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Ciudad de México.- A casi siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres y padres de familia reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Fiscalía General de la República (FGR) no camina y es “un elefante reumático” que no ha ejecutado 40 órdenes de aprehensión ni ha logrado traer a México a Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal y acusado de haber manipulado el caso.

A su salida de Palacio Nacional, donde tuvieron una reunión con el titular del Ejecutivo, Vidulfo Rosales, abogado los de padres de los normalistas, dijo que reconocieron los hallazgos encontrados en la Barranca de la Carnicería de Cocula y las identificaciones de los restos de estudiantes y algunas de las detenciones.

“La Fiscalía General no está caminando, es como él mismo lo ha dicho, es un elefante blanco que no camina, reumático, pues le dijimos que la Fiscalía es algo parecido. Tenemos ejemplos importantes de que no está caminando uno es que no se están ejecutando las ordenes de aprehensión, no se han ejecutado 40 órdenes de aprehensión desde hace seis meses, no se ha podido traer (de Israel) a Tomás Zerón para su proceso. Hay funcionarios enquistados en la Fiscalía de la anterior Procuraduría General de la República”.

Rosales dijo que los familiares de los estudiantes también le manifestaron al presidente López Obrador que no ven avance en la investigación contra elementos del Ejército mexicano que participaron en los hechos del pasado 26 de septiembre de 2014.

“Del Ejército lo que decimos es que hay pruebas y datos suficientes que indican que el Ejército estuvo siguiendo a los estudiantes, los estuvieron monitoreando a través del C4, hay un testigo que ya declaró en términos judiciales, que dice que fueron ingresados por lo menos 25 estudiantes al 27 batallón de Infantería, todos estos elementos hacen la presunción que se debe desplegar una investigación exhaustiva contra elementos del Ejército, todo eso se le planteó”. Rosales dijo que la respuesta del Presidente es que van a valorar y van a revisar esos casos.

Testigos presenciales

En conferencia de prensa a los siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, refirió que las autoridades de la administración anterior incurrieron en tortura y armado de pruebas para armar la llamada “verdad histórica”.

Al refutar la antigua versión de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el fiscal encargado subrayó que esto también ya fue concluido por el Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por las Naciones Unidas, por el Equipo Argentino de Antropología Forense y demás organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Gómez Trejo detalló que en la investigación anterior se encontraron indicios de “tortura generalizada”, esto, dijo, fue posible a la colaboración con otras dependencias federales, quienes aportaron más de 40 videos en los que se da cuenta de funcionarios públicos interrogando “de manera irregular”.

Las grabaciones, además, se suman a declaraciones de testigos presenciales, declaraciones de víctimas, pruebas documentales y la elaboración de protocolos de Estambúl “que corroboran no sólo la tortura, sino su encubrimiento por parte de la PGR”.

Aclaró que más allá de la tortura, se encontraron irregularidades administrativas en el caso, tales como la de la diligencia ministerial realizada en el río San Juan, una de las claves para sustentar la “verdad histórica” y en donde presuntamente se encontró un resto óseo, fue falseada en su contenido y hechos, ya que los agentes que firmaron el informe al respecto no se encontraban en Guerrero en ese momento, sino en la Ciudad de México.

LC