienen principalmente de la operación de su promotora Grupo KC, de Daniel Guzmán, que se ha colocado como líder en amonestaciones ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En específico por permitir que sus agentes de seguros operen sin la cédula emitida por el propio regulador que encabeza Ricardo Ernesto Ochoa, y por modificar pólizas sin previo aviso a los asegurados. Grupo KC se ha convertido en el principal promotor de los servicios de MetLife, al grado que entre 2010 y 2011 adquirió dos inmuebles para albergar sus oficinas con créditos hipotecarios en los que la propia firma de seguros aparece como acreedor.

EN ESTE ESPACIO advertimos hace meses que se veía muy cuesta arriba que Jesús Seade llegara a la dirección de la Organización Mundial del Comercio. El embajador y la 4T apostaron al apoyo de su amigo, Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos. Pero fueron tres razones por las que no llegó a la final: falta de apoyo del gobierno mexicano, porque un latinoamericano había dejado la dirección hace unas semanas y porque el bloque asiático-africano en esta organización le corresponde, en teoría, presidirlo. Seade pidió desde inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador que una vez que concluyera la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, si el Senado de la República lo autorizaba, iría de embajador a China. Lleva casi una década de vivir en ese nación y su familia radica en el país asiático. Podría ser un gran promotor del comercio y la inversión entre ambos países. Un embajador de lujo, pues, para este régimen.

ENTRE LAS CONTRATISTAS de limpieza a nivel federal y de la CDMX habrían llegado denuncias a dependencias como la FGR de Alejandro Gertz Manero, el SAT de Raquel Buenrostro y la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, para que se investigue a Grupo Relissa y Gerlim, ligadas a la familia Reyes Domínguez, quienes habrían participado en presuntos actos ilegales por conducto de uno de sus principales miembros, José Juan Reyes Mote. Se habla de un contrato por más de 300 millones de pesos que se quedó Relissa en el ISSSTE, que dirige Luis Antonio Ramírez.

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Darío Celis Estrada

Coca-Cola vs Go Gaba

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Coca-Cola vs Go Gaba

Un nuevo frente se abrió en el pleito entre Coca-Cola y el emprendedor mexicano José Antonio del Valle, creador del refresco Go Gaba. Tiene que ver con los abogados de la multinacional.

Recordará que demandó penalmente a la firma fabricante de refrescos que preside aquí Galya Frayman por supuestamente despojarlo de una creación por la que ahora exige una multimillonaria indeminización.

Su empresa desarrolló Gaba, que es un ingrediente especial donde radica su innovación, y por la que ahora exige una compensación a la firma de Atlanta por la friolera de 345 millones de dólares.

Del Valle acusa fraude corporativo al incumplir un acuerdo de 2017 en el que se declaraba que Coca-Cola y sus subsidiarias o partes relacionadas no podían participar en un proyecto específico.

Se trata de la producción, distribución o venta de una bebida similar a Go Gaba, o que incluyera el ingrediente Gaba, durante al menos 30 meses después de que concluyera su exclusividad.

Pero antes de que se cumpliera medio año de ese acuerdo, Del Valle se percató de que su socio de negocios lanzó en Japón “Fanta Gaba” que se producía localmente y se empezaba a exportar vía distribuidores.

El expediente sigue empantanado en la Fiscalía de Justicia de la CDMX, a cargo de Ernestina Godoy, mientras Coca-Cola instruyó a su batería legal a ir contra Del Valle, no sin incurrir en un conflicto.

La refresquera contrató los servicios del abogado Gerardo Ramírez Ornelas y éste acreditó como colitigante a su asociado, Luis Robles Santamarina, para demandar civilmente a Del Valle.

La cosa pasaría desapercibida, de no ser que se trata del hijo del ex presidente del Consejo de Administración del banco que intermedió la alianza entre Go Gaba y Coca-Cola de México: Luis Robles Miaja.

Go Gaba realizó un convenio con la banca de inversión del BBVA-Bancomer en 2016 para levantar 28 millones de dólares y lanzar la renovada versión del producto en 50 países durante cinco años.

En 2017 fue reconocida por el Consejo México Francia para el Emprendimiento y la Innovación, y ese mismo año BBVA propuso a Del Valle un acuerdo con Coca-Cola Company para desarrollar su proyecto.

El acuerdo se firmó en diciembre, después de seis meses de negociaciones, reuniones y presentaciones con los más altos funcionarios de la empresa en México y con la intermediación del BBVA-Bancomer.

La demanda civil interpuesta por Ramírez Ornelas ha sido una forma de presionar a Del Valle y de desacreditar las denuncias penales que Coca-Cola enfrenta en su contra.

Pero ahora el bufete tiene un conflicto de interés.

DEBIDO A LA nueva realidad que vivimos, la prevención y solución de conflictos se es prioridad en la agenda de cualquier comerciante o arrendador, y especialmente en los bancos. Esto da pie a que los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), contenidos en el artículo 17 Constitucional, tomen relevancia y los mediadores privados sean hoy una muy buena herramienta para obtener resultados favorables para alcanzar los acuerdos requeridos. Pero el proyecto de ley federal de las MASC que se encuentra en el Senado, produjo ya un enfrenamiento interesante. Y es que se busca que sea la Secretaría de Gobernación, que comanda Olga Sánchez Cordero, la que controle a los mediadores privados y decida también cuándo un convenio tiene efectos de cosa juzgada. El tema central es que los notarios, que sí controlan Gobernación y los gobernadores, han perdido buena cantidad de negocio al permitirse que los mediadores privados intervengan en la constitución de garantía para el cumplimiento de los conflictos en que participan, lo que antes resultaba un jugoso negocio reservado para el gremio notarial. La magistrada Paula García Villegas Sánchez Cordero, como miembro del Poder Judicial Federal, e hija de la promotora de la ley, se ha pronunciado abiertamente en que tal posibilidad reflejada en el proyecto es inconstitucional, al existir una clara invasión de esferas del ejecutivo federal sobre los juzgadores. Los temas de los convenios de mediador y los efectos de sentencia ejecutoria están regulados en leyes como el Código de Comercio y los códigos procesales, lo que reserva solamente a los jueces el cumplimiento de tales acuerdos de mediación. Así es que el gremio de los mediadores va con todo para oponerse al proyecto y seguir dependiendo de los Centros de Justicia Alternativa de cada estado del país, como lo han venido haciendo desde hace más de ocho años.

CON MÁS DE 50 procedimientos judiciales por el incumplimiento de contratos, pago de créditos y defraudación, Pounce Consulting mantiene su negativa de responder demandas civiles. Están asentadas en los juzgados 1º, 3º, 8º, 34, 46, 48 y 70 en materia mercantil en los estados de Jalisco, Zacatecas y CDMX, que gobiernan Enrique Alfaro, Alejandro Tello y Claudia Sheinbaum. De acuerdo con documentos a la vista, el empresario Rogelio Viera Ayala ha participado en las licitaciones de alumbrado público en al menos diez municipios de los estados de Jalisco y Zacatecas. Y se ha negado recurrentemente a reparar las lámparas LED que no cumplen con la vida útil de cien mil horas y que carecen de la certificación de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE). A principios de año, el municipio de Zapopan, que gobierna Pablo Lemus, canceló una licitación a Pounce Consulting para colocar 14 mil 500 luminarias por 78 millones de pesos. Sucedió que el ayuntamiento detectó que incumplían la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SENER-2012. Según la información, la empresa también está en falta con varias instituciones financieras. Empresas declaradas en quiebra contrataron créditos con Scotianbank que dirige Adrián Otero, Santander que encabeza Héctor Grisi y Unifin de Rodrigo Lebois. Aunado a ello, empleados denunciaron que Viera Ayala ejerce hostigamiento laboral, les retiene salarios hasta por dos meses y los despide sin las indemnizaciones que corresponden por ley. Por ello también tiene juicios abiertos en materia laboral en juzgados de los mismos estados de Jalisco, Zacatecas y la Ciudad de México.

AL FINAL TODO un éxito la operación que cabildeó el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Éste terminó ordenando al INE que revisara el mecanismo de elección de la dirigencia de Morena, lo que en la práctica derivó en el descarrilamiento del proceso y en un freno en seco a Mario Delgado, el aspirante que ya se perfilaba a ganarla. El lunes le dimos cuenta aquí del enojo que había en Claudia Sheinbaum y su equipo por el rebase que significaba para su principal contendiente, Marcelo Ebrard. Pero la oportuna intervención desde Palacio Nacional evitó que el canciller tomara ventaja asumiendo el control del partido.

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