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estrictamente_personal Raymundo Riva Palacio

Oceanografía: las culpas de Calderón

La corrupción es un mal endémico de México y sus gobiernos, alentada, fortalecida y protegida por la impunidad. El caso de Oceanografía y su fraude a Pemex, que se ha activado en la línea de investigación de las responsabilidades de funcionarios del gobierno, es la prueba clara de ello. Un presidente, en pago a favores o por cariño, autorizó que nombraran a una persona incapaz, pero protegido de sus amigos, para encabezar una área en la cual favoreció a quien quería o le decían que beneficiara. El resultado fue un quebranto multimillonario. Su sucesor, amenazado por los cercanos al expresidente que boicotearían la reforma energética si actuaban en contra de su exjefe, ordenó el silencio legal, que se traduce en la autorización de impunidad. La justicia al servicio de los intereses políticos. El bien mayor como justificación de las atrocidades a la ley, en un país de leyes no existe salvo en el discurso.

Es el ejemplo incontrovertible del fraude a Pemex, la joya mexicana que tanto defienden en la política y tanto saqueo permiten en la práctica. Oceanografía es el mejor caso estudio que se tiene a la mano, porque es público y sus ramificaciones se entreveran con la política y la iniciativa privada. La empresa propiedad mayoritaria de Amado Yáñez –el único que se encuentra en la cárcel en este caso-, cometió un quebranto por más de cinco mil millones de pesos a Pemex, a través de operaciones fraudulentas en las que se involucró a Banamex. La investigación realizada por la PGR, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y el Sistema de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda, la Función Pública, y el Cisen, se realizó en 2013, pero hasta ahora, con la inhabilitación de 10 años a Mario Ávila.

Ávila, exsubdirector de Mantenimiento y Logística de Pemex Exploración y Producción (PEP), fue inhabilitado por la Función Pública  por un tema de conflicto de interés: utilizó aviones de Oceanografía para viajar él y su familia al extranjero, durante el mismo periodo en el que firmó 12 contratos a favor de la empresa por 231 millones de dólares y mil 509 millones de pesos, pero Pemex lo ha investigado por su presunta responsabilidad penal en 21 contratos asignados a Oceanografía entre julio de 2010 y junio de 2012. Es decir, a los cuatro meses que llegó a la poderosa Subdirección de PEP, Ávila ya estaba metido en pasos que, en el mejor de los casos, son irregulares.

Es el ejemplo incontrovertible del fraude a Pemex, la joya mexicana que tanto defienden en la política y tanto saqueo permiten en la práctica

A esa subdirección llegó por imposición del presidente Felipe Calderón. En este espacio se detalló en julio de 2014 cómo llegó Ávila. Fue en 2009, cuando poco después de asumir la dirección de Pemex Juan José Suárez Coppel, la jefa de Oficina de la Presidencia, Patricia Flores, le dijo que Calderón quería que nombrara a Ávila, que recién había perdido la elección para gobernador en Campeche, en esa subdirección. Ávila era un vendedor de automóviles, muy cercano a la familia Mouriño, que tenía entre sus negocios gasolineras y transportes de hidrocarburos, que entró a la política de la mano de Juan Camilo Mouriño, que lo hizo delegado de Desarrollo Social.

La posición pedida era delicada. Nunca en la historia se había nombrado en el cargo a alguien que no fuera ingeniero, por la necesidad del conocimiento técnico del área, por donde pasan los contratos más importantes en volumen y dinero de Pemex. Suárez Coppel le propuso a Flores que le haría una contrapropuesta, en una subdirección, pero menos sustantiva, donde inclusive contratos hasta por mil 500 millones de pesos pueden ser firmados discrecionalmente por el subdirector. Tiene que ser Ávila, respondió Flores. Suárez Coppel aplazó el nombramiento, que era vetado también por el Consejo de Administración de Pemex, hasta que en un acuerdo con el presidente, le dijo que era lo único que le había pedido la familia Mouriño después de la muerte de Juan Camilo, y se los iba a cumplir. “Nómbralo ya, le exigió Calderón a Suárez Coppel”, dijeron exfuncionarios de Pemex. Ávila fue nombrado en febrero de 2010.

Ávila, quien vive en Houston desde que dejó el cargo el 1 de diciembre de 2012, el primer día de gobierno del presidente Peña Nieto, es la cabeza de esa hiedra a la que investigan por la presunta corrupción y tráfico de influencias en la asignación de 21 contratos asignados entre julio de 2010 y junio de 2012, que significa el principio de la gran investigación al interior del gobierno sobre las asignaciones y la operación de múltiples contratos que se entregaron a Oceanografía.

Esta línea de investigación desmonta el alegato de varios panistas, principalmente algunos senadores muy vinculados al expresidente Calderón, que la investigación a Oceanografía corresponde exclusivamente al gobierno actual. La afirmación se sustenta en que el escándalo de la empresa se detonó por la denuncia de Citigroup que a su filial mexicana, Banamex, la defraudó por casi 400 millones de dólares. El fraude al banco es una parte de las irregularidades que realizó la petrolera con varias instituciones privadas, que corre en paralelo a la pesquisa dentro del gobierno para determinar cómo Oceanografía pudo obtener tantos y cuantiosos contratos en Pemex, algunos con facturas apócrifas.

El fraude a Banamex no fue detectado este año. La investigación viene desde 2013, realizada por la PGR, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y el Sistema de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda, la Función Pública, y el Cisen. Yáñez Osuna, que no sabía de esa investigación, sí notó que al cambio de gobierno se modificó totalmente su relación en Pemex. Esta alteración en su esquema de acceso y relación, de acuerdo con exejecutivos de Oceanografía, motivó a que buscara al expresidente Carlos Salinas para poder restablecer sus niveles de negocio con el gobierno del presidente Peña Nieto.

Durante ese periodo fue subdirector de Mantenimiento y Logística en PEP Mario Ávila, estrechamente vinculado a la familia del exsecretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, muy cercano colaborador del expresidente Calderón durante más de ocho años, hasta su muerte en 2008. La designación de Ávila, pedida a Calderón por el patriarca de la familia Carlos Mouriño tras perder su protegido la gubernatura de Campeche en 2009, tardó 10 meses en concretarse por la oposición del sindicato petrolero y de Carlos Morales Gil, director de PEP desde 2004 hasta el 7 de febrero pasado cuando renunció, días antes de estallar el escándalo de Oceanografía.

Su intento por persuadir a Salinas que lo ayudara en la intermediación con el nuevo gobierno fracasó. Igualmente fue infructuoso el intento para que el abogado Juan Collado, íntimo de Salinas y muy cercano al presidente Peña Nieto, lo representara legalmente cuando comenzó el litigio contra Oceanografía a mediados de febrero. La suerte no sólo le cambió a los socios de la empresa y a sus asociados en otras compañías, sino afectó el entramado que habían construido por más de una década en Pemex.

Entre las cabezas más importantes bajo investigación se encuentran Morales Gil, Ávila, y el exabogado de Pemex, José Néstor García Reza, protegido del exlíder del PAN César Nava, a quien sustituyó en ese cargo en 2005, y que tiene una investigación previa en la PGR por enriquecimiento ilícito. Entre los funcionarios actuales de quienes se está revisando su gestión sobresale José Guadalupe de la Garza Zaldívar, subdirector de Mantenimiento y Logística de PEP, quien sustituyó a Ávila. Adicionalmente, las autoridades tienen en la mira a otros 13 funcionarios actuales de PEP, a niveles de subdirectores, gerentes, coordinadores y jefes de unidad, así como a tres exfuncionarios del mismo nivel en PEP, por su presunta participación en el otorgamiento de 21 contratos a Oceanografía por más de ocho mil millones en los dos últimos años del gobierno de Calderón.

No descartan las autoridades que en esta red de corrupción en Pemex haya más funcionarios actuales y del pasado que puedan estar involucrados. El expediente actual de Oceanografía será alimentado de manera importante por Yáñez Osuna, a quien la PGR tiene en arraigo luego que sus primeras declaraciones apuntaron a ‘conductas delictivas’. ¿Qué quiere decir esto? Que el principal accionista de Oceanografía, está empezando a dibujar el mosaico que le permitió ser la compañía consentida en el gobierno de Calderón.

En ese periodo, los proveedores de Pemex mejor preparados para dar servicios de plataforma, transporte y mantenimiento, resultaron altamente beneficiados con contratos. Oceanografía fue la más favorecida por Ávila, cuyos protectores, la familia Mouriño, era propietaria de Transportes Especializados Ivancar (acrónimo de Iván, como llamaban a Juan Camilo y Carlos, el nombre de su padre y hermano), que tenía pipas y gasolineras. Amado Yáñez Osuna, principal accionista de Oceanografía, aseguró en una conversación con esta columna, que nunca hubo ningún acto ilegal en la relación con Ávila, y que la única razón por la que ganaba el mayor número de licitaciones era que su empresa estaba mejor preparada, con barcos y mejor tecnología, para hacer frente a las demandas de Pemex. Personas que han hablado con Morales Gil, que fue su jefe en PEP, señalan su convicción que Ávila no hizo cosas indebidas.

Ávila, sin embargo, sigue en el centro de las sospechas de corrupción. El primer acto de autoridad de Emilio Lozoya al asumir la dirección de Pemex el 1 de diciembre de 2012, fue despedir a Ávila y a toda su estructura operativa, al tiempo de reactivar una serie de auditorías sobre su gestión, que habían sido congeladas durante el gobierno de Calderón. La investigación sobre el protegido de los Mouriño fue congelada por el actual gobierno ante la amenaza del PAN que no aprobarían ninguna de las reformas de Peña Nieto si continuaban en esa línea.

La PGR dejó de investigar y detuvo a sus agentes ministeriales para que realizaran averiguaciones en Ciudad del Carmen. Evitó colocar en medio de la investigación a la familia Mouriño y salvar al expresidente Calderón, de dar explicaciones sobre porqué impuso a una persona sin preparación para el cargo por razones personales, en un puesto de tanta responsabilidad y tanto dinero involucrado. Las peticiones a Calderón para que respondiera estas preguntas, por cierto, no fueron respondidas.

La corrupción, ciertamente, es un mal endémico de México y sus gobiernos, alentada, fortalecida y protegida por la impunidad. No habrá vuelta a la hoja de esta realidad nacional mientras que quienes pueden cambiar las cosas, el gobierno y el legislativo, decidan hacerlo. Claro, para que exista la voluntad política de hacer este cambio, también debe tener la voluntad política para acabar con las complicidades. ¿Ya salió aquél o aquella con esa determinación para enfrentar la pirámide de corrupción de los poderosos y afrontar las consecuencias? En el paisaje nacional, lamentablemente, no aparece nadie.

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