“Es evidente que no hay buenos resultados, Guanajuato es uno de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios dolosos y lleve 12 años el procurador de Guanajuato, no es posible”.

Andrés Manuel López Obrador

 Hay 2 cosas que seguramente no cambiarán en la polémica permanente sobre la gestión del Fiscal Carlos Zamarripa en Guanajuato. Por un lado, la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador de que debe haber relevo en este cargo y por el otro, la determinación del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de respaldarlo.

Y esto último es muy simple. Si Zamarripa aguantó una embestida desde la 4T atizada por el ex secretario de Seguridad Alfonso Durazo, miembros del círculo cercano del presidente empujados por Ricardo Sheffield y ejecutada por Alejandro Gertz Manero, difícilmente lo tirarán simples presiones declarativas del inquilino de Palacio Nacional.

Hace poco más de un año, Zamarripa sí sintió los rigores de aquella acometida al punto de que se habría planteado la posibilidad de salir pero el respaldo político del gobernador Diego Sinhue se mantuvo hasta el final.

Lo del pasado viernes queda hasta ahora en el ámbito mediático mientras no se instrumente alguna acción legal desde la FGR.

Y el tema es muy simple. Si desde el gobierno federal tuvieran algún elemento para hacer caer al Fiscal ya lo habrían usado, sin ninguna duda. Hoy, Diego Sinhue parece resuelto a aguantar otra vez la embestida porque mide el entorno.

Le decía hace unos días que justo hace un año se daba aquella visita de López Obrador a Guanajuato cuando decía que no tenía sentido estar echándose la culpa con el gobierno de Guanajuato en materia de seguridad y daba vuelta a la página. Tan la dio que a partir de entonces, se generó una mejor coordinación, incluso con la delegación de la FGR, repetido por el propio Diego Sinhue.

Y es evidente que desde Guanajuato, no se van a subir al ring con el presidente mientras ese apoyo se siga dando. Porque además, hay mucho de verdad cuando se responsabiliza solo al Fiscal de la violencia rampante en Guanajuato.

Por lo demás, el gobernador Diego Sinhue sabía que el lastre principal de la ratificación de Zamarripa iba a ser su duración en el cargo y si no había disminución importante en la violencia, la presión de un cambio sería mayor.

Hoy, si bien hay una tendencia a la baja en la comparación de los homicidios dolosos de 2020 con lo que va de 2021, el esfuerzo es insuficiente para alejar al estado del top de la violencia en el país. Y más porque Guanajuato tiene prácticamente perdida la batalla de la percepción mientras se descubran más fosas clandestinas y siga escalando en el top de la desaparición forzada (una omisión que sí es toda del Fiscal).

En ese contexto, no hay forma de que el asedio contra Zamarripa cese porque la permanencia en el cargo sí lo hace vulnerable. Y no lo dicen solo los morenistas para que el PAN no se rasgue las vestiduras. Es de sentido común.

Lo dijo hace 4 años el entonces senador Juan Carlos Romero Hicks cuando hablaba de la creación de la Fiscalía General de la República.

“Quiero plantear el reto al gobierno federal, a los gobiernos locales y a todas las fuerzas políticas para que hagamos 3 temas en particular, primero hay que cambiar el artículo 102 de la Constitución, hay que quitar el pase automático y el pase de 9 años. Sería escandaloso tener un fiscal general con ese mandato”.

Eso dijo Romero Hicks en la tribuna de la Comisión permanente del Congreso federal justo el día en que entró en vigor la ley que da vida al Sistema Nacional y a los estatales, anticorrupción.

Hay argumentos para pensar que la Fiscalía de Guanajuato es de las mejor equipadas y con mayor avance técnico en el país. Pero la larga permanencia seguirá siendo una losa que tendrá que cargar el Fiscal. Lo sabían.

El Tribunal Electoral de Guanajuato ya válido el triunfo del morenista Carlos García Villaseñor en Silao. El PAN pierde un primer round de los municipios que más le dolió perder.

DEL BARBARISMO AL PANISMO, 2 BOTONES DE MUESTRA

Esta historia podríamos calificarla como la transición larga del barbarismo al panismo con 2 botones de muestra: José Arturo Sánchez Castellanos y Fidel García Granados.

Con algunas diferencias importantes, el primero de ellos sí se declaró como tal y el segundo solo por haber pertenecido a un gobierno encabezado por la ahora expriista semiretirada de la política.

Y justo hace una década, Sánchez Castellanos era desterrado del paraíso barbarista. Salvador Ramírez Argote, Israel Cobián, Olga Sandoval y Julia Lira asestaban tremendo golpe de estado al entonces orgulloso coordinador de los tricolores, quien había iniciado como coordinador de la fracción tricolor en la administración de Ricardo Sheffield y fue destituido de buenas a primeras.

La gota que derramaba el vaso: la votación a favor del próximo síndico del Ayuntamiento junto al PAN a favor de la donación de un terreno a la Universidad La Salle. Sus 4 compañeros, alineados y apuntalados por Bárbara Botello, prácticamente le crucificaban mediáticamente.

En ese tiempo, la exalcaldesa y exdiputada federal priista agitaba el avispero con una crítica directa hacia el ahora presidente del CCE leonés.

“O sea que, ¿un regidor del PRI y un regidor del Verde votaron como panistas?”, cuestionó Botello quien además era la secretaria general adjunta del comité ejecutivo nacional que encabezaba Humberto Moreira.

Cuatro años después, en 2015 en fecha como hoy, los afines a Botello daban de qué hablar con el fuego amigo. Querían fuera a Fidel García Granados, actual subsecretario de Medio Ambiente en el gobierno de Diego Sinhue y actual director de Gestión Ambiental del gobierno municipal. Botello ya había solicitado licencia. Gobernada Octavio Villasana pero tras bambalinas, la alcaldesa con licencia, influía.

Es curioso que ambos ahora están con gobernantes panistas aunque ninguno de los 2 se ha declarado como militante azul.

EL ESTADIO LEÓN; LA INDIVISIBLE FRONTERA ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

No hay un solo documento que hasta ahora diga y difícilmente lo habrá que el gobierno del estado o el Municipio hayan metido un centavo del erario en la operación de compraventa del Estadio León entre Grupo Pachuca y Roberto Zermeño.

Es una operación entre particulares como hay muchas en este estado y en el país. Pero la mula no era arisca.

Hace 22 años, los gobiernos panistas decidieron hacer del futbol en León, de la propiedad de una franquicia, de la tenencia de un Estadio, un asunto de estado y a lo largo de estas más de 2 décadas, hay muchas anécdotas, hechos y acuerdos que alimentan hoy las suspicacias, las dudas y las especulaciones sobre el papel que ha jugado el gobierno en esa transacción.

Y más, cuando, como le decía el viernes pasado, el mismísimo gobierno del estado había puesto sobre la mesa, disposición y recursos para que el gobierno rescatara el inmueble.

La historia comenzó allá en julio de 1999 cuando Ramón Martín Huerta y Jorge Carlos Obregón, gobernador y alcalde de León respectivamente obligaron literalmente a Valente Aguirre a vender a un empresario poblano, la franquicia del Unión de Curtidores, recién ascendido y no la del León.

Y como todos protestaron que Valente vendiera al León pero ningún empresario ni corporativo dijo yo compro, apareció Zermeño sin un quinto en la bolsa pero mucha habilidad y verbo para ser el que se hizo del Club León.

Y ese mismo Zermeño que surgió de la nada y que muchas veces dijo que el Estadio era del pueblo, hoy es uno de los personajes del momento en la ciudad.

Es toda una paradoja que el personaje que finalmente fue el único capaz de hacerse del equipo en una época de vergüenza y penurias económicas tras el rescate oficial, hoy sea el socio minoritario si se quiere de Humberto González pero codueño del Estadio León.

Aunque no haya sido su intención, la autoridad contribuyó a que surgiera este personaje, para muchos el villano favorito porque dicen es dueño de algo que no le costó.

Y otra vez, Zermeño puede ser vilipendiado pero no podemos olvidar a las autoridades que con sus pifias y tropezones, hicieron posible esto que ahora vemos.

Es cierto, el inmueble lo compró Grupo Pachuca pero la suspicacia es que se comprometió el gobierno para que este corporativo decidiera comprar ese inmueble. Si se comprometieron a algún apoyo o incentivo para futuros desarrollos de un ente empresarial que opera en diversos rubros.

El cuento de hadas de que todo se arregló exactamente al gusto de lo que todos pretendían no hay forma de digerirlo pero como no hay elementos para fundamentar la duda, el gobierno respira hasta que alguna revelación o documento diga lo contrario. Quizá nunca lo sabremos.