Es lugar común escuchar en el discurso político contemporáneo y en nuestro país, que vivimos, que nos encontramos dentro de un estado de derecho y por tanto no debemos preocuparnos porque nuestros derechos fundamentales son reconocidos y respetados y contamos con poderes públicos y organismos constitucionales autónomos que velan por ellos y los hacen válidos.

Es importante tener claro que el Estado de Derecho, así con mayúsculas, es un componente central y fundamental de un Estado Constitucional y Democrático, al que le da sentido y contenido sustantivo. No se puede hablar de que contamos con un estado de derecho, si no estamos inmersos dentro de un Estado con esas características.

En la concepción del Estado de derecho o Estado constitucional se encuentran primero los individuos, como sujetos autónomos y dignos de ser titulares de derechos fundamentales, y solo después, para proteger estos derechos, se ubican las potestades estatales.

En un Estado de Derecho la legitimidad del poder y de las normas jurídicas dependen del respeto y de la garantía de los derechos fundamentales individuales, y en el constitucionalismo contemporáneo también se incluyen algunos derechos sociales.

En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del Ciudadano de finales del siglo XVIII (así se llamó originalmente, pero recientemente se modificó para referirse a todas las personas), en su artículo 16 señala tajantemente que todo Estado que se precie de tener una Constitución debe contemplar la declaración de derechos fundamentales de las personas y una división de poderes.

Lo anterior no se puede quedar en la mera referencia histórica y/o especulación teórica, si no lo ubicamos en nuestro contexto actual y tratamos de que se materialice en los hechos concretos.

No perdamos de vista que en México venimos de un viejo régimen autoritario, vigente la mayor parte de nuestra historia, el cual empezó a transitar hacia uno democrático, apenas en la década de los ochenta del siglo pasado. Aun y cuando teníamos una Constitución formal, con división de poderes y algunas garantías individuales, distaba mucho de los ideales de las revoluciones francesa y norteamericana.

Durante ese periodo, la Constitución se convirtió en una bandera legitimante, en instrumento retórico del discurso oficial que nunca maduro como un verdadero proyecto hacia el futuro, y el estado social y democrático de derecho se quedó en el papel, legalizando y legitimando a los poderosos, y condenando a la realidad de un estado autoritario premoderno.

La construcción democrática de nuestro país, durante las últimas tres décadas, se sustentó, por razones obvias, en la ampliación de los derechos humanos o fundamentales de las personas, así como en los instrumentos para su defensa y protección, y por otra parte hacer realidad, formal y materialmente la división de poderes.

Durante el periodo de 1997 hasta el 2018, el partido de donde provino el titular del ejecutivo federal, sus grupos parlamentarios no tuvieron mayoría en las cámaras del congreso de la unión, por tanto, aquel, no podía ordenar nada al poder legislativo, y todo se tenía que acordar con las oposiciones.

La reforma del poder judicial de 1995 convirtió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un Tribunal Constitucional, al resolver las Controversias Constitucionales y las Acciones de Inconstitucionalidad, sobre decisiones y conflictos de otros poderes, además de fortalecer el Amparo, como instrumento por excelencia para la defensa de los derechos de las personas, consolidó la autonomía e independencia de ese poder.

Se crearon diversos organismos constitucionales autónomos para garantizar diferentes derechos, como el de votar y ser votado, entre otros (como el IFE-INE), el de la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales (como el INAI), la protección y defensa de los derechos humanos (como la CNDH), el de acceder a información oficial confiable(como el INEGI), la investigación y persecución de los delitos (con la Fiscalía General de la República), así como  de asegurar funciones económicas estatales fundamentales sin injerencias políticas, como la política monetaria(con el Banco de México), entre otras.

Se fortaleció el federalismo con la mayor autonomía e independencia de los poderes estatales y municipales, que fueron perfilando su propio desarrollo político.

Al referirnos al Estado de Derecho, más allá del discurso político, es materializarlo a través de los derechos que tenemos como personas y los mecanismos de que disponemos para defenderlos y hacerlos valer, y exigir a quienes integran las instituciones responsables de ello, para que cumplan puntual y correctamente con su responsabilidad.

Es una obviedad, pero no está por demás recalcar que los servidores públicos que integran los poderes públicos y los organismos constitucionales autónomos tienen un mayor compromiso, no solo por el juramento que hacen de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, sino por el ejemplo que deben asumir de no abusar y no aprovecharse del poder que ostentan. Al menos eso se esperaría de ello(a)s.

Lo anterior viene a colación porque durante las últimas semanas y meses diversos actores políticos y medios de comunicación han señalado, juzgado y sentenciado mediáticamente a otros personajes de la escena pública, sin que hayan hecho lo propio las instituciones competentes. Las personas políticamente expuestas tienen, por razones obvias, una mayor exposición mediática, pero eso no significa que carezcan de los derechos que tenemos todos, como lo es el de ser sujeto del debido proceso, la presunción de inocencia y la secrecía de los datos personales, entre otros.

Si el discurso no se acompaña con las acciones concretas, principalmente de los actores e instituciones políticas, los contenidos del estado de derecho se pueden quedar solo en la fachada y se daña una de las piezas centrales del Estado Constitucional y Democrático.