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Luces en el Caso Ayotzinapa

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Luces en el Caso Ayotzinapa

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador corre por dos rutas en la lucha contra el crimen organizado. Una es la criminal, donde no se quiere meter, y la otra es la política, donde está completamente comprometido. En este contexto, por la implicación directa que tiene con el Caso Ayotzinapa y la desaparición de 43 normalistas en septiembre de 2016, se inscribe la detención de José Ángel Casarrubias Salgado, jefe del Cártel de Guerreros Unidos, realizada el miércoles pasado en el sur del estado de México, en la frontera con Guerrero –oficialmente fue en Metepec-, que trascendió este lunes. El Mochomo, como lo apodan, había logrado evadir a las autoridades, escondido en Tierra Caliente por viejos enemigos, ahora aliados.

La captura de El Mochomo no debe ser vista como un distractor. Desde hace semanas la Secretaría de Seguridad había estado atando cabos sueltos, que había dejado la investigación en el sexenio pasado, a partir de nuevas pistas del Caso Ayotzinapa, y redes de vínculos que conectan a Guerreros Unidos con autoridades policiales en la Ciudad de México. La detención de Casarrubias Salgado, a quien responsabilizan de la desaparición de los normalistas, la anticipaban desde hacía más de 15 días. Y no será la única.

Después de El Mochomo deben seguir las de Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, apodados El Fish y El Fresa, quienes se quedaron con lo que fue La Familia Michoacana en esa región de Tierra Caliente. De acuerdo con información de la vieja Procuraduría General de Justicia –hoy Fiscalía General-, El Fishcontrolaba a políticos y policías en siete municipios de Guerrero, además de tener el control en Arcelia, su base de operaciones, donde con el apoyo de líderes de la Confederación de Trabajadores de México local, hacían el trasiego de droga. Su hermano, El Fresa, fue el responsable de establecer la alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los Hurtado Olascoaga estaban enfrentados hasta hace unos años con Guerreros Unidos, sin permitirles acceso al corredor criminal hacia el estado de México. Los hermanos  controlaban el poder político y la seguridad en los municipios de Bejucos, Luvianos, Tejupilco, Tlataya, Tenancingo, Almoloya, Zacualpan y Sultepec en el sur del territorio mexiquense, y habían establecido un negocio altamente lucrativo de secuestros en todo Valle de Bravo, cuyas víctimas eran llevadas a su santuario en Arcelia, mientras negociaban los rescates. Desbordado el tema del secuestro en esa zona en 2014, la Marina fue la encargada de llegar a la región y abatir el delito.

El Mochomo había tomado el liderazgo de Guerreros Unidos, luego de que las autoridades neutralizaron en diferentes momentos a sus hermanos, Mario, Sidronio y Adán Zenén. El primero era buscado por el tráfico de drogas a Estados Unidos, y al segundo lo responsabilizó el ex procurador general, Jesús Murillo Karam, de la desaparición de los jóvenes en Iguala. Las investigaciones han determinado que José Ángel es el principal culpable de lo que sucedió con los normalistas, y su detención, de acuerdo los vínculos que han establecido las autoridades, conducen a la Ciudad de México.

En la investigación del Caso Ayotzinapa, la PGR detuvo en octubre de 2014 a Sidronio Casarrubias Salgado, y encontró una agenda de contactos donde aparecía el nombre de Omar García Harfuch, en ese entonces coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal en Guerrero, y actualmente secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, que el viernes pasado sufrió un atentado. García Harfuch acusó de inmediato al CJNG como responsable del ataque, y varios supuestos miembros de la organización criminal fueron detenidos y se encuentran presos.

En el atentado murió Rafael Ocampo Alegría, que nació en Iguala, íntimo amigo de García Harfuch, con quien había trabajado desde Guerrero, primero como su jefe de escoltas, y más adelante en la jefatura de la Agencia de Investigaciones Criminales de la PGR, y en el gobierno de la Ciudad de México. El mismo viernes, en un movimiento extraño, la Guardia Nacional prácticamente secuestró al padre de Ocampo Alegría, que se encontraba en Iguala y fue trasladado a la Ciudad de México.

El padre del escolta asesinado es Rafael Ocampo Millán, quien de acuerdo con funcionarios federales tiene un vínculo familiar con Pedro Millán Flores, presunto jefe de una célula escindida de Guerreros Unidos, abatido junto con otras 13 personas en octubre del año pasado por el Ejército. No hubo explicación sobre el porqué fueron de urgencia por él, pero aparentemente se debió a una protección ante el riesgo, en esos momentos de confusión, que también fuera asesinado.

La investigación sobre Guerreros Unidos por el Caso Ayotzinapa ha mantenido una línea permanente sobre García Harfuch, porque el nombre de “Omar García” apareció tras la desaparición de los normalistas, como una persona directamente involucrada. García Harfuch, en el momento de la desaparición de los estudiantes, se encontraba fuera de Guerrero, en una comisión en El Bajío. El nombre que figuró en las investigaciones era un homónimo.

No obstante, en varias ocasiones, el actual secretario de Seguridad capitalina, ha negado tajantemente que haya tenido vínculos con Guerreros Unidos, aunque dijo saber que había funcionarios que todavía intentaban establecer una relación de complicidad de él con ese cártel guerrerense. La detención de El Mochomo, como esperan las autoridades federales, deberá aportar información que permita saber el destino de 42 normalistas de Ayotzinapa –el 43 está plenamente identificado por medio de análisis forenses, que murió y su cuerpo incinerado y tirado al Río San Juan, cerca del basurero de Cocula, donde Murillo Karam consideró que habían asesinado e incinerado a los jóvenes. Pero también, aclarar todo lo relacionado con García Harfuch. El Mochomo se encuentra en la prisión federal de El Altiplano, con lo que inicia un nuevo capítulo del Caso Ayotzinapa.

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Héctor Andrade Chacón

La gran caída

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La gran caída

Nada logra cambiar la perspectiva de que este año habrá sido demoledor para la economía nacional, con una caída del Producto Interno Bruto aproximada al -10% como señalan varias casas de análisis y hasta prefigura el Banco de México. Sin embargo, la pandemia tendrá impactos diferenciados en el país, citó Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, una afirmación de Perogrullo pero que es importante señalar para entender los números que se darán en cada entidad.

Para el caso de Guanajuato, este martes el secretario de Desarrollo Económico del gobierno estatal, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, al comparecer ante los diputados del Congreso local nos ofreció su visión sobre los efectos del Covid-19 en la economía estatal, apuntando de entrada que la caída prevista por su dependencia, algo conservadora, es de -6.8%.

No podemos colocar en el mismo tamiz el desarrollo económico de Guanajuato al de otras entidades, pues de acuerdo con sus actividades productivas y peculiaridades al momento, dependerá la profundidad de la caída en 2020. De acuerdo con el Indicador de Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) para el periodo enero-marzo de 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que Guanajuato fue uno de los siete estados con crecimiento en su PIB, mientras 25 ya estaban en contracción, en concordancia con la recesión que mostraba el país al arranque del año y ajena a la pandemia.

Sin embargo, Guanajuato no tuvo datos espectaculares. Su crecimiento fue mínimo, apenas de 0.1%, lo que suaviza la caída por la Covid-19, pero no lo suficiente.

El secretario de Desarrollo Económico no habló con la claridad suficiente, porque limitó los datos. Una baja de -6-8% es brutal, en sí misma. No compatible con los datos sesgados de cierre de apenas 700 empresas micro, pequeñas y medianas entre febrero y junio de 2020 o la pérdida de empleo de 110 mil guanajuatenses, basado en las estadísticas del IMSS y en datos muy conservadores sobre la economía informal del estado.

Usabiaga no tenía el dato, aunque si escenarios similares adelantados por otras instancias; ayer, el Banco Interamericano de Desarrollo precisó que el freno económico en México y la ola de desempleos llevarán a la pobreza, a finales del año, a cerca de 30 millones de mexicanos, pues de ser 36 millones de pobres al inicio de 2020, habrá 65 millones al arranque de 2021. La pregunta es, de esos pobres, cuántos serán de Guanajuato.

Nos adelantó el secretario algo terrible, la pandemia al expandirse impide la recuperación de las empresas y con ello la productividad y el empleo, por ello, con proyecciones a diciembre, el empleo vulnerable será del 7% de la Población Económicamente Activa (PEA), que es 2.6 millones de personas.

Los 50 mil empleos perdidos, los asienta conforme a los datos del IMSS, sin embargo, resulta difícil considerar que 60 mil empleos informales se perdieron, si en el orden nacional la proporción de INEGI y Banco de México es diferente: a poco más de un millón de empleos formales perdidos, añadieron 12 millones de informales desaparecidos.

Más allá de los números, nos queda la gran preocupación: hay una terrible erosión de las clases medias, segmentos que tenían un nivel de vida arriba del nivel de pobreza, que perdieron sus empleos o bajaron sus ingresos, mientras que los

36 millones de pobres que existían, ahora pasan a condiciones de pobreza extrema.

No solo debe preocupar la recuperación económica. Urge detener el deterioro de la estructura social. En Guanajuato el secretario Usabiaga Díaz Barriga tiene los elementos de prospectiva para apoyar el esfuerzo.

En todo el país corremos riesgos de explosiones de violencia social si se agudiza el desastre económico.

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Peña, primer expresidente a juicio; Calderón, ¿segundo?

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Peña, primer expresidente a juicio; Calderón, ¿segundo?

Con el anuncio del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de que Enrique Peña Nieto fue acusado por Emilio Lozoya de haberle ordenado recibir sobornos de dinero ilegal para su campaña presidencial en 2012, el último presidente priista podría ser el primer exmandatario nacional en ser llamado a juicio para que responda por un delito grave, que podría ser lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) y posiblemente delincuencia organizada, dos delitos graves que no prescriben a pesar de los 8 años transcurridos desde su candidatura.

Peña tendría que responder, junto Luis Videgaray, su coordinador de campaña y luego secretario de Hacienda y canciller en su gobierno, por los 100 millones de pesos que, según la acusación de Lozoya, habría recibido de Odebrecht y que utilizó para pagar a “asesores extranjeros” que contrató para su proselitismo, dinero que por su procedencia ilegal de la constructora brasileña Odebrecht y el destino que se le dio para pagar servicios de asesoría de campaña, habría sido blanqueado para ocultar su origen y, al involucrar en la recepción y uso de esos recursos financieros a varias personas, configurarían un posible delito de delincuencia organizada, de acuerdo con abogados penalistas consultados.

Las acusaciones hechas por Emilio Lozoya, que el lunes le anticipamos en esta columna, incluyeron también a un diputado federal y cinco senadores, cuyos nombres no fueron revelados por el fiscal Gertz, pero apuntan a los integrantes de la Comisión de Energía del Senado en el 2013: los priistas David Penchyna, presidente; Carlos Romero Deschamps, secretario; Ernesto Gándara Camou; Héctor Yunes Landa; José Ascención Orihuela y Oscar Román González. Los panistas Salvador Vega Casillas, secretario; Francisco Domínguez Servién; Francisco García Cabeza de Vaca y José Luis Lavalle Maury. Los perredistas Rabindranath Salazar Solorio y Dolores Padierna Luna. El petista Manuel Bartlett Díaz y el senador del PVEM Carlos Alberto Puente Salas. En cuanto al diputado federal podría tratarse de dos nombres: Marco Bernal Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía, o Ricardo Anaya Cortés, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro en 2013.

Pero la otra “bomba” que soltó Lozoya y que anunció ayer martes Gertz Manero, es que se abrió también una investigación, derivado de la información que entregó el exfuncionario peñista, sobre la construcción de la planta Etileno XXI, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Es decir que si Peña podría ser el primer presidente en la historia de México en ser llamado a comparecer en un proceso judicial en calidad de acusado, por el pago de sobornos tanto a su campaña presidencial como para la aprobación de sus llamadas “reformas estructurales”, el expresidente Felipe Calderón podría ser el segundo exmandatario que tuviera que declarar en un juicio para explicar, al menos, las irregularidades y privilegios que le dieron a Odebrecht y su filial Braskem para construir el imponente complejo petroquímico de Etileno XXI con “pérdidas graves para el gobierno federal”.

Todo depende de los peritajes y la validación de las pruebas entregadas por Lozoya Austin para hacer sus acusaciones: a saber recibos de los pagos; cuatro testigos que declararán y un video, que constituyen las pruebas documentales con las que la FGR abrirá las carpetas de investigación y hará las diligencias para ratificar las acusaciones, las declaraciones de los testigos y, si se considera procedente, llamará a declarar a las personas que imputó el exdirector de Pemex.

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Alberto Aguilar

Baja turismo 60.8% en agosto, Sectur por salvar invierno e inversión firme

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Baja turismo 60.8% en agosto, Sectur por salvar invierno e inversión firme

Con una contracción del 68.9% en visitantes y 90% en ingresos turísticos a junio, no es difícil colegir que miles de negocios de ese rubro desaparecerán.

Por desgracia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió que no habría un plan contracíclico. Su aplicación debió implementarla SHCP de Arturo Herrera. En ese sentido el margen de acción de Sectur a cargo de Miguel Torruco Marqués quedó limitado.

Lo que sí consiguió, expone una fuente ligada, fue un programa de créditos con Nafin y Bancomext de Carlos Noriega por 14,200 mdp a una tasa del 13.5% y otro para pequeños negocios.

Además no se ha bajado la guardia para retomar el esfuerzo “operación toca puertas”, viene el Tianguis Turístico en septiembre (que será digital) y el de Pueblos Mágicos para noviembre con mecanismos para amarrar ventas. Igual y más allá de las pifias, el 20 de este mes se contará con la nueva plataforma “Visit México” concesionada a Marcos Achar y con diversas alianzas con Google, Amazon, Discovery Channel, etc.

Sigue en pie la plancha de proyectos que había para 2020 por 198,000 mdp, que hicieron un alto por el confinamiento, y Sectur hace ver que con los estados también se ha trabajado para empujar inversiones. En Chihuahua de Javier Corral se destrabo el nuevo aeropuerto y Aeromar de Danilo Correa ya tiene vuelos directos.

En QR con el soporte del gobernador Carlos Joaquín se avanza en la ampliación del aeropuerto de Chetumal. La torre de control estará en febrero y contará con 5 salas, espacios comerciales, aire acondicionado y tecnología de punta.

En esa entidad sigue adelante El Canal de Zaragoza para conectar el mar del Caribe con la Bahía de Chetumal. Este proyecto data de la época de Porfirio Díaz y estaría en funciones en 2022 para acrecentar el turismo a una entidad de por sí poderosa en la materia.

Por lo pronto y según cifras de Sectur al 9 de agosto la disminución de pasajeros por avión ya está en 60.8% vs 78.2% de julio, 85.6% de junio, 94.9% de mayo y 95.7% de abril, o sea se avanza poco a poco.

En vuelos hasta agosto se está en 49.4% de caída vs 57.1% de julio, 79% de junio, 83.2% mayo y 84% abril.

En conectividad se han refrendado compromisos con Aeroméxico de Andrés Conesa, Viva Aerobús de Roberto Alcántara, Volaris de Enrique Beltranena y la misma Aeromar e Interjet.

Así que más allá de la crisis, no hay tiempo para el desánimo.

Robos a minas de oro y plata por la mafia

Y en el contexto de la rampante inseguridad, el rubro minero está ahora acosado por robos hormiga de producto semiterminado que luego se reutiliza en procesos cuasi artesanales por empresas informales. El fenómeno lo mismo afecta a pequeñas que a grandes firmas afiliadas a CAMIMEX de Fernando Alanís y se concentra en oro y plata, metales preciosos cuyas cotizaciones están por las nubes. Muchos de los ilícitos se atribuyen al crimen organizado y en la mayoría de los casos por el temor a represalias no se denuncian.

Caen 5% real ventas de ANTAD a julio

Malas noticias. La producción industrial de junio cayó otra vez 16.5%. Si bien se mejoró vs mayo (-30.7%) los datos son desalentadores: manufacturas disminuyeron 16.5%, construcción 26.1% y minería 5.2%. También las ventas de camiones de las firmas de ANPACT que lleva Miguel Elizalde acumularon una caída semestral del 43% y la facturación de ANTAD de Vicente Yáñez suma hasta julio un retroceso real anual del 5%.

Tasas a la baja y estiman 3% a fin de año

Propios y extraños estiman que Banxico de Alejandro Díaz de León volverá a bajar las tasas mañana 25 puntos base a 4.5%. Sin embargo quizá no sea el último ajuste. BBVA vía Javier Amador y Carlos Serrano estima que la tasa llegaría al 3.0% a fin de año. Veremos.

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