ROGELIO RAMÍREZ DE la O es un lobo solitario y de pocos amigos. Siempre supo que sería Secretario de Hacienda. Tenía un perfil como pocos: economista por la UNAM con doctorado en Cambridge.

Los estudios en la principal universidad pública del país y la formación en la cuna del keynesismo era lo que más valoraba Andrés Manuel López Obrador. Pero Ramírez de la O nunca se decidió a ser el secretario.

En 2004, siendo jefe de Gobierno del DF, Ramírez de la O empezaría a acercarle empresarios. Los recibía en su casa de Las Lomas. Dos personajes más lo ayudaban: Adolfo Hellmund y Juan José Paullada.

Para 2007 Hellmund era ya el gran enlace de López Obrador con los hombres del dinero y las finanzas. Toda la experiencia, conocimientos y contactos que como brazo derecho de José Ángel Gurría en la renegociación de la deuda externa adquirió, la puso a su servicio.

Hellmund apostó su capital financiero y político a AMLO en las campañas de 2006 y 2013. Pero en 2015 su relación se rompió cuando rechazó ser candidato de Morena a gobernador por Tamaulipas.

Otro detalle que el tabasqueño no le perdonó ni a Hellmund ni a Fernando Turner fue sumarse al equipo de Jaime Rodríguez, “El Bronco”. El primero como asesor financiero externo y el segundo como secretario de Desarrollo Económico.

Para la tercer campaña Alfonso Romo se quedó con toda la información y relaciones con el sector empresarial que Hellmund, Ramírez de la O y Paullada recopilaron. Ambos, Romo y Hellmund, son hoy día muy amigos y cercanos.

En la travesía por la Presidencia los tres fueron sus economistas. El Proyecto Alternativo de Nación lo escribieron Ramírez de la O en la parte macroeconómica, Hellmund la de energía y Paullada en la fiscal.

El problema fue cuando López Obrador le dio a Romo la responsabilidad del tercer tomo de ese Proyecto y éste distribuyó los capítulos entre sus cercanos, algunos impresentables para el ahora inquilino de Palacio Nacional.

La banca de desarrollo, por ejemplo, se la encomendó a Jacques Rogozinski, ex compañero suyo en el Colegio Patria. A Ramírez de la O nunca le gustó ese detalle. Pero Romo ya estaba bien metido en López Obrador.

 El recién designado secretario de Hacienda se empezaría a desmarcar. Para noviembre del 2017 de plano mandó el mensaje de que no iba a participar en la tercer campaña a la Presidencia.

Y es que el equipo económico no era de su agrado: con Romo, Carlos Urzúa y Gerardo Esquivel no había empatía, Hellmund ya había sido defenestrado y otros, como Esteban Moctezuma, se incorporaron. En enero de 2018 comunicó formalmente que no participaría en la campaña.

Pero aún así, cuando López Obrador ganó la Presidencia, lo llamó para ser el secretario de Hacienda, y la declinó. Tuvo que pasar prácticamente la primera mitad de gobierno de la 4T, ya sin Romo, Urzúa y Esquivel, para que terminara aceptando.

Sin embargo Ramírez de la O no está pudiendo armar su equipo. Un tanto porque suele trabajar solo y un tanto porque, otra vez, López Obrador lo está limitando. Dos candidatos que traía para que lo acompañaran se le vinieron abajo.

De nueva cuenta Adolfo Hellmund, a quien quería de subsecretario, se lo vetó el Presidente, por lo cual tuvo que mantener a Gabriel Yorio. El otro, Alejandro Reynoso, que ya había aceptado, se le echó para atrás en el último momento.

ESTA SEMANA SABREMOS si el concurso mercantil de Altán Redes es preacordado o habrá pleito con Nokia, Huawei y el China Development Bank, los acreedores que aún no se alinean a una negociación ordenada. Es probable que transite esta última opción, pues se conoce que han contratado como abogados internacionales a Linklaters, una firma que recién inició operaciones aquí y que es encabezada por Alberto García Linera. Se trata de un bufete conciliador. Altán a su vez está bien pertrechado. Su abogado corporativo es Juan Manuel González, de GreenbergTraurig, y el concurso lo lleva Del Castillo y Castro, de Fernando del Castillo y Alfonso Castro. A su vez Nafin-Bancomext y Banobras, o sea el gobierno de la 4T, lo representa Alonso Rivera Gaxiola.

PUES TODO INDICA que los pilotos de Aeroméxico, efectivamente, vendieron en unos 67 millones de dólares sus derechos de acreedores. El comprador fue una empresa domiciliada en Luxemburgo, que pagó cerca de 268 millones de dólares a Barclays. El precio de esa reclamación a que tenía derecho ASPA, como aportación a la reestructura financiera de la empresa que comanda Andrés Conesa, equivalía a 316 millones de dólares y solo es de Aerovías. El gremio que lidera Rafael Díaz Covarrubias vendió castigadísimo, presionado por la propia circunstancia de insolvencia que viven sus pilotos, cuyos sueldos se redujeron a la mitad. Sobre todo los mil 75 que están en el Contrato B y que ya deben hipotecas, créditos automotrices y hasta colegiaturas de sus hijos.

GIA+A ESTÁ negocia con los tenedores de la bursatilización del penal de Oaxaca el ajuste de 15% que ofreció a la 4T. Si bien la constructora de Hipólito Gerard se sumó al igual que Prodemex, IDEAL, EXI y BlackRock al descuento que pidió Andrés Manuel López Obrador, aún está pendiente el consentimiento de los bonistas, entre los que destacan el Infonavit que dirige Carlos Martínez y las afores Sura que lleva Emilio Bertrán y Siglo XXI a cargo de David Razú. El aval es necesario porque la decisión implica modificar el contrato y el fideicomiso en Invex, de Juan Guichard. El representante común es Monex, de Héctor Lagos Dondé.

OTRA EMPRESA DE servicios petroleros que se fue a concurso mercantil es Demar Instaladora y Constructora. Pemex, que dirige Octavio Romero, le debe por trabajos realizados más de tres mil millones de pesos. La compañía que capitanea Dennis Chow fue demandada por uno de sus acreedores. El Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom), que comanda Edgar Bonilla, ya designó visitador. Se trata de Adolfo Gonzaga Rodríguez. Demar es la segunda que recurre a ese recurso. Semanas atrás fue Grupo Marinsa, de José Luis Zavala. Perforadora Central, de Patricio Álvarez Morphy, también va en la misma ruta, al igual que otro buen número de contratistas.

Y YA QUE hablamos del Ifecom, el mismo Edgar Bonilla acaba de entregar al juez concursal de Oro Negro, Benito Zurita, opinión en la que señala que procede la oferta de compra de activos que realizó a principios de año AMA Capital Partners. Esta firma fue contratada por los bonistas acreedores de la compañía de Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo para adquirir la compañía de servicios petroleros. A finales de marzo se hizo una segunda propuesta, de 20 millones de dólares, aproximadamente, que fue bloqueada por los abogados de Oro Negro. La opinión del Ifecom es relevante porque reactivaría el proceso de quiebra detenido en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, mismo que lleva la jueza Shelley C. Chapman.