Redacción

España.- Desde este viernes las personas con una enfermedad grave e incurable y que padezcan un sufrimiento “constante e intolerable” podrán solicitar ayuda médica para morir, la eutanasia, cuya regulación llega con una controvertida ley recurrida ante el Constitucional y que echa a andar con alguna laguna, como los registros de objetores de conciencia.

El Congreso aprobó el pasado 18 de marzo la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y daba un plazo de tres meses a las comunidades autónomas para la creación de las comisiones de garantía y evaluación, los órganos encargados de supervisar cada caso y autorizar la prestación.

Sin embargo, son cinco las comunidades que todavía no han creado esas comisiones: Andalucía, Galicia, La Rioja, Madrid y Navarra. Otras, como Castilla y León, han apurado hasta el último momento. La polémica ha rodeado la creación de estas comisiones.

También hay cabos sin atar en la ley en  lo que se refiere a los registros de objetores. No da un plazo concreto para su puesta en marcha, aunque algunas comunidades ya los han creado, y desde los colegios de médicos se han mostrado contrarios a estas listas. “Creemos que los registros de objetores son un grave error y solo van a generar distorsiones y estimular que la gente se apunte, a pesar de que muchos médicos no saben si van a objetar o no, porque cada caso es un mundo”, explica el presidente de la Comisión de Deontología de la Organización Médico Colegial, Juan José Rodríguez Sendín.

El apoyo a la ley por parte del colectivo médico es dispar y algunos colegios han publicado encuestas. En diciembre de 2019 el Colegio de Médicos de Madrid preguntó a sanitarios de varias ciudades y concluyó que siete de cada diez estaban a favor de regular la eutanasia.

Por su parte, el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña realizó el pasado mes de abril una encuesta voluntaria entre el personal sanitario y un 11,4 por ciento afirmó que ejercería la objeción de conciencia, cerca de un 30 ciento respondió que lo haría solo en casos concretos y más de la mitad aseguró que no se opondría a la eutanasia.

La ley impulsada por el PSOE tendrá que hacer frente a los recursos de inconstitucionalidad presentados por PP y Vox al considerar que atenta contra un derecho fundamental como es el derecho a la vida.

El país ibérico se convierte en el séptimo país del mundo en el que esta práctica es legal. , La prestación para la ayuda a morir forma parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud y podrán solicitarla las personas mayores de edad que sufran “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la autonomía y que genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”.

El paciente podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones. Podrá realizarse tanto en centros sanitarios, públicos, privados o concertados, como en el domicilio.

Con información de EFE/DPA

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SZ