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Habitantes de Santa Rosa de Lima bloquean la Celaya-Salamanca

Familiares de un joven que murió en el enfrentamiento contra policías en Villagrán esta mañana aseguran que tomaron esta medida para pedir justicia, no para perjudicar a los automovilistas

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Bloqueo autopista Irapuato-Querétaro

Publicado por Periódico correo en Jueves, 11 de julio de 2019

Familiares de un joven que murió en el enfrentamiento contra policías en Villagrán esta mañana aseguran que tomaron esta medida para pedir justicia, no para perjudicar a los automovilistas

Redacción

Villagrán.- Una persecución de policía estatales a presuntos criminales marcó el inicio de una nueva jornada violenta que vivió el municipio de Villagrán, en los límites con Celaya. El saldo es de una persona muerta, así como un joven y un policía lesionados.

En respuesta a los hechos, pobladores de comunidades cercanas a la autopista Celaya-Salamanca bloquearon la carretera y agredieron a los agentes, por lo que nueve personas fueron detenidas.Alrededor de las 12:30 horas de este jueves, se detectó durante un operativo una camioneta Ford Ranger negra, con reporte de robo fechado el 10 de julio, en Cortazar.

Los uniformados solicitaron apoyo a la base de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado ubicada a la altura del fraccionamiento El Rehilete.

Patrullas de la corporación estatal logaron establecer un cerco que impidió el avance de los presuntos delincuentes. El vehículo Ford impactó con la parte trasera de una de las patrullas, incidente que sus dos tripulantes aprovecharon para intentar la huida corriendo, mientras seguían disparando.

Uno de ellos, de nombre Leonardo murió en el tiroteo, mientras que Juan, menor de edad originario de Villagrán, cayó lesionado.  Asimismo un elemento de las FSPE también resultó herido, pero debido al choque.

Agentes de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la Fiscalía, aseguraron un arma de fuego marca Smith & Wesson matrícula TCK6130, con un cargador que contenía seis cartuchos 9mm.

Al culminar el enfrentamiento, pobladores del lugar, que al parecer eran parientes del fallecido, se mostraron agresivos con los uniformados, pues aseguraban que no estaba involucrado en ningún asunto ilícito.

Alrededor de las 3:00 de la tarde un numeroso grupo de personas bloquearon ambos carriles de la autopista Celaya – Salamanca, en las inmediaciones de Santa Rosa de Lima, incendiando vehículos de carga y llantas.

El tramo carretero a la altura de la comunidad Morales, perteneciente a Juventino Rosas, también fue bloqueado. En este punto, los quejosos comenzaron a lanzar piedras contra los uniformados y a golpearlos con palos.

Los quejosos señalaban que sólo pidían justicia porque los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE)  mataron a una persona quién según ellos no tenía nada que deber.

Tras la trifulca varias mujeres fueron detenidas mismas que gritaban que ellas no habían hecho nada mientras que otros corrían y continuaban arrojando piedras.

Posteriormente se fueron retirando del lugar al ver la intensa presencia de uniformados que llegaron de apoyo para controlar la situación.

Al poco tiempo se retiraron las unidades quemadas y se apagó el fuego para poder abrir nuevamente el tramo carretero donde se generó tráfico vehicular.

 

Reportan detenciones

La Secretaría de Seguridad Pública desplegó un operativo para restablecer el orden, que culminó con la detención de nueve personas, seis hombres y tres mujeres. Todos ellos encabezaban los disturbios y alentaban las agresiones contra los elementos de las FSPE, según informó la dependencia estatal mediante un comuniado.

Fue hasta las 19:00 horas que logró  despejarse en su totalidad la vialidad, para permitir el libre tránsito de vehículos.

 

Mujeres al frente

En la primera línea del enfrentamiento,  por el lado de los civiles, predominó el género femenino. Mujeres de todas las edades encararon a los uniformados hasta el grado del contaco físico. Los hombres lanzaban rocas desde la retaguardia.

9 personas  fueron detenidas por bloquear la carretera y agredir a los uniformados

Nombre Edad Dato
Leticia “N” 45 Vecina de Santa Rosa de Lima
Diana Itzel “N” 20 Vecina de la comunidad de San Antonio de los Morales
Araceli “N” 40 Vecina de la comunidad de Elguera
Francisco “N N/D Con mandamientos en Jalisco y Michoacán
Roberto Carlos “N” N/D N/D
Juan Manuel “N” N/D Vecino de Santa Rosa de Lima
Carlos Alejandro “N” 19 Vecino de la comunidad Los Ángeles
Edwin Giram “N” N/D Vecino de Santa Rosa de Lima
Josefina “N”  35 Vecina Santa Rosa de Lima, vinculada con personas sentenciadas

 

Foto: Correo

El enfrentamiento en imágenes 

La balacera:

Nuevamente se enfrentan policías contra civiles armados en Villagrán

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Hoy sigue sin publicarse el ‘Programa de Manejo’, que marca las reglas de la zona; La tala ilegal, cacería, minería y extracción de material son prácticas vigentes en la zona

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Fotos: Especial

Eliazar Velázquez / Staff Correo

Guanajuato.- El 2 de febrero se cumplieron trece años de que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto presidencial mediante el cual se crea la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato. En México, constituye la categoría jurídica más alta para la protección y salvaguarda de un Área Natural.

Los procesos administrativos y estudios técnicos comenzaron en 2002-2003, en esa fase estuvo muy involucrado el entonces Instituto Estatal de Ecología (ahora SMAOT), pero fue en 2007 cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en coordinación con el Gobierno del Estado de Guanajuato, concluyeron que la Sierra Gorda “…posee una extraordinaria riqueza a nivel mundial, constituyendo una zona de gran fragilidad, que alberga muestras representativas de ecosistemas originales que no han perdido su capacidad de regenerarse y recuperarse de manera natural y que reúnen los requisitos necesarios para ser declarados como Área Natural Protegida con la categoría de Reserva de la Biosfera”.

Árbol que nace torcido…

Casi inmediatamente a la promulgación de la declaratoria en 2007, comenzó a evidenciarse que el trabajo técnico no estuvo acompañado de un diálogo amplio y cercano con los habitantes de la sierra. Hubo en esos primeros meses y años diversas expresiones de inconformidad social porque los campesinos argumentaban que no habían sido consultados, los enteraron hasta que ya era un hecho.

En 2007, en el jardín de Atarjea, sentado en una banca junto al kiosco y envuelto en humo de cigarrillo, un campesino definió lo que se despertó en el corazón de muchos serranos: “Yo veo esto como una dictadura porque únicamente se nos están imponiendo las cosas, no se ha tomado en cuenta nuestro parecer. El decreto ya está y apenas nos van a decir lo que queremos o no queremos… A nuestros ejidos nadie fue a preguntarnos si queríamos, nomás llegó como quien dice el trancazo, hasta ahorita nunca llegó el aviso, no ha habido nada de preguntar nuestra opinión”.

Cuando la gente cuestionaba a los funcionarios por qué actuaron así, hubo quienes contestaban con el falaz argumento de que se habían realizado consultas con los ayuntamientos y que el anteproyecto estuvo disponible para todos los interesados vía Internet, como si los habitantes de la sierra, sobre todo quienes viven en comunidades aisladas, acostumbraran dejar a un lado sus preocupaciones diarias y sus siembras para buscar una computadora, y menos cuando en ese entonces para acceder a una había que bajar hasta los pueblos o ciudades donde apenas comenzaban a popularizarse los llamados ‘ciber’.

Entre los hombres y mujeres campesinos de mayor edad era particularmente notable el desconcierto. Nacieron en tiempos de la Revolución o en los bordes de la Cristiada, y siguiendo el ejemplo de sus antepasados, habían hecho del amor a la tierra y a la naturaleza un acto de vida cotidiano, era gracias a ellos que se había preservado el patrimonio natural y cultural de la Sierra Gorda. “Ahora están hablando de reservas federales, pero lo que está en nuestros cerros es porque lo hemos cuidado nosotros, en esto hay gente agazapada que quiere seguir comiendo en las oficinas y a nosotros como siempre nomás nos quieren dar migajas. Desde nuestros antepasados ese cuidado lo hemos tenido, y ahora por qué otro forastero viene a invadirnos. Es lo que dicemos, y lo peor sin algún acuerdo de nada. Porque nos ignoraron. Nuestra inconformidad es porque deben tomarnos en cuenta para todo lo que pase en nuestra tierra, los tratos así son, cuando hay un acuerdo se hace y si no, no…”.

Y es que fue tal la ligereza y la irresponsabilidad institucional que, violentando la propia legislación ambiental, los funcionarios dejaron comunidades enteras dentro de lo que se denomina “zona núcleo”; aunque por otra parte, favoreciendo algunos intereses, por ejemplo, en ese mismo entorno casualmente situaron en “zona de amortiguamiento” un área boscosa donde pocos años después la Compañía Minera Autlán, de la mano con una empresa canadiense, pudo realizar sin ningún obstáculo un proyecto de exploración con una inversión de 300 mil dólares.

Sólo la fuerte tradición de institucionalidad que predomina entre los campesinos de la región, al paso del tiempo fue atenuando el conflicto, pero el daño ya estaba hecho: desde el comienzo se había propiciado una brecha entre los pobladores y el decreto.

Funcionarios fallidos…

Hacia finales del mismo año en que fue publicado el decreto, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) comenzó a conformar el equipo humano asignado a la región. Para el 2008 ya había establecido una oficina en la cabecera municipal de San Luis de la Paz. Al frente de ese grupo de ocho servidores públicos (integrado por técnicos y administrativos) estaba Gabriel Vázquez Sánchez, originario de Jalisco, quién venía de fungir como secretario particular del entonces Comisionado Nacional, Ernesto Enkerlin, y desde ese cargo conocía de cerca todo el proceso.

Pero esos primeros años no pasaron de las buenas intenciones, y sin mayores avances en el cumplimiento de lo que mandata la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en 2011 fue relevado por el ingeniero michoacano Víctor Manuel lIdefonso Apolinar, cuya administración se caracterizó por alejarse todavía más de los objetivos para los que fue creada la Reserva, pues este funcionario no tuvo reparo en convertirse en un abierto aliado y promotor de los proyectos mineros, actividad que convirtió en la prioridad de su gestión. Para asumir esas posturas tenía el respaldo de sus superiores, notablemente de Guillermo Ramírez Filippini, entonces director de la Región Centro y Eje Neovolcánico, jurisdicción con sede en Cuernavaca, Morelos, desde la que se coordina a los empleados de esta Reserva.

Sin embargo, el alejamiento de sus responsabilidades primordiales y su entusiasmo por alentar esos negocios fueron tan evidentes, que se generó una crisis en su propio equipo y con el recién creado Consejo Asesor (el cual es presidido de modo honorario por el gobernador o quien él designe, alcaldes de la zona, y ciudadanos representantes de diversos sectores sociales). Terminó siendo despedido en 2015, luego de realizarse cambios en los mandos que lo protegían.

Su lugar lo ocupó el también ingeniero Luis Felipe Vázquez Sandoval, originario de San Luis de la Paz, quien ya venía fungiendo como subdirector y es el único que aún permanece del equipo inicial de funcionarios designados al emitirse el decreto, por lo que ya está cumpliendo 13 años de laborar en esas oficinas. A finales de septiembre de 2015 fue nombrado encargado de despacho, y al poco tiempo confirmado como titular. Con este funcionario los muchos rezagos tampoco han podido solventarse, y siguen pendientes de solución asuntos de suma relevancia, como la conclusión y publicación en el Diario Oficial de la Federación de lo que se denomina ‘Programa de Manejo0, sin el cual persiste un vacío y ambigüedad legal, pues dicho instrumento jurídico define las reglas administrativas de una Reserva de la Biósfera. La legislación ambiental indica, que al año de emitido el decreto debe formularse y publicarse, para luego ser sometido a revisión cada cinco. Lleva doce años de retraso.

Aunque se argumenta que para enmendar algunos errores de origen (cometidos por ellos mismos) tendrá que volver a transitarse todo el proceso institucional que requiere la modificación de un decreto presidencial, lo cierto es que los responsables de este tema en todos los niveles de gobierno, no han dado los pasos necesarios para que el decreto se convierta en un instrumento jurídico eficaz, y para que los habitantes y propietarios del territorio, se identifiquen y comprometan con los propósitos para los que fue creada la Reserva, pues después de una década, en la población en general, pesan más las vertientes prohibitivas de esa iniciativa, que la nobleza de sus fines. A esto se suma, que esa inestabilidad institucional, así como los desencuentros de los funcionarios federales con sus contrapartes estatales, han paralizado órganos de participación social decisivos como el Consejo Asesor.

De seguir en esa inercia, se fortalecerá el peor escenario, pues los funcionarios de Conanp, luego de 13 años no han consolidado un trabajo comunitario sólido, y han optado por el camino fácil de convertirse en una dependencia más del montón que reparte dinero como la vía para ganar clientela, incondicionales y consensos, sin detenerse a realizar diagnósticos rigurosos acerca de los impactos sociales de los proyectos que subsidian.

A lo largo del año, realizan ocasionalmente algunas acciones llamativas para efectos mediáticos y también se ocupan de temas tersos como el monitoreo de la mariposa monarca, el águila real y otras especies; pero las problemáticas complejas las evaden, sólo las administran, y descuidan muchas de sus funciones sustanciales, entre ellas la de la vigilancia eficaz y oportuna del Área Natural Protegida.

Todos estos años han continuado prácticas como la minería clandestina, tala de árboles, obras públicas sin el debido proceso, mal manejo de residuos sólidos por parte de los municipios, contaminación de aguas, creación de bancos de tierra y arena sin autorización, incendios provocados, extracción de plantas, hornos de carbón, cacería ilegal… Sin embargo, cuando ocasionalmente han actuado para interponer denuncias ante Profepa por algún presunto delito ambiental, muchas veces ha sido sólo bajo la presión de algún ciudadano que tomó la iniciativa, o cuando los hechos se hacen visibles en algún medio de comunicación.

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Nunca habían matado a tantos oficiales en la entidad; los ataques se dispararon al cierre del año, con 22 efectivos caídos tan sólo en diciembre

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Nunca habían matado a tantos oficiales en la entidad; los ataques se dispararon al cierre del año, con 22 efectivos caídos tan sólo en diciembre

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Estado.- La intensa batalla entre grupos delictivos en la entidad el año pasado alcanzó el mayor saldo de policías asesinados en la historia reciente del estado, con un total de 75 oficiales caídos, doce más que el récord que había impuesto el año anterior, de acuerdo con los casos publicados por correo.

Aunque la organización ‘Causa en Común’ desde el año pasado elabora un conteo de los policías asesinados a nivel nacional, en el caso de Guanajuato existen algunas diferencias con relación a los casos que Correo documentó en 2019.

El recuento de las bajas

Hace exactamente un año, comenzó la cuenta de ataques mortales contra uniformados y ocurrió en Irapuato. Los últimos decesos fueron el 27 de diciembre; las víctimas son dos custodios del Cereso Mil.

Entre los casos que la organización no integró destaca el asesinato de un efectivo del Ejército Mexicano, hallado muerto el 11 de abril sobre el Libramiento Norte de Irapuato, con un balazo en la cabeza. Fue identificado como Salvador Moreno, y pertenecía al Grupo de Trabajos de Inteligencia de la XII Región Militar.

Tampoco contabilizó el asesinato de una mujer policía de Abasolo, que fue raptada el 22 de noviembre frente a la Presidencia Municipal, y al día siguiente su cuerpo fue hallado mutilado, a un costado de la carretera a Irapuato, en el acceso a la localidad Puerta de Palo Dulce.

También falta el crimen de Eva Miriam, de 36 años, oficial de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, cuyo cuerpo fue localizado el viernes 6 de diciembre en la comunidad El Salitre, en Celaya, con huellas de violencia.

‘Causa en Común’ no integró a la lista el asesinato del titular de la Unidad Antidrogas de la Fiscalía General del Estado, Francisco Javier Fuentes Uribe, ocurrido el 3 de julio en Celaya. Correo sí lo contabilizó por tratarse de un actor clave en la persecución de grupos criminales. Por el contrario, correo no incluyó en el registro los casos de expolicías asesinados, pues ya no se encontraban en funciones, aunque ‘Causa en Común’ sí los sumó a su lista.

Tal es el caso del expolicía de Irapuato, Antonio Ramírez Delgado, quien fue identificado entre los cuerpos sepultados en la fosa clandestina hallada el 5 de diciembre, en el Ejido San Antonio El Rico. Al igual que el crimen del excomandante de la Policía se Apaseo el Alto, Alfredo Guadarrama, abatido el viernes 13 de diciembre en su domicilio, en la comunidad de La Luisiada.

Aunque ‘Causa en Común’ contabilizó 73 policías asesinados en Guanajuato hasta el 14 de diciembre, en su listado sólo se pueden consultar 67 casos.

Matan a nueve custodios, incluido un mando

En los ataques perpetrados en 2019 contra efectivos policíacos destaca el asesinato de nueve miembros del cuerpo de seguridad del Cereso Mil de Valle de Santiago, considerado el penal de máxima seguridad a nivel estatal, que fueron abatidos en cuatro hechos distintos.

Entre éstos se encuentra el asesinato del jefe de custodios Edgar González Sandoval fue asesinado a balazos cuando llevaba a su hijo a la preparatoria en la capital del estado, en la zona de Cata.

Cinco murieron el 19 de septiembre, al ser emboscados y acribillados por un comando armado cuando acababan de salir del penal, en la carretera Salamanca-Pueblo Nuevo. Dos más murieron en circunstancias similares, el 27 de diciembre.

Otro murió el 11 de octubre en Pénjamo, en un ataque a balazos en la colonia San Miguel.

Este grupo depende directamente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que les ofrece un salario bruto mensual de 16 mil 651 pesos (hasta 2019).

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No sólo las autoridades de Xichú, Atarjea y Santa Catarina asignaron obras a la empresa del panista Rigoberto Hurtado, sino también el gobierno de Miguel Márquez otorgó nueve contratos en cinco municipios, seis por adjudicación directa

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No sólo las autoridades de Xichú, Atarjea y Santa Catarina asignaron obras a la empresa del panista Rigoberto Hurtado, sino también el gobierno de Miguel Márquez otorgó nueve contratos en cinco municipios, seis por adjudicación directa

Eliazar Velázquez / Staff Correo

Atarjea

2015: preparando la continuidad del negocio

Para 2015,  la empresa de Rigoberto Hurtado siguió mostrando mucha y diversa actividad. Nuevamente le adjudican contratos en esos tres municipios para construir cuartos dormitorios en  múltiples comunidades, pavimentar  una calle,  construir “baños dignos”.  El contrato más cuantioso se lo da  Santa Catarina, con dinero de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, ya entonces dirigida por Diego Sinhue, mediante una “licitación simplificada” le adjudican  2 millones 495 mil pesos,  para realizar el “Sistema de alcantarillado,  sanitario y planta de tratamiento 1ra etapa, localidad los Juan Diego”.

Un dato relevante es que para las elecciones de 2015, los alcaldes salientes de los tres municipios, promovieron como sus sustitutos a quienes fungían como sus secretarios de Ayuntamiento: Eloy Leal, Lázaro Cárdenas, y José Luís Rivas.

Los tres, abanderados por el PAN, obtuvieron la candidatura y ganaron la contienda, de modo que a través de ellos la continuidad del negocio estaría garantizada durante otros tres años. Igualmente, en Xichú y Santa Catarina,  donde más venía facturando  Kore Caminos del Noreste, se ratificó en el cargo a los mismos directores de Obras Públicas: Rafael Bustamante CarmonaVíctor Hugo Hernández González. Estos desde entonces, tenían un papel fundamental, pues además de legitimar los trabajos en campo,  construían el andamiaje técnico y documental para dar apariencia de legalidad a ese esquema de tráfico de influencias.

De los alcaldes salientes, sólo Perfecto González siguió como servidor público, ahora ocupando un cargo en la Coordinación Regional de Sedeshu.

2015-2018: sigue la fiebre del dinero

En 2016, Kore mantendría el paso ascendente. En  Xichú,  ya con el entonces alcalde Eloy Leal  recibe  dos obras  y en Atarjea, un igual número. Pero ese año, en Santa Catarina facturó el monto más alto: 4 millones 519  mil pesos, para construir la segunda etapa de la planta de tratamiento.  Según las fechas de inicio y término de las obras, todas se realizaron casi simultáneamente entre los meses de septiembre a diciembre.

Para 2017, en Xichú, se le adjudicaron cuatro obras: construcción de una calle, pavimentación de otra, construcción de un techo y sanitarios. Todas, otra vez,  realizadas casi en las mismas fechas y en localidades de difícil acceso  y situadas en puntos extremos. Para 2018, ahí también le volvieron a adjudicar otros cuatro contratos, por un monto de casi 6 millones de pesos.

El monto del negocio

La revisión de  documentación obtenida vía las Unidades de Transparencia, y fechada entre 2013 y 2018, arrojan el dato de  que   el ex alcalde  Rigoberto Hurtado,  que hace un lustro nada sabía de construcción,  en el lapso de cinco años recibió 31 contratos municipales: 28 de ellos por adjudicación directa. Ya  sumados facturó,  tan sólo en los tres municipios,  28 millones 583  mil pesos (el 59 % de ese monto, 16 millones 858 mil, lo cobró en  la tesorería de Xichú, gracias a su alianza y contubernio con Perfecto González).

Pero en ese lapso, también la Secretaría de Obra Pública de Gobierno del Estado le otorgó nueve contratos por 12 millones  537 mil pesos. Lo que arroja un total facturado de: 41 millones 120 mil pesos.

El manto protector de Miguel Márquez

La anuencia que se dio a esa red de intereses locales por parte del  gobierno encabezado por Miguel Márquez, no sólo se tradujo en las obras asignadas a través de las administraciones de Xichú, Atarjea y Santa Catarina, sino que el propio gobierno estatal a través de la Secretaría de Obra Pública, entre 2014 y 2018, le otorgó a Kore Kaminos del Noreste 9 contratos  en  5 municipios de la región (6 de ellos en la modalidad de adjudicación directa): 3 en San Luís de la Paz, 3 en Santa Catarina, 1 en victoria, 1 en Tierra Blanca, y 1 en San José Iturbide, por un monto total de12 millones  537 mil pesos.

Según información que registran los contratos, habría llevado a cabo obras como rehabilitación de caminos,  de una cancha, de una  nave de empleo,  construcción de  un puente peatonal, pavimentación  de  una calle,  y al mismo tiempo, también  realizaba  múltiples obras en comunidades alejadas de sierra adentro.

 Sólo una empresa con gran versatilidad e infraestructura, podría haber realizado una actividad tan intensa y diversificada como la que se consigna oficialmente  en los contratos y documentos.

 

Impunidad sin límites…

Los involucrados en este negocio tuvieron un manejo y control absoluto del poder político municipal, incluidos los órganos de control interno locales, y las direcciones de obra pública, por lo que seguramente definieron costos y materiales a su libre albedrío y la supervisión estuvo en manos de sus propios allegados. Ante eso, nada garantiza que esas 31 obras adjudicadas a la empresa del ex alcalde de Atarjea, tanto de las que se ocupó él directamente, como aquellas en que sirvió de prestanombres, hayan sido realizadas con los estándares de calidad requeridos.

 Tan solo en un breve recorrido por la zona, Correo pudo conocer el testimonio de un beneficiario de baño biodigestor que al poco tiempo de que fue instalado tuvo fallas, debido a la dudosa calidad de algunas piezas.

Pero también, se pudo documentar el caso de una obra completa plagada de irregularidades.  Mediante contrato firmado el 14 de noviembre 2014, por un monto de 620 mil pesos, se otorgó a Kore Caminos del Noreste los trabajos de: “Rehabilitación de sistema de agua potable”, en la comunidad Puerto del Ocote, de Xichú.

Pobladores del lugar relataron, que ya instalada la infraestructura, al parecer la bomba presentó fallas porque requería un mayor voltaje, y aunque la situación no se resolvió, cuentan que los convocaron a una asamblea, a la que acudió personal de la administración entonces encabezada por el alcalde Perfecto González. Las autoridades querían que firmaran un documento donde testificaran de recibida la obra. Sin embargo, la comunidad se negó, porque no les pareció pertinente recibir los trabajos en esas condiciones.

Todavía a la fecha siguen sin entender, por qué invirtieron tanto dinero en instalar tuberías y hacer construcciones, si el agua nunca llegó a las casas.

Cinco años después, toda esa infraestructura está en el abandono, y el problema del agua sigue sin resolverse.

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