“Hay una votación que es, entiendo, cinco a favor y tres en contra. En mi opinión no vale la pena hacer mesas de trabajo ni nada por el estilo. No va a cambiar nada. En el caso mío voto en contra porque no se incluye que no se incluya a los militantes de partido en el comité ciudadano. Cualquier mesa posterior a esta votación, sale sobrando”

José Arturo Sánchez Castellanos

Es de suponer que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la propia alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez sabían que invitar a empresarios o personajes de la sociedad civil a integrar sus planillas tiene sus ‘asegunes’, sus desventajas y hasta sus riesgos.

Ahí está la primera sesión de la Comisión de Contraloría en la que la nota la dieron la presidenta de la misma, Luz Graciela Rodríguez, expresidenta de AMMJE y de León Agradecido, y el síndico José Arturo Sánchez Castellanos, ambos no panistas. La primera por su falta de tablas para conducir la sesión y sus indecisiones a la hora de la votación y el segundo, dando testimonio de que no será un ‘levantadedos’ en el cabildo, que va a agitar las aguas y a incomodar a varios.

El tema de la sesión fueron los criterios para el proceso de elección del contralor municipal, mismo que tuvo que resolverse con el titubeante voto de calidad de Graciela Rodríguez porque quedaron empatados.

El motivo de la discordia: las restricciones para militantes y simpatizantes de un partido político para ocupar la Contraloría y también para integrar el Comité de Selección. La experiencia más reciente en León es la del contralor saliente Leopoldo Jiménez Soto de quien, opositores, objetaron su nombramiento hace tres años porque apareció en varios eventos del PAN con candidatos, pero como no era militante, su nombramiento no era ilegal.

Y como no se puede privar a ningún ciudadano de aspirar al cargo porque hasta un recurso podría interponer en tribunales si lo vetan por eso, Jiménez Soto no sólo fue candidato a la Contraloría sino titular del cargo.

Un flanco en el reglamento que aprovecha a la perfección el PAN en Guanajuato para nombrar simpatizantes, afines o paleros en contralorías, pero que además deja muy claro lo endeble de la construcción de nuestro sistema de fiscalización.

Por eso, fundamentalmente el PAN tiene contralores carnales. Esteban Ramírez y Leopoldo Jiménez podrán tener todas las prendas técnicas para serlo, pero los puso el partido blanquiazul no para esculcar las presuntas corruptelas de su gobierno, sino para tener a un fiscalizador carnal que no incomodara.

El primero de ellos ahora es del cuerpo de asesores del PAN en el Congreso y el segundo salió con más pena que gloria.

Un círculo vicioso que difícilmente evitará la combatividad de Sánchez Castellanos aunque sí puede evidenciar la simulación y la farsa que es la supuesta ciudadanización de las contralorías. Al final las controla el partido gobernante y por eso uno no se explica la razón por la que el PAN de Diego Sinhue y Alejandra Gutiérrez -que son beneficiarios del dedazo y las candidaturas controladas- invitan a quien les va a hacer ruido.

Esto no es escrito como un reclamo. Al contrario, la participación de ciudadanos que van a mostrar su criterio y no a sumarse a la disciplina partidista como otros, le da un matiz de apertura a la omnipotencia del PAN, anquilosado y soberbio en el poder.

La sorpresa es planteada como una interrogante sobre la razón verdadera para invitarlos. Quizá en el balance global, les harán menos ruido como aliados incómodos que como adversarios permanentes.

Por lo pronto, Sánchez Castellanos ya se mostró como lo conocemos. No ha cambiado y eso es buena señal. Graciela Rodríguez quiso, pero no pudo. Se la comió la panista Ofelia Calleja que condujo con más determinación la sesión.

La empresaria debe entender que lo primero es la preparación técnica para no verse con desconocimiento y rebasada. Lo segundo, ir con decisión. Las tibiezas no sirven a un PAN que asume el riesgo de proponer ciudadanos que le van a apedrear el rancho.

Por cierto, en la votación de la Comisión de Contraloría no hay que dejar de mencionar el voto con los panistas de la regidora de Movimiento Ciudadano, Lucía Verdín que se sumó a la mayoría azul. ¿Será excepción o regla? Y la otra, quizá el regidor José Guadalupe Vera se quiere convertir en el ‘Ernesto Prieto’ del cabildo en León. Eso de que no se puedan conectar desde un lugar fijo cuando están en sesión virtual no se entiende. De plano les pesa tanto cumplir con lo mínimo como representantes populares. Tantos cargos que ha ocupado, pasando de noche para hacerse notar de esa manera.

FISCALIZACIÓN GUANAJUATO: A LOS AMIGOS, JUSTICIA Y GRACIA…

Una de las razones del fracaso de las contralorías municipales, y en general de los órganos de fiscalización en un gobierno estatal o en el país, es la ausencia de autonomía en los hechos.

La reforma que aplicó al nombramiento de los contralores municipales hace algunos años y que le da el tinte ciudadano sólo vino a sujetarlos más al alcalde en turno.

Ni qué decir del secretario o secretaria de Transparencia en el estado o de la Función Pública en lo federal. Ellos todavía más tienen que plegarse a quien le deben el cargo. Y hay evidencias de esa dependencia de los órganos de fiscalización.

Hace exactamente cuatro años, la entonces Procuraduría de Justicia del Estado solicitaba el desafuero de la exalcaldesa de León como probable responsable del delito de peculado con lo que se materializaba la persecución que se dio desde la administración de Miguel Márquez.

Una persecución que no deja de serlo por el hecho de que haya habido justificaciones en las irregularidades cometidas. Se le puede catalogar como tal como al mismo tiempo se puede hablar de un manto protector para el exsecretario de Turismo Fernando Olivera Rocha, quien salió sin un rasguño tras una auditoría sobre el uso de recursos en esa dependencia.

Hace exactamente tres años, la Auditoría Superior del Estado acusaba recibo de lo que respondía el entonces recién nombrado secretario de Turismo de Tamaulipas.

La explicación que ofrecía el exfuncionario al auditor Javier Pérez para justificar el porqué se contrataron mecanismos de promoción cuya evidencia no se ha localizado, no se la creyeron en la ASEG.

El auditor sostenía que había contratos firmados con las especificaciones puntuales de dónde se iba a colocar publicidad del estado. Olivera Rocha decía que está todavía en la fase donde puede solventar observaciones. Y tal parece que lo hizo porque ni un jalón de orejas se ganó.

En el caso del desafuero contra Botello, el encargado de procesar la solicitud fue el también priista y guanajuatense Ricardo Ramírez Nieto, quien era el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. Como era de esperarse, nada pasó ahí. Se impuso la mayoría priista.

El ajuste de cuentas contra Botello vino desde Guanajuato con los cargos desde la Fiscalía que de hecho aún no termina. Inmisericorde.

Si así hubiesen tratado a los corruptos en el PAN, otro gallo nos cantaría.

LUIS ERNESTO AYALA: EL FILOPRIISMO DE SUS ASESORES

El arribo de Luis Ernesto Ayala Torres como coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, combinado con la salida natural de varios integrantes del cuerpo de asesores de la anterior bancada albiazul a algunos cargos de representación popular o de designación, le da una dosis de incertidumbre al talante y equilibrio al interior de la aplanadora azul en el Congreso del Estado.

El papelón de la diputada panista Katya Escamilla en la Comisión para la Igualdad de Género, quien demostró que tres años en la curul no le sirvieron ni para aprender lo básico, podría ser un botón de muestra de la necesidad que tienen los diputados de la mayoría en el Congreso local de buenos asesores.

Y es que, una de las primeras decisiones que tomó Luis Ernesto Ayala al designar al exsecretario de Finanzas, Luis Mario Aguilar y Maya como coordinador de asesores de su bancada podría no ser tan efectiva como parece. Por lo menos, la curva de aprendizaje se perfila dolorosa.

Y es que nadie duda de la capacidad que tiene Aguilar y Maya como conocedor de las finanzas públicas, pero no es eso lo que requieren los diputados del PAN, varios de los cuales apenas conocen la o por lo redondo en materia legislativa.

Digamos que es demasiado glamour para un trabajo que exige talacha, conocimiento y tiempo completo.

Y quizá por eso, el PAN, ante la falta de cuadros capacitados que conozcan el Congreso por dentro, para sustituir a sus jóvenes abogados curtidos en los pasillos del Legislativo en los últimos años, recurrió a contratar los servicios de Jorge Luis Hernández mejor conocido como ‘El Monstruo’.

Un personaje muy conocido en el Congreso porque en la pasada legislatura integró el cuerpo de asesores del PRI y es famoso por sus conocimientos no sólo de los temas legislativos, sino un colmillo largo y retorcido que supera al de varios diputados y diputadas en funciones.

Olvídese usted de la militancia tricolor de Hernández Rivera, al fin y al cabo, ya el PAN y el PRI en Guanajuato se van a confundir cada vez más. El punto es que tras la camada de los Jiménez Lona, Beto Moreno y otros más, la aplanadora azul apuesta por la vieja guardia y no precisamente de su partido. Hernández Rivera es priista y Luis Mario Aguilar nunca ha sido panista. Los puristas en el PAN no pueden creerlo.

Doble reto tendrá Luis Ernesto Ayala en el corto plazo. Acostumbrado a mandar en sus anteriores encomiendas, tendrá que aprender a ser jefe entre pares a menos que quiera enfrentar un bronx.

Y el otro, tomar las decisiones correctas en el tema de los asesores. No sólo por la crisis de nuevos cuadros que parece tener el PAN al recurrir a externos, sino porque puede haber varios diputados y diputadas en riesgo de exhibirse como le ocurrió a la legisladora Katya Soto.