El pasado 29 de septiembre, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) anunció el inicio de la liquidación de Accendo Banco. Tan sólo habían transcurrido 456 días desde que Banco Ahorro FAMSA también entrara en el mismo proceso, sin embargo, la revocación de la licencia de dos bancos en 5 trimestres es una nota que pasó casi inadvertida salvo para los involucrados de manera directa con estas dos instituciones.

Varios factores inciden en que podamos atestiguar estos eventos sin alarmarnos, como un alto índice de capitalización a nivel sistema cumpliendo Basilea III y morosidad contenida, así como también a que ambos no eran bancos de importancia sistémica, pues por activos totales, Accendo Banco ocupaba el lugar 35 de 51 bancos y en su momento Banco Ahorro FAMSA se ubicaba en el lugar 26, y finalmente, pero no menos importante es que el riesgo de pérdida de los ahorros de los cuentahabientes es casi nulo, precisamente gracias al seguro de depósitos que tantas veces ha sido satanizado para usos políticos.

Recordemos que las personas depositan su dinero en los bancos en búsqueda de un resguardo seguro para sus ahorros y la obtención de un rendimiento. El IPAB protege los depósitos por hasta el equivalente a 400,000 UDIs., un seguro implícito que todos pagamos indirectamente al tener una cuenta bancaria y acceder a los servicios contratados con cada institución.

Creado hace ya 31 años bajo el nombre de Fondo Bancario de Protección al Ahorro, mejor conocido como Fobaproa. No fue el primer seguro de este tipo en el país, ni tampoco es el único, pues le antecedieron el Fondo de Protección de Créditos a Cargo de Instituciones Bancarias creado en 1981, antes de la expropiación de la banca por parte del gobierno y el Fonapre constituido en 1986 ya durante la etapa de la banca estatizada.

La creación de este seguro era indispensable al llevar a cabo la reprivatización de los bancos, para brindar seguridad a los ahorradores más vulnerables y al mismo tiempo contribuir a la estabilidad del sistema financiero nacional, pues durante la etapa de la banca estatal el aval del gobierno era implícito a estas instituciones. De esta manera se emulaba al Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) que opera en EE. UU. y que fue creado a consecuencia de la Gran Depresión de 1929, período en el cual los ahorradores de aquel país perdieron el equivalente a casi $20 mmdd debido a las quiebras de múltiples bancos.

La reserva para la protección al ahorro bancario al cierre de septiembre ascendía a $45,782 mdp, ya reflejando la afectación por el proceso de liquidación de Banco Ahorro Famsa y buscando salvaguardar depósitos por $4,900 mdp de Accendo Banco.

Fuente: IPAB, Reserva constituida para protección al ahorro bancario

El saldo es suficiente para enfrentar el tropiezo de algún banco menor, sin embargo, nuevamente resulta insuficiente para una eventualidad en la que pudiera caer cualquiera de los 20 bancos con mayor captación entre el público ahorrador.

Los bancos mantienen el IPAB con cuotas ordinarias anuales que no pueden ser menores de 4 al millar sobre el importe de sus operaciones pasivas (Durante 2020 se pagaron cuotas por 27,973 MDP). De ese monto el 75% se dispone para el programa de saneamiento financiero y liquidación de pasivos, en otras palabras, para el pago de la deuda asumida por el Gobierno Federal en 1998. Y al 25% restante, se emplean en los gastos de administración y operación, dejando que el remanente se agregue a la reserva constituida para el seguro de depósito.

Este acontecimiento, es un nuevo recordatorio para revisar cómo se determinan las cuotas para este organismo, pues debería incorporar un mecanismo progresivo que involucre parámetros relacionados con la solvencia de cada institución de igual manera que se hace con los requerimientos mínimos de capitalización que se les exige a los bancos denominados como de importancia sistémica.

La quiebra de un banco debería tener más resonancia en nuestro país si buscamos avanzar en la inclusión financiera. No solo analizando las causas que lo provocan, sino también revisando que las herramientas que dispone el regulador son suficientes para seguir manteniendo un sistema financiero sólido.