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Carlos Loret de Mola

Historias de reportero

Cinco estados en la mira

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Cinco estados en la mira

El gabinete de Seguridad del presidente López Obrador ha establecido como prioridad atacar la violencia en cinco estados del país. Según los datos que tienen, en ellos se cometen la mitad de los delitos de todo el país: Baja California, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Estado de México.

Uno del PAN que está por tomar Morena, otro más del PAN, uno del PRD, uno de Movimiento Ciudadano y uno del PRI, respectivamente. Así que estamos frente a un problema que no admite partidismos.

Según fuentes de primer nivel con acceso a la información de inteligencia, el objetivo central del gobierno federal es lograr abatir los índices delictivos en esas entidades para así incidir en el índice nacional y lograr una mejor narrativa de que está teniendo éxito la lucha contra la violencia, de la mano de la Guardia Nacional.

Como parte de la estrategia, hay dos ejes que se están concretando en estos días. El primero es la determinación legal de desaparecer totalmente la Policía Federal. Aniquilarla y que todos sus elementos se vuelvan parte de la Guardia Nacional. Hay algunas resistencias al interior del gabinete presidencial, pues los mandos militares desean evaluar y capacitar a los policías federales antes de absorberlos. Van a tener que obviar este proceso en muchos de los casos, porque no hay tiempo. Entre los focos rojos destaca que, según datos del gabinete de Seguridad presidencial, 16 mil elementos fueron contratados como empleados de confianza, sin que se siguieran los protocolos necesarios. Estamos hablando de casi la mitad de la fuerza total de la Policía Federal.

El segundo eje es el impulso de una ley que impida la comercialización exprés de los teléfonos celulares. Se han dado cuenta de que uno de los grandes aliados de los más poderosos delincuentes es que pueden llegar a una tienda, comprar decenas de teléfonos celulares, no dar ni siquiera su nombre, y usarlos para un par de llamadas y destruirlos antes de que la tecnología de geolocalización pueda dar con ellos. La ley que se cocina con el Congreso tiene como objetivo que cada vez que alguien compre un aparato tenga que identificarse, y que no existan por ahí centenares de teléfonos móviles que no se sabe de quién son.

SACIAMORBOS

La Secretaría de la Función Pública primero lo defendió, luego abrió una investigación porque hubo denuncias formales. Unas horas después, el presidente adelantó el destino de la investigación: los reportajes sobre la fortuna no declarada de Manuel Bartlett son “ataques de opositores y grupos de intereses creados” porque el exsenador le está “ayudando a combatir la corrupción”. Ellos no son iguales a los anteriores, dijo el presidente, pero actuó igualito a Peña Nieto con la indagatoria sobre la ‘casa blanca’. Los documentos sobre Bartlett Bienes Raíces están disponibles en carlosloret.com Son eso, documentos: no son conservadores ni opositores ni atacan ni están enojados. No hay un solo dato que los desmienta.

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Carlos Loret de Mola

Cómo salir de la crisis de desabasto de medicinas

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Cómo salir de la crisis de desabasto de medicinas

Está claro que el gobierno quiere salir de la bronca en que se metió por el desabasto de medicinas.

Uno de los más graves obstáculos para sortear este problema tiene que ver con la distribución de los medicamentos.

Una solución de golpe sería recontratar a empresas que compran y distribuyen medicinas, como Fármacos Especializados y otras, pero eso iría en contra del espíritu mismo del nuevo gobierno, que no sólo ha tachado de corruptas a estas empresas, sino que quiere evitar el modelo que existía antes: dos o tres compañías que no fabricaban medicinas pero que ganaban todas las licitaciones. ¿Cómo le hacían? Acordaban con los laboratorios que iban a producir suficiente, llegaban con cartas compromiso de éstos, y le añadían el servicio de distribución, obviamente, subiendo el precio. La buena: había medicinas. La mala: hubo muchas acusaciones de favoritismo, privilegios, encarecimiento artificial, corrupción en la que ha puesto el reflector la administración del presidente AMLO.

Las alternativas propuestas por el gobierno son potenciar una gran empresa paraestatal de distribución de medicinas o encargarle esto a las Fuerzas Armadas. Amén de las ineficiencias imaginables, cualquiera de las dos opciones demorará mucho y esto cuesta vidas.

Entre especialistas en estos asuntos se ha conversado que quizá una solución mucho más rápida es montarse en las redes de distribución que ya tienen empresas experimentadas, como DHL, FedEx y Estafeta, delinear rutas para llevar los cargamentos de medicinas a todo el país y, para aquellos medicamentos que requieran un manejo especial (como las vacunas que deben estar refrigeradas), coordinar que adapten cajas frías en algunas de sus unidades de transporte. Eso podría ayudarles a salir más rápido de la crisis.

La otra es echar a andar a la voz de ya los procesos de licitación de compra de medicamentos para el próximo año, y que no suceda como el año pasado en que su retraso profundizó el desabasto.

SACIAMORBOS

Hay casos más críticos, como el de las medicinas contra el cáncer, que ha desatado una protesta social en diversas regiones de México. En este caso, al retraso en las licitaciones, a las complicaciones en la distribución, súmele que la Cofepris paró las líneas de producción de medicinas contra el cáncer en la única empresa farmacéutica que las producía. Parte de la embestida federal contra las farmacéuticas a las que considera integrantes de la mafia del poder. Había otras compañías con permiso de fabricar oncológicos, pero que no ejercían ese permiso. Cofepris, aparentemente creyendo que porque había varios permisos había varias productoras, paró la única empresa que en efecto estaba generando los medicamentos contra el cáncer. Le puso sellos y toda la cosa. El desastre subsecuente es que estalló la crisis de desabasto. Fuentes de la propia Cofepris me confiesan que cuando se dieron cuenta del error, y de lo que éste estaba causando, pidieron a la farmacéutica ayudarles a solucionar el problema y echar a andar de nuevo la producción, pero que la empresa se negó, exigiendo que primero le quitaran los sellos de prohibición. Cofepris le pedía que pasara por alto los sellos y produjera las medicinas. Entrampados, el asunto generó rispideces entre la compañía y el gobierno federal, al grado que hasta en la mañanera el presidente AMLO hizo una referencia al asunto.

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Carlos Loret de Mola

La crisis en salud se va a poner peor estas semanas

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La crisis en salud se va a poner peor estas semanas

Es buenísima la intención del presidente López Obrador de intentar frenar la corrupción en la compra de medicinas. Tratándose de contratos en la era Peña Nieto, lo raro es que no hubiera mordidas de por medio.

Tampoco se puede cuestionar el método de compras consolidadas. Eso significa hacer una megacompra de medicinas y lograr mejores precios de las farmacéuticas que en muchos productos suelen tener márgenes de utilidad muy amplios. Además se evita realizar compras estatales en las que el precio de venta era más alto, y también se abría espacio para la corrupción de no pocos gobernadores.

El problema, como prácticamente todo en el gobierno federal actual, es que parten de un buen diagnóstico, con las mejores intenciones, pero su implementación carece de técnica y profesionalismo, y terminan estrellándose con la realidad. Al final, a los mexicanos nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Ejemplos sobran. El de las medicinas es uno:

Por muchos años, los procesos de compra de medicamentos iniciaban en febrero del año previo al que se necesitaban. Es decir, con 11 meses de anticipación. Esta vez, se inició a mediados de año. Y hay cosas a las que no se les puede meter el acelerador: por ejemplo, la industria farmacéutica mexicana importa casi todos los precursores químicos y aquí ‘arman’ las medicinas. El barco que trae esos precursores no puede navegar más rápido.

Antes, el fallo de la licitación de compra de medicinas del año siguiente se daba a finales de octubre, máximo principios de noviembre del año previo. Esta vez se dio el 24 de diciembre, ya en vacaciones. No hay modo humano de que en una semana esté listo el abasto para todo el país.

Encima, como consideran que la distribución de medicinas es coyotaje, decidieron hacer licitaciones para comprar medicamentos, pero no para distribuirlos en todo el país. Eso retrasa aún más el abasto.

Con todos estos tropiezos y retrasos, es previsible que la crisis de desabasto de medicinas continúe, se profundice y si todo sale bien, comience a resolverse hasta el próximo mes.

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Se le complican las cosas al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta.

Se le complica el pasado, porque la Secretaría de la Función Pública ya sancionó al exdirector de la sospechosísima Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, Ovidio Noval Nicolau, acusado de entregar, mediante un contrato irregular, una superficie de agua de 159 mil metros cuadrados a una empresa privada. Un caso frente al que cerró los ojos el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien decidió nombrar al frente de esa API al socio de Noval, el capitán Héctor Mora Gómez. La sanción de SFP ya está, pero el Consejo de la API, controlado por Mora, no ha actuado en consecuencia. Buena parte de esta trama sucedió mientras el subsecretario Peralta era el jefe de las Aduanas.

Se le complica también el futuro, porque le asignaron resolver el peligroso tema de la vaquita marina con todo y el crimen organizado que la tiene al borde de la extinción. El subsecretario lo presumió en redes sociales y apenas hace unos días, se registraron balazos contra una embarcación de la ONG internacional Sea Shepherd sin que hicieran nada los agentes federales destinados a su protección.

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Carlos Loret de Mola

‘El Chapo’. Imágenes inéditas del símbolo de la tragedia

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‘El Chapo’. Imágenes inéditas del símbolo de la tragedia

La crisis de inseguridad que ha golpeado al país en las últimas dos administraciones y que ya puso en predicamento al gobierno actual está marcada por una presencia constante: la del narcotraficante más conocido del mundo, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. El poder criminal que representa y su capacidad de corromper gobiernos pesan siempre en las estructuras del poder político.

Imágenes inéditas obtenidas en exclusiva por ‘LatinUs’, publicadas ayer en www.latinus.us bajo la firma de Arelí Quintero, nos dan una mirada al personaje en los momentos de su reclusión en 2016, tras su tercera captura. Lo vemos sometido a la rutina burocrática de ingreso de reos al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. El delincuente más buscado del mundo, reducido a ser “el Preso 3870”. Pero es ‘El Chapo’. Y su imagen pesa distinto.

En la soledad de su celda, rapado, bigote rasurado, uniforme caqui de la prisión, dos rollos de papel en la mano. ‘El Chapo’ se enfrentaba a un encierro que duraría cuatro meses. De ahí a otra cárcel en Ciudad Juárez y finalmente su extradición a Estados Unidos.

Pero su poder, su leyenda y la estela de violencia que siempre lo ha acompañado, no deja de acarrear consecuencias.

Quizá la mayor crisis del gobierno lopezobradorista fue desatada por el desastroso operativo de captura y liberación de uno de los hijos del capo, Ovidio Guzmán. Y con la confusión acerca de si las autoridades mexicanas buscan aprehenderlo. El episodio trajo como reacción una nueva ola de presiones del gobierno de Donald Trump para que México defina su estrategia contra el crimen organizado.

Pero también las secuelas de su juicio en Nueva York proporcionaron al gobierno mexicano un tanque de oxígeno: los testimonios ahí vertidos llevaron a la detención en Estados Unidos de Genaro García Luna, el poderoso secretario de Seguridad durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

La boda de la hija de ‘El Chapo’ en la catedral de Culiacán hace unos días, a la vista de todos y ante el pasmo del Estado mexicano, fue otro recordatorio.

El fracaso de los gobiernos de Calderón y Enrique Peña Nieto en seguridad y los tropiezos de la administración de López Obrador se explica por todo aquello que ‘El Chapo’ simboliza mejor que nadie: el crecimiento sin control del poder del crimen organizado; el sometimiento, vía la corrupción o la fuerza, de las estructuras políticas en todo el país; la impunidad, y sobre todo la losa pesada, vergonzosa y terrible de más de 200 mil muertos en 12 años y más de 34 mil en el primer año del sexenio que corre, así como la cifra espeluznante de más de 60 mil personas desaparecidas.

‘El Chapo’ es el mayor símbolo de la tragedia mexicana del siglo XXI.

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