Lourdes Vázquez

Guanajuato.-A partir de la determinación de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) que declaró inconstitucional la penalización del aborto en el estado de Coahuila —con alcance en todo el país—, en el estado de Guanajuato, cualquier mujer o persona gestante podrá recurrir al amparo, señaló la diputada local del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero.

Sin embargo, para la diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Cristina Márquez Alcalá fue lamentable el fallo de SCJN, pues, según afirmó, se tomó con argumentos no apegados al sistema jurídico.

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Vanessa Sánchez Cordero, diputada local del PVEM. Foto: Archivo

La diputada del PVEM explicó que los criterios que sustenta el Tribunal Constitucional son obligatorios para todos los jueces y magistrados, por lo tanto, cualquier persona que en este momento estuviera en una causa penal bajo el delito de aborto, podría ampararse y pedir que le sean aplicados esos criterios, en caso que se adecuen al caso.

“Cualquier persona que quisiera acogerse a estos criterios tendría que hacerlo por la vía de amparo y ver si el amparo es procedente. No tiene un efecto para todos, aunque sí cualquier persona pudiera buscarlo vía amparo, como se hace en el matrimonio igualitario”, ejemplificó.

Vanessa Sánchez manifestó que la sentencia de la SCJN es de gran trascendencia a favor de los derechos de las mujeres mexicanas; no obstante, dijo que en el caso de Guanajuato es necesario que en el Legislativo se presenten y aprueben las reformas al Código Penal para despenalizar el aborto. Por ello, la próxima bancada del PVEM podría impulsar las iniciativas en la materia.

“Lo que sigue para Guanajuato es que nosotros hagamos el esfuerzo, que el Poder Legislativo hiciera un esfuerzo por quitar la inconstitucionalidad del Código Penal de Guanajuato. El efecto que tiene es únicamente por el Código Penal de Coahuila —no abarca todos los Códigos Penales—; habría que hacer una reforma, pero, evidentemente ya marcado el camino, lo que seguiría sería hacer la reforma”.

Sin embargo, la sentencia de la Corte no establece obligatoriedad para llevar a cabo dichas reformas en las entidades y, en el caso de Guanajuato, el tema tendría que estar a la voluntad de la mayoría del Partido Acción Nacional que ha fijado su postura respecto al aborto.

Finalmente, la diputada local de oposición señaló que, pese a ello, se tienen que seguir impulsando las reformas necesarias hasta que estas se hagan una realidad.

Por su parte, Cristina Márquez sostuvo que la SCJN no procurando la atención y protección de los derechos humanos, e incluso “completamente apartado de un esquema de convencionalidad, porque escuchamos, vimos y le dimos seguimiento a la sesión en donde tuvieron el atrevimiento de decir que era un derecho humano fundamental el del aborto”.

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Cristina Márquez Alcalá, diputada del PAN. Foto: Archivo

Afirmó que esta resolución no obliga al Estado de Guanajuato a hacer ningún tipo de reforma o modificación al Código Penal. 

En Guanajuato, el Código Penal en su artículo 159 se establece que: A la mujer que provoque o consienta su aborto, se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días multa. 

Por otra parte, Cristina Márquez rechazó que dicha sentencia represente un logro en la lucha de los derechos de las mujeres, pues señaló que dar un paso en esa lucha sería atender las causas de vulnerabilidad en las que mujeres se encuentran. 

“Para ayudar a salir de esa causa de vulnerabilidad, pobreza, indigencia, falta de educación tal vez, el no acceso a la escuela, cuestiones educativas, el acceso a adecuados servicios de salud, el acceso y la procuración de adecuados servicios básicos para nosotras y nuestras familias, eso es avanzar, eso es dar pasos y comprometernos con los derechos de las mujeres y no transgredir la vida de un tercero, arguyendo un derecho que no se tiene sobre la vida de otros”.

A decir de la legisladora de Acción Nacional, en el Estado de Guanajuato se cuenta con las políticas públicas en favor de las mujeres como la implementación de programas de la Secretaría de Salud  en materia de planificación familiar  o educación sexual por parte de la Secretaría de Educación en el cual es muy importante la participación de la sociedad y de los padres de familia “para que pueda darse de una manera adecuada, objetiva y científica”. 

No obstante aceptó que aunque existen dichas políticas públicas, estas tendrían que revisarse  a fin de que puedan mejorar. 

“Hay políticas, probablemente tengamos que revisar y seguir procurando que sean mejores y que vayan atendiendo las partes que talvez se estén quedado como áreas de oportunidad. Entonces las hay pero siempre van a ser revisables y perfectibles como toda política, como toda ley”, concluyó.

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