Por años grandes grupos empresariales, indebidamente, aprovecharon sus relaciones con la clase política para obtener favores y prebendas que les permitieron engrosar sus utilidades. Esta práctica, jugó en contra de otras empresas, que en desigualdad de condiciones, no pudieron competir y acabaron saliendo del mercado, en detrimento de los consumidores y de la propia economía.

Podría decirse que anular esos nexos y colocar a estos grupos en competencia igualitaria con otras empresas es uno de los aciertos, aunque limitado por ahora, del actual gobierno de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha actuado contra la corrupción en esta esfera. El haber logrado que organizaciones como Walmart, Telmex, Femsa y más hayan pagado impuestos no pagados o litigados indebidamente, es algo que debe reconocerse. Las iguala con quienes su cumplen con el erario. Se ha dicho, estas empresas tienen bufetes especializados para tratar de no cumplir con la ley, no para fomentar el juego limpio.

El esfuerzo sería completo si López Obrador y su equipo hicieran más y buscaran eliminar abusos en el mercado. Ahí está pospuesta la regulación al sector bancario, que cobra comisiones a los mexicanos como a nadie en el mundo, logrando en nuestro país ganancias demenciales a costa de que nos guardan nuestro dinero, el cual, por cierto, utilizan para financiar otros negocios obteniendo buenos intereses. AMLO ha impedido que se reforme esta situación en la primera parte del sexenio, usted puede imaginar todo tipo de razones.

Por eso, en lo local, resulta alentador y debe aplaudirse que el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, haya cortado los cables de la compañía Mega Cable, luego de que esta ha evadido por años cumplir con una serie de derechos al utilizar la infraestructura pública. El tema no es nada novedoso. Tiene años de que tribunales les informaron que una cosa es tener una concesión federal para atender el mercado de televisión de paga, internet y telefonía (el llamado triple play) en un territorio específico del país y otra muy diferente que no cumplan con los gobiernos municipales, pagando por uso de vía pública, uso kilométrico, por cierto. Sin contar que se cuelgan de donde pueden o usan la infraestructura subterránea.

Mega Cable, ha buscado alargar en tribunales si situación, aunque de fondo ha perdido el caso. Ahora que se tomó acción, ha tenido que asumir su culpa y comprometerse a pagar en un documento donde no queda duda de lo que debe y se compromete a pagar. Todo esto es porque un grupo de inversionistas y sus directivos piensan que está por encima de la sociedad su propio bien. Necesitamos transitar hacia un comportamiento empresarial más responsable.

Por cierto, bien haría el gobierno de Alejandro Navarro acordar con la Procuraduría Federal del Consumidor la instalación de una oficina que atienda la queja de los usuarios de servicios como los que provee Mega Cable, que a diferencia de su comportamiento con la ciudad, no hay que olvidar que su deuda es con todos los guanajuatenses, es bueno cobrando y cortando de inmediato, pero no compensa situaciones como la que han vivido los consumidores desde el miércoles con el corte, que es por incumplimiento de la empresa.

AVISO DE OCASIÓN

Ya que tocamos el tema de telecomunicaciones, sucede que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a través de su área investigadora, ha procedido a examinar formalmente si en la región del Bajío-Occidente las empresas de telefonía han actuado contra la competencia al pactar dividirse el mercado e imponer tarifas, además de impedir que entren otras compañías.

El tema tiene fondo. La Autoridad Investigadora de IFETEL tiene conocimiento de que en los estados de la Región Bajío-Occidente, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Colima, con una población de 20.9 millones de habitantes resulta un apetecible plato para prácticas monopólicas. Abrió su investigación por denuncia a través del expediente AI/DE-006-202 y tiene 120 días para integrar su caso.