Justo al mismo tiempo que el presidente López Obrador cuestionaba la forma en que la Fiscalía de Campeche, encabezada por el exfuncionario peñista Renato Sales Heredia, ejecutó una orden de cateo en una casa propiedad de Alejandro Moreno Cárdenas y consideraba “indigno y humillante” la difusión de imágenes de esa diligencia judicial, el dirigente nacional del PRI aterrizaba la mañana de ayer martes en el aeropuerto Charles de Gaulle en París, en donde comenzó una gira en la que se reunirá con dirigentes políticos, eurodiputados y organizaciones de la ONU en Ginebra, Suiza, para exponer y denunciar la persecución judicial y política en su contra, como un tema de violación de garantías y derechos humanos de él y su familia. 

El lunes por la noche Moreno Cárdenas, acompañado de su esposa Christelle Castañón Sandoval, de su consultor político venezolano Vladimir de la Torre, además del diputado panista Santiago Creel Miranda y su esposa Paulina Velasco Salcido, abordaron un vuelo de Air France en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a París, en donde los dos políticos participarán en la reunión de la Internacional Socialista que se realiza en la capital francesa y de ahí irán a Suiza a la sede de la ONU, para después viajar a Nueva York, en donde acudirán a la Organización de Estados Americanos. 

“Vamos a dejar constancia en todos los lugares de lo que quieren hacer porque no nos vamos a callar, es una locura. No se quieren detener ante nada violando toda la ley principalmente la gobernadora de Campeche que está en un estado demencial violando todas las garantías constitucionales, derechos de presunción de inocencia y una campaña de odio en contra de mi familia, de mi esposa y mis hijos, con amenazas de muerte en internet. Están en el terrorismo ciudadano y no lo podemos permitir, aparte de eso se están convirtiendo en un narcogobierno, un narcoestado terrorista”, comentó ayer desde la capital francesa el dirigente priista. 

Tal vez por eso, porque sabía ya de las denuncias que harían conjuntamente el PRI y el PAN en los foros europeos e internacionales, el presidente López Obrador ayer se deslindó de las acciones, ciertamente ilegales y violatorias del principio de presunción de inocencia, en las que está incurriendo la Fiscalía de Campeche y la gobernadora Layda Sansores: 

“Quiero expresar mi inconformidad con la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche. Hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI. Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento, porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas. Se debió haber hecho el acto judicial sin la propaganda. Eso que quede constancia, no estoy defendiendo al señor, estoy diciendo que esos procedimientos no deben prevalecer en un país democrático y respetuoso de las libertades”, dijo ayer el presidente en su conferencia mañanera. 

Junto con el regaño a Layda Sansores y a su fiscal de extracción peñista, Renato Sales, López Obrador también intentó vacunarse de procedimientos judiciales que, más allá del sustento que tengan las denuncias en contra de Alejandro Moreno, sí están rayando en la persecución y el acoso judicial, con excesos como los que se vieron en esa diligencia del cateo a la que acudió personalmente el fiscal de Campeche, quien difundió además el video del momento en que rompen una de las puertas de acceso a la residencia con un ariete metálico, cuando según el dirigente priista, ahí en la residencia cateada estaban sus abogados para darles el acceso a los ministeriales y que realizaran su cateo. 

Es evidente que López Obrador no ignora lo que está haciendo su pupila Layda en Campeche, donde cada semana difunde grabaciones telefónicas producto de espionaje ilegal. Toda la operación judicial y la campaña en contra del líder priista está planeada y avalada desde Palacio Nacional y la Secretaría de Gobernación; pero también es real que el presidente se haya molestado con los métodos burdos y torpes de la gobernadora y su fiscal, porque claramente violentan principios y garantías fundamentales, como la citada presunción de inocencia, algo con lo que, argumentado como defensa, haría que cualquier juez pudiera tranquilamente anular un proceso o acusación en contra de Moreno Cárdenas. 

Veremos qué efectos tienen las denuncias y quejas que interpondrá la Alianza va por México en el extranjero sobre una presunta persecución política en contra del dirigente del PRI, sobre todo en foros como el Parlamento Europeo, que ya ha cuestionado al gobierno lopezobradorista por temas como la violencia contra periodistas y que le valió a varios eurodiputados recibir a cambio una dura y destemplada respuesta del mandatario mexicano. 

No es la primera vez que políticos mexicanos, en este caso del PRI y del PAN van a organismos internacionales como la ONU y la OEA a exponer denuncias en contra del gobierno de López Obrador, en las que se habla de actuaciones autoritarias y dictatoriales desde el gobierno o incluso el tema de un presunto narcogobierno. Ya lo hizo en 2021 el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que acudió a varios de esos foros internacionales con supuestas pruebas de vínculos entre la administración federal, el partido Morena y organizaciones del narcotráfico en México. Hoy Silvano está en el exilio y, de tantas acusaciones de corrupción que le hacían, no se ha sabido nada. ¿Será que ahora las denuncias de Alito y de la alianza opositora preocupen más en Palacio Nacional? 

NOTAS INDISCRETAS… Al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, lo notificaron el lunes pasado en su domicilio de la ciudad de Tijuana, con un citatorio judicial en el que le informan que deberá comparecer ante un juez del Poder Judicial del estado, en calidad de “imputado”, por delitos de corrupción, peculado, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de facultades y atribuciones, además de peculado impropio, según consta en las actas de la Fiscalía de Justicia de Baja California. A Bonilla no lo encontraron porque de seguro anda en San Diego, pero el citatorio quedó pegado en la puerta de su domicilio, con lo que para la autoridad está notificado y, acuda o no, se realizará la audiencia judicial en el proceso en su contra. 

Junto al exgobernador, la actual mandataria morenista de BC, Marina del Pilar Ávila, acusó penalmente a otros siete de sus excolaboradores por el caso de la Planta Fotovoltaica que autorizaron en el Valle de Mexicali a la empresa Next Energy sin tener facultades legales para autorizar dicha construcción, pues es un tema de carácter federal. Y pensar que Jaime Bonilla quería venir al gabinete federal, luego intentó volver a su escaño en el Senado, pero el Tribunal Electoral federal le dijo que no podía hacerlo legalmente, y ahora tendrá que enfrentar las acusaciones judiciales que le formuló su sucesora. Ni hablar, bien dicen que todo gobernante elige a su verdugo… 

Ver nota: Catean casa de “Alito” Moreno en Campeche por enriquecimiento ilícito

Y hablando de verdugos, en esto se está erigiendo la Fiscalía de Justicia Militar, en el caso del general retirado Mauricio Ávila, a quien el fiscal general adjunto de la Sedena, coronel Jesús Rosario Aragón Valenzuela, le envió ayer lunes un citatorio para que comparezca el próximo jueves 7 de julio ante esa fiscalía en calidad de “indiciado” por haber hecho declaraciones y críticas en contra de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador y de sus resultados, además de cuestionar el papel que está jugando el ejército en esta administración. Al general en retiro le piden que acuda a la sede de la Fiscalía como “indiciado” y le piden llevar un abogado. Mauricio Ávila intentó reunir firmas en 2018 para lanzarse como candidato independiente a la Presidencia y ha tenido expresiones críticas hacia los elevados índices de inseguridad y violencia que hay en el país.

“Aquí en México los secuestros, violaciones y asesinatos ocurren por decenas diariamente, sin que el gobierno haga nada”, dijo recientemente el general en una entrevista radiofónica. ¿Será que los fiscales militares ahora también serán censores contra los generales o militares que disientan o cuestionen las acciones de este gobierno?… 

Sobre la columna de ayer, “El error histórico de Peña Nieto”, un amable lector, que conoce a fondo el Caso Ayotzinapa y la recomendación que emitió sobre estos hechos la CNDH, nos envió el siguiente texto y nos pidió resguardar su identidad: “Coincido con usted, las indagaciones de este Gobierno en el ‘Caso Iguala’ se enfocan hacia exservidores públicos que incurrieron en irregularidades durante las investigaciones (se está solicitando Orden de Aprehensión contra Gualberto Ramírez, responsable de las investigaciones ministeriales en la PGR en su etapa inicial) y han dejado de largo a quienes pudieron estar involucrados en los hechos, como es el caso del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre. Interesante saber que en su momento el presidente Enrique Peña se negó a actuar en contra de Ángel Aguirre, pese a que los secretarios de Defensa y Marina (Cienfuegos y Vidal) se lo sugirieron. Y sí, dicha omisión debe ser calificada como ‘El error histórico de Peña Nieto’. 

Es destacable que en esta administración la Comisión Para la Verdad haya llamado al exgobernador. Significativo que durante la sesión Aguirre pidiera se actuara contra ‘El Patrón’, Autor Intelectual de los hechos, planteamiento que ‘convenientemente’ retomó de la Recomendación de la CNDH en el ‘Caso Iguala’, instancia que descubrió a este personaje. Aguirre ha usado a conveniencia dicha Recomendación y, desde luego, con toda carencia de autocrítica, jamás retoma de ella los aspectos que describen su actuación en la noche trágica y que le perjudican. En ese sentido, sugeriría consultar algunos de los Apartados de la Recomendación, entre otros: 1.- El Apartado Número 4 ‘La Situación Criminal en Guerrero …’ 2.- El Apartado Número 7 ‘Situación del Sistema de Seguridad Pública en los Municipios de Iguala y Cocula al Día de los Hechos’. 3.- El Apartado Número 8 ‘Deficiencias en la Función Reguladora y de Control de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero …’ 4.- El Apartado Número 9 ‘Situación de la Normal Rural …’ 5.- El Apartado Número 16 ‘Operación del … C4 de Iguala …’ 6.- El Apartado Número 22 ‘Análisis de la Ubicación Georreferencial de las Líneas de Telefonía Móvil …’ y 7.- En la parte final del documento, los Puntos Recomendatorios dirigidos al Gobierno del Estado de Guerrero. Sin duda, el ex gobernador Ángel Aguirre tiene que explicar su actuación y omisión en los hechos de Iguala”. 

Hasta ahí la nota de nuestro informado lector… Ruedan los dados. Serpiente doble. Descendemos.