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Venganzas contra Gordillo

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Venganzas contra Gordillo

Este país es muy extraño en sus comportamientos. Es contradictorio e inconsistente, pero sobre todo, cualquiera puede hacer lo que quiera sin rendir cuentas ni sufrir las consecuencias. Pocos casos ayudan a comprender mejor la irracionalidad de muchas facetas de la vida pública mexicana que el de Jorge Bernal Reyes, candidato de la coalición Morena, PT y Encuentro Social a la presidencia municipal de Chignahuapan, en Puebla. Bernal Reyes, según sus patrocinadores, es la mejor carta que tienen para ganar la alcaldía, al cual llegó después de pedir una licencia al Poder Judicial en febrero. El candidato era hasta entonces secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, donde se lleva el caso de Elba Esther Gordillo, y fue pieza fundamental para, como quería el gobierno, mantenerla en la cárcel. ¿Cómo explica el verdugo de la PGR contra la maestra que ahora sea candidato de una coalición que está políticamente cerca de ella? No lo explica. Después de todo, ¿a quién le importan las incongruencias en este país?

Bernal Reyes era el abogado detrás de las decisiones del juez Alejandro Caballero Vértiz, que convirtieron a Gordillo en una prisionera política del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En este espacio se argumentó en enero de 2015 el por qué la maestra podría ser considerada una prisionera política. Su expediente mostraba un alto número de fallas, omisiones y errores que parecían grotescos, como, por ejemplo, aparecieron en el pliego de consignación para ejercer la acción penal en su contra. Los dictámenes de los peritos del Sistema de Administración Tributaria y de la PGR fueron emitidos el 21 y 22 de febrero, un día después del pliego de consignación.

Otra aberración fue que la querella fue firmada por Alonso Israel Lira Salas, director adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que acreditó la representatividad legal de la Secretaría de Hacienda el 14 de febrero de 2013. El problema fue la averiguación previa que tenía fecha del 13 de febrero de 2013, un día antes de acreditarse esa representatividad legal. Esta anomalía, en sí mismo, hubiera sido motivo de anulación del proceso en un país donde se respetan las leyes. No fue así en el proceso contra la maestra, cuyo expediente, adicionalmente, fue tomado de manera irregular cuando llegó al Juzgado, según las fuentes judiciales, por Bernal Reyes.

Bernal Reyes, sin embargo, no actuó solo. De acuerdo con fuentes judiciales que han comenzado a hablar sobre las presiones políticas del gobierno al Poder Judicial, otra figura importante en la estrategia para forzar las leyes en contra de Gordillo es Silvia Carrasco Corona, magistrada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que sistemáticamente ha fallado a favor de la PGR en amparos para evitar que salga la maestra libre. De todos los delitos por los que  originalmente la acusaron, todas las acusaciones por los delitos por defraudación fiscal fueron desechadas en tribunales que, dijeron las fuentes judiciales, no están bajo el control de la PGR. Pero en los delitos por delincuencia organizada y lavado de dinero, la defensa de la maestra se enfrentó con Carrasco Corona.

En el primer amparo que solicitó la PGR, la magistrada resolvió a favor del gobierno con el argumento que no requería una querella. La defensa peleó ese fallo y la magistrada lo modificó posteriormente a que el delito de lavado de dinero no requería la existencia de un delito previo, lo que confrontó la defensa de Gordillo con la Convención de Palermo, que contradice el criterio de Carrasco Corona. La defensa de Gordillo inició en otra instancia, el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, una acción de sobreisimiento donde establece que si el sindicato de maestros autorizó los delitos supuestos no puede haber delito, para darle la vuelta a las irregularidades en el manejo de Carrasco Corona sobre el supuesto del delito de lavado de dinero.

La injerencia de la PGR en el Poder Judicial ha provocado el alargamiento del proceso contra Gordillo mediante triquiñuelas jurídicas, que según fuentes judiciales, involucra varios niveles del Poder Judicial, apoyando a los distintos tribunales en la lucha jurídica contra Gordillo. Una de las personas señaladas como parte de esta red de apoyo es la consejera de la Judicatura Federal, Martha María Hernández, vehículo de influencia para ir colocando al frente de la decisión de los procesos a jueces y magistrados que actúan en coordinación de la PGR. A quien ha expresado un punto de vista independiente, lo han removido, como fue el caso de Horacio Hernández Orozco y Reynaldo Manuel Reyes Rosas, magistrados del Quinto Tribunal Colegiado, quienes votaron en contra del dictamen de Carrasco Corona en el caso del delito de lavado, y fueron enviados a otros tribunales.

La colaboración de jueces y magistrados con la PGR, no ha llegado a los niveles de Bernal Reyes, que es quien realmente llevaba la carga de trabajo por encima del juez Caballero Vértiz, y que pese a haber solicitado licencia para contender por una alcaldía arropado por Morena, el PT y Encuentro Social, mantiene injerencia e influencia en los acuerdos que se dictan contra la maestra. Las contradicciones que en él se unen no parecen significativas para el gobierno. Lo importante es dilatar el proceso contra Gordillo y bloqueando a la defensa. A la coalición tampoco parece interesarle que sea clave en el entramado contra la maestra. O quizás, no se han dado cuenta de a quién seleccionaron como candidato en Puebla.

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Darío Celis Estrada

¿Qué hacemos con la Comisión Bancaria y de Valores?

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¿Qué hacemos con la Comisión Bancaria y de Valores?

Esta semana habrá Junta de Gobierno en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), otra instancia que es muestra palpable del desastre que la 4T ha provocado a los entes reguladores.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, nombró presidente a Juan Pablo Graff hace casi 3 meses y no sólo no le halla el cómo al organismo, sino que se le está cayendo a pedazos en un momento clave.

Apenas ayer le referíamos que el Covid-19 va representar un desafío para la banca, pues el complejo entorno macroeconómico va llevar a más de un jugador a niveles de capitalización por debajo de los límites.

La CNBV experimenta una ausencia total de talento de cuadros y de la memoria histórica, valores que el anterior presidente, Adalberto Palma, quiso preservar y que perdió a golpe de austeridad republicana.

Todavía la semana pasada hubo dos nuevas bajas de altos mandos. Se trata del vicepresidente técnico, David Essau López, y el vicepresidente de Administración, Luis Enrique Landa.

Y en la mira están, ni más ni menos, todos los vicepresidentes que tienen que ver con el seguimiento operativo de los bancos privados y del Estado, justo cuando mejor monitoreados tendrían que estar.

Estamos hablando de los vicepresidentes de Supervisión Bancaria Jorge Pellicer, VP “A”; Ramón Canales, VP “B”; y Anselmo Moctezuma, VP de banca de desarrollo, que en cuanto a desempeño quedaron a deber.

Frente a la insolvencia generalizada de las empresas, cuyos acreedores en muchos casos serán bancos, y con el riesgo creciente de iliquidez que afrontarán éstos, la experiencia en la supervisión es crucial.

Pero la falsa austeridad del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador ahuyentó a una generación de supervisores que buscaron lugar en las empresas, abriendo los espacios a nuevos sin conocimientos.

Lo mismo sucede en la supervisión bursátil, que quedó reducida a una vicepresidencia encargada a Itzel Moreno, que tiene bajo su responsabilidad un amplísimo catálogo de empresas y valores.

A saber: casas de bolsa, bolsas de valores, cámaras de compensación, depósitos de valores, emisoras de deuda, CKDs, Cerpis, sociedades de inversión, prestadoras de valores, etcétera.

Hoy la CNBV supervisa a más de mil diferentes entidades y cada vez tiene menos personal y el que le queda ha perdido años de experiencia y talento. La situación es crítica, máxime el entorno que se nos viene.

Del 2017 a la fecha han desfilado 4 presidentes: Jaime González Aguadé, Bernardo González, Adalberto Palma y ahora Juan Pablo Graff. En cada administración la estructura se ha deteriorado más y más.

EL FRENTE QUE cada día se abre más, es el de los bancos comerciales y los bufetes de abogados corporativos especializados en reestructuras financieras y quiebras. Por la crisis del coronavirus le he platicado aquí de la iniciativa para introducir un régimen concursal de emergencia en la actual Ley de Concursos Mercantiles, diseñada en el seno de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de Héctor Herrera. La Asociación de Bancos de México, que preside Luis Niño de Rivera, ya mandó al Senado sus respectivos comentarios. El artífice es Fernando Borja, el director jurídico de Santander. En el medio se comenta que las instituciones que más se oponen a que la iniciativa vuele es precisamente la que preside Héctor Grisi, junto con Citibanamex que comanda Manuel Romo y Banorte de Carlos Hank González. El gremio incluso está cerrando filas con sus propios bufetes de abogados externos para descarrilarla.

LE PLATICABA DEL desaseo con que la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer, también está manejando las compras de medicamentos, particularmente oncológicos. Hace unos días le adjudicaron a Amgen un contrato cercano a los 110 millones de pesos para surtir fármacos contra el cáncer colorrectal. El laboratorio estadounidense que lleva aquí Martín Cao desplazó a su similar suizo Roché, que capitanea Andrés Bruzual, compañía que también fue invitada a cotizar. El problema fue que en la misma petición de ofertas la Dirección de Recursos Materiales que maneja Omar Valdés se exige expresamente el registro sanitario, aspecto que Amgen no acreditó. Ahora Roché busca ampararse, pero no hay juzgado que le admita el recurso porque no es un tema de urgencia.

UNA DE TANTAS empresas damnificadas por el acuerdo de la Secretaría de Energía que pega a los proyectos eólicos y fotovoltaicos, es Northland Power. La canadiense ya tenía todos los permisos y estaba a punto de echar a andar La Lucha, un desarrollo solar en Durango, por el que obtuvo financiamiento de al menos 94 millones de dólares. La firma basada en Ottawa y que preside Mike Crawley planea invertir ahí hasta 190 millones de dólares para producir 130 megawatts de electricidad, pero como muchas más se topó con el cambio de reglas de Rocío Nahle y la 4T.

Y YA QUE hablamos de Rocío Nahle, el jueves pasado recibió las ofertas por el Paquete 5 de la nueva refinería de Dos Bocas. Es el último a adjudicarse y tiene que ver con la construcción de los tanques de almacenamiento de petrolíferos que ahí se procesarán. Aunque la licitación la coordina Pemex Transformación Industrial, que dirige Jorge Luis Basaldúa, en los hechos la controla el equipo de Nahle. Se entregaron 35 propuestas para 7 subpaquetes para tanques con capacidad de 30, 55, 100, 150 y 200 mil barriles. Los fallos se emitirán mañana miércoles.

LA NOVEDAD ES que, desde ahora, los clientes de Amazon Prime Video podrán tener acceso a toda la información y contenidos de Adn40, el canal de Televisión Azteca, de Benjamín Salinas. Estará disponible a través de Prime Video Channels. La plataforma estará al alcance de los clientes de ese servicio sin costo durante los siguientes tres meses. Para acceder a Adn40 en Prime Video los suscriptores no requieren de una membresía prime, solamente una cuenta Amazon, que es gratuita y puede obtenerse en amazon.com.mx

ALEJANDRO ALEMÁN se acaba de integrar a Metrics México como director del área consultiva. Se trata de un ingeniero en Electrónica y Comunicaciones y Maestro en Administración de las Telecomunicaciones del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo de estrategias para lograr la transformación digital de las organizaciones. Metrics, que fundó Javier Murillo, es pionera en big data, inteligencia artificial y relaciones públicas digitales.

PUES AL FINAL el Servicio de Administración Tributaria logró darle a Walmart, el gigante fundado por Sam Walton, un buen sablazo. Estamos hablando de exactamente 8 mil 79 millones de pesos, con lo cual el organismo a cargo de Raquel Buenrostro y la multinacional que preside aquí Guilherme Loureiro pusieron punto final a la discusión sobre la venta de la cadena de restaurantes Vips a Grupo Alsea, de Cosme y Alberto Torrado, operación que se realizó en el 2014. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador demandaba a Walmart el pago de 10 mil 559 millones de pesos, que incluía multas y recargos. Hace unos días le platicamos el jaloneo que había entre ambas partes. La 4T estaba dispuesta a apretar más. La firma que preside Doug McMillon buscó un acercamiento con un viejo amigo, el canciller Marcelo Ebrard, cuya intervención al parecer fue efectiva.

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Carlos Loret de Mola

El linchamiento de “los arrepentidos”

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El linchamiento de “los arrepentidos”

Uno de los deportes favoritos en las redes sociales es burlarse de quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador y ahora critican su desempeño.

El más reciente episodio sucedió la semana pasada, cuando gobierno federal y Morena en el Congreso buscaron desaparecer de un machetazo los fideicomisos, afectando por ejemplo a personalidades del mundo del cine, muchos de los cuales apoyaron la candidatura presidencial de AMLO y ahora se quejaban enérgicamente de la medida anunciada.

Ha pasado también con voces feministas cuando el presidente se lanzó contra las marchas contra la violencia hacia las mujeres, así como con liderazgos pro-derechos humanos que se vieron sorprendidos por el talante militarista de la administración federal, y muchos otros sectores de la sociedad.

Así pues, cuando alguien que votó por López Obrador lo critica por acciones de su gobierno, le llueven sarcásticos “no podía saberse” y otras burlas. Me parece una mala práctica en el debate público por varias razones:

1.- El falso pecado de haber creído en AMLO. Frente a las lamentables gestiones del PRI y el PAN, era perfectamente entendible buscar sacudirse la corrupción y la violencia buscando una tercera ruta. En campaña, AMLO fue lo suficientemente vago en sus definiciones políticas para no perder a los duros y ganar a un buen tramo de los moderados.

2.- El falso pecado de seguir creyendo en él. López Obrador recibió un país al borde del colapso: la economía estable, pero con crecimientos mediocres, la inseguridad desatada y la corrupción en niveles récord. Nadie en su sano juicio pensaría que algo así puede resolverse en un año de gestión (aun cuando el candidato lo haya prometido).

En lo personal, pienso que López Obrador tiene al país peor de como lo recibió, y va en mala ruta. Pero más del 50% de la población, según las encuestas, cree en él y tiene esperanza de que sus medidas resuelvan los problemas. No es gente que está cegada: las mismas encuestas señalan que la mayoría reprueba los resultados económicos y de seguridad. Es sólo que permanece la esperanza.

3.- Votar no es extender un cheque en blanco. Prefiero un país que no piense que la democracia es un ejercicio de diez minutos cada tres años. Prefiero una ciudadanía que participe en los temas, que se entere, que debata. El carácter polarizador del presidente anima esa discusión. Haber votado por alguien no te quita el derecho de reprocharle, exigirle, criticarle; de hecho, a mi manera de ver, le da un peso específico distinto.

4.- De la crítica al arrepentimiento hay mucha distancia. Una crítica, un reclamo o un deslinde ante el presidente, emanado de una voz que le ha apoyado, no necesariamente significa que se retira ese apoyo, o que ya se arrepintió de haber votado por él: hay muchos que se arrepintieron, es cierto, y no tiene nada de malo; también hay desencantados, pero no al grado de retirarle el respaldo; y hay quienes disienten con alguna medida en particular, pero que siguen tremendamente esperanzados en un nuevo rumbo para el país. No merecen la descalificación ni la estigmatización.

Así planteado, sirve que existan momentos de pluralidad dentro del obradorismo que operen como contrapesos (internos) para remodelar la política pública y orillar a corregir.

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El SAT dobla a Walmart

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El SAT dobla a Walmart

Nos cuentan que las grandes empresas andan nerviosas después de la victoria obtenida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Raquel Buenrostro, al obtener el pago de 8 mil 79 millones de pesos por la operación que la cadena de tiendas hizo en 2014 al vender a Alsea los restaurantes Vips. Nos hacen ver que prácticamente Walmart le pagó al fisco la misma cantidad que había obtenido en 2014 al concretar la operación, la cual alcanzó 8 mil 200 millones de pesos. Nos hacen ver que la actual autoridad fiscal está decidida a cobrar todos los adeudos de grandes firmas y que por años se han mantenido en litigio. Nos recuerdan también que a pesar de la debilidad económica y los primeros efectos del Covid-19, la recaudación tributaria se mantuvo durante el primer trimestre del año, lo que se atribuye a las fuertes medidas de fiscalización por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Confianza: mal momento

Ahora que el INEGI pospuso hasta nuevo aviso la encuesta para determinar el índice de confianza del consumidor, nos cuentan que las consultoras de la industria automotriz son las que indagan entre los mexicanos cómo anda el ánimo de compra. J.D. Power hizo una encuesta entre el 8 y 14 de mayo, la cual arrojó que la intención de compra de un vehículo en los próximos 12 meses es de 6% de los encuestados. Estos resultados están relacionados con el hecho de que 32% de los consumidores considera que su situación económica empeorará en los próximos tres meses, mientras que 27% considera que será igual, pero 46% dijo que sus circunstancias financieras cambiaron debido a la pandemia. Los próximos meses serán un reto para las concesionarias que representa Guillermo Prieto Treviño, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), pues comprar un auto nuevo no parece estar entre las prioridades.

Abre cartera por Covid-19

AT&T tiene alrededor de 14 millones de usuarios en telefonía de prepago, por lo que ante la crisis sanitaria, la empresa se sumó a la iniciativa Plan de Emergencia y ofreció minutos y SMS sin costo. Pero nos comentan que la firma que preside de manera interina Mónica Aspe destinó un fondo por 30 millones de pesos para este fin y aseguran que el paquete gratuito ha tenido mucho éxito, considerando que hay clientes que no pueden salir de casa a realizar una recarga o no cuentan con suficiente dinero para realizarlas. La empresa también apartó otros 30 millones de pesos para, entre otras acciones, dotar de 170 mil insumos al hospital Belisario Domínguez. Dicen que para AT&T la pandemia evidenció la necesidad de tener acceso competitivo a la red de América Móvil que, hasta ahora, la firma estadounidense no ha logrado.

Audiencias en corto

Nos cuentan que, con la justificación de la austeridad republicana, en la Secretaría de Economía, de Graciela Márquez, realizan audiencias públicas que más bien parecen privadas. Tal es el caso de la investigación por dumping contra importadores chinos de torres eólicas. La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la dependencia tiene que llevar a cabo la audiencia pública contra las empresas chinas Titan New, Taisheng Wind, Penglai Dajin y Chengxi, una investigación que inició a petición de Arcosa y Speco desde diciembre de 2018, y en la cual también participan Vesta, Siemens y Envision. La resolución preliminar se publicó el 27 de diciembre pasado, y falta esta audiencia, para la cual hay conexiones limitadas. Aunque el encuentro debía ser público, no había manera de conseguir la clave para ingresar, por lo que algunas de las partes interesadas pidieron diferir la cita. Había fecha para realizarla ayer lunes, pero nos informan que se suspendió.

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