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Ignora INAH caso de Cinco Señores

El inmueble hospedaba a quince estudiantes a los que se les hizo saber de los riesgos

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El inmueble hospedaba a quince estudiantes a los que se les hizo saber de los riesgos

María Espino

Guanajuato.- David Jiménez Guillén, delegado del INAH en Guanajuato ignora el caso del inmueble catalogado ubicado en callejón Cinco Señores, el cual de acuerdo a Protección Civil municipal presenta un alto riesgo de derrumbe –y donde vivían hasta quince estudiantes- pues aseveró que nadie le ha informado del tema.

Reconoció que en la capital se han detectado varios inmuebles antiguos, muchos de ellos catalogados que presentan severas afectaciones debido al abandono en que se encuentran, como desprendimientos de cornisas y fachadas.

“El número es variado y no tenemos hasta la fecha una solicitud en particular (…) en este tema, por nuestra parte en cuanto nos llegue la solicitud por supuesto que la atenderemos y más tratándose de este tipo de emergencias”, expresó Guillen y añadió que, aunque hay coordinación con Protección Civil el Municipio no le han notificado sobre dicha vivienda.

Guillén también comentó que la obra, en donde se ubicaba el Cine Reforma, está detenida y no pueden reanudar trabajos en tanto los dueños no presenten un proyecto que permita la conservación de los vestigios que ahí se encontraron.

Juicio Casa Colorada no concluye

Sobre el tema de la edificación que fue interrumpida en el Hotel Casa Colorada, dijo que el pleito sigue su curso y precisó que aunque se han hecho intentos de negociación hasta el momento no se ha definido nada y no hay fecha para que el juicio concluya.

Se debe recordar que la clausura de la ampliación que se realizaba en Casa Colorada ocurrió en noviembre del 2015, por lo que este año estaría cumpliendo cuatro años del pleito que comenzó entre gobierno municipal y los particulares.

RC

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Una de las vendedoras comentó que por parte de Fiscalización municipal les dijeron que los movían por su bien, ya que en la zona en la que estaban corrían mucho riesgo

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María Espino

Guanajuato.- Comerciantes emplazados afuera de la tienda Soriana, antes Mega, ubicada en avenida Juárez, se quejaron de que fueron retirados del lugar que por más de ocho años han ocupado y eso les ha afectado en sus ventas.

Una de las vendedoras comentó que por parte de Fiscalización municipal les dijeron que los movían por su bien, ya que en la zona en la que estaban corrían mucho riesgo, sin embargó asegura que a lo largo de ochos años nunca han tenido algún problema, por ello piden a la autoridad competente los dejen volver a poner sus puestos en donde ya sus clientes los ubican.

Rosa Maria Olmos, quien todos los días viaja de la comunidad Cañada de Bustos, dijo que son cinco los comerciantes que se vieron afectados con el cambió. “Tres meses que nos cambiaron, teníamos ocho años; no nos dijeron nada los de Fiscalización. Ya teníamos nuestro puesto tendido y llegaron a levantar”.

Josefina Díaz, del poblado de Capulín de Bustos, aseguró que inspectores de Fiscalización seguido las quitan del espacio y no los dejan vender sus productos; comentó que no cuentan con permiso para vender y que sólo es de palabra pero así habían pasado más de ocho años y nadie los había quitado pero ahora si los reubicaron a unos cuantos metros de donde estaban y sus puestos son opacados por una larga fila de carros de la tienda comercial. “Los clientes ya no nos ubica, han bajado nuestras ventas”.

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En junio pasado, los oficiales que atendían un reporte de riña, entraron a un domicilio e hirieron a tres hombres, uno de ellos adulto mayor y con una enfermedad crónica

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Guanajuato.- Aunque, el Consejo de Honor y Justicia archivó la denuncia en contra de elementos municipales por abuso de autoridad al atender un reporte de riña en el callejón de San Antonio, la denuncia penal por lesiones causadas a los ciudadanos sigue en pie.

En junio pasado, los oficiales que atendían un reporte de riña en el callejón de San Antonio, entraron a un domicilio e hirieron a tres hombres, uno de ellos adulto mayor y con una enfermedad crónica, mientras buscaban a los rijosos, que apedrearon a los oficiales, por lo que el órgano de disciplina de la Secretaría de Seguridad, comenzó una investigación, la cual fue archivada al llegar a un acuerdo conciliatorio con los afectados.

En este sentido, María Teresa Mares Balderas, hermana de los afectados, señaló que, aunque se archivó su caso en el Consejo de Honor, el proceso penal por las lesiones que le causaron a sus familiares sigue y ya la dependencia mandó reparar las puertas que rompieron los uniformados para entrar a su casa y pagaron parte de la atención médica que fue necesaria para sus hermanos.

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“Se hizo la reparación por parte del municipio, a nosotros no nos parecía justo que de cierto modo se reparar con recursos públicos, es como nos estamos autopagando, queremos que los elementos paguen con su dinero, de las lesiones, el pago de las lesiones, mi hermano necesitó rayos x y medicamentos, en la fiscalía sigue el proceso, para el pago de los gastos, se gastó como mil 100 pesos, y en seguridad pública solamente le dieron 500 pesos, del teléfono que le robaron a mi otro hermano solo se le pagaron mil pesos”.

En este sentido, la familiar de la víctima, insistió en que, los oficiales deben de ser sancionados administrativamente por el actuar en la atención del reporte de esta riña.

Samuel Ugalde defiende a sus policías, no digo que no, hay muy buenos elementos, pero para nosotros ni siquiera hubo una disculpa”,

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Debido a que el acuerdo de donación establece que el predio solo podía ser usado para albergar a los elementos federales, el municipio tendrá que iniciar un proceso legal para revertir el donativo

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Foto: Gilberto Navarro

Gilberto Navarro

Guanajuato.- El Gobierno Federal construyó, sin permiso, una sucursal del banco del bienestar en una parte de los terrenos que fueron donados para construcción de una base de la Guardia Nacional.

Debido a que el acuerdo de donación establece que el predio solo podía ser usado para albergar a los elementos federales, el municipio tendrá que iniciar un proceso legal para revertir el donativo.

En agosto del año pasado, el Ayuntamiento capitalino aprobó la donación de 15 mil 248 metros cuadrados de los terrenos municipales en la zona de Yerbabuena, a un costado de la deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, a la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción de la base para albergar a una unidad de la Guardia Nacional que apoyaría a las corporaciones locales en las labores de seguridad.

A poco más de un año, la base de la Guardia Nacional ya se encuentra construida y operando, pero a un costado de las instalaciones, también se edificó una sucursal del Banco de Bienestar, institución creada al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, dentro de los terrenos de donación para la base.

Hace dos meses, el Gobierno Federal, informó que se invertirían 374 millones de pesos para la construcción de las sucursales en el estado, para los cuales se tenían ya 50 predios en el estado para la edificación.

Al respecto, el titular de medio ambiente y ordenamiento territorial, Juan Carlos Delgado Zarate, señaló que la SEDENA, está obligada a cumplir con los fines exclusivos para los que se hizo la donación, es decir solo se podría construir la base de la Guardia Nacional y nada más.

El funcionario afirmó que, la dependencia a su cargo no ha emitido ningún permiso para la edificación de la sucursal bancaria.

“Se señala que el inmueble debe destinarse, única y exclusivamente para el personal que conforma la Guardia Nacional, para los fines de la seguridad nacional, señala también las causales de reversión, que no se puede utilizar para un fin distinto al autorizado, esto quiere decir que si se pretende construir el banco del bienestar o alguna otra instalación de carácter que no fuera la seguridad, es una de las causales de reversión para que el inmueble regrese a formar parte del patrimonio municipal, no se tiene conocimiento, no fue otorgado el permiso de construcción para este tipo de instalaciones”.

En este sentido, Delgado Zarate, sostuvo que, el gobierno municipal tendrá que forzosamente, comenzar con un proceso legal para retirar la donación de los predios, ya que se incumplió con las clausulas establecidas en el acuerdo de donación.

“Procede que el municipio interponga un proceso de reclamación, para que el predio regrese al patrimonio, es lo que procede, que el gobierno municipal está obligado a hacer, no es un acto de voluntad, que quiera o no hacerlo, está obligado a allanarse a este proceso de reclamación”.

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