Luis Telles

Valle de Santiago.- Al concluir la investigación de desvío de recursos públicos por 1.8 millones de pesos para el pago de ‘aviadores’ en 2017, la Contraloría Municipal estableció que existió presunta responsabilidad grave de la extitular de Recursos Humanos y será el Tribunal de Justicia Administrativa quien determine cabo la resolución correspondiente.

José Guadalupe Martínez Sixtos, contralor municipal, dijo que dicha resolución se hizo del conocimiento a los integrantes del Ayuntamiento en pleno, que dentro de la investigación se llamó en audiencia a Angélica García González, encargada del departamento en cuestión y se recibieron sus pruebas de defensa.

La Contraloría remitió los actos originales del expediente al Tribunal para que lleve a cabo el procedimiento de sustentación del procedimiento y en su momento va a ser quien va emitir la resolución correspondiente, toda vez que se calificó una conducta grave y derivado de esa conducta grave la Contraloría únicamente realiza la etapa de investigación.

El Contralor explicó que se determinó la conducta grave por el desvío de recursos públicos y la cuestión de conflicto de intereses, ya que la extitular de Recursos Humanos tenía en nómina a cuatro de sus familiares, datos que se pudieron verificar en la página de Transparencia del Municipio.

“Una vez que nosotros calificamos la conducta entonces sí emplazamos al servidor público para que comparezca en una audiencia inicial, para que el funcionario defienda su postura. De nuestra parte emitimos los testimonios donde se verificó si los presuntos empleados (‘aviadores’) acudían a su servicio público o derivado de ello se presumía que no existía una relación como tal”.

Martínez Sixtos reiteró que hasta ahorita es una presunción de responsabilidad administrativa que el Tribunal de Justicia Administrativa podrá determinar que se haya acreditado dicha conducta, “es de señalar que este caso ya lo trae la Fiscalía Especializada en Conductas de Anticorrupción, en donde se maneja otra investigación ya de carácter penal”.