Foto: Especial

Fernando Velázquez/Nayeli García

León.- El decreto que emitió el gobernador Diego Sinhue para destinar recursos orientados a proteger a aquellos policías estatales que reciben alguna amenaza, es un reconocimiento a su labor y al grado de vulnerabilidad que tienen por hacer cumplir la ley, aseguró Sophia Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

El pasado lunes, fue publicado en el periódico oficial un decreto expedido por el mandatario estatal para establecer medidas de seguridad y protección a policías estatales y custodios del sistema penitenciario frente a amenazas constatables o ataques directos de algún grupo del crimen organizado.

Ver nota: Emiten decreto emergente para frenar ‘cacería’ de policías estatales en Guanajuato

En entrevista, Sophia Huett subrayó que no se trata de una medida reactiva o de temor ante el crimen organizado, sino que es preventiva y busca mandar el mensaje a los elementos de las FSPE, así como del sistema penitenciario, sobre la responsabilidad que asume el Gobierno del estado de velar por su integridad y la de sus familias.

Fragmento del decreto publicado el pasado 18 de mayo

Además, sostuvo que las amenazas y ataques contra los policías de Guanajuato son reacciones de grupos delictivos que se ven afectados por su labor.

“Cuando hay policías que realizan su trabajo, lo que habrá por parte de los grupos organizados será un intento de intimidarles a través de amenazas o agresiones directas, y en el caso de los policías estatales de Guanajuato no es la excepción, han sido policías que a diario están dando resultados, que merman la operación, pero también los intereses de los grupos delictivos, y eso genera estas amenazas, derivan de que sí se está haciendo el trabajo correspondiente”, dijo.

Añadió que Guanajuato será de los pocos, si no es que el único estado del país con este tipo de mecanismo, por lo que conforme se vayan registrando los casos de policías o custodios que soliciten alguna medida de protección, se sabrá cuántos recursos serán necesarios para atenderlos.

De igual manera, apuntó que la Comisión Dictaminadora revisará cada caso en particular para establecer las medidas pertinentes, las cuales tienen que ser confidenciales.

“Hay que tener muy claro que algunas serán públicas, otras no serán públicas porque evidentemente el conocer los mecanismos haría vulnerable el sistema de protección.

“Dentro de la Comisión Dictaminadora estaría participando un integrante de la Secretaría de Transparencia para darle claridad en términos legales y administrativos a los procesos que se seguirán en cada uno de los casos, aunque estos no sean difundidos de manera pública debido a la necesidad de resguardar la integridad de los compañeros”, dijo.

Sophia Huett agregó que sería adecuado que esta medida fuera replicada por los municipios, principalmente los más grandes, pues los policías locales y estatales son el primer nivel de atención de la ciudadanía, y en muchas ocasiones, los más vulnerables al realizar su trabajo.

Decreto ayuda, pero no soluciona

Juan Miguel Alcántara Soria. Foto: Nayeli García

El exprocurador general de justicia de Guanajuato y extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, consideró positivo que el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo haya emitido el decreto ante el grado de riesgo que implica el trabajo de los policías, sin embargo, cuestionó la forma en que será aplicado.

“Es una declaración muy general que hay que ver cómo lo van a aterrizar en esta comisión que se forma; lo importante aquí es que diferenciemos que hay agresiones a los policías por razón de que en el mapa de riesgo están en situación de más vulnerabilidad, al respecto de otras profesiones”, mencionó.

Advirtió que no hay forma de contener la agresión a los policías en el país y que es un problema visible, incluso a nivel internacional, en donde el Gobierno Federal no tiene estrategias para contener las actividades de los cárteles y la delincuencia organizada.

Dijo que estos cárteles o grupos de delincuencia organizada locales cada día se empodera más en cada pulgada, colonia, comunidad rural disputándose todo el territorio nacional, incluso, ya tienen entre un 35 a 40 por ciento de control en el territorio nacional y van a quitar a quien represente un obstáculo.

Reconoció que en el estado se ha trabajado con el tema de los sueldos, en donde Guanajuato es el segundo a nivel nacional, pero se requiere de otras estrategias como ocurrió en Nuevo León en donde se construyó un fraccionamiento exclusivo para los uniformados.

Agregó que la delincuencia organizaba va a seguir quitándose de enfrente a todo aquel que le estorbe, pues al Gobierno Federal no le importa contener a estos grupos criminales, por lo que los policías van a seguir siendo asesinados.

“Todo policía, llámese municipal, estatal o federal que quiera hacer bien su trabajo es un obstáculo, es una amenaza para la delincuencia organizada, de modo que está respuesta estatal, está bien, pero tenemos que ver el contexto nacional que tiene incentivos para la delincuencia organizada y van a quitar quien se le ponga en camino”.

ndr