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Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El Consejo de Protección Animal de Guanajuato capital exhortó a la Contraloría municipal y demás autoridades competentes a que continúen las investigaciones en torno al fallecimiento por asfixia de cinco gatos que habían sido rescatados por la Policía Ambiental.

Así lo acordaron los integrantes de dicho consejo durante su segunda sesión ordinaria, en la que, además, solicitaron que mientras no se hayan concluido de manera definitiva las investigaciones iniciadas en torno al caso, quien fungía como titular del Centro de Control y Asistencia Animal (Cecaa), Juan Pablo Rodríguez Fonseca, permanezca fuera de las instalaciones. Lo anterior, en hechos ocurridos en enero pasado.

Como parte de los acuerdos tomados por dicho consejo en pro de la vida y la conservación del entorno natural destacaron la creación de un código de ética, el cual tendrá como objetivo regular el actuar interno de los miembros del consejo, esto conforme lo establecido en el Reglamento para la Protección Animal del municipio de Guanajuato.

Otras propuestas

También propusieron la mejora de los trámites y procesos jurídicos de adopción, con ello, se buscará dar seguimiento más puntual a los ciudadanos adoptantes, tomando en cuenta las recomendaciones e instrucciones de la autoridad competente.

Al interior del consejo se conformó una nueva comisión para atender las labores de comunicación, a fin de poder llevar la información a la población. Dicha comisión está integrada por un representante de los médicos veterinarios, un representante de las asociaciones civiles, una de las representantes ciudadanas dentro del consejo y funcionarios municipales.

De igual manera, se acordó que se fortalecerá el acercamiento con el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, así como con la Fiscalía General del Estado, ello con el objetivo de evitar y erradicar la violencia y maltrato animal en la capital, así como “buscar una conciencia entre la población para denunciar estas lamentables conductas que ahora pueden constituirse como un delito y que los miembros del consejo y las autoridades municipales buscan frenar”.

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ndr