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El recurso (fallido) del método

Lo que se hace mal no puede salir bien. Este podría ser lo inscrito en la lápida del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familia, que ni siquiera sobrevivió toda su pomposa ceremonia de presentación en Los Pinos porque un organismo empresarial, el más importante, ideológico y político, la Coparmex, declinó firmarlo. La Coparmex esgrimió sus razones para no hacerlo, donde incluye un punto que toca el corazón del fiasco: “Urge un acuerdo, sí, pero es más importante que dicho acuerdo sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no sólo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública”. Este Acuerdo, en efecto, sólo buscó tranquilizar al graderío y que sus protestas en las calles empezaran amainaran. Pero como ha sucedido cada vez que el presidente utilizó el mismo método en el pasado, falló.

El Acuerdo forma parte de la improvisación con la que actúa el gobierno del presidente Peña Nieto que es reactivo, no preventivo. Nunca estuvo dentro del plan de amortiguamiento social que acompañó el gasolinazo el primero de enero, porque no tenían idea de que habría una reacción social. Tomó al gobierno y a sus órganos de inteligencia política desprevenidos, y todavía no han terminado de encontrar con precisión las fuentes que dispararon la protesta. Aún así, sin tener claridad sobre la dialéctica del descontento, se elaboró un documento en 14 horas, y entregado a quienes iban a suscribir el acuerdo dos horas antes. Esta es otra de las razones por la que la Coparmex, el órgano patronal con una historia de beligerancia, no firmó.

El objetivo final del gobierno, sugirió la Coparmex, fue propagandístico. Es decir, transmitir el mensaje que el presidente está preocupado por el bienestar de los mexicanos, desde un escenario montado para mostrar un encuentro de Estado que atiende las demandas ciudadanas. Todas las ceremonias para anunciar cosas trascendentales son acompañadas de escenarios que muestren fuerza, unidad y consenso. Se necesita que todos los actores involucrados parezcan unidos y que alcanzaron un consenso, por lo que alguien de los protagonistas exprese públicamente su desacuerdo, es inverosímil. Eso sólo le puede pasar a quien es incompetente –no amarró el apoyo de las partes invitadas al evento-, o que tiene tanta urgencia por controlar los daños –en este caso mediante la comunicación política-, que descuidó garantizar el consenso.

La insinuación de la Coparmex que todo se trató de cuidar la imagen presidencial y de una estrategia de comunicación tiene mucho sentido, cuando se revisan otros momentos que tuvieron una evolución similar. El más importante fue cuando después de haberse mantenido casi dos semanas al margen por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala el 26 de septiembre y la crítica lo acribillaba por no hacer nada, sus asesores le recomendaron que invitara a Los Pinos a los familiares de los estudiantes para enviar el mensaje a la nación que sí era sensible a este crimen. La reunión fue el 29 de octubre y no sirvió para nada. Peña Nieto se involucró tarde y de una forma tan desarticulada, que haberlos invitado a Los Pinos logró el objetivo contrario, atrajo hacia él todo el caso.

Voceros oficiales y oficiosos del presidente se han quejado desde entonces del porqué un crimen realizado por delincuentes y autoridades municipales, se convirtió en un crimen de Estado, cuyo responsable directo fue Peña Nieto. El presidente quiso lucrar políticamente con los familiares de los normalistas para transmitir la imagen de estar atento y preocupado, pero resultó un búmeran. La comunicación política no se reduce a una imagen –en la actualidad, en los eventos del presidente establecen un espacio de tiempo para que se tome selfies con quien lo solicite-, sino pretende que la información que se difunde influya en actores políticos, medios y sociedad.

El otro ejemplo donde el método que llevó al Acuerdo es semejante, es el de la caída de David Korenfeld, ex director de Conagua, quien se vio involucrado en un escándalo al difundirse fotografías de cómo utilizaba un helicóptero de la dependencia para fines privados. Las gráficas aparecieron en las redes sociales el 29 de marzo de 2015, que era domingo. El miércoles primero de abril, Korenfeld habló con el entonces jefe de la Oficina del Presidente, Aurelio Nuño, a quien le dijo que iba a renunciar. Nuño le dijo que aguantara, porque para el fin de semana el tema desaparecería. El escándalo no amainó. De las redes sociales se trasladó de manera masiva a los medios convencionales, donde el desgaste ya no era para Korenfeld, sino para el presidente Peña Nieto, criticado por no cesar a su colaborador atrapado en una irregularidad. Diez días después renunció.

La reacción de Peña Nieto ante las protestas sociales por los gasolinazos evocan aquellos episodios, donde la primera reacción en Los Pinos ante un evento súbito que los coloca a la defensiva es guardar silencio, monitorear el avance del escándalo en las redes sociales y en los medios de comunicación, con la lógica siempre de que sólo que no desaparezca, actuarán. Como se aprecia en los tres casos, se han equivocado en el método. El caso del Acuerdo es más grave, porque la aplicación de su modus operandi fue tan desaseado políticamente, que la Coparmex lo denunció y le dio un disparo al corazón a tan adornado pacto.

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No es terrorismo, los convencemos: Buenrostro

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No es terrorismo, los convencemos: Buenrostro

La titular del SAT, Raquel Buenrostro, asegura que los pagos millonarios que han obtenido de grandes empresas no son producto del terror ni del terrorismo fiscal, sino de una labor de “convencimiento” que ella misma ha hecho con los presidentes del Consejo de Administración: “A la pregunta de si ¿es terrorismo fiscal? No es terrorismo fiscal, porque el empresario cumplido no se puede sentir amenazado y el que se sienta amenazado es algo que trae en su conciencia”, dijo ayer martes la jefa de la política fiscal de este gobierno que en menos de un mes ha logrado recuperar más de 17 mmdp en pagos de adeudos de grandes contribuyentes.

Reveló a los diputados su estrategia para lograr pagos de adeudos millonarios como los de Walmart y Femsa, de más de 8 mmdp cada uno: ya no negocia con abogados o directores de las empresas, sino que recibe directamente en su despacho a los dueños o accionistas principales: “Cuando se le explica al presidente del Consejo de Administración, no al director general, al presidente del Consejo de Administración, porque es el que representa las acciones o el que tiene las acciones mayoritarias, cuando se sientan aquí y escuchan lo que nosotros tenemos y lo que les estamos planteando, es en automático: ‘tienes razón, voy a pagar’”, contó la jefa del SAT y ejemplificó que han tenido negociaciones de 8 meses con despachos de abogados, y con un presidente de Consejo de Administración 40 minutos bastaron para que aceptara pagar.

Los que se sienten presionados o hablan de “terrorismo”, precisó Raquel Buenrostro, son “los incumplidos” y aun así, no son todos. “Son los que terminan diciendo que no se les escucha… Unos son los abogados que dan las asesorías fiscales y que cobran muchísimo dinero para pagar el mínimo de impuestos. En realidad lo que proponen esos abogados a las empresas son defraudaciones fiscales y hay despachos que viven de sugerir a sus clientes los esquemas de defraudación. Eso también ya se tiene identificado cuáles son los despachos”, remarcó la funcionaria.

Así que doña Raquel, la de la “mano dura” en el SAT, no se asume como “terrorista” y más bien se dice “convincente” con los empresarios, sobre todo con los grandes que están haciendo lo que no hicieron por varios sexenios, protegidos y consentidos desde el mismo sistema donde les condonaban o les “arreglaban” sus adeudos. La estrategia de “convencer” y cazar a los grandes deudores seguirá dando frutos y muy pronto se anunciará otro par de corporativos importantes que, como en el chachachá cubano, tomarán chocolate y pagarán lo que deben.

Y una vez que terminen con la lista de los 15 grandes deudores, en el SAT y la UIF, nos dicen, están armando un nuevo expediente que, si se decide hacer público va a ser explosivo: gobernadores que han utilizado empresas fantasma y “factureras” para justificar gasto y erogaciones del presupuesto federal. Tienen ubicados varios casos de gobiernos estatales en donde se contratan los servicios de estas empresas ilegales y que se dedican a la defraudación fiscal, los más avanzados, nos dicen Michoacán y Tamaulipas. ¿Será que en momentos donde la relación entre la Federación y los estados está tan tensa por la pandemia del coronavirus se animarán a sacar ese expediente a los gobernadores?

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Cecilia Durán Mena

Renta mínima y empleo garantizado

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Renta mínima y empleo garantizado

Ahora que ya nos inauguramos en esta nueva etapa de normalidad —cualquier cosa que eso signifique—, hay hechos y opiniones que debiéramos analizar y discernir. El hecho real es que la economía ha sido golpeada con furia, que la oferta de empleo se ha contraído y que las necesidades se han multiplicado.  Los países latinoamericanos tuvimos la oportunidad de anticiparnos a lo que nos iba a llegar, sabíamos lo que estaba sucediendo en Europa y pasaron unas cuantas semanas para que aquello se replicara con la furia acentuada de la precariedad. No somos países ricos. Seguimos gozando de ese privilegio, podemos mirar lo que pasa allá para prepararnos para el impacto.

Según Alberto Pastor, profesor de Economía de la IESE, en España se ha triplicado el número de solicitudes para recibir alimentos; solo un veinte por ciento de quienes creen tener derecho a ayudas las han recibido; hay más de mil doscientas personas durmiendo en la calle. Mientras la emergencia médica parece calmarse, es indudable que crece el sufrimiento social. Si allá la situación es dura, ya nos vamos imaginando el escenario probable que vamos a observar en México.

Me temo que no podemos hablar de normalidad, nueva o como la conocíamos, mientras la causa de esa anomalía no esté en vías de solución. No se trata de ser ave de mal agüero, pero si antes ya estábamos viendo una desaceleración en la economía del mundo y en territorio nacional también, la pandemia ha empeorado las cosas. Las perspectivas inmediatas son malas, porque se prevé que este año la tasa de desempleo va a aumentar.

Mientras hablamos de normalidad y de entender que hay que abrir las puertas porque en el corto plazo ya no hay posibilidad para seguir encerrados —hay que salir a traer el sustento—, en el mediano plazo el panorama es aún más alarmante: un consumo privado débil y un turismo convaleciente auguran un crecimiento lento, de tal modo que sólo una política decidida de gasto público puede frenar un descenso continuado de la actividad. Se trata de economía, eso es lo que dicta la teoría económica.

Ante semejante panorama, que es el que nos toca sortear, hay que temer que las empresas busquen consolidar su posición ganando en eficiencia más que ampliando sus operaciones, y que para ello presten especial atención a la rentabilidad y a prescindir de personal, aprovechando las oportunidades que brindan los avances de la digitalización. Si privilegiamos a las máquinas por encima de la generación de empleos, corremos así el riesgo de que el crecimiento del PIB no se vea acompañado de una creación adecuada de trabajo. Si eso es así, sálvese quien pueda. O, como dijera Keynes, si el mercado no responde, el Estado tendrá que hacerlo. Sólo el Estado puede evitar la catástrofe impulsando directamente la oferta de empleo.

Lo más probable es que los próximos meses veamos crecer el número de personas aptas para trabajar que habrán perdido su empleo. Según el profesor Pastor, poca gente, tal vez los más jóvenes, podrán participar en programas de formación; el resto pueden sentirse abandonadas por una economía que quizá recupere su ritmo de crecimiento, pero sin contar con ellas. Lo único que parece ofrecerles nuestra sociedad es un ingreso mínimo garantizado: una ayuda indispensable, en una emergencia como la que estamos viviendo.

Es el Estado –y nadie más que el estado– quien tiene la capacidad de evitar la catástrofe impulsando directamente la oferta de empleo. Esta propuesta no es una novedad,  la agencia creada por Roosevelt como pieza central de su new deal se hizo cargo de crear fuentes de trabajo. La Work Progress Administration (WPA), fue una agencia estatal cuya misión era ofrecer empleos. Una buena propuesta sería buscar un salario mínimo local y en condiciones de trabajo decentes para todos aquellos desempleados que lo necesitaran. Es lo humano.

En España ya se discute sobre este tema. Ya lo piensan y analizan propuestas para una renta mínima y empleo garantizado. Sé que se trata de una idea atractiva, aunque de difícil puesta en práctica y que muchos están listos para criticar. Pero, allá ya se inició la reflexión y el debate. Están preparándose y, los países latinoamericanos tenemos la oportunidad de anticiparnos a lo que nos va a llegar, sabemos lo que estaba sucediendo en Europa y lo que nos va a tocar.

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Darío Celis Estrada

Carlos Cabal, el banquero de AMLO

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Carlos Cabal, el banquero de AMLO

El que persevera alcanza. Gabriel García Hernández, el jefe de los superdelegados del presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene muy clara esa máxima de su jefe.

Y es que el Coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno de la República, por fin logró abrir la concha de un negocio superior a los 5 mil millones de pesos.

Hablamos de la compra de cajeros automáticos que se instalarán en las sucursales del Banco del Bienestar, un proyecto que por caro canceló el año pasado Raquel Buenrostro, siendo Oficial Mayor de Hacienda.

En octubre de 2019 dimos cuenta aquí que Presidencia lo desechaba, además, por claros visos de irregularidades que acompañaban el proceso de compra y la irrupción de un personaje: Alejandro del Valle.

Este empresario opera como representante de García Hernández, con quien incluso desde diciembre del 2017 empezó a tener los primeros acercamientos con directivos del entonces Bansefi.

Pero aún más interesante es que atrás de Del Valle hay otro personaje que sazona todavía más esta historia: Carlos Cabal Peniche, el célebre hombre de negocios que encumbró Carlos Salinas de Gortari.

El paisano de AMLO se perfila como el banquero que apuntala el megaproyecto que tanto incomoda a la Asociación de Bancos de México, que preside Luis Niño de Rivera, pues va contra la tendencia del sector.

López Obrador informó que este año estarán listas las primeras mil 350 sucursales del banco que dirige Rabindranath Salazar y que el año próximo quedará concluido el otro tanto, para sumar 2 mil 700.

Los cajeros automáticos se adquirieron en promedio a 20 mil dólares la unidad a un proveedor coreano llamado Hyosung. El gobierno de la 4T ni siquiera convocó a una licitación pública. Fue una asignación directa.

Es el primer negocio que Cabal hace con las huestes de López Obrador. Estaba relativamente alejado de la grilla cosechando y vendiendo en su natal Tabasco mangos. A este hombre de negocios no le iba mal.

Cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno del extinto DF le asignó la concesión para operar la Central de Abastos. Pero llegó Miguel Ángel Mancera y le rescindió el contrato para dárselo a Mauricio Amodío.

En su momento Cabal hizo negocios con otros catapultados por el salinato, como Raymundo Gómez Flores, William Karam, Bernardo Domínguez, Alvaro López Castro y Carlos Hank Rohn.

Su carrera fue efímera: en menos de un sexenio compró Cremi, después el BCH y creó Banco Unión. Antes integró un consorcio de productores agrícolas para adquirir Del Monte Fresh Produce.

Pero al concluir el sexenio de Salinas, Ernesto Zedillo emprendería una cacería que terminó en su extradición de Australia. Cabal purgó sus penas y se borró del mapa público.

Ahora, 26 años después, resurge con Lopez Obrador. Es la mente atrás del Banco del Bienestar.

LA SEMANA PASADA hubo una discusión entre Manuel Bartlett y Octavio Romero sobre el destino final del combustóleo, producto del proceso de refinación. El director de Pemex quería vender a la CFE a precio internacional, mientras que su contraparte pretendía un descuento. No hubo forma de arreglo hasta que un mando superior ordenó “comprar el combustóleo y no utilizar criterios de mercado”. El problema para Romero Oropeza no sólo es el precio de este subproducto de la refinación del crudo pesado mexicano, sino qué hacer con los millones de barriles de combustóleo que salen todos los días de las refinerías de Pemex. Además de que el precio de este subproducto está por los suelos, es muy costoso exportarlo a Estados Unidos porque sale más caro el collar que el perro. La CFE tiene 188 termoeléctricas que producen 54 mil 696 megavatios y muchas usan combustóleo que rebasan las emisiones de partículas contaminantes (15 mil partes por millón) que establece la NOM-085-Semarnat-2011. Una de las razones para seguir consumiendo el combustóleo de Pemex, aunque se excedan las disposiciones ambientales, es que CFE no tiene dinero para cambiar a otro tipo de energías limpias. Además de que políticamente está dicho casi todo.

UN SECTOR QUE de por sí ya estaba afectado con el cambio de políticas públicas de la 4T, pero que con la crisis del Covid-19 acelerará su descapitalización, es el viviendero. Tan es así que en Banobras, dirigido por Jorge Mendoza, ya se evalúa mecanismos de apoyo vía la Sociedad Hipotecaria Federal, como una nueva unidad especializada en reestructuracione financieras. Urbi de Cuauhtémoc Pérez Román y CADU de Pedro Vaca son de las más vulnerables. ARA de Germán Ahumada y Sadasi de Enrique Vainer mejor posicionadas, lo mismo que Vinte de Sergio Leal y Javer de Salomón Marcuschamer.

LA COMISIÓN NACIONAL de Libros de Texto recibió ayer propuestas para distribuir libros de educación especial en 7 mil 317 escuelas. El fallo del concurso, que implica el desplazamiento de casi 29 mil paquetes de cuadernillos en braille y macrotipo, será este viernes. Estafeta de Ingo Babrikowski y DHL de Antonio Arraz son dos interesados. Cabe recordar que apenas en agosto del año pasado el organismo a cargo de Antonio Meza tuvo un retraso importante en la entrega del material educativo, por lo que se tuvo que echar mano de la logística de los programas sociales para completar la entrega antes de iniciar clases en los 32 estados del país.

SERÁN 850 LOS servicios funerarios que el Sistema DIF Nacional, de María del Rocío García Pérez, contrató para la población vulnerable afectada por la emergencia sanitaria del Covid-19, con una inversión máxima, según los documentos de licitación LA-012NHK001-E33-2020, de 10 millones de pesos. El contrato fue adjudicado el 13 de mayo a la empresa Normatividad Integral Mexicana bajo la marca Serenité, la cual es propiedad de unos ya antiguos contratistas del sector público federal para el servicio de arrendamiento de vehículos: César Ortiz Catalán de Tecno Alta Distribución.

EL MOMENTO QUE está viviendo el sector financiero en nuestro país es complicado. Clientes con poca operación, pero no obstante todavía hay instituciones que han capitalizado la crisis. Tal es el caso de GFI, encabezada por Eduardo de la Garza, que con la amplia experiencia ganada a lo largo del tiempo en el sector, ha sabido llevar a esta firma de corretaje al nivel de los primeros brokers en nuestro país. Ejecutivos de ese nivel y comprometida es lo que hoy necesita el medio financiero.

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