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Aguanten, digan guácala y abrásenlos

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Aguanten, digan guácala y abrásenlos

La zona serrana de Guerrero está sufriendo. Hay un desplazamiento forzado que ha dejado pueblos fantasmas porque familias enteras huyeron ante la presencia y ataques de grupos criminales que los robaban y mataban. “Se ha roto el tejido social”, dice un habitante de esas comunidades. “Ha caído drásticamente el pequeño comercio, la ganadería, la agricultura. Las escuelas de esta zona son una tristeza. En pocas palabras se respira desesperanza y miedo”. Esta realidad se la describió por carta al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y al senador Félix Salgado Macedonio, que es de Guerrero. No tuvo ninguna respuesta de ellos, aunque Durazo, de manera indirecta, le respondió.

Este ciudadano recibió respuesta de Leonel Cota Montaño, subsecretario de Seguridad Pública, pero no le dio certidumbre ni tranquilidad. El exgobernador de Baja California Sur y expresidente nacional del PRD, donde se incubó Morena, le dijo: la desintegración social y la inseguridad de su pueblo es una muestra de cómo “miles” de comunidades en el país “se fueron contaminando con la presencia de grupos armados, la siembra de enervantes y del mercado ilegal de las drogas”. También, agregó, refleja el proceso de fortalecimiento de los grupos criminales mientras se daba el abandono del territorio por parte del “Estado Neoliberal, que preocupado sólo por hacer negocios y servir a los intereses de unos cuantos, dejaba en el abandono el campo y a los sectores más humildes y necesitados de la población”.

El diagnóstico es certero. En algún momento que nadie tiene claro, el tejido social se rompió y los valores se trastocaron. Y todo se fue descomponiendo más y más. A mediados de los 90, en las zonas residenciales de una de las ciudades cuna de grandes capos de la droga, sus habitantes impedían mediante la presión y el aislamiento social, que narcotraficantes fueran sus vecinos y que estuvieran en la escuela y las fiestas con sus hijos. Una década después, ante la falta de oportunidades económicas, la visión había cambiado. Dejar a sus hijos arriesgar diariamente su vida a cambio de dinero y una vida que jamás tendrían, fue aceptado como divisa de cambio por una vida corta. En dos de las más grandes ciudades mexicanas, los capos fueron admitidos socialmente. Los estereotipos en las narconovelas en televisión crearon modelos a seguir para cientos de jóvenes.

El Estado Mexicano no hizo nada. Desde mediados de los 80, abandonó el campo y achicó las instituciones que lo atendían. El EZLN, que nunca se involucró con el narco, fue una expresión clara de ese abandono: su surgimiento se dio en las zonas cafetaleras que dejó a su suerte el Instituto Mexicano del Café, al ser cerrado. En la sierra de Guerrero, el Ejército, pragmáticamente, cerró los ojos por décadas permitiendo que los campesinos cultivaran amapola. Un general, confrontado por esa tolerancia, respondió: “Si no lo hacemos, se mueren de hambre”. El tejido social no podía fortalecerse. No había Estado para atender esa fractura nacional. El modelo neoliberal tuvo en ello una de sus más grandes externalidades.

Cota lo refiere bien en su carta al vecino de la sierra de Guerrero, pero no abre un camino que avizore soluciones. Su respuesta es descorazonadora porque está llena de propaganda y lugares comunes. “Con la honestidad y responsabilidad que debe caracterizar a un gobierno que quiere transformar al país, le comentamos y nos comprometemos con lo siguiente”, le dijo. “El proceso de reconstrucción del Estado Mexicano, para reorientarlo al servicio de los sectores, regiones y comunidades de todo el país, llevará un tiempo razonable que va de tres a seis años… Las bases de la reconstrucción del estado empiezan con las políticas sociales de bienestar con apoyos a los adultos mayores, discapacitados, becas para estudiantes y cobertura en educación y salud… La nueva política económica… contempla incrementos salariales arriba de la inflación… La presencia y operación de la Guardia Nacional… es sólo un complemento de las políticas económicas y sociales del nuevo proyecto de nación… de nada sirve enviar a la Guardia Nacional si antes no han llegado los programas sociales, educativos, económicos y culturales”.

¿Cómo le hace la gente en zonas como la serrana de Guerrero? ¿Mandando a volar a los criminales y a los cárteles de la droga como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador? Decirles, cuando los vean, ¿“fuchi” y “guácala”? Obviamente no, pero tampoco existe un plan alterno. La carta de Cota confirma que el combate a criminales no es la prioridad, que la prevención –que es lo que significan los programas sociales- son la primera vía, aunque para que eso pueda darse, no bastarán los tres a seis años que planteó el subsecretario como horizonte, sino cuando menos una generación para comenzar a verse el impacto. Objetivamente, eso no será posible sólo con abrazos sin balazos.

La receta que propone el gobierno está incompleta. El gobierno de Felipe Calderón fracasó porque no fue integral –sólo funcionó la policial-militar-; el de Enrique Peña Nieto se hundió porque primero no hizo nada, y luego siguió el ejemplo de Calderón, sin atender lo social. Vamos para allá. La crítica que hace Cota al pasado, también es al presente. El gobierno está aniquilando programas que daban soporte al tejido social y soslayando, como los antecesores, al campo. El presupuesto para el próximo año es una muestra. Le quitan dinero y están prendiendo una bomba de tiempo. A los municipios también les reducen las participaciones federales. El programa de becas para jóvenes, casi se redujo a la mitad. No hay para dónde voltear. Ni tampoco mucho espacio para la esperanza.

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Otra vez, el asedio a la Universidad

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Otra vez, el asedio a la Universidad

En 2019 celebramos un importante aniversario de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de 1929, que abrió la puerta a la autonomía de la Universidad. La hemos conservado, contra viento y marea. En 2019 festejamos con entusiasmo, pero también con cautela. Dijimos que las victorias que proclamamos pueden convertirse en derrotas si no cuidamos con esmero y energía el espacio conquistado. La selva puede recuperar en un santiamén sus antiguos territorios.

Esto pretende cierta iniciativa de reforma presentada ante la Cámara de Diputados, con gran desenfado y flagrante ignorancia. Ignorancia (¿o no? ¿tal vez plena conciencia? ¿calculada intención?) de lo que la propuesta de marras puede implicar para la vida de la Universidad Nacional y, por este medio, para la vida de México. No es posible guardar silencio ante la temeraria iniciativa. En consecuencia, hablemos. Hagámoslo en alta voz. Se trata de defender a la Universidad de la Nación frente a la enésima arremetida que se le dirige.

Me explicaré. La autonomía universitaria, iniciada en 1929, culminó en la Ley Orgánica de 1945, en vigor. Esta ley no ha sido reformada, a diferencia de otras, frenéticamente modificadas o sustituidas. Se mantiene intacta, pese a los infortunios que ha enfrentado la Universidad en 75 años. No ha variado porque los universitarios han opuesto una voluntad lúcida y rotunda a diversos amagos de reforma, que no han cesado y probablemente no cesarán. La Ley de 1945 conserva su vitalidad porque ha funcionado bien. Esto no significa que se haya “petrificado” la normativa de nuestra casa de estudios. Se mantiene al día, merced a la actividad constante del Consejo Universitario, que actualiza las disposiciones que rigen la vida institucional.

La ley de 1945 se fraguó en medio de otra turbulencia que mantuvo en vilo a la Universidad. En esos días, el sabio rector Alfonso Caso, acompañado de juristas eminentes, pero sobre todo de universitarios animosos y esforzados, sugirió un novedoso método de elección de las más altas autoridades universitarias. Ese método estableció un procedimiento electoral consecuente con la naturaleza, las necesidades y las expectativas de la Universidad de la Nación.

Fue así que se creó la Junta de Gobierno, dotada con atribuciones para elegir al Rector y a directores de escuelas, facultades e institutos. Los integrantes de esa Junta son designados por el Consejo Universitario, cuyos miembros son electos directamente, a su vez, por estudiantes, profesores, investigadores y parte de la comunidad universitaria.

En momentos de grave quebranto, crisis profunda de la vida universitaria, la Junta de Gobierno ha permanecido en pie, como garantía de la integridad de la UNAM. Esa integridad, cuyo cimiento es la autonomía, constituye una doble garantía: garantiza a la sociedad que puede contar con una Universidad donde prevalecen el trabajo y la libertad. Y garantiza a los jóvenes mexicanos un medio de desarrollo y progreso. Por ello el pueblo se ha identificado con la Universidad y ésta, a su turno, con el pueblo de México.

La intempestiva propuesta presentada a la Cámara de Diputados pretende sustituir el modelo actual por un asambleísmo que expondría a la Universidad a toda suerte de intromisiones. Éstas quebrantarían la autonomía universitaria y afectarían el enorme esfuerzo de la institución por dotar a los jóvenes mexicanos de un instrumento competente para asegurar su desarrollo al margen de las contiendas partidistas y los asedios del poder público. No sería la primera vez —y no será la última— en que bajo la aparente bandera de la democracia se intenta dar marcha atrás al progreso y a la libertad. La demagogia, que acecha en todos los rincones y se mantiene en vigilia, sustituiría a la razón.

Llaman la atención los constantes embates que sufre la educación pública superior, y con ella el desarrollo de la nación. Quienes atacan la autonomía de la Universidad parecen seguir un deliberado itinerario de demolición. Pretenden destruir la obra educativa de muchas generaciones. Esa obra, que ha costado “lágrimas, sudor y sangre”, se vería sustituida por la irresponsable improvisación y la degradación flagrante de la educación superior. Hace unos días me pregunté en este mismo espacio periodístico por la “mano negra” que se abate sobre la Universidad: Tomé la expresión de una frase del presidente de la República. Recurro a esa misma frase para preguntar ahora por la “mano que mece la cuna” de las arremetidas contra la Universidad.

Afortunadamente el rector de la UNAM ha reaccionado con presteza, inteligencia y firmeza frente a la propuesta demoledora. A esa reacción debe sumarse la comunidad universitaria —y más todavía: la sociedad en pleno— para reclamar el respeto a la autonomía y rechazar las nuevas embestidas que la ponen en peligro. En este caso, como en tantos otros, el silencio cobraría un alto precio. ¿Lo pagará el pueblo de México?

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Don Giovanni

1.- Producir el nuevo derecho de la mujer
2.-La UG responde a la necesidad
3.- La emergencia de la gran verdad
De la Valija. Filtrar; modelar información a favor
Libia Dennise García Muñoz Ledo

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1.- Producir el nuevo derecho de la mujer

CONAGO

Al concluir la tercera semana de febrero, los gobiernos federal y estatal, cerraron pinzas para impulsar la homologación del delito de feminicidio en todo el país. En la reunión de la Conago en Baja California Sur con el presidente Andrés Manuel López Obrador se logró una alianza pública para convocar a una reunión urgente y abordar la violencia contra las mujeres.

En la reunión en donde participó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quedó amarrado el compromiso de hacer el esfuerzo de forma mancomunada entre estos dos órdenes de gobierno. Lo que también vehiculiza la posibilidad de conformar un Código Penal tipo, debido a los problemas graves del momento. No necesariamente deberán ser leyes especiales, pero la necesidad obliga.

Mientras, en la ciudad de México, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que se ha metido en la cabeza tocar el tema para poder atender con eficiencia el delito, se reunió con legisladoras de los grupos parlamentarios para trabajar en una iniciativa y homologar el tipo del feminicidio para presentarse en los próximos días. La cuestión de la mujer, álgida en este momento, está logrando este posible esfuerzo conjunto.

2.-La UG responde a la necesidad

Carlos Zamarripa Aguirre

A petición de la Comunidad Estudiantil de la Universidad de Guanajuato (CEUG) el Consejo General Universitario (CEU) de la máxima casa de estudios estatal, aprobó por unanimidad y de manera excepcional, abrirle espacio en las “Comisiones para el Seguimiento de la Política Institucional y de los Casos de Violencia de Género y de Seguridad”, con la finalidad de que avancen los acuerdos signados por las autoridades universitarias con los alumnos de ‘La Colmena’.

Después de casi tres meses de iniciado el movimiento contra los abusos y hostigamiento sexuales, contra estudiantes y trabajadoras de la UG, transitando por paros, mítines y acciones específicas por respuestas para terminar contra dicha violencia, se podría avanzar y tratar de que se castigue a los responsables y se recreen los protocolos y reformas normativas, a fin de evitar que vuelvan a suceder estas conductas y se castigue con firmeza y rapidez a los culpables.

Cuando las negociaciones empiezan a avanzar entre autoridad y CEUG, emergieron denuncias públicas de los movimientos feministas universitarios por lo que llamaron acoso, hostigamiento e intimidación por su participación en las movilizaciones contra la violencia de género. En la última participación de las feministas, esta misma semana, una de las consignas más sentidas fue “Fuera los Violentadores”.

El Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, que forma parte de los acuerdos con la UG, los gobiernos del estado y la capital; debiera tomar cartas en el asunto, pues lo señalado por las feministas son acciones que ponen el riesgo la integridad física y psicológica de las jóvenes universitarias. Existe la manera de detectar estas amenazas que se dan principalmente por las redes sociales y ya tienen tiempo.

3.- La emergencia de la gran verdad

A la autoridad educativa en el estado le preocupa hurgar en las mochilas de los niños y adolescentes, aduciendo la posibilidad de que alguno sea portador de armas, drogas y otros insumos que puedan perjudicar a los escolares. Sin embargo, poco se ha preocupado de las agresiones al alumnado por parte de directivos, trabajadores y maestros.

Ayer, en Celaya, estudiantes de la secundaria “Salvador Zúñiga” protestaron y denunciaron abusos sexuales de dos profesores, además de exigir la destitución de Josué Adolfo “N”, quien violentó a cinco adolescentes de la escuela. La manifestación precedió al reclamo de los padres de familia a las autoridades de educación, en donde se anunció que uno de los profesores fue dado de baja, sin informarse si hubo procedimiento penal en su contra por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG).

Durante la protesta que culminó en paro de labores, los alumnos mostraron su indignación por la actuación de sus profesores abusivos, que pudieron constatar los directivos de la secundaria. Se espera que la titular de la SEG, Yoloxóchitl Bustamante Diez, informe sobre lo sucedido, sin olvidar que está al frente de una instancia que se dedica a la instrucción escolar con menores de edad, y que debiera considerar que existen problemas similares en otras instancias.

La seguridad para los estudiantes de educación básica no radica en la tesis de que son ellos los responsables de la violencia que se ejerce en las escuelas, sino en las autoridades que son encargadas de instruirlos y cuidarlos.

De la Valija. Filtrar; modelar información a favor

Quizá el defecto más grande de quienes ostentan el poder o los trepan en un ladrillo, es creer que tienen la oportunidad, no sólo de cumplir con sus obligaciones, sino también de incumplirlas, teniendo aliados en la difusión de sus actividades. En la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Alvar Cabeza de Vaca Appendini, dicha praxis parece el sello de casa.

Cuando hay una situación complicada para su dependencia, como el ahogamiento de uno de sus agentes en una alberca u homicidios donde interviene su personal, la regla es la opacidad. Por el contrario, cuando se tiene algún éxito ocasional, el secretario se encarga de filtrar la información, de acuerdo a su agenda personal y no institucional, olvidando que la esencia del acceso a la información es la equidad y acaba por dañar a la sociedad.

Libia Dennise García Muñoz Ledo

Como ya viene siendo costumbre en la Casa del Diálogo, los diputados pertenecientes al grupo dominante, se reusaron en permitir que los representantes y familiares de personas desaparecidas tengan presencia significativa en los trabajos de comisiones. A pesar del interés de parte de la legislatura por darle sentido al parlamento abierto, cuando se tiene la oportunidad de incluir las posturas de los afectados para que coadyuven en el proceso legislativo, se les ataja.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, cabeza de este procedimiento, debiera ser más accesible a las peticiones de los familiares de las víctimas de desaparición, para no sólo aceptar, sino analizar todas sus propuestas, debido a la experiencia que tienen sobre el tema.

Por enésima vez, los participantes insistieron en presentar sus propuestas de modificación al anteproyecto de dictamen de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la entidad, pidiendo eliminar la categoría de persona no localizada, para que el delito de desaparición forzada se persiga de oficio. De otra forma, estarían sujetos a la decisión discrecional para abrir una carpeta e investigar una desaparición.

El grupo mayoritario del partido conservador PAN se los volvió a negar.

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Héctor Andrade Chacón

Guanajuato se mantiene entre los cinco grandes

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Guanajuato se mantiene entre los cinco grandes

Por Héctor Andrade Chacón

Luces y sombras se han presentado esta semana para la industria y la economía guanajuatense que, a pesar de las dolencias de los últimos meses, se mantiene entre los cinco motores productivos más grandes del país.

Al cierre de esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los datos de la producción manufacturera en México en 2019, que al igual que otros indicadores a lo largo de los últimos meses, vienen a ratificar la contracción que sufrió la economía mexicana. Guanajuato no pudo sustraerse de esta caída y sólo siete entidades apenas pudieron crecer el valor de su producción manufacturera el año pasado.

Las cifras nacionales señalan que la producción manufacturera se colocó en los 8.01 billones de pesos, una caída de 2.7 por ciento en términos reales al 2018, la primera variación negativa desde 2013. Guanajuato no llegó, afortunadamente, a tal contracción, pues su caída fue de 1.8 por ciento, colocando el valor de su producción en 771 mil 731 millones de pesos.

A pesar de la mala noticia, se destaca en el análisis que sus principales industrias, la automotriz y la de alimentos si crecieron, aportando 26 por ciento del valor general, aunque el resto de los subsectores productores de manufacturas se vieron afectados por las condiciones generales de la economía.

Eso sí, Guanajuato sigue siendo el cuarto productos de manufacturas más poderoso del país, condición que ha mantenido en al menos los últimos cuatro años. Los primeros tres lugares correspondieron a Nuevo León, Coahuila y Estado de México, mientras que Jalisco queda debajo de nuestro estado.

Y en el asunto de las mediciones, dado que el presidente de la República tiene la tendencia a presumir que tiene otros datos, al interior del equipo económico federal hay un esfuerzo por hacer la seriedad: se anuncia que pronto estará creado el Comité de Fechado de los Ciclos Económicos de México, con un grupo de expertos en la materia, donde sobresalen Jonathan Heath y Luis Foncerrada.

Sector automotriz mexicano en la lucha

Una buena noticia para la industria automotriz nacional, donde Guanajuato juega un papel destacado, es que este año por fin ha desplazado México a Canadá como el segundo exportador de autos a los Estados Unidos, al vender a nuestro socio allende el Río Bravo por 38 mil 58 millones de dólares en 2019, un aumento de 8.1 por ciento frente al 2018, mientras que los envíos canadienses fueron de 37 mil 819 millones

Pero no solamente eso, la tendencia productiva mexicana indica que es muy probable que antes de tres años y sobre todo por las condiciones y ventajas que podrían darse con el T-MEC, se desplace a Japón como principal proveedor de automóviles a la Unión Americana. Los nipones enviaron automotores por un valor de 39 mil 931 millones de dólares. Los estadounidenses compraron menos carros de origen japonés, lo que también sucedió con los canadienses que cayeron en 1 por ciento sus ventas, pues optaron por más carros mexicanos. Las ventas japonesas cayeron 3.2 por ciento.

La expansión mexicana en el mercado automotor estadounidense ha sido constante desde 2014, por ello hoy resulta notable que también el municipio de Guanajuato, capital del estado, por fin se incorpore de lleno al clúster automotriz.

La empresa American BOA, de capital alemán, invirtió 20 millones de dólares en el VYNMSA Guanajuato Industrial Park para producir autopartes, dando empleo de forma directa a 120 guanajuatenses.

Los fabricantes de automóviles establecidos en México incluyen Audi, Baic Group, FCA Group, Ford, Kia, Nissan, General Motors, Honda, Mazda, Toyota y Volkswagen, os últimos 5 instalados en Guanajuato, los cuatro primeros con armadoras y el último con su fábrica de motores. Hay que aprovechar la expansión.

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