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Peña Nieto y Videgeray, corruptos: Lozoya (II)

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Peña Nieto y Videgeray, corruptos: Lozoya (II)

Emilio Lozoya tiene una bomba termonuclear contra el expresidente Enrique Peña Nieto y su principal consejero político y dos veces secretario de Estado, Luis Videgaray. Con detalles y anexos documentales, entregó una declaración -por medio de su padre, Emilio Lozoya Thalman- al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre la compra de Agronitrogenados, como parte de su negociación para apegarse al criterio de oportunidad, para canjear su cooperación por la cancelación de un proceso en su contra. Es decir, cambiará su libertad y la de su familia, por la de Peña Nieto y Videgaray, que tendrán que probar que sus dichos no concuerdan con los hechos, o su destino será la cárcel.

La declaración de Lozoya está formulada de forma incriminatoria contra Peña Nieto y Videgaray, con quienes se vinculó orgánicamente desde la campaña presidencial, y que es una mina de oro para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en su cruzada contra la corrupción. Sus palabras, sin embargo, contradicen lo que Lozoya decía hace tiempo. En una conversación que tuve con él en la Ciudad de México, ya fuera de la dirección de Pemex y señalado por actos de corrupción, defendía la operación. “Fue un gran negocio”, dijo en ese entonces sobre la compra de Agronitrogenados, que los medios llamaban “chatarra”.

Ahora, todo cambió. “Lo que puedo referir como director general de Pemex”, afirma Lozoya en la declaración, “es que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso crearon un esquema de corrupción en el gobierno federal, en el cual el común denominador era el siguiente: todas las personas que de cierto modo apoyaron la campaña presidencial, tenían que ser remuneradas o compensadas.

“La forma cómo eran recompensadas, era dándoles contratos de proveeduría de insumos, contratos diversos, adquisición de empresas o inmuebles, para que estas se beneficiaran. Incluso, en ocasiones después de dichas operaciones, debían devolver dinero para beneficio de futuras campañas electorales del PRI, o bien para beneficio propio de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, u otros, como en el caso de Odebrecht que he referido”.

Lozoya no da mayores detalles de qué campañas o qué beneficios podrían haber recibido, pero cuenta cómo en diciembre de 2012, una vez que Peña Nieto asumió la Presidencia, “me instruyó que se tenían que cumplir compromisos con diversos empresarios”. El 6 de febrero de 2013, precisa, el Presidente le ordenó dentro del marco del Pacto por México y “el acuerdo de impulsar la producción de fertilizantes en el país”, recibir a ejecutivos de Altos Hornos de México, que buscaban una sociedad con su filial Agronitrogenados.

Los encargados de ver el encargo de Peña Nieto fueron Édgar Torres, su compañero en Economía en el ITAM y en la maestría en Desarrollo Internacional en Harvard, Carlos Roa, su coordinador de asesores que había trabajado con él en la Corporación Interamericana de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, y José Manuel Carrera Panitzzio, director de PMI Comercio Internacional. No explica en su declaración en calidad de qué fue Torres, quien dos años después de ese encuentro, fue nombrado director de Pemex Fertilizantes. Los tres llevan meses siendo investigados por las autoridades, y dos de ellos han sido inhabilitados del servicio público.

Lozoya recuerda que el 14 de mayo de 2013, en una reunión de seguimiento con Peña Nieto y Videgaray, lo cuestionaron sobre porqué demoraba tanto la compra de Agronitrogenados. “Yo observaba un interés especial en concretar la operación por parte del presidente Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray Caso -al que nunca se refiere como secretario-. Incluso este último intervino de manera directa para que NAFIN (Nacional Financiera) e INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales), aceleraran la evaluación del proyecto y la aprobaran”.

En esa reunión, dice, Peña Nieto le pidió a Videgaray arreglar un encuentro con Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos. “Me llamaba la atención tanto interés personalizado en la compra de dicha planta, cuando en términos de importancia para Pemex no representaba ni siquiera el 0.5% de la totalidad del presupuesto para inversiones. Además del seguimiento puntual del presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso al proceso de adquisición de la planta, amén de los impulsos institucionales que hacían por agilizar la operación, esta adquisición representaba un interés importante para el entonces secretario de Agricultura Enrique Martínez y Martínez (ya que le era rentable políticamente)”.

Lozoya se volvió a reunir con Peña Nieto y Videgaray el 11 de noviembre de 2013, donde les dio a conocer un informe de Booz & Co., donde señalaba que hacía sentido económico la compra de la planta, pero que habría que considerar diversos riesgos para su operación, como el acceso al gas necesario para su operación. Durante esa reunión, Lozoya dice que cuando mencionó la falta de recursos de Pemex, le dijeron que no se preocupara por los recursos, sino por influir en el Consejo de Administración de PMI para que la adquisición “resultara conveniente”. El valor de la compra no lo estableció él, asegura, sino Peña Nieto y Videgaray.

El entonces secretario de Hacienda, afirma, se encargó personalmente de la negociación final sobre el precio. “Desconozco los detalles, montos, fechas, que se hubiesen pactado entre Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Caso y Alonso Ancira Elizondo”, agrega. “Lo que sí me parece claro es que, mediante esta operación, Alonso Ancira se pudo deshacer de una planta de fertilizantes que no generaba ingresos y que tenía años sin funcionar”.

No es la historia que Lozoya contaba hasta hace no mucho tiempo, pese a la molestia que tenía con Peña Nieto y Videgaray, donde defendía vehementemente la compra de Agronitrogenados, que ahora describe como una muestra la corrupción desde lo más alto del Estado.

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Héctor Andrade Chacón

La gran caída

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La gran caída

Nada logra cambiar la perspectiva de que este año habrá sido demoledor para la economía nacional, con una caída del Producto Interno Bruto aproximada al -10% como señalan varias casas de análisis y hasta prefigura el Banco de México. Sin embargo, la pandemia tendrá impactos diferenciados en el país, citó Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, una afirmación de Perogrullo pero que es importante señalar para entender los números que se darán en cada entidad.

Para el caso de Guanajuato, este martes el secretario de Desarrollo Económico del gobierno estatal, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, al comparecer ante los diputados del Congreso local nos ofreció su visión sobre los efectos del Covid-19 en la economía estatal, apuntando de entrada que la caída prevista por su dependencia, algo conservadora, es de -6.8%.

No podemos colocar en el mismo tamiz el desarrollo económico de Guanajuato al de otras entidades, pues de acuerdo con sus actividades productivas y peculiaridades al momento, dependerá la profundidad de la caída en 2020. De acuerdo con el Indicador de Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) para el periodo enero-marzo de 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que Guanajuato fue uno de los siete estados con crecimiento en su PIB, mientras 25 ya estaban en contracción, en concordancia con la recesión que mostraba el país al arranque del año y ajena a la pandemia.

Sin embargo, Guanajuato no tuvo datos espectaculares. Su crecimiento fue mínimo, apenas de 0.1%, lo que suaviza la caída por la Covid-19, pero no lo suficiente.

El secretario de Desarrollo Económico no habló con la claridad suficiente, porque limitó los datos. Una baja de -6-8% es brutal, en sí misma. No compatible con los datos sesgados de cierre de apenas 700 empresas micro, pequeñas y medianas entre febrero y junio de 2020 o la pérdida de empleo de 110 mil guanajuatenses, basado en las estadísticas del IMSS y en datos muy conservadores sobre la economía informal del estado.

Usabiaga no tenía el dato, aunque si escenarios similares adelantados por otras instancias; ayer, el Banco Interamericano de Desarrollo precisó que el freno económico en México y la ola de desempleos llevarán a la pobreza, a finales del año, a cerca de 30 millones de mexicanos, pues de ser 36 millones de pobres al inicio de 2020, habrá 65 millones al arranque de 2021. La pregunta es, de esos pobres, cuántos serán de Guanajuato.

Nos adelantó el secretario algo terrible, la pandemia al expandirse impide la recuperación de las empresas y con ello la productividad y el empleo, por ello, con proyecciones a diciembre, el empleo vulnerable será del 7% de la Población Económicamente Activa (PEA), que es 2.6 millones de personas.

Los 50 mil empleos perdidos, los asienta conforme a los datos del IMSS, sin embargo, resulta difícil considerar que 60 mil empleos informales se perdieron, si en el orden nacional la proporción de INEGI y Banco de México es diferente: a poco más de un millón de empleos formales perdidos, añadieron 12 millones de informales desaparecidos.

Más allá de los números, nos queda la gran preocupación: hay una terrible erosión de las clases medias, segmentos que tenían un nivel de vida arriba del nivel de pobreza, que perdieron sus empleos o bajaron sus ingresos, mientras que los

36 millones de pobres que existían, ahora pasan a condiciones de pobreza extrema.

No solo debe preocupar la recuperación económica. Urge detener el deterioro de la estructura social. En Guanajuato el secretario Usabiaga Díaz Barriga tiene los elementos de prospectiva para apoyar el esfuerzo.

En todo el país corremos riesgos de explosiones de violencia social si se agudiza el desastre económico.

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Peña, primer expresidente a juicio; Calderón, ¿segundo?

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Peña, primer expresidente a juicio; Calderón, ¿segundo?

Con el anuncio del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de que Enrique Peña Nieto fue acusado por Emilio Lozoya de haberle ordenado recibir sobornos de dinero ilegal para su campaña presidencial en 2012, el último presidente priista podría ser el primer exmandatario nacional en ser llamado a juicio para que responda por un delito grave, que podría ser lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) y posiblemente delincuencia organizada, dos delitos graves que no prescriben a pesar de los 8 años transcurridos desde su candidatura.

Peña tendría que responder, junto Luis Videgaray, su coordinador de campaña y luego secretario de Hacienda y canciller en su gobierno, por los 100 millones de pesos que, según la acusación de Lozoya, habría recibido de Odebrecht y que utilizó para pagar a “asesores extranjeros” que contrató para su proselitismo, dinero que por su procedencia ilegal de la constructora brasileña Odebrecht y el destino que se le dio para pagar servicios de asesoría de campaña, habría sido blanqueado para ocultar su origen y, al involucrar en la recepción y uso de esos recursos financieros a varias personas, configurarían un posible delito de delincuencia organizada, de acuerdo con abogados penalistas consultados.

Las acusaciones hechas por Emilio Lozoya, que el lunes le anticipamos en esta columna, incluyeron también a un diputado federal y cinco senadores, cuyos nombres no fueron revelados por el fiscal Gertz, pero apuntan a los integrantes de la Comisión de Energía del Senado en el 2013: los priistas David Penchyna, presidente; Carlos Romero Deschamps, secretario; Ernesto Gándara Camou; Héctor Yunes Landa; José Ascención Orihuela y Oscar Román González. Los panistas Salvador Vega Casillas, secretario; Francisco Domínguez Servién; Francisco García Cabeza de Vaca y José Luis Lavalle Maury. Los perredistas Rabindranath Salazar Solorio y Dolores Padierna Luna. El petista Manuel Bartlett Díaz y el senador del PVEM Carlos Alberto Puente Salas. En cuanto al diputado federal podría tratarse de dos nombres: Marco Bernal Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía, o Ricardo Anaya Cortés, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro en 2013.

Pero la otra “bomba” que soltó Lozoya y que anunció ayer martes Gertz Manero, es que se abrió también una investigación, derivado de la información que entregó el exfuncionario peñista, sobre la construcción de la planta Etileno XXI, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Es decir que si Peña podría ser el primer presidente en la historia de México en ser llamado a comparecer en un proceso judicial en calidad de acusado, por el pago de sobornos tanto a su campaña presidencial como para la aprobación de sus llamadas “reformas estructurales”, el expresidente Felipe Calderón podría ser el segundo exmandatario que tuviera que declarar en un juicio para explicar, al menos, las irregularidades y privilegios que le dieron a Odebrecht y su filial Braskem para construir el imponente complejo petroquímico de Etileno XXI con “pérdidas graves para el gobierno federal”.

Todo depende de los peritajes y la validación de las pruebas entregadas por Lozoya Austin para hacer sus acusaciones: a saber recibos de los pagos; cuatro testigos que declararán y un video, que constituyen las pruebas documentales con las que la FGR abrirá las carpetas de investigación y hará las diligencias para ratificar las acusaciones, las declaraciones de los testigos y, si se considera procedente, llamará a declarar a las personas que imputó el exdirector de Pemex.

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Miguel Zacarías

CCE LEÓN: TIEMPOS DE SUCESIÓN

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CCE LEÓN: TIEMPOS DE SUCESIÓN

EL INICIO DEL ADIÓS. A unas semanas de que le toquen las golondrinas como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León a José Arturo Sánchez Castellanos, los jerarcas de las cámaras que integran este organismo cúpula lanzan la voz de arranque para el arranque de un proceso que podría enfrentar nuevamente el dilema de no encontrar al personaje ideal para el momento.

LAS TABLAS. Y es que, más allá de sus apoyadores y detractores, para bien y para mal, para lo positivo y lo cuestionable, el citado personaje deja la vara muy alta para quien piense en relevarlo en el cargo.

DE LEJITOS. Los liderazgos para momentos críticos y apremiantes como los que hoy se viven, no se dan en maceta o lo que es peor: los personajes ideales no quieren meterse entre las patas de los caballos.

FACTOR. He ahí el dilema que deberá enfrentar el sector empresarial en los siguientes días porque ya no es como antes en que los empresarios se peleaban por ser candidatos.

PARA EMPEZAR. El propio Sánchez Castellanos es una muestra de esa crisis que se vive de nuevas figuras con empuje y tablas para ejercer la labor de contrapeso del poder político.

GOBERNANTES. Sin un dejo de ironía, los primeros en extrañar un liderazgo como el que termina su gestión en León, serán los inquilinos del poder político en León y en la entidad.

SUSPIRANTE. Las reglas no escritas de la sucesión en el CCE leonés señalan que todos los que han sido presidentes de alguna cámara empresarial, en automático se convierten en candidatos y en ese tenor, hay quienes mencionan al presidente saliente de la Cámara de Calzado, Luis Gerardo González, como uno de los aspirantes con posibilidades.

EL PERFIL. Lo que se dice es que quiere y puede pero son apenas los primeros escarceos. La pregunta es qué tipo de liderazgo se necesita para un periodo como el que se avecina que, de entrada, tiene campañas electorales y elecciones en curso.

COYUNTURA. Se trata de un proceso ampliamente politizado en el que el sector empresarial, por lo que representa Guanajuato querrá jugar un papel protagónico como contrapeso pero a la vez factor determinante en la polarización de fuerzas políticas que hoy distingue al país.

TÉCNICO. El ahora expresidente de CICEG cumplió un papel sobresaliente como dirigente de los zapateros en una coyuntura complicada y logró llevar a buen puerto los objetivos de la industria para mantener el blindaje ante la competencia desleal de China.

RUDO. “Zapatero a tus zapatos”, reza la frase conocida y Luis Gerardo González tiene un bagaje técnico importante en el ámbito del calzado. Pero en los meses por venir, se requerirán atributos políticos para atravesar el lodazal y pantano de las campañas, sin ensuciarse y manteniendo la influencia de las voces empresariales. La baraja, necesariamente tendrá que abrirse.

LA DEL ESTRIBO…

El secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga, pintó ante diputados locales ayer, un oscuro panorama en materia de empleo para el estado en el cierre de este fatídico 2020 con una cifra superior a los 110 mil empleos perdidos: 50 mil formales y 60 mil informales.

Un recuento parcial de los daños, doloroso porque es el corte de caja a pesar de más de mil 800 millones de pesos repartidos en créditos por parte del gobierno estatal en los últimos tres meses.

La economía del estado sufre y tal parece que aún no pasa lo peor. El sector manufactura ha sido el más afectado. No será fácil recobrar la vertical y ubicarse al menos en el lugar que se tenía antes de la pandemia.

Por eso, a la autoridad estatal le urge que el semáforo naranja funcione y la economía se encamine a una normalidad que al menos le permita controlar los daños que deja a su paso el Covid-19.

VILLARREAL: A UN SEXENIO DEL ESCÁNDALO

De hecho, parte de la secuela de aquel episodio es la causa original de que Luis Alberto Villarreal García sea hoy alcalde de San Miguel de Allende y no diputado federal como inicialmente estaba postulado en los planes de Acción Nacional.

Hace exactamente seis años, el entonces dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, anunciaba el relevo en la coordinación de la bancada en San Lázaro tras el escándalo desatado con la difusión en un medio virtual nacional de una fiesta organizada por la bancada del blanquiazul en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal con “escorts” en Vallarta.

“He tomado la decisión de renovar la Coordinación y Vicecoordinación del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de los Diputados. Me he comunicado con el diputado Luis Alberto Villarreal a quien le agradecí su gestión al frente del Grupo Parlamentario del PAN”.

Lo que no se dio con el tema de los moches, se desgranaba a partir de la difusión de esa nota. La salida del ahora alcalde electo de San Miguel de Allende representaba un duro golpe en su carrera política que era promisoria por la ascendencia que había logrado con el entonces dirigente nacional Gustavo Madero.

Aquel tema tiene su efecto hoy porque Villarreal buscaba la diputación federal de nueva cuenta en 2018 pero justo se atravesó el entonces candidato presidencial Ricardo Anaya contemporáneo suyo, parte de aquella bancada que creyó que no era correcto que el sanmiguelense integrara la actual bancada blanquiazul.

Aprovechando que su hermano, Ricardo iba por la alcaldía de Allende, el entonces candidato presidencial panista optó por hacer un enroque y mandó a Luis Alberto a la campaña por San Miguel de Allende.

La versión que corrió entonces fue que Anaya no quería polémicas ni cuestionamientos en su campaña federal y que prefería que Luis Alberto quedara en las ligas locales.

Y hasta ahora, ahí la lleva. No se ha escondido ni ha bajado el perfil. Quién sabe cómo le hubiese ido en San Lázaro pero en Allende tiene más espacio para el lucimiento y la opción de la reelección u otro cargo.

LA FERIA LEON 2021 Y EL DESAFIO DE LOS MASIVOS

Todavía la autoridad no desvela el misterio de lo que hará con el Festival del Globo en noviembre próximo y ya tiene que pensar en lo que hará con el siguiente evento masivo que se programa en el estado justo en el amanecer de cada año.

Ayer sesionó virtualmente, el consejo del patronato de la Feria de León para analizar los diversos escenarios que han trazado para realizar este evento que arranca el segundo viernes de enero.

Y de una vez, para decirlo claro: el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo está analizando el cómo sí concretar esos eventos que hoy, parece una locura su confirmación: hablamos del Festival Internacional del Globo y de la propia feria leonesa.

La premisa en el gobierno estatal es justamente no dejar pasar los eventos y cancelarlos así como así. Una de las alternativas que por ejemplo se han puesto sobre la mesa en el caso de la Feria de León, es diferir el evento uno o dos meses.

Es decir, que en lugar de que sea en enero, sea en febrero o marzo aunque si ocurriera esto último, podría empalmarse con la Feria de Aguascalientes y el problema principal es que los proveedores de ambas verbenas son los mismos.

Las autoridades estatales ya pidieron a sus expertos en Protección Civil, estudiar alternativas y protocolos aunque no será nada sencillo porque en el futuro inmediato está el comportamiento de un virus para el que no se tiene aún la vacuna y tan o más importante, el comportamiento de los ciudadanos que tampoco es predecible.

Apenas anteayer, el subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell, advirtió en la conferencia vespertina (al reiterar que la pandemia será larga) que en octubre, con la aparición de la influenza estacional, podría venir una segunda oleada de contagios en algunas regiones del país que mandarían la contingencia hasta marzo de 2021.

Pero en Guanajuato, las autoridades prefieren mantener el optimismo. De hecho, la autoridad cada vez voltea con mayor insistencia a revisar los datos actualizados del estado durante la última semana que perfilan en el peor de los casos, la meseta de la pandemia.

Obvio, no echan las campanas al vuelo porque saben que hay muchas variables que se deben revisar en el ambiente. Pero por lo pronto, tanto en el FIG, Abraham Rocha; y en la Feria, Juan Carlos Muñoz Márquez, mantienen el ritmo de las reuniones aunque la incertidumbre ya abraza las negociaciones con quienes presentarán los espectáculos.

Porque una cosa es cierta. Ninguno de estos dos eventos podrá realizarse como ha sido tradicional. Hoy es imposible imaginarlos porque una cosa es que la autoridad decida realizarlos y otra, que el público decida consumir ese producto o servicio que se le ofrece.

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