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Pasos para atrás

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Pasos para atrás

Un año más y no hemos podido impedir el hundimiento del Estado de Derecho. Incluso, se puede argumentar, vamos en retroceso. Arrastramos deficiencias crónicas de años atrás, y con una quinta parte del sexenio caminada por la nueva administración, que es muy visible en el discurso a favor de los derechos humanos y el combate a la corrupción, los resultados siguen siendo decepcionantes. Se puede hablar de mucho ruido y nada sustantivo. Hay problemas sistémicos, como la corrupción, que son transversales –funcionarios, policías y jueces en las nóminas del crimen organizado-, y hay batallas que parecen imposibles de ganar, como el freno a la impunidad. El andamiaje legal parece más débil hoy que hace un año, y fuera del descrédito reputacional, que en la mayoría de los casos se irá evaporando, nada profundo y de largo aliento ha sido concretado. En síntesis, un año más perdido.

El Proyecto Mundial de Justicia, una organización independiente y multidisciplinaria en Washington, dio a conocer el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, que es resultado de una encuesta a más de 25 mil personas, y una muestra con más de dos mil 600 abogados y expertos. Los resultados son deprimentes, particularmente en lo que se refiere a Orden y Seguridad, donde el país viene en franca picada desde 2014-2015. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador heredó un desastre en esa materia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuyo colapso en el restablecimiento a la seguridad va a seguir impactando a este gobierno y, probablemente, a quien le siga. En poco ayuda que el actual gobierno, al igual que el anterior, haya equivocado su estrategia, al pensar que siendo laxos con el Cártel de Sinaloa en el combate y en voltear a ver hacia otra parte con sus negocios ilícitos, serían sus jefes quienes se encargarían de pacificar al resto del país.

Los resultados que más sobresalieron, pero en sentido negativo, fueron los que tienen que ver con ese factor. El índice apunta un retroceso en 19 entidades, estadísticamente “significativas”: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Esto fue como consecuencia, explica, del aumento en la tasa de homicidios, del aumento en la prevalencia e incidencia delictivas, y del deterioro de la percepción de seguridad de los mexicanos. El otro factor que se encuentra en la parte alta de las preocupaciones del Proyecto es el de Justicia Civil, que mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias. “En la mayoría de los estados, los subfactores que tienen los puntajes más bajos son los relacionados con el acceso a la justicia y la eficiencia de los procesos al transitar el sistema de justicia civil”, señala el informe.

Esto explicaría la reciente radicalización de las policías comunitarias en Guerrero y la tendencia al alza de los linchamientos: la justicia civil ya no es una opción para muchos. Por eso, la alta tasa de delitos que no se denuncian, 9 de cada 10, según el Inegi. Asimismo, estos dos factores explican en buena medida la forma como los medios de comunicación proyectan una realidad violenta y roja en sus noticieros y primeras planas, generando ansiedad y sentimiento de zozobra entre los ciudadanos, como se aprecian en distintas encuestas realizadas por instituciones mexicanas. El problema por delante es que no se ven puertas hacia la solución del fenómeno, sino mayores complicaciones de inseguridad y violencia, cuando menos, en el corto plazo.

En los datos generales, el Índice muestra que las entidades que más han hecho por mejorar el Estado de Derecho, son las mismas del reporte de 2018, Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas, mientras que quienes ocuparon los sitiales más bajos en la tabla fueron Guerrero –último lugar por segundo año consecutivo-, Puebla y Quintana Roo. En estas dos entidades, aunque con mayor profundidad en Puebla, el deterioro en materia de seguridad ha sido galopante. Entre los datos de 2018 y el nuevo Índice 2019-2020, los puntajes ascendieron en 15 estados, Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Sobresale el dato en Veracruz, al tener el gobernador Cuitláhuac García una de las peores percepciones como gobernante dentro del gobierno de López Obrador. Entre los que descendieron, que son el resto, sobresale, la Ciudad de México, gobernada por Claudia Sheinbaum, la número uno del presidente para la candidatura en 2024, y a quien más apoyo en seguridad, logístico y presupuestal le han dado en el país. Todos los gobiernos de Morena, salvo Veracruz, tienen malos resultados.

El informe aparece un mes antes de que la organización de a conocer el Índice a nivel global. En el reporte del año pasado, que se basó en los datos del último año de gobierno de Peña Nieto, los resultados fueron horribles. De 126 países encuestados, en la mitad de los ocho factores analizados, México estuvo en el último segmento en cuanto a Orden y Seguridad (117), Ausencia de Corrupción (117), Justicia Criminal (115) y Justicia Civil (113). Fue el lugar 87 en Aplicación de Regulación, el 84 en Contención a los Poderes Gubernamentales, el 73 en Derechos Fundamentales, y el 35 en Gobierno Abierto. Si vemos lo sucedido el año pasado, se podría esperar una reducción en estos últimos cuatro rubros al haber desaparecido los contrapesos, los ataques sistemáticos a la libertad de prensa, la colonización de los órganos autónomos, y la opacidad en la que navega López Obrador.
El Ínice del Proyecto Mundial de Justicia mostrará lo mal que estamos. El problema es que de seguir así, estaremos peor en 2021.

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El CJNG y la amenaza de desestabilización

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El CJNG y la amenaza de desestabilización

Hace un año, en junio de 2019, una fuente militar del más alto nivel le informó a un grupo de gobernadores que tenían en las áreas de inteligencia castrense un reporte confirmado sobre una reunión que convocaron y llevaron a cabo varios de los capos y jefes de los principales cárteles del narcotráfico en México. El general no daba muchos detalles sobre dónde y cuándo había ocurrido la “cumbre del narco” pero sí confirmaba, con base en la información que tenía la Defensa, tres datos: el encuentro se produjo, el acuerdo de los líderes del narco era “bajarle dos rayitas a la violencia en el país” y de todos los cárteles reconocidos que operan en México, sólo uno no asistió a esa reunión ni avaló la propuesta de disminuir la violencia: el Cártel Jalisco Nueva Generación. 

Ese hecho, que nos refiere uno de los gobernadores que conoció la información de primera mano, puede explicar por qué de todos los grupos del narcotráfico, el que encabeza Nemesio Oseguera “El Mencho” es en estos momentos no sólo el más agresivo y violento, con atentados como el fallido contra Omar García Harfuch y amenazas de muerte como las que le hacen al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino también el más perseguido y afectado en sus integrantes, sus intereses y sus cuentas por el gobierno de la 4T.

La organización del “Mencho” se ha convertido no sólo en el grupo criminal más violento y con mayor fuerza armada y territorial en el país, con presencia en 27 estados de la República y catalogado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y por la DEA como “una de las cinco organizaciones criminales y terroristas más violentas” del mundo; hoy es también una amenaza para la estabilidad social y política, en la medida que la ofensiva que ha lanzado Nemesio Oseguera en contra del Estado mexicano incluye dos acciones nunca vistas en ningún cártel de las drogas que inciden directamente en la gobernabilidad: la primera, las amenazas directas —y ya se sabe, reales— contra figuras importantes del gabinete presidencial y contra un gobernador de un estado y la segunda su intención de controlar, dominar y someter a la capital del país, la Ciudad de México, sede de los poderes federales. 

Ese es el tamaño del desafío que el CJNG ha lanzado, no sólo al gobierno de la 4T, sino al Estado mexicano en su conjunto. A sus confrontaciones por territorio que han disparado la violencia en toda la República, pero particularmente en estados como Guanajuato y Colima, donde se enfrenta al Cártel de Santa Rosa de Lima, en el primer caso, y al de Sinaloa, al que le disputa el control del Puerto de Manzanillo, se suma ahora su confrontación directa y abierta con el gobierno federal en la que el grupo de Oseguera Cervantes tiene claramente una estrategia desestabilizadora que comenzó con el asesinato de un juez federal, Uriel Villegas y su esposa; continuó con el atentado al secretario de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch, y planea seguir con las amenazas a al menos cuatro secretarios y directores del gabinete federal, además de las amenazas al gobernador Alfaro y a la presidenta de la CNDH.

Con ese panorama y una cifra oficial de 54 mil muertos en 18 meses de gobierno, llegará el presidente López Obrador la próxima semana a Washington en su polémica primer visita para encontrarse con el presidente Donald Trump. Aunque el evento que los reúne, en el que aún no se sabe si se sumará de último momento el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, es el arranque del T-MEC. El mandatario mexicano ha dicho que hablará con Trump del tratado comercial pero también podría hablar de beisbol y del operativo “Rápido y Furioso” ocurrido hace 10 años. La realidad es que habría temas mucho más importantes y prioritarios entre los dos países y uno de ellos, sin duda es la amenaza del CJNG.

El reporte de la DEA de “Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019”, ya ubicaba que el cártel del “Mencho” ha rebasado las fronteras mexicanas y opera a gran escala en ciudades importantes de los Estados Unidos como Nueva York, Los Angeles, Miami, Atlanta, San Diego, Chicago y Denver, hasta donde llevan drogas como las metanfetaminas, de las que son ya el principal productor e introductor al territorio estadounidense. “CJNG es una de las organizaciones criminales trasnacionales de más rápido crecimiento en México…Es responsable de una proporción significativa de drogas que ingresan a EU y de niveles elevados de violencia en México”, señala el reporte de la agencia antidrogas.

Es posible que en el esperado encuentro de la próxima semana en la Casa Blanca, ni el narcotráfico ni el beisbol sean parte de los temas que toquen los presidentes de México y Estados Unidos, pero sin duda la amenaza de la violencia criminal y el desbordamiento de cárteles como el Jalisco Nueva Generación, sí serán un tema destacado en la campaña de Donald Trump, porque en Washington lo saben muy bien, y así lo dijeron desde 2018 en la orden que dio el propio Trump para desmantelar a las organizaciones criminales más peligrosas para Estados Unidos, entre las que se encuentra en el primer lugar el CJNG y su líder Nemesio Oseguera “El Mencho“, a cuya cabeza le han puesto un precio de 10 millones de dólares.

Haría bien el presidente López Obrador en dejar a un lado la frivolidad beisbolera y los asuntos del pasado como el ilegal operativo “Rápido y furioso” para concentrarse en la amenaza real de desestabilización que hoy enfrenta el Estado con el CNJG y su descontrolado líder Nemesio Oseguera. Sería un tema mucho más apremiante y necesario no sólo para tratar con Donald Trump, sino para tomarse en serio y poner a trabajar a su gabinete de seguridad, que con todo y su tesón y por más que se reúna todos los días muy temprano, no se caracteriza por los mejores resultados.

¿SUPIERON ANTES EN PALACIO NACIONAL DE AMENAZAS A ALFARO?

A propósito de las amenazas de un atentado en contra de Enrique Alfaro, confirmadas por el mandatario jalisciense a varios medios, en Guadalajara se dice que hace unos días supieron de las intenciones del CJNG, a través de una llamada de un funcionario federal que les dijo que existían amenazas de atacar al gobernador por no apoyar a ese grupo delictivo.

Este viernes el ofrecimiento de apoyo y de protección que hizo el presidente para Alfaro y para la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, fue sin duda un gesto importante y necesario ante la gravedad de esas amenazas. AMLO sabe muy bien que su gobierno no puede permitir que se atente contra una funcionaria del nivel de la ombudswoman ni contra un gobernador por el impacto que eso tendría en la estabilidad del país y de su propia administración. Por eso, a pesar de las serias diferencias y de lo mucho que se había molestado porque lo mencionó por su nombre en los señalamientos sobre las marchas violentas ocurridas en Guadalajara, tuvo que ordenar acciones puntuales a su gabinete de seguridad y a las Fuerzas Armadas para que vigilen la seguridad del gobernador de Jalisco.

Eso lo reconocen y agradecen en el Palacio de Gobierno jalisciense, donde valoran el gesto republicano y responsable que tuvo el Presidente, pero sólo les queda una duda: ¿el nombre de Alfaro aparecía también en la llamada capturada por las áreas de inteligencia y que se presentó en la reunión del Gabinete de Seguridad del pasado 11 de junio en Palacio Nacional?

Porque Alfonso Durazo confirmó en su momento la existencia de esa llamada interceptada por el CNI y los nombres de Omar García Harfuch, Marcelo Ebrard, Santiago Nieto y el mismo secretario Durazo, que aparecieron mencionados como objetivos de atentados, y este viernes mismo el presidente López Obrador volvió a decir que desde hace 10 días supieron de la amenaza contra García Harfuch. Y hay quien dice que en esa misma llamada aparecía también el nombre del gobernador de Jalisco. Si eso es real y nadie le avisó desde ese momento a Enrique Alfaro que corría peligro, el asunto sería más que delicado.

Notas Indiscretas… A la breve visita a Washington, el presidente López Obrador invitó a algunos empresarios y dirigentes del sector empresarial que participaron en el cuarto de junto del T-MEC para que lo acompañen a la ceremonia de inauguración en la capital estadounidense. El canciller Marcelo Ebrard ha estado llamando a algunos de los invitados, entre los que se encuentran el líder del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, y el presidente de la Concamín, Francisco Cervantes, entre otros. Eso sí, los invitados del Presidente tendrán que tomar el mismo vuelo, con escala en Dallas, que tomará él y no habrá las comodidades ni atenciones que en otros tiempos les daban a los empresarios cuando eran parte de las comitivas en viajes presidenciales. Pero lo que cuenta, dicen en las cúpulas empresariales, es el gesto porque parece que ahora Marcelo también se va a encargar, entre sus múltiples chambas, de tratar de restañar el diálogo fracturado con los organismos del sector empresarial…Se baten los dados. Serpiente doble.

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Don Giovanni

1.- Eclipsado Día del Fiscal del Estado
2.- Rebasamos los 10 mil
3.- La necesidad, seguridad pública
De la Valija. Más allá de la COVID-19
José Francisco Gutiérrez Michel

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1.- Eclipsado Día del Fiscal del Estado

Carlos Zamarripa Aguirre

Los legisladores locales de la bancada del partido conservador PAN, mayoría, se podría desvelar que escogieron un día harto complicado para dialogar con el Fiscal General, Carlos Zamarripa Aguirre, porque quedó eclipsado con los “funerales” de los jóvenes masacrados en el Anexo de Arandas, en Irapuato y la ejecución de 5 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública (FSPE), emboscados sobre la carretera Apaseo el Alto–Jerécuaro. El funcionario no podía contar con otro “contexto”, la violencia es referente de Guanajuato.

No es por hacer el desaire a la tarea de los representantes populares; pero ese “diálogo” erigido en Las Enredaderas de la ciudad capital, a fin de ponerle la especie de “mañanera” a Zamarripa Aguirre para encarar a sus críticos y opositores no les resultó, porque la estrategia acogida, reparto de culpas, sonó de escándalo para exhibir al compañero, aunque luego del estímulo adverso vengan las palmaditas. El fiscal hizo la sana distancia al aliado, secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, al aseverar que no es responsable del alza de la violencia y la inseguridad.

Uno de los personajes más criticados, ex procurador general de Justicia estatal, Zamarripa –el segundo puede ser Cabeza de Vaca-, no tocó la impunidad, el otro referente de la inseguridad que sí le corresponde y que adquiere sentido a la ausencia de justicia y que produce una puerta giratoria que tantos temen por el relajamiento de la actuación de los MP.  En lugar de la  permuta de afecto en la cámara, el fiscal pudo haber estado con familiares de las víctimas de Arandas.

2.- Rebasamos los 10 mil

Daniel Díaz Martínez

La pandemia de COVID-19 fue el motivo ideal para que los 12 gobernadores de la Alianza Centro Bajío Occidente (ACBO) y la Alianza Federalista se reunieran por vez primera virtualmente para analizar la crisis sanitaria y sus efectos económicos y sociales. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mandatario de Guanajuato y presidente de la ACBO, llegó a la reunión bajo las hondas preocupaciones por la inseguridad, pero también con 10 mil 115 contagiados y 611 fallecidos por la enfermedad.

La reunión tomó un giro pronunciado hacia la necesidad de reactivar la economía y el desarrollo de ambas regiones, sin embargo, para el caso guanajuatense, la tendencia sostenida de la infección al alza implica una revisión profunda de cómo sobrellevar la nueva normalidad y lograr que la gente obedezca lo que ya será obligatorio, como el uso de cubrebocas. Seguramente el gobernador y su secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, obtuvieron buenas experiencias de lo hecho en estados como Nuevo León, donde se sanciona con dureza  a quien es irresponsable en espacios públicos y pone en riesgo la salud de los demás.

En Guanajuato, el viernes se hizo la preocupación: entre los decesos, cinco de ellos se dieron en guanajuatenses sin comorbilidades. Una situación que obliga a la máxima cautela, porque el resultado del contagio puede ser al final funesto para cualquiera. Con casi 30 mil muertes, México rebasó a Italia en contagios.

3.- La necesidad, seguridad pública

Diego Sinhue Rodríguez

La velocidad que adquieren los acontecimientos y la cercanía del proceso electoral 2020-2021, que inicia el primero de septiembre, limitan la actuación de los gobiernos federal y estatal, en particular con los gobernadores de oposición. Se complica la integración de planes para mejorar el suministro de seguridad pública y la atención a la pandemia. Así, gritos y sombrerazos y las medidas sanitarias no podrán resolver problemas, los esfuerzos se atomizan sin ofrecer frentes únicos

Julio, con carencia de seguridad pública, trae máscara del horror debido a la masacre de 27 jóvenes en el anexo de Irapuato que siguió con la embocada contra el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y está delineando un segundo semestre del 2020 de “alarido” por la comisión de delitos similares a junio o al alza; sin poder desactivar la tendencia de tener al estado que gobierna el panista Diego Sinhue Rodríguez, en primer lugar nacional en homicidios dolosos, acicate para llevar a cabo los cambios en los altos mandos y medios, y ajustes en los programas.

Mientras los gobernadores del PAN reclaman la apertura de un diálogo nacional para enfrentar el grave problema de la inseguridad, en Guanajuato, el secretario Álvar Cabeza de Vaca y el fiscal Carlos Zamarripa, podrían estar evaluando los 64 asesinatos en los primeros tres días de julio y los homicidios de 50 policías de diversas fuerzas en 2020. La necesidad marcó la pauta a seguir al gobernador Rodríguez con el residente de Palacio Nacional para definir una acción conjunta a favor de los guanajuatenses antes del arranque del proceso electoral.

De la Valija. Más allá de la COVID-19

El cambio climático y la necesidad de ajustar nuestro modelo de convivencia social, sin duda necesitan de los esfuerzos locales para colaborar en la protección y mejora del medio ambiente. Por ello, es alentador que el alcalde priista de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, haya impulsado la creación de la figura de autoridad ambiental, un grupo de servidores públicos que contará con recursos para atender desde la contaminación auditiva hasta los permisos para instalaciones de orden ganadero.

La tarea es trascendente porque también San Luis de la Paz es parte de la región de la Sierra Gorda donde existen 26 especies de flora amenazadas y 413 especies de fauna, de las cuales 30 son endémicas. La tarea de la autoridad ambiental, sin duda con efectos urbanos, será también una vía para formar la conciencia de los ludovicenses hacia su entorno natural.

José Francisco Gutiérrez Michel

El arranque del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), sin duda representa la oportunidad de ampliar horizontes para el agro guanajuatense, que ha ido en crecimiento en sus exportaciones, particularmente a la Unión Americana, donde van 85 por ciento de los alimentos que generan los campesinos guanajuatenses para el mundo, ingresando mil 600 millones de dólares por año.

Sin embargo, para José Francisco Gutiérrez Michel, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR), el reto es incorporar a más agricultores locales en ese proceso de aprovechamiento del nuevo instrumento comercial y no limitarse a promover lo ya hecho o fortalecer aún más a quienes ya llevaron sus productos a las mesas estadounidenses y canadienses.

Apoyar a la tecnificación del campo tradicional, como el de los campesinos de temporal, que ahora agradecen las pocas lluvias que han llegado por ayudarles a proseguir sus cosechas, sería una tarea histórica para también incursionar y ganar espacio en el mercado de granos.

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Don Giovanni

Zamarripa y el Congreso
La voluntad política debe florecer
La esperanza
De la Valija. Fueron abandonados
Alvar Cabeza de Vaca Appendini

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Zamarripa y el Congreso

J. Jesús Oviedo Herrera

De acuerdo al teórico de la separación de los poderes, el barón Montesquieu, para que exista la libertad es necesario que el gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro. Los integrantes del Poder Legislativo local, contrapeso teórico del Ejecutivo, debieran preguntarse si en efecto los guanajuatenses viven sin temor; y si los instrumentos del Estado para la seguridad cumplen con ese cometido primigenio.

Cuando este viernes J. Jesús Oviedo Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y líder de la mayoría panista, junto con el resto de la Legislatura se entrevisten virtualmente con el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, todos los guanajuatenses, a quienes ellos representan, querrán saber, entre otras cosas, por qué ha fracasado al aprehender y llevar a la justicia a los responsables de tanto horror en Guanajuato, haciendo de la FGE la suerte de funeraria estatal para todos sus críticos en el orden nacional y ahora hasta internacional.

Carlos Zamarripa Aguirre llega este viernes al Congreso Local con 16,138 homicidios dolosos en Guanajuato desde 2013 a la fecha, siendo procurador y fiscal, de acuerdo con datos públicos. Hoy, deberá dar cuenta de la última masacre de niños y jóvenes en Irapuato, donde ni siquiera se ha oficializado el número de muertos.

La voluntad política debe florecer

Diego Sinhue Rodríguez V.

El impacto producido entre las autoridades, los asesinatos a mansalva de más de 26 jóvenes entre los que había adolescentes fue demoledor, pues reveló el interés por desviar la atención hacia los anexos ilícitos, ignorando a los jóvenes, adolescentes y niños que están sufriendo las consecuencias del narcotráfico, para desatender el tema de los ejecutados ante el desconocimiento y la carencia de un proyecto para suministrar seguridad pública a los grupos vulnerables que son asediados por organizaciones criminales. Una reacción sin los efectos esperados de los órdenes de gobierno, luego de la incursión.

En la mañanera de jueves el presidente, Andrés Manuel López, sobre el ataque en el Anexo de Arandas en Irapuato, únicamente lo calificó: la masacre “fue muy fuerte”, hecho que por cierto disintió con su discurso en el segundo aniversario de su triunfo electoral, donde destacó que en la 4T se “ha acabado con las masacres y se cuidan los derechos humanos”. Por su parte, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la autoridad federal, se reunieron en el C5i para atender el problema de los jovencitos que buscan rehabilitarse, a fin de seguir su vida, atención que incumbe a las autoridades, lo sabe el titular del ramo, Daniel Díaz, quien importó el programa Islandia.

La reacción policiaca para la procuración de justicia no ha presentado públicamente, ni responsables ni detalles de los hechos; sin embargo, Sinhue Rodríguez, en el centro de mando, antes de una operación de búsqueda ante el dolor de una comunidad que perdió a sus hijos, informó que se reforzará la seguridad, apuntado a la revisión de anexos que operan en Guanajuato, los que dijo deben cumplir con la norma porque de lo contrario no podrán funcionar. O sea, ¿echar a la calle a miles de muchachos que se rehabilitan? ¿No sería mejor aprovechar los anexos, equiparlos para cumplir con la obligación?

Un trabajo serio y de fondo, sería enfrentar al crimen organizado, a fin de acabar con el narcomenudeo que ha crecido en el sexenio.

La esperanza

Hugo López-Gatell Ramírez

El anuncio hecho por laboratorios estadounidenses y alemanes sobre avances en la búsqueda de una vacuna contra la enfermedad de COVID-19, que estaría lista inclusive a finales de este año, no deja de ser, más, una aspiración que una realidad. El escenario actual marca que el ingreso a la nueva normalidad no es sino la recreación de la esperanza, con base en la necesidad económica ante la impericia gubernamental y de la propia sociedad para contener el coronavirus.

En México, este fin de semana, rebasaremos los 30 mil muertos. En Guanajuato, los 600. Además, es posible que este mismo viernes hayamos también llegado a los 10 mil contagiados, mientras flota entre la población una desconocida cantidad de personas infectadas, pero asintomáticas, sobre todo en León, donde las autoridades sanitarias municipales y estatales han tendido una red de detección especializada ante el crecimiento desmedido de la enfermedad.

La vacuna es el grial. Por ahora, nos queda enfrentar el tiempo que reste hasta tenerla, con disciplina y apoyo a los esfuerzos de contención en los municipios. Para este fin de semana, se espera la nueva explicación y nuevo techo de muertes que nos ofrezca el zar Anti COVID-19, Hugo López-Gatell Ramírez.

De la Valija. Fueron abandonados

En el momento de la consternación, lleno de salidas comunes, la diputada verde Vanessa Sánchez Cordero puso por delante la sensatez y humanismo que debe exigirse a la clase política luego de la matanza de Arandas, pues la palabrería distractora condenó a los anexos donde jóvenes adictos y sus familias buscan una esperanza y no a los asesinos, violencia, inseguridad e impunidad.

La diputada expresó la lacerante realidad de miles de nuestros jóvenes y niños en garras de las drogas y sus mafias: han sido abandonados por el Estado, están prácticamente abandonados. Sólo resto decir, hasta en su propia muerte a mansalva.

Alvar Cabeza de Vaca Appendini

Una de las características que debe reunir un comandante de fuerzas militares o paramilitares -corporaciones policiacas- es la mesura. Concentrar la información suficiente que le sirva para cuidar la población y, sobre todo, debe de evitar los “calificativos” sobre las personas o los grupos de la sociedad, máxime si con su señalamiento pudieran poner en peligro la vida de personas. O sea, no puede “poner el dedo”.

Alvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad Pública estatal, quien se encargó del Plan en esa materia para el gobernador de la entidad y dar un golpe de timón para devolver la paz a los guanajuatenses, también está en el desánimo de la sociedad por no haber logrado suministrar seguridad pública debido a diversas circunstancias, por fallas u omisiones en el cargo que ostenta.

Quizá uno de los personajes “más protegidos” en la entidad, a pesar de que no devuelve esa atención por mandato de Ley pues no sólo está equipado y rodeado del personal para ese fin, tiene al mandatario tendiéndole su manto y a los diputados panistas de guaruras para evitarle preguntas poco amigables y sin exponerlo ante la sociedad. Cabeza de Vaca,  sin embargo, violó las reglas al acusar  que “los anexos son semilleros de la delincuencia organizada”.

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