¿Por qué Andrés Manuel Lopez Obrador no ve bien que las cúpulas empresariales asuman el liderazgo político para convocar a una alianza de partidos de oposición para ganar la mayoría del Congreso en el 2021?

Porque son la única plataforma, por encima del PAN, PRI, PRD y otros partidos, que tiene estructura nacional y los recursos económicos para frenar al gobierno, a Morena y aspirar a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en 2021.

Desde hace más de un año el sector privado trabaja distrito por distrito, en cada municipio, y en los 15 estados donde se renovarán gubernaturas, para lograr una agenda política con los partidos de oposición.

En la hoja de ruta dos objetivos: buscar nuevos liderazgos y vertebrar una estrategia para encontrar “a los mejores candidatos”, sean de partidos o ciudadanos, que les permitan ganar a López Obrador y a Morena.

Por ello la polarización entre el gobierno federal y las cúpulas del sector privado lejos de disminuir irá en aumento. A esta disputa por el control político se van a sumar todos.

Desde los partidos políticos de oposición hasta gobernadores opositores, pasando por universidades privadas, colegios de profesionistas, agrupaciones civiles y organizaciones religiosas, muchas vinculadas con la iglesia católica.

El Consejo Coordinador Empresarial, así como cámaras industriales y comerciantes locales, tienen ya un diagnóstico y una estrategia sobre cómo pelear y ganar el voto de 94 millones 800 mil ciudadanos.

Son los que van a elegir el año próximo 15 gubernaturas y la mayoría de los 300 distritos federales, 30 congresos locales, mil 900 ayuntamientos y juntas municipales.

Desde hace meses el Tecnológico de Monterrey, el ITAM, la Universidad Iberoamericana, el ITESO, la Universidad Anáhuac y otras universidades, han realizado sondeos para identificar en cada distrito quién o quiénes son aquellos empresarios o dirigentes sociales con mayor aceptación entre la ciudadanía.

En las próximas semanas veremos cómo PAN, PRI y PRD anunciarán alianzas a candidaturas para gobernadores, muchas de las 300 diputaciones federales y de los cientos de congresistas locales. El objetivo es ganar el Congreso federal y atarle las manos a la 4T por el resto de su gobierno.

El diálogo IP-partidos va a concretarse en candidatos ciudadanos mejor posicionados y con posibilidades de triunfo. Las dirigencias nacionales de los tres partidos de oposición platican con el sector privado para decidir “la mejor opción”, en alianza con organizaciones gremiales, empresariales y ciudadanas.

Los rostros más visibles a nivel federal son Gustavo de Hoyos y Claudio X. González, pero la movilidad importante se está dando en todos los estados del país, sobre todo en aquellos donde los gobernadores se oponen a López Obrador y en los 15 donde habrá cambio de ejecutivo estatal.

Ahí universidades privadas, Caintras, Canacos, Canacintras y Coparmex trabajan de la mano con los tres principales partidos de oposición.

En este esfuerzo una buena parte de los siete mil 226 millones de pesos que tienen como presupuesto autorizado los partidos políticos en 2021, un total de mil 575 millones de pesos serán los recursos de que dispondrán para las campañas políticas.

¿De dónde saldrán los recursos ciudadanos que estarán invirtiéndose en las campañas y precampañas? Ya le platicaremos. Pero también de los programas sociales que el gobierno estará destinando para allanar el camino político a la 4T el año entrante.

Se augura una contienda de pronóstico reservado.

ESTÁ LISTADA PARA mañana en la Segunda Sala de la Corte la discusión del proyecto del ministro Luis María Aguilar, ésta que se pospuso la semana pasada y que tiene que ver con la revisión del amparo del Grupo Sanborns, que comanda Patricio Slim Domit, para que se puedan vender los cigarrillos electrónicos en establecimientos comerciales. La sala ha sido hermética en anticipar cuáles serían los escenarios de resolución. Ha trascendido únicamente que el proyecto sería modificado. Por votaciones anteriores se anticipa que los ministros Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán sostengan su criterio en el sentido de la inconstitucionalidad de la prohibición del cigarro electrónico. Lo que genera expectación es si la Corte podría validar esa prohibición al mismo tiempo en que el Senado ha aprobado la mariguana para uso lúdico en respeto al libre desarrollo de la personalidad. Porque entonces viviríamos en otra más de las contradicciones inexplicables de la política de salud de Hugo López-Gatell: un país donde es fácil y legal fumar marihuana, pero está terminantemente prohibido vender un Juul.

AYER ESTUVIERON EN Palacio Nacional los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar; del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Claudia Jañez; del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena; de la Concamin, Francisco Cervantes, y de la Concanaco, José Manuel López Campos. Primero se reunieron con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y posteriormente con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El tema, por supuesto, la iniciativa de ley que prohibe el outsourcing. Los empresarios buscan ante todo que se reconsidere la criminalización. Pero también que se otorgue un plazo de un año para que las empresas puedan regresar a sus trabajadores al esquema tradicional que garantice pagos justos.

EL GRUPO AEROPORTUARIO de la Ciudad de México está en proceso de extinción. Para el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, no tiene caso mantener esa estructura que hasta hace unas semanas dirigía Gerardo Ferrando. Y es que el aeropuerto Felipe Ángeles, en la Base de Santa Lucía, será en los hechos la nueva terminal de la metrópoli. La Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Cresencio Sandoval, ya está construyendo la cuarta pista para satisfacer el crecimiento de la demanda. El actual aeropuerto Benito Juárez se terminará cerrando y la terminal de Toluca la seguirá controlando Aléatica, que dirige Rubén López. El gobierno federal ya no lo adquirió.

HOY ES LA junta de aclaraciones de la licitación LA-050GYR047-E111-2020 del IMSS, que dirige Zoé Robledo. Es la referente al material anti Covid-19 que le mencioné ayer. Se van a adquirir entre 11 millones y 28 millones de cubrebocas, entre 6 millones y 15 millones de protectores respiratorios, entre 8 millones y 20 millones de botas quirúrgicas y 20 millones de batas, amén de jabón líquido para uso prequirúrgico, gel antibacterial, gel antiséptico para manos y solución antiséptica. El monto del contrato ronda los 3 mil 750 millones de pesos. La presentación de ofertas es el 2 de diciembre y el fallo seis días después.