Para el año fiscal 2021 la Cámara de Diputados aprobó en San Lázaro un Presupuesto de Egresos Federal por 6 billones 295 mil 736.2 millones de pesos (mdp), que representa el 25.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Pero ni todo ese dinero es suficiente para que nuestros políticos dejen de pasarse de listos y cumplan con lo que la ley les ordena hacer. De eso se trata la consulta ciudadana del primero de agosto de este año, solicitada por el presidente de la República, con pregunta elaborada por el Poder Judicial de la Federación y avalada por el Poder Legislativo. Un fraude a la democracia y un gasto torpe, por decir lo menos.

Sucede que la consulta ciudadana en México, de acuerdo a lo que marca la ley, es un mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que su voluntad, vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado.

Es decir, es un instrumento de gran calado para decisiones de fondo, que nos afectan de modo toral, que vayan más allá de lo que los partidos políticos, como facciones, impulsen desde el poder público. Por ejemplo, la necesidad de una nueva constitución, la reelección, el aborto, etcétera.

Por vez primera en la historia de México, se utiliza este mecanismo de participación ciudadana, pero… lamentablemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador la utiliza en su afán de ‘ajusticiar’ a quienes considera enemigos, los presidentes del país en lo que él llama el ‘periodo neoliberal’, de 1983 a 2018. No está en su lista Miguel de la Madrid porque murió, pero lo hace con los demás: Carlos Salina de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Uno que sigue vivo y responsable de muchos hechos trágicos en su sexenio, como Luis Echeverría, ni siquiera lo menciona. Cuestionó, ¿dónde está la trascendencia nacional del ejercicio?

La pregunta que hago es porque el presidente tiene los instrumentos jurídicos para llamar a cuentas, conforme al derecho, a todos los expresidentes que considere responsables de asuntos graves contra la nación, inclusive el propio Echeverría, que trascienden la prescripción. Como titular del Poder Ejecutivo federal tiene todo a la mano para demandar ante la Fiscalía General de la República lo que crea conveniente, teniendo los pelos de la burra en la mano. Pero no lo hace. Prefiere usar de escudo a los buenos ciudadanos que creen que es la vía para reclamar agravios del pasado.

Sea cual sea el resultado, se lavará las manos, porque lo dijeron los ciudadanos y no porque él haya cumplido con las obligaciones que le impone la ley. De hecho cometería un delito si sabiendo que hubo violaciones a las leyes, por parte de los expresidentes, y no lo denunciara, pues AMLO es autoridad. No necesita de una consulta para hacer cumplir la ley. Pero tampoco lo ha hecho contra la violencia e inseguridad del narcotráfico.

Además, no puede consultar sobre decisiones que afecten a ciudadanos en específico, por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que enderezarle el entuerto al nivel del ridículo. La pregunta es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. En otras palabras, ¿está usted de acuerdo con que el actual gobierno revise lo que se hizo en años pasados y si encuentra algo ilegal lo sancione? ¿Acaso no está obligado el gobierno en hacerlo? Para eso es la fiscalización.

 Ahora, bien, ¿acaso habría alguien, en esta elección entre el sí y el no, que votara porque no cumpla la ley la autoridad? Así, lo que en realidad tenemos es que se puso a consulta popular la aplicación de las leyes. Lo absurdo y lo ridículo.

 Bueno, para este circo habremos de pagar 522 millones de pesos de ese presupuesto federal, dinero que sería más útil en la reactivación económica. Para que sea vinculante, se requiere que acudan a votar el 40% de los ciudadanos registrados en la Lista Nominal de Electores, 37 millones de personas. Se instalarán más de 57 mil mesas receptoras, 190 en cada uno de los 300 distritos electorales del país, y se imprimieron 93.5 millones de boletas requeridas en caso de que quisieran participar todos los electores de la Lista Nominal de Electores.

El pronóstico es que no saldrá esa gente a emitir su voto. Entre mis conocidos, de los que tienen idea clara de nuestras leyes y el juego político, la mayoría piensa que hay mejores cosas qué hacer el domingo 1 de agosto, que ir a votar por una obviedad. Hacerse el tío Lolo, dijeron. Mejor se esperan para la buena, dicen, la de marzo de 2022: la revocación de mandato.

Aviso de Ocasión

Ahora que el presidente de la República ya retomó otra de sus grandes ideas, distribuir a toda la burocracia centralizada por todo el país, moviendo las secretarías de Estado a las entidades federativas –ayer dijo en Guerrero que para octubre evaluará cómo va el traslado de la Secretaría de Salud-, nos preguntamos si Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social ya tendrá el plan para venirse a ‘chambear’ a León, como se anunció hace tres años.

Seguramente ni se tiene. Por eso, le proponemos que pueda ocupar el Parque Bicentenario en Silao, podría tener en la mira a General Motors y su sindicato, desde su ventana. ¿No cree usted?