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La Pax Narca, realidad objetiva

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La Pax Narca, realidad objetiva

Uno de los conflictos que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con Estados Unidos, es haber cancelado la autorización a la DEA para utilizar el aeropuerto de Toluca sin necesidad de un permiso cada vez que lo requiriera. La DEA, a través del procurador William Barr, ha estado presionando para que se restablezcan esos privilegios que les otorgó el gobierno anterior. Algunos funcionarios mexicanos defienden la prohibición desde un punto nacionalista. Para los estadounidenses, carecer de esa autorización limita la velocidad de sus acciones. Pero sobre todo, incrementa las sospechas allá y acá de que el gobierno de López Obrador tiene un acuerdo no escrito con los cárteles de la droga.

El tema fue abordado durante la comparecencia matutina de López Obrador este martes, cuando Mark Stevenson, reportero de la agencia ‘AP’, le dijo que hablaba muy fuerte de los conservadores y la prensa fifí, pero nunca de los cárteles de la droga. “¿Su pelea no es con ellos?”, preguntó. “Sí, sí, sí”, respondió el presidente. “Son organizaciones que le hacen mucho daño al país. Lo que sucede, a lo mejor por eso duda, es que le estamos dando casi el mismo peso a la delincuencia de cuello blanco que a la delincuencia organizada, porque yo sostengo desde hace mucho tiempo que el principal problema de México es la corrupción política”.

“No hay protección y no hay acuerdo con las organizaciones criminales. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. No hay pacto. Se combate a todos parejo, porque, ¿qué se hacía antes? Se pactaba con un grupo y se perseguía a los otros. Eso ya no, nada de que este es el grupo preferido del gobierno. Entonces, no hay preferencias, se castiga a todos por igual, no hay impunidad”.

La realidad, en sus propias palabras, ha sido diferente. El 14 de mayo de 2019 López Obrador dijo que sus prioridades en el combate al narcotráfico son atender las causas y tener una Guardia Nacional. Dos días después se publicó en el Diario Oficial la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que tiene ocho objetivos para la regeneración ética de los criminales para que ni delincan ni asesinen, desmovilizar sus organizaciones, desarmarlas y reinsertarlas en la sociedad. El presidente había anticipado en la víspera. “No descarto la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz”, dijo. La prensa preguntó: “¿Con el narco?”. López Obrador respondió: “Con todos. Todos a portarnos bien”.

Meses antes, en febrero de 2019, López Obrador visitó Badiraguato, Sinaloa, donde ratificó que no utilizaría la fuerza pública en zonas del narcotráfico. Esa es la tierra de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que en ese tiempo estaba siendo juzgado en Nueva York, y a quien se refirió varias veces sin mencionarlo por nombre. “La de Badiraguato es gente buena, gente trabajadora”, dijo. “¿Qué dice la Biblia? Que no hay que emitir juicios temerarios. ¿Y qué otra cosa dice la sabiduría? Que no se puede hacer leña del árbol caído”. Ese día le entregaron una carta de la madre de Guzmán, donde le pedía un favor. López Obrador cumplió. Le consiguió visas humanitarias a ella y a sus dos hijas, para visitar a ‘El Chapo’ en la cárcel de Brooklyn.

El discurso de López Obrador, como lo hizo notar Stevenson, siempre ha sido muy agresivo con sus adversarios políticos y sus críticos, y muy consecuente con los líderes de los cárteles de las drogas. Su gobierno usa toda la fuerza del Estado para amedrentar –utilizando información de inteligencia, no judicializada, para desacreditar e intimidar, mientras es nula su actuación contra criminales, a quienes nunca se refiere con lenguaje incendiario, jamás critica, les otorga impunidad y trata como víctimas.

La racional de López Obrador es que como el problema del consumo era de Estados Unidos –un diagnóstico que fue rebasado por las realidades del mercado en México en los 90-, quien debía resolverlo ellos, mientras que al no combatir a los cárteles de la droga, la organización ‘depurará’ a sus rivales y devolverá la paz al país. Pero la violencia que pensaba bajaría con su acto de fe, no funcionó. Según cifras oficiales, su primer año de gobierno cerró con 35 mil 868 homicidios dolosos, el peor en los 22 años que tienen de contabilizarse, equivalentes a cuatro asesinatos por hora.

El ‘culiacanazo’, el 17 de octubre, fue una señal de lo que estaba dispuesto a hacer el gobierno de López Obrador ante los cárteles de la droga. Tras detener sin violencia a Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’, nunca se autorizó el operativo de extracción del joven, a quien buscaron aprehender por una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos. El comando táctico lo tuvo bajo custodia por más de dos horas y media, tiempo suficiente para que el Cártel de Sinaloa enviara a más de 100 hombres armados a Culiacán e hiciera imposible la conclusión de esa operación sin un alto costo de sangre. El gobierno regresó a Guzmán al Cártel de Sinaloa.

Lo que sucedió en Culiacán agotó la paciencia de Washington, que exigió cambiar la estrategia. El gobierno cedió ante esa nueva presión y comenzó las extradiciones a Estados Unidos, tras la queja del procurador Barr que había un rezago de 500 solicitudes. La presión de la DEA para utilizar el aeropuerto de Toluca tiene una alta carga de escepticismo sobre lo que vaya a hacer López Obrador. Hay indicios de que se va a someter. Ya no habla de “abrazos, no balazos”, y comienzan a haber declaraciones que van a empezar a enfrentar a criminales. El pacto no escrito con el crimen organizado, de mantenerse la presión estadounidense, se acabará y, quizás, haya represalias. Lo que declaró el martes el presidente, entonces, finalmente se cumplirá.

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Otra vez, el asedio a la Universidad

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Otra vez, el asedio a la Universidad

En 2019 celebramos un importante aniversario de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de 1929, que abrió la puerta a la autonomía de la Universidad. La hemos conservado, contra viento y marea. En 2019 festejamos con entusiasmo, pero también con cautela. Dijimos que las victorias que proclamamos pueden convertirse en derrotas si no cuidamos con esmero y energía el espacio conquistado. La selva puede recuperar en un santiamén sus antiguos territorios.

Esto pretende cierta iniciativa de reforma presentada ante la Cámara de Diputados, con gran desenfado y flagrante ignorancia. Ignorancia (¿o no? ¿tal vez plena conciencia? ¿calculada intención?) de lo que la propuesta de marras puede implicar para la vida de la Universidad Nacional y, por este medio, para la vida de México. No es posible guardar silencio ante la temeraria iniciativa. En consecuencia, hablemos. Hagámoslo en alta voz. Se trata de defender a la Universidad de la Nación frente a la enésima arremetida que se le dirige.

Me explicaré. La autonomía universitaria, iniciada en 1929, culminó en la Ley Orgánica de 1945, en vigor. Esta ley no ha sido reformada, a diferencia de otras, frenéticamente modificadas o sustituidas. Se mantiene intacta, pese a los infortunios que ha enfrentado la Universidad en 75 años. No ha variado porque los universitarios han opuesto una voluntad lúcida y rotunda a diversos amagos de reforma, que no han cesado y probablemente no cesarán. La Ley de 1945 conserva su vitalidad porque ha funcionado bien. Esto no significa que se haya “petrificado” la normativa de nuestra casa de estudios. Se mantiene al día, merced a la actividad constante del Consejo Universitario, que actualiza las disposiciones que rigen la vida institucional.

La ley de 1945 se fraguó en medio de otra turbulencia que mantuvo en vilo a la Universidad. En esos días, el sabio rector Alfonso Caso, acompañado de juristas eminentes, pero sobre todo de universitarios animosos y esforzados, sugirió un novedoso método de elección de las más altas autoridades universitarias. Ese método estableció un procedimiento electoral consecuente con la naturaleza, las necesidades y las expectativas de la Universidad de la Nación.

Fue así que se creó la Junta de Gobierno, dotada con atribuciones para elegir al Rector y a directores de escuelas, facultades e institutos. Los integrantes de esa Junta son designados por el Consejo Universitario, cuyos miembros son electos directamente, a su vez, por estudiantes, profesores, investigadores y parte de la comunidad universitaria.

En momentos de grave quebranto, crisis profunda de la vida universitaria, la Junta de Gobierno ha permanecido en pie, como garantía de la integridad de la UNAM. Esa integridad, cuyo cimiento es la autonomía, constituye una doble garantía: garantiza a la sociedad que puede contar con una Universidad donde prevalecen el trabajo y la libertad. Y garantiza a los jóvenes mexicanos un medio de desarrollo y progreso. Por ello el pueblo se ha identificado con la Universidad y ésta, a su turno, con el pueblo de México.

La intempestiva propuesta presentada a la Cámara de Diputados pretende sustituir el modelo actual por un asambleísmo que expondría a la Universidad a toda suerte de intromisiones. Éstas quebrantarían la autonomía universitaria y afectarían el enorme esfuerzo de la institución por dotar a los jóvenes mexicanos de un instrumento competente para asegurar su desarrollo al margen de las contiendas partidistas y los asedios del poder público. No sería la primera vez —y no será la última— en que bajo la aparente bandera de la democracia se intenta dar marcha atrás al progreso y a la libertad. La demagogia, que acecha en todos los rincones y se mantiene en vigilia, sustituiría a la razón.

Llaman la atención los constantes embates que sufre la educación pública superior, y con ella el desarrollo de la nación. Quienes atacan la autonomía de la Universidad parecen seguir un deliberado itinerario de demolición. Pretenden destruir la obra educativa de muchas generaciones. Esa obra, que ha costado “lágrimas, sudor y sangre”, se vería sustituida por la irresponsable improvisación y la degradación flagrante de la educación superior. Hace unos días me pregunté en este mismo espacio periodístico por la “mano negra” que se abate sobre la Universidad: Tomé la expresión de una frase del presidente de la República. Recurro a esa misma frase para preguntar ahora por la “mano que mece la cuna” de las arremetidas contra la Universidad.

Afortunadamente el rector de la UNAM ha reaccionado con presteza, inteligencia y firmeza frente a la propuesta demoledora. A esa reacción debe sumarse la comunidad universitaria —y más todavía: la sociedad en pleno— para reclamar el respeto a la autonomía y rechazar las nuevas embestidas que la ponen en peligro. En este caso, como en tantos otros, el silencio cobraría un alto precio. ¿Lo pagará el pueblo de México?

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Don Giovanni

1.- Producir el nuevo derecho de la mujer
2.-La UG responde a la necesidad
3.- La emergencia de la gran verdad
De la Valija. Filtrar; modelar información a favor
Libia Dennise García Muñoz Ledo

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1.- Producir el nuevo derecho de la mujer

CONAGO

Al concluir la tercera semana de febrero, los gobiernos federal y estatal, cerraron pinzas para impulsar la homologación del delito de feminicidio en todo el país. En la reunión de la Conago en Baja California Sur con el presidente Andrés Manuel López Obrador se logró una alianza pública para convocar a una reunión urgente y abordar la violencia contra las mujeres.

En la reunión en donde participó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quedó amarrado el compromiso de hacer el esfuerzo de forma mancomunada entre estos dos órdenes de gobierno. Lo que también vehiculiza la posibilidad de conformar un Código Penal tipo, debido a los problemas graves del momento. No necesariamente deberán ser leyes especiales, pero la necesidad obliga.

Mientras, en la ciudad de México, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que se ha metido en la cabeza tocar el tema para poder atender con eficiencia el delito, se reunió con legisladoras de los grupos parlamentarios para trabajar en una iniciativa y homologar el tipo del feminicidio para presentarse en los próximos días. La cuestión de la mujer, álgida en este momento, está logrando este posible esfuerzo conjunto.

2.-La UG responde a la necesidad

Carlos Zamarripa Aguirre

A petición de la Comunidad Estudiantil de la Universidad de Guanajuato (CEUG) el Consejo General Universitario (CEU) de la máxima casa de estudios estatal, aprobó por unanimidad y de manera excepcional, abrirle espacio en las “Comisiones para el Seguimiento de la Política Institucional y de los Casos de Violencia de Género y de Seguridad”, con la finalidad de que avancen los acuerdos signados por las autoridades universitarias con los alumnos de ‘La Colmena’.

Después de casi tres meses de iniciado el movimiento contra los abusos y hostigamiento sexuales, contra estudiantes y trabajadoras de la UG, transitando por paros, mítines y acciones específicas por respuestas para terminar contra dicha violencia, se podría avanzar y tratar de que se castigue a los responsables y se recreen los protocolos y reformas normativas, a fin de evitar que vuelvan a suceder estas conductas y se castigue con firmeza y rapidez a los culpables.

Cuando las negociaciones empiezan a avanzar entre autoridad y CEUG, emergieron denuncias públicas de los movimientos feministas universitarios por lo que llamaron acoso, hostigamiento e intimidación por su participación en las movilizaciones contra la violencia de género. En la última participación de las feministas, esta misma semana, una de las consignas más sentidas fue “Fuera los Violentadores”.

El Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, que forma parte de los acuerdos con la UG, los gobiernos del estado y la capital; debiera tomar cartas en el asunto, pues lo señalado por las feministas son acciones que ponen el riesgo la integridad física y psicológica de las jóvenes universitarias. Existe la manera de detectar estas amenazas que se dan principalmente por las redes sociales y ya tienen tiempo.

3.- La emergencia de la gran verdad

A la autoridad educativa en el estado le preocupa hurgar en las mochilas de los niños y adolescentes, aduciendo la posibilidad de que alguno sea portador de armas, drogas y otros insumos que puedan perjudicar a los escolares. Sin embargo, poco se ha preocupado de las agresiones al alumnado por parte de directivos, trabajadores y maestros.

Ayer, en Celaya, estudiantes de la secundaria “Salvador Zúñiga” protestaron y denunciaron abusos sexuales de dos profesores, además de exigir la destitución de Josué Adolfo “N”, quien violentó a cinco adolescentes de la escuela. La manifestación precedió al reclamo de los padres de familia a las autoridades de educación, en donde se anunció que uno de los profesores fue dado de baja, sin informarse si hubo procedimiento penal en su contra por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG).

Durante la protesta que culminó en paro de labores, los alumnos mostraron su indignación por la actuación de sus profesores abusivos, que pudieron constatar los directivos de la secundaria. Se espera que la titular de la SEG, Yoloxóchitl Bustamante Diez, informe sobre lo sucedido, sin olvidar que está al frente de una instancia que se dedica a la instrucción escolar con menores de edad, y que debiera considerar que existen problemas similares en otras instancias.

La seguridad para los estudiantes de educación básica no radica en la tesis de que son ellos los responsables de la violencia que se ejerce en las escuelas, sino en las autoridades que son encargadas de instruirlos y cuidarlos.

De la Valija. Filtrar; modelar información a favor

Quizá el defecto más grande de quienes ostentan el poder o los trepan en un ladrillo, es creer que tienen la oportunidad, no sólo de cumplir con sus obligaciones, sino también de incumplirlas, teniendo aliados en la difusión de sus actividades. En la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Alvar Cabeza de Vaca Appendini, dicha praxis parece el sello de casa.

Cuando hay una situación complicada para su dependencia, como el ahogamiento de uno de sus agentes en una alberca u homicidios donde interviene su personal, la regla es la opacidad. Por el contrario, cuando se tiene algún éxito ocasional, el secretario se encarga de filtrar la información, de acuerdo a su agenda personal y no institucional, olvidando que la esencia del acceso a la información es la equidad y acaba por dañar a la sociedad.

Libia Dennise García Muñoz Ledo

Como ya viene siendo costumbre en la Casa del Diálogo, los diputados pertenecientes al grupo dominante, se reusaron en permitir que los representantes y familiares de personas desaparecidas tengan presencia significativa en los trabajos de comisiones. A pesar del interés de parte de la legislatura por darle sentido al parlamento abierto, cuando se tiene la oportunidad de incluir las posturas de los afectados para que coadyuven en el proceso legislativo, se les ataja.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, cabeza de este procedimiento, debiera ser más accesible a las peticiones de los familiares de las víctimas de desaparición, para no sólo aceptar, sino analizar todas sus propuestas, debido a la experiencia que tienen sobre el tema.

Por enésima vez, los participantes insistieron en presentar sus propuestas de modificación al anteproyecto de dictamen de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la entidad, pidiendo eliminar la categoría de persona no localizada, para que el delito de desaparición forzada se persiga de oficio. De otra forma, estarían sujetos a la decisión discrecional para abrir una carpeta e investigar una desaparición.

El grupo mayoritario del partido conservador PAN se los volvió a negar.

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Héctor Andrade Chacón

Guanajuato se mantiene entre los cinco grandes

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Guanajuato se mantiene entre los cinco grandes

Por Héctor Andrade Chacón

Luces y sombras se han presentado esta semana para la industria y la economía guanajuatense que, a pesar de las dolencias de los últimos meses, se mantiene entre los cinco motores productivos más grandes del país.

Al cierre de esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los datos de la producción manufacturera en México en 2019, que al igual que otros indicadores a lo largo de los últimos meses, vienen a ratificar la contracción que sufrió la economía mexicana. Guanajuato no pudo sustraerse de esta caída y sólo siete entidades apenas pudieron crecer el valor de su producción manufacturera el año pasado.

Las cifras nacionales señalan que la producción manufacturera se colocó en los 8.01 billones de pesos, una caída de 2.7 por ciento en términos reales al 2018, la primera variación negativa desde 2013. Guanajuato no llegó, afortunadamente, a tal contracción, pues su caída fue de 1.8 por ciento, colocando el valor de su producción en 771 mil 731 millones de pesos.

A pesar de la mala noticia, se destaca en el análisis que sus principales industrias, la automotriz y la de alimentos si crecieron, aportando 26 por ciento del valor general, aunque el resto de los subsectores productores de manufacturas se vieron afectados por las condiciones generales de la economía.

Eso sí, Guanajuato sigue siendo el cuarto productos de manufacturas más poderoso del país, condición que ha mantenido en al menos los últimos cuatro años. Los primeros tres lugares correspondieron a Nuevo León, Coahuila y Estado de México, mientras que Jalisco queda debajo de nuestro estado.

Y en el asunto de las mediciones, dado que el presidente de la República tiene la tendencia a presumir que tiene otros datos, al interior del equipo económico federal hay un esfuerzo por hacer la seriedad: se anuncia que pronto estará creado el Comité de Fechado de los Ciclos Económicos de México, con un grupo de expertos en la materia, donde sobresalen Jonathan Heath y Luis Foncerrada.

Sector automotriz mexicano en la lucha

Una buena noticia para la industria automotriz nacional, donde Guanajuato juega un papel destacado, es que este año por fin ha desplazado México a Canadá como el segundo exportador de autos a los Estados Unidos, al vender a nuestro socio allende el Río Bravo por 38 mil 58 millones de dólares en 2019, un aumento de 8.1 por ciento frente al 2018, mientras que los envíos canadienses fueron de 37 mil 819 millones

Pero no solamente eso, la tendencia productiva mexicana indica que es muy probable que antes de tres años y sobre todo por las condiciones y ventajas que podrían darse con el T-MEC, se desplace a Japón como principal proveedor de automóviles a la Unión Americana. Los nipones enviaron automotores por un valor de 39 mil 931 millones de dólares. Los estadounidenses compraron menos carros de origen japonés, lo que también sucedió con los canadienses que cayeron en 1 por ciento sus ventas, pues optaron por más carros mexicanos. Las ventas japonesas cayeron 3.2 por ciento.

La expansión mexicana en el mercado automotor estadounidense ha sido constante desde 2014, por ello hoy resulta notable que también el municipio de Guanajuato, capital del estado, por fin se incorpore de lleno al clúster automotriz.

La empresa American BOA, de capital alemán, invirtió 20 millones de dólares en el VYNMSA Guanajuato Industrial Park para producir autopartes, dando empleo de forma directa a 120 guanajuatenses.

Los fabricantes de automóviles establecidos en México incluyen Audi, Baic Group, FCA Group, Ford, Kia, Nissan, General Motors, Honda, Mazda, Toyota y Volkswagen, os últimos 5 instalados en Guanajuato, los cuatro primeros con armadoras y el último con su fábrica de motores. Hay que aprovechar la expansión.

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