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Alberto Barranco

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Despedida y debut

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Despedida y debut

Abierta la senda en 1984, a invitación de uno de mis maestros, Miguel Ángel Granados Chapa, esta columna ha caminado en escenarios traumáticos del país: del terremoto de 1985 a la apertura total de fronteras; de la privatización de las entidades públicas al rescate de la banca privada; del neoliberalismo a la cuarta transformación.

En sus 35 años de vida el espacio ha mantenido su divisa de independencia, bajo la convicción de que el periodista sirve a la sociedad, no al poder en ninguna de sus facetas, ya sea política, ya sea económica.

En los gajes del oficio, en el avatar de la crítica, las presiones, las amenazas, los intentos de censura se volvieron cotidianos.

El precio de la libertad.

Hoy la jornada llega a su fin, ante un nuevo reto, el representar a mi país en el exterior.

Sin buscarlo ni pedirlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo a bien nombrarme embajador ante la Santa Sede, lo que ayer miércoles ratificó la unanimidad de los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso.

Al anuncio se criticó que careciera de experiencia en el ejercicio diplomático.

Es cierto, mi vida profesional se ha desarrollado en la docencia, el periodismo financiero, la divulgación cultural y la escritura de libros.

Se podría alegar que ninguno de los que me han antecedido en el cargo que asumiré con orgullo y emoción por servir a mi país, tenía currícula diplomática.

Sin embargo, no usé, ni usaré la carta como defensa.

En un escenario envenenado por los extremismos, se dice que se trata de una suerte de premio a mi postura ideológica en favor de las mejores causas del país, que hoy, es justo la que enarbola el actual gobierno.

Eso que se lo pregunten al presidente.

Alguna vez, en víspera de la firma del documento final del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el presidente Carlos Salinas de Gortari me invitó a una gira por Estados Unidos.

La intriga del resto de los invitados llegó al director de Comunicación Social de la Presidencia, José Carreño Carlón: –Por qué invitan a Barranco siendo crítico del acuerdo mercantil.

La respuesta fue la misma: –pregúntenle al presidente.

En mi comparecencia ante la Segunda Comisión de la Permanente reiteré mi fe católica, pero también mi orientación ecuménica y mis convicciones juaristas.

El laicismo del Estado mexicano que ha surgido tras dolorosas guerras civiles no ha sido obstáculo para estrechar coincidencias con el Estado Vaticano; marcar una agenda común desde el escenario bilateral hacia el multilateral, y el volver permanente una ruta de intercambio cultural.

Agradezco la generosa hospitalidad en este espacio de ‘El Universal’ por parte de sus directivos y funcionarios: Juan Francisco Ealy Ortiz, Juan Francisco Ealy, David Aponte y Esteban Román.

Se termina la columna, pero no se agota la tinta.

Gracias a usted que nos distinguió con su lectura.

Balance general

Banorte es el banco que hasta hoy más le ha apostado a la adquisición de papeles de deuda de entidades como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, cuyo aval es el gobierno. El monto alcanza 110 mil millones de pesos.

Aun así, la intermediaria encabezada por Carlos Hank González está pactando con Goldman Sachs un derivado de crédito por 15 mil millones de pesos, lo que permitiría extender sus posiciones aprovechando la caída en el valor de costo nominal de los papeles tras la degradación de la calidad crediticia de la petrolera.

El instrumento, al que ningún banco mexicano se atreve, implica que si los bonos de deuda no fueran redimidos por la emisora, Goldman Sachs se hace responsable del pago.

Banorte amplió su cartera durante la época en que el responsable de ese tipo de apuestas era Guillermo Chávez, quien sostenía que al registrarse los papeles en la Secretaría de Hacienda se garantizaba su amortización.

El banco celebrará este mes una reunión de consejeros, a la que acude el presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Alberto Barranco

Puntilla al jitomate hacia EE. UU.

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Puntilla al jitomate hacia EE. UU.

En lo que podría representar tormenta sobre mojado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos se prepara a elevar de 17.5% a 25.8% del precio de venta la cuota compensatoria impuesta a nuestras exportaciones de jitomate por llegar con supuesto dumping o precio inferior al del mercado de origen.

El amago se adiciona también con la posibilidad de revisar uno por uno a los 120 mil camiones con el producto que cruzan anualmente la frontera, cuello de botella al calce.

El coctel prácticamente sacaría de mercado o la hortaliza, cuyas ventas, tras la imposición del arancel original, se redujeron 15.2%.

El 90% del tomate rojo o jitomate que importa Estados Unidos proviene de nuestro país, en cuya producción se emplean 1.4 millones de jornaleros.

La factura, el año pasado, alcanzó 2 mil millones de dólares.

Liderada por productores de Florida, la presión para cancelar un acuerdo de suspensión renovable cada cinco años, lo que provocó la imposición del arancel, habló de un crecimiento del flujo de las exportaciones mexicanas del producto en los últimos dos años, de 32% a 54%, en tanto las ventas de Estados Unidos a México cayeron, de 65% a 40%.

Lo que no se dice es que el consumo per cápita de la hortaliza en el país del norte se duplicó en los últimos 30 años… y que el sabor de nuestro producto, madurado naturalmente, es superior al suyo, cuyo proceso es artificial.

El escenario se crea en 1998 al plantear los propios agricultores de Florida una denuncia por supuesto dumping, cuyo monto se calculó en 17.51%, pero su aplicación en calidad de impuesto compensatorio se evitó vía un acuerdo de suspensión, cuya condición era vender a un precio mínimo de referencia.

Este se renovó en cuatro ocasiones.

El caso es que en una nueva revisión del porcentaje el Departamento de Comercio calculó el monto en 25.28%, con cargo a tres de nuestras empresas exportadoras, aunque no se señala la metodología utilizada.

La suspicacia de los afectados apunta a que el método de cálculo utilizado se remite a bienes duraderos, no a perecederos.

De hecho, sostienen que de haberse realizado una medición correcta el margen de dumping habría sido cercano a cero.

El problema es que de aplicarse el monto se lesionaría gravemente una de las ramas de exportación estelares del país, cuya cosecha anual alcanza 2 millones de toneladas diseminadas en 70 mil hectáreas.

La exportación se concentra en Estados Unidos y Canadá, destinándose porcentajes simbólicos a Holanda y España. En el primer caso apenas se llega a 3% de las ventas al exterior, y en el segundo al uno.

Puntilla a nuestro tomate rojo.

Balance general

En un escenario de justicia selectiva, a partir de los primeros reportes de la Auditoría Superior de la Federación con relación a la trama que se bautizó como ‘Estafa Maestra’, se colocaron en la barandilla 21 denuncias contra funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano en la gestión de Rosario Robles.

Aunque ella ha sostenido que no existe irregularidad alguna, lo cierto es que al no prosperar las denuncias en el sexenio de la corrupción y la impunidad, no hay resolución alguna que avale su exoneración.

La explicación de la PGR a la presión de la opinión pública era que estaba estudiando los expedientes.

En la indignación se había planteado integrar una Comisión especial de senadores para investigar el caso.

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Alberto Barranco

Hebra que llevó a Rosario

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Hebra que llevó a Rosario

La mujer que resucitó políticamente el sexenio pasado de la mano del PRI, tras una accidentada salida del PRD que la había llevado a sustituir a Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de Gobierno, inició su Waterloo en marzo de 2017.

Durante la revisión de la Cuenta Pública del año anterior, la propia Auditoría Superior de la Federación ubicó lo que le parecía un hallazgo inaudito en materia de corrupción, que involucraba a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, utilizando de parapeto a universidades públicas y empresas fantasma.

La orden fue abrir una auditoria especial de cumplimiento, en cuyo marco intervendrían 10 funcionarios de la instancia dependiente de la Cámara de Diputados, encabezados por la directora de la Auditoría Forense ‘A’, María Guadalupe Velarde Gallego.

El punto fino era ubicar si había constancias de que las tareas encomendadas a centros de educación superior se abrían cubierto, incluidos actas, minutas, informes o cualquier documento generado, es decir, reuniones de evaluación, seguimiento y vigilancia de desarrollo del proyecto.

La pesquisa generó pruebas de que las universidades públicas contratadas habían subcontratado a su vez la totalidad de los trabajos encomendados, lo que resulta contrario a la ley, la cual permite un máximo de 20% de tareas comprometidas por vía externa.

Ahora que la Sedesol y la Sedatu le habían pagado a las instancias académicas precios muy superiores a los que a su vez le habían otorgado éstas a las firmas subcontratadas.

En un primer hallazgo se ubicó una red que involucraba al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, a la Televisora de Hermosillo, en paralelo con las Universidades Politécnicas de Chiapas y Quintana Roo, además de las tecnológicas de Campeche, Nezahualcóyotl, del Sur del Estado de México y Autónoma de Zacatecas.

Las partidas de las que se extrajeron los recursos eran la 4310: ‘Subsidios a la producción’ y una más de ‘Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria’.

El punto fino es que ni siquiera se logró acreditar que se hubieran recibido los servicios pactados. Así, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chiapas, con un contrato pactado en 460 millones de pesos y uno más de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl de 15 millones 638 mil. En este caso se alegó la existencia de un convenio de terminación anticipada… que nunca fue exhibido.

Los supuestos servicios se acreditaron al ejercicio fiscal de 2014 sin justificación alguna. Tampoco se acreditó, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, que los servicios pactados en Radio y Televisión de Hidalgo fueran realizados. Los contratos se adjudicaron de manera directa.

El primer ejercicio ubicó un quebranto patrimonial de 420 millones 311 mil pesos… que luego se multiplicaría por 10.

La Estafa Maestra.

Balance general

En la última y nos vamos, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, está tratando de abrir un frente de oposición al gobierno, con mira primaria en quitarle la mayoría en el Congreso a Morena, tras el naufragio de la posibilidad de un nuevo partido político que lideraba Margarita Zavala y hoy lo hace su marido, Felipe Calderón.

En la cruzada, como se ha venido publicando, se ubica un alfil del expresidente, quien fuera efímero secretario de Gobernación. Estamos hablando de Alejandro Poiré Romero, académico del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, donde da clases el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

Como usted sabe, el patronato de ésta lo encabeza el presidente del Fomento Económico Mexicano (FEMSA), José Antonio Fernández, quien hasta hoy no se ha pronunciado sobre el proyecto, sea para respaldarlo… o deslindarse.

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Alberto Barranco

Regresa affaire Concanaco

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Regresa affaire Concanaco

Aunque el gobierno anterior intentó darle carpetazo al asunto, motivando una declaración casi festiva del principal involucrado, Enrique Solana Sentíes, el expresidente de Concanaco deberá regresar a la barandilla para responder cargos de supuesto fraude con recursos públicos.

Como se recordará, la manzana de la discordia se remite a “apoyos” por 159 millones de pesos otorgados por el Instituto Nacional del Emprendedor para compra de tabletas electrónicas.

En el marco está terciando la Auditoría Superior de la Federación, quien colocó la lupa al asunto al revisar los informes de programas de apoyo a micro y pequeñas empresas en los años 2014 y 2016.

La conclusión podría salpicar al actual dirigente de la cúpula mercantil, José Manuel López Campos, quien era el tesorero de ésta cuando se habría cometido el presunto ilícito.

De pasadita, habría alguna rozadura al exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien conoció el expediente sin ejercer acción alguna. La historia está ligada a la lucha por la sucesión en la presidencia del organismo.

Obstinado en colocar como sucesor a un incondicional, Solana le cerró la puerta a la posibilidad de competir al presidente de la asociación civil Nueva Visión, Juan Carlos Pérez Góngora, quien buscó un amparo contra la medida.

En el marco, concedida una suspensión provisional, no pudo celebrarse la asamblea general ordinaria para el cambio de estafeta prevista para marzo del año pasado, prolongándose hasta octubre la gestión del exdirectivo.

En el fragor de la pelea, Pérez Góngora denunciaría el supuesto ilícito en cuyo marco se hablaba de que parte de los recursos públicos otorgados, concretamente 69 millones, se destinaron para comprar 18 mil tabletas electrónicas para micro y pequeños comerciantes cuyo costo real se habría inflado.

En la ruta se habló de la creación de empresa fantasma, en cuyo caso se exhibían pruebas de domicilios falsos. Adicionalmente, Pérez Góngora hablaba en general de malos manejos de las cuotas, equivalentes a 15% de sus ingresos, que le otorgan las Cámaras de Comercio confederadas.

En su defensa, el organismo argumentó que en la asamblea celebrada el 31 de octubre del año pasado, con una concurrencia de 274 asambleístas, 50.89% del total se aprobaron los estados financieros de 2016 y 2017.

Sin embargo, se desechó una moción del detractor para que se realizara una auditoría.

Calificado de “manipulador y mentiroso”, además de reprocharle su pasado priista, la Concanaco atribuyó a un chantaje las denuncias de Pérez Góngora, en lo que parecía el punto final del affaire.

El problema es que era punto y seguido.

Balance general

Desdeñada por la inversión privada la exigencia de ofrecer internet gratuito en determinadas zonas públicas de cara a quienes obtuvieran una concesión para operar la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno tomó la estafeta.

El instrumento será una empresa estatal denominada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, quien tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio.

La firma apuntará sólo a la rentabilidad social, al carecer de objeto de lucro.

La intención, naturalmente, es atender los sitios recónditos del país en los cuales no llegan las redes.

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