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Rosario Robles siempre ha sido una mujer terca. En sus luchas políticas y al confrontar a sus críticos. Es soberbia y con un carácter altivo que no siempre le favorece. Su personalidad, de alguna manera, es a la que se le puede echar la primera culpa de que haya pasado la noche en una celda de la prisión de Santa Martha Acatitla, la primera secretaria de Estado en correr por esa suerte judicial en 30 años, desde que Eduardo Pesqueira, secretario de Agricultura en el gobierno de Miguel de la Madrid, fue detenido en el primer año del sexenio de Carlos Salinas, acusado de enriquecimiento ilícito e irregularidades cometidas durante su cargo. Desafiante, no se preparó con el rigor que debía haberlo hecho, pensando que como no había firmado nada, nada debía ni temía. Por esto mismo, la principal razón de su encarcelamiento y que su caso escalara exponencialmente es gracias a los abogados a los que se encomendó.

La confianza que depositó Robles en sus abogados defensores fue a prueba de armas nucleares. El equipo se lo recomendó Xavier Olea, el controvertido exfiscal de Guerrero, quien sugirió a sus hijos y a un despacho para que la defendieran de la acusación de la Fiscalía General que causó un daño al erario por cinco mil 73 millones de pesos. Los abogados fracasaron al cometer errores elementales. Por ejemplo, que presentaron como prueba de residencia identificaciones con diferente dirección, que fue una de las razones por las cuales el juez Felipe de Jesús Delgadillo, la envió a la cárcel.

Pero la políticamente más sensible, es no haber combatido la acusación de los fiscales de que había sido omisa en frenar las irregularidades e informar a su jefe inmediato superior. La forma como sus abogados la defendieron fue decir que ella no fue omisa porque informó al expresidente Enrique Peña Nieto, de las irregularidades, señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, mediante el teléfono rojo como se identifica la red intragubernamental y en sus acuerdos, y de haber notificado a José Antonio Meade, quien la sucedió en la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que la próxima semana debe presentar copia certificada del acta entrega-recepción en esa dependencia.

El acta entrega-recepción no debe ser un documento toral en el juicio a favor de Robles. Por ley, en todas las actas de entrega se incluyen las auditorías, por lo que deberá contener las observaciones de la ASF y las respuestas que le dieron. Además no son documentos secretos, porque esas observaciones se derivan del análisis de la cuenta pública. Lo que pretendían los abogados defensores, se puede conjeturar, es demostrar que al no seguir ella al frente de Sedesol, no podía solventar las observaciones realizadas por el entonces auditor, Juan Manuel Portal, y que tenían que haber sido respondidas por su sucesor.

Fue otro error de los abogados defensores. Meade presentó denuncias a partir de la información de las auditorías y sancionó donde correspondía, lo que no hizo ella en su momento. En los siguientes análisis de la cuenta pública no se repitieron las imputaciones que se le habían hecho a Robles. La Fiscalía la acusó de omisión en la supervisión de actos que resultaron en daño al erario, que no continuaron en la gestión de Meade, de acuerdo con la información pública. Mencionar sus abogados que informó a Peña Nieto y a Meade alimenta el imaginario colectivo, pero no la exime de la obligación que tenía y su incapacidad para desvirtuar los dichos del auditor Portal.

Robles fue acusada por tres exfuncionarios en la Sedesol y en la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) de que pese a ser informada de las irregularidades no hizo nada, y la forma como la defendieron sólo provocó que el caso se magnifique en tribunales. Su defensa rápidamente dijo ayer que no llamaría a declarar ni a Peña Nieto ni a Meade, pero al haber sido señalados durante la comparecencia, pueden ser llamados por la fiscalía, sobre todo porque el propio juez Delgadillo preguntó si no podrían imputar al excandidato presidencial por los mismos delitos que la acusada.

La defensa de Robles parece dislocada. La semana pasada plantearon la posibilidad de señalar como parte de las irregularidades a Ernesto Nemer, actual jefe de la bancada mexiquense en San Lázaro, quien inició el sexenio de Peña Nieto como subsecretario del ramo en Sedesol. No prosperó, cuando menos hasta ahora, porque Nemer estuvo completamente desvinculado, administrativamente, y políticamente marginado en todos los hechos que le imputan a Robles. Quería la defensa un mexiquense como acompañamiento de su cliente, pero Nemer no podrá ser.

La posibilidad de que Robles se acoja al criterio de oportunidad que prevé la ley, donde ella evita ser juzgada a cambio de cooperar con la autoridad aportando pruebas de irregularidades o ilegalidades de sus superiores, sigue abierta. La gran interrogante es si ella está dispuesta a declarar contra el expresidente, de quien es muy cercana desde que comenzó a colaborar con él en el gobierno del Estado de México. Esa previsión de la ley abriría la Caja de Pandora del Grupo Atlacomulco y conectaría, de acuerdo con personas que conocen detalles de los tratos oscuros de Robles con Los Pinos, con el expresidente Peña Nieto. Una tiene que ver con las instrucciones que recibían sus más cercanos colaboradores directamente de la secretaría particular del expresidente para el manejo de los recursos, y la otra sobre cómo un pariente de Peña Nieto se fue quedando con terrenos federales para su usufructo. De estos temas se hablará más adelante.

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Don Giovanni

1.- El exceso
2.- La justicia a distancia
3.- La realidad no es como la pintan
De la Valija. No hay
Libia Dennise García Muñoz Ledo

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1.- El exceso

María del Rosario Piedra

Al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo le espera otra difícil semana, pues sus hombres fuertes en la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública permitieron que un asunto sensible, pero atendible, escalara a una nota de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a una exigencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), condenando la agresión de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública estatal contra activistas y familiares de víctimas de desaparición forzada que exigían una audiencia con el Ejecutivo.

Los colaboradores del Ejecutivo estatal parecieran no saber que la política ya es global, sobre todo cuando en las semanas previas a la represión de este viernes, Guanajuato ha estado en los titulares de medios nacionales e internacionales por su gran violencia, mientras se tensan las relaciones entre el gobernador y el presidente de la República. Por ende, debieron ser muy cuidadosos en el manejo de un tema muy delicado como es la búsqueda de desaparecidos, al que no atendieron con diligencia durante dos años, siendo Guanajuato prácticamente el último estado en contar con una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, colocando en su titularidad a un personaje sin el peso suficiente que evitara oposición a su encargo.

En el exceso, fue detenido por las FSPE hasta el visitador de la CNDH para luego liberarlo con el “usted disculpe”. Los hechos empañan el esfuerzo hecho esta semana que fenece por Sinhue Rodríguez para enderezar la percepción sobre la eficiencia de su gobierno en materia de seguridad. Cabe mencionar que María del Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, conoce ampliamente del sufrimiento de los familiares que no vuelven a ver a un ser querido que, por la razón que sea, fue desaparecido de manera forzada. La búsqueda de los familiares desaparecidos va más allá de lo partidario o la política sectaria.

2.- La justicia a distancia

Héctor Tinajero Muñoz

Será en los próximos días cuando el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, obligado por las circunstancias que impone la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, implemente videoconferencias, en tiempo real, en los juzgados civiles de partido especializados en materia familiar.

El acuerdo tomado en el seno del Consejo del Poder Judicial estatal, que preside el titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz, se encuadra bajo las disposiciones de seguridad sanitaria emitidas por la Secretaría de Salud estatal y su correspondiente federal, para evitar en lo posible contagios entre su personal y los usuarios de sus servicios, a través de protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria, privilegiando la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones.

En el orden federal ya se han emitido disposiciones para que las medidas se utilicen también en el orden penal, de acuerdo con los imperativos. Es la nueva realidad en los juzgados, pero también de los demandantes de justicia, que sufrirán las de Caín en la adaptación.

3.- La realidad no es como la pintan

Hugo López-Gatell Ramírez

Sin semáforo, la extensión del servicio público de salud a las comunidades como la nueva estrategia y la ampliación de la infraestructura hospitalaria en el estado para vigorizar la atención de los pacientes constituyen las dos novedades que el sector salud federal informó que se aplicarán en la semana. Mientras, las autoridades locales estarán insistiendo en la aplicación severa de las medidas sanitarias y estreno, hoy, del uso obligatorio del cubrebocas en locales cerrados y abiertos.

Como parte de la información sobre la pandemia se ofrece encriptado, es menester considerar que las revelaciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, cuando pone en sobre alerta al país, es porque algo viene reptando. Pide elevar la prevención ante la aceleración de la apertura ,debido al avance de los contagios que podría generar un panorama negativo del país; en la tesitura, señaló a las entidades con mayor incidencia, sobresaliendo Guanajuato en cuarta posición

Los datos sobre la movilidad de la enfermedad para el cierre de semana revelan que las proyecciones de hace dos meses quedaron lejos de la realidad moldeada con 12 mil 794 casos de contagios, 766 decesos, y 12 mil 638 de transmisión comunitaria. De acuerdo con el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, es resultado del relajamiento de las medidas para encararlo, por ello habló de la “gran convocatoria” donde se pide a la gente llevar el mensaje; además lanzó una convocatoria de equipo al personal del sistema estatal de salud.

De la Valija. No hay

Sin adoptar su responsabilidad, en lo que le toca, sobre la ola de inseguridad que afecta Apaseo el Grande y provoca el cierre de negocios, el alcalde Moisés Guerrero Lara también ha decidido tirar el arpa y abandonar a quienes requieren apoyo para subsistir ante la pérdida de sus trabajos. La crisis pega doble en su municipio, pues a la inseguridad se sumó la pandemia de COVID-19. Se le ve verde, teniendo ejemplos en otros lados de cómo ayudar sus gobernados.

Libia Dennise García Muñoz Ledo

El primer corte de la aplicación de la nueva Ley de Violencia Digital se reveló que se habían presentado 8 denuncias ante la Fiscalía General del Estado y se les daba seguimiento a 30 casos más, donde las víctimas no se habían decidido a denunciar; después de los primeros cinco meses, en octubre del 2019, la legisladora local -que hizo suyo el instrumento legal- comentó los casos en los municipios de León, San José Iturbide, Comonfort, San Francisco del Rincón y Guanajuato

Libia Dennise García Muñoz Ledo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, diez meses después, realizó una especie de segundo corte, durante la conferencia virtual ofrecida en el Instituto de Atención a la Juventud al señalar que existen siete denuncias por captación de menores de edad, 163 por afectación de intimidad y 181 denuncias por acecho, creando un cuadro limitado del gravísimo problema de violencia contra las mujeres. Aclaró, los datos no reflejan el más mínimo de los casos que existen en el estado, pues las féminas no se atreven a denunciar.

Libia García presentó la violencia por la red, matizando que las féminas de todas las edades son víctimas del delito por la vía digital. Y la complejidad que representa para niñas y adolescentes, sin descartar los casos de mujeres casadas y con hijos. La diputada insistió en los ataques a jovencitas que son exhibidas, extorsionadas e indefensas y descubrió que en Guanajuato han sido detectados más de 200 sitios de explotación sexual digital en Celaya, Cortazar, Villagrán, Irapuato y León. Ese gran paquete amenazante.

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Una transfiguración

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Una transfiguración

Reflexioné sobre el título que daría a este artículo. Uno pudo ser el que le habría dado hace tres o cuatro días. Pero esperé para ver —la incredulidad del profano, deseoso de conversión— el desarrollo de la visita presidencial a los Estados Unidos. Dudé entre varios títulos: transfiguración —aunque la palabra evoca cierto significado religioso, que no es mi intención—, o bien, escapismo o escamoteo. Todas son aplicables, como podrá advertir el lector, pero elegí la más solemne y espectacular: transfiguración. Y voy sobre ella.

De verdad, las cosas ya no son como antes. No quiero decir un antes remoto. Vamos, ni siquiera uno cercano: unos meses o unos años. Antes, por ejemplo, de que el presidente anfitrión tomara su iniciativa contra los dreamers, o adoptara los acuerdos ejecutivos que dispersan familias de migrantes —niños inclusive, cuyo destino se halla sujeto a “investigación”—, o amenazara con medidas fiscales si el de aquí no frenaba el flujo migratorio, o calificara como criminales a los migrantes de origen mexicano.

Si las cosas que ya no son como antes para el gobernante norteamericano, tampoco lo son para el mexicano. La diferencia es notoria entre las cosas que pensó y proclamó el candidato, hoy presidente, cuando reivindicó la dignidad de los migrantes y reclamó al vecino poderoso el trato que se les infligía, ofreciendo que pondría su autoridad al servicio de un nuevo trato: humano y generoso. Las cosas ya no son como las ha observado la representación consular mexicana, ni como las han mirado los analistas y los periodistas que siguen de cerca el difícil tránsito de los migrantes y su retorno a México en espera de que se resuelva su porvenir. Las cosas han cambiado, de cabo a rabo. La transformación (no aludo a la cuarta, que ya expande sus beneficios en todo el país, con más celeridad que la pandemia o la declinación de la economía) sino al cambio en las palabras y en el estilo. Supongo que este nuevo giro se debe a la mudanza de la realidad: antes desoladora y hoy venturosa. Presumo que nos encontramos en plena era de novedades, aunque aún no las registren los testimonios de la relación bilateral. Pero las cosas ya no son como antes y no volverán a ser como fueron.

Por lo pronto, la transfiguración comenzó a operar en la preparación del viaje. Quien se resistió a utilizar el tapaboca recomendado a todas las personas y a practicarse un examen para detectar la ausencia del Covid-19, optó por ajustarse a la realidad —es decir, al protocolo que allá se observa y aquí no—, portar el tapaboca y recurrir al examen. Buena decisión, por cierto, que pudo iniciar aquí. Pero más vale tarde que nunca.

Antes de emprender el histórico viaje fuera de México, primero que realiza en un año y medio de gobierno laborioso, el alto funcionario aprobó —entiendo que tras una cuidadosa negociación, como recomiendan la razón y la cortesía— el programa de su estancia. Excluiría entrevistas con migrantes de origen mexicano (que podrían manifestarse, si lo desearan, en la calle y atrás de la guardia de seguridad), e incluso con residentes tradicionales del mismo origen; prescindiría de conferencias de prensa y se abstendría de expresiones improvisadas, y evitaría cualquier encuentro con personajes del proceso electoral norteamericano (salvo con el presidente-candidato, su anfitrión) para impedir que sesgos indeseados empañaran la neutralidad de la visita.

Hubo justificaciones para el viaje y su programa. Se iba a lo que se iba: celebrar el tratado comercial suscrito hace ya algún tiempo, y nada más. Se festejaría con o sin Canadá. Frente a la crítica amarga —como suele ser la crítica— con respecto a la pertinencia y oportunidad del viaje, se opuso una razón persuasiva: evitar “pleitos” con los Estados Unidos, su gobierno o su presidente (que no siempre es muy cauteloso en sus expresiones sobre México, aunque ahora sí lo fue, como prueba de que las cosas ya no son como antes y ni siquiera como eran en la víspera, cuando el mandatario norteamericano visitó y elogió el “bello” muro fronterizo).

Nuestro presidente ocupó un discreto asiento ordinario en un avión comercial. Quedó sujeto a la curiosidad de sus compañeros de viaje y se abstuvo de conversar con ellos; apenas cruzó algunas palabras, silenciadas por el tapabocas. Ni hablar de entrevistas de prensa. Bien que el mandatario conservara su modestia característica. La investidura presidencial no necesita más. El mandatario puede viajar con sencillez y representar sin mayor aparato a ciento treinta millones de mexicanos, embelesados por ese rigor franciscano.

En el único día completo de su visita a Washington, nuestro mandatario rindió honores a los próceres de ambas naciones, celebración que sí fue como las de antes, y escuchó elogios y diatribas de migrantes y connacionales callejeros. Seguramente fueron más intensos los elogios, a los que pronto se sumaría el discurso de su anfitrión. Por fortuna, éste se deshizo en alabanzas hacia su huésped —como el huésped hacia su anfitrión— y exaltó la magnífica contribución de los migrantes de origen mexicano a la vida y el desarrollo de los Estados Unidos. Quienes lo oímos a través de la radio o la televisión escuchamos extrañados —y conmovidos— esa amable convicción. Y desde luego conocimos los elogios que se tributaron mutuamente ambos presidentes, prenda de amistad que será perdurable y que esperamos se refleje en los hechos de nuestra relación bilateral: quiero decir, la relación entre los países, no sólo entre los flamantes amigos. Por cierto, ojalá que el afecto que el liberal mexicano tiene hacia el conservador norteamericano se derrame igualmente hacia los conservadores de aquí, que también son mexicanos (lo dijo Juárez; yo lo repito).

En suma, esta visita salió a pedir de boca, cualquiera que fuese la boca que la pidió. Cada uno de los nuevos amigos obtuvo lo que podía desear conforme a su agenda particular. De eso no hay duda. Lo que no me explico, al cabo de esta transfiguración, es por qué aún existe en algunos ciudadanos de nuestra sufrida república —ya desagraviada— un extraño sentimiento de frustración, cierto desconsuelo. Pero ya sabemos que siempre velan antiguas amarguras, sean del neoliberalismo, sean de la reacción.

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¿Y el libre mercado?
Una de bomberos
El fiscal general ante la sociedad
De la Valija. Se busca defensor del pueblo
Juan José Álvarez Brunel

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¿Y el libre mercado?

Rolando Alcantar Rojas

A la idea de construirse una aplicación por parte de la administración estatal para organizar a conductores de servicio de transporte ejecutivo y proporcionar el servicio a la población, con el afán de que esos recursos no se vayan fuera de Guanajuato, le siguió el apoyo irrestricto e irreflexivo de las organizaciones de taxis, tradicionales aliadas del partido gobernante, pues lo ven como ariete y aliado en su lucha contra su competencia encuadrada en aplicaciones como UBER, DIDI y otras.

Sin embargo, entre esas voces, emergió una para barnizar con cierto sentido de realidad a la propuesta. Fue el diputado panista y presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado, Rolando Alcantar Rojas, quien advirtió que la aplicación estatal deberá enfrentar el factor competencia ante el libre mercado, además remató: pensar que con la aplicación se queden los recursos de los prestadores del servicio en la entidad, está fuera de “actualidad”. El diputado entiende una máxima, la tecnología siempre va por delante del acto del gobernante.

En la propuesta para la app no conviene adelantar vísperas. Como tampoco deben hacerlo los concesionarios del transporte público en Guanajuato Capital, que otra vez se lanzaron por un aumento a la tarifa del pasaje, en medio de una crisis que golpea a los más débiles económicamente. El alcalde Alejandro Navarro ya puso el freno. Este año no hay de piña.

Una de bomberos

José Carlos Nieto Juárez

Antes que imponer la huelga de mangueras, ante el abandono que sufren de la presidencia municipal a cargo del moreno José Carlos Nieto Juárez, los bomberos de Comonfort han puesto manos a la obra y con venta de comida buscar obtener recursos para poder comprar equipamiento y no dejar sin apagafuegos a su municipio. No se sabe si luego sacarán calendario en poca ropa, como han hecho otros heroicos.

El caso impone la revisión de la penosa situación que sufren estos valerosos servidores públicos, pues en el caso de Guanajuato, salvo contadas excepciones, su tarea pasa por el voluntariado y no como un servicio público, como mandata la ley. Es una interpretación tramposa e irresponsable del concepto de seguridad pública.

La situación más absurda es la de Guanajuato Capital, donde conviven dos cuerpos de bomberos voluntarios, siempre en pleito y amparados en los gobernantes en turno para sacar ventaja sobre los otros.

El fiscal general ante la sociedad

Miguel Márquez Márquez

No tiene la Fiscalía General del Estado (FGE), ante las posibles dudas que se han recreado sobre su actuación en la procuración de justicia y lo mandatado por la Ley, más que actuar con “certeza y transparencia” a fin de evitar cuestionamientos, hasta las especulaciones, en el caso de los posibles responsables de la masacre de 27 jóvenes en el Anexo de Irapuato porque la defensa de Jesús Emanuel “N” consideró que es un chivo expiatorio. Luego de la causa pasada donde estuvo vinculada la mamá de “El Marro” y salió libre, las dudas han recaído en la FGE.

Desde hace varios años, las autoridades en la entidad señalaban preocupadas la existencia de la especie de “puerta giratoria”, pues a pesar de las aprehensiones el debido proceso no se cumplía o la justicia federal otorgaba libertad y sobrevenía el reparto de culpas. El asesinato masivo marca un hito en la historia de Guanajuato, por las características de los jóvenes ejecutados, procuración y la administración de justicia. El fiscal Carlos Zamarripa Aguirre se está jugando más que prestigio, la mano más importante como autoridad.

En este escenario en que el exprocurador general de justicia durante el sexenio pasado de Miguel Márquez está en el “ojo del huracán” y la lupa social, le brotó una cuestión de vehículos de lujos robados con los números de sus series alterados. Los carros localizados en el domicilio de Andrés Michel Catalán y Fernando Michel Jiménez, empresarios de Irapuato quienes con apoyo de Rafael “El Gallo” Barba se convirtieron en favoritos del exgobernador para obtener un contrato para hace un diagnóstico de luminarias. El asunto, también será clave en la actuación de Zamarripa y del gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

De la Valija. Se busca defensor del pueblo

José Raúl Montero de Alba

A la designación del gobernador de Héctor Alonso Díaz Ezquerra como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas le han seguido muestras de rechazo por organizaciones civiles y familiares de las víctimas de desaparición forzosa, incluyendo plantón indefinido afuera del Teatro Juárez, para que se rehaga el procedimiento de designación del cargo. Las únicas muestras de apoyo han salido del partido gobernante y la respuesta al plantón ha sido darles cita… la próxima semana.

En este caso, como también en tantos otros, como las respuestas oficiales a las peticiones de seguridad en Anexos o el abandono de la autoridad ante abusos sexuales contra infantes, se extraña la intervención del Procurador de los Derechos Humanos, José Raúl Montero de Alba, que no necesita petición de parte. Nomás no se le ve o no se sabe de sus oficios. Ya le exhortaron que se interese, al menos, en las exigencias del plantón en el Juárez.

Juan José Álvarez Brunel

Hace dos meses, aproximadamente, se llevó a cabo un cambio radical sobre el concepto de desarrollo turístico en el territorio guanajuatense. Llegó en el complejo marco de la pandemia y del fin de un proyecto de trabajo implementado en el arranque del sexenio –septiembre 2018-, carente de una visión estatal para insertarse en el plan nacional. Los efectos del problema de salud pública jalaron a la economía y la industria turística salió muy afectada; por lo tanto, será la que requiera apoyos significativos con un plan agresivo para lograr la recuperación.

Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo de Guanajuato, está ante la oportunidad de liderar la instancia amalgamando las acciones de los gobiernos, estatal y municipales, con las expectativas e intereses de los prestadores de servicio y el mercado doméstico. En ese tránsito, el nuevo plan de trabajo, de Juan José, tendrá que trascender las tres ideas básicas que planteó en mayo: lo emergente, mantenimiento y la reactivación. La CANIRAC en el estado ha llamado la atención a fin de evitar pérdidas de empleos. La nueva tarea podría reiniciar desde ahí.

El secretario Álvarez Brunel tiene experiencia en el empleo como en formación laboral y debe aprovecharlo. Con una idea ilimitada de la promoción de destinos y su importancia en la crisis, y la definición de la lucha por visitantes, Juan José Álvarez, tiene a la mano estudios que pueden ayudar en el esfuerzo. Debe tomar en cuenta que, de febrero y mayo, se perdieron 210 mil empleos formales en los sectores hoteleros y preparación de comida del país para dimensionar el problema.

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