Los laboratorios farmacéuticos proveedores del sector salud en el país, además de escuchar un día sí y otro también que son lo más corrupto sobre la faz de la tierra, ahora no les paga el gobierno de la 4T.

Resulta que están siendo obligados a dar líneas de crédito de más de ocho meses al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la dependencia que sustituyó al Seguro Popular y que dirige Juan Ferrer.

Ello se desprende de su más reciente comunicación suscrita por el titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico, Alejandro Calderón.

Este engendro que se fundó el 1 de enero de 2020 y que ni siquiera reglas de operación tiene, ya mandó decir que lo que no se haya presentado para cobro hasta el 30 de noviembre pasado, no se pagará.

Lo anterior se entendería si el Insabi hubiera operado de manera normal sus procesos de recepción de facturas y pago, de acuerdo con lo establecido en la licitación convocada para el abasto del año pasado.

Pero resulta que no fue así y esta es la historia: las primeras entregas de 2020 se iniciaron en abril y hasta el 2 de junio se hizo llegar a los proveedores una liga de internet para que se subieran sus documentos.

Los proveedores así lo hicieron para cobrar, pasaron los meses y los laboratorios nunca vieron un peso en sus cuentas provenientes del Insabi. La dependencia salió con un pretexto tan ridículo como increíble.

En los meses de agosto y septiembre del año pasado los pupilos de Ferrer salieron con la clásica chicanada: “no funcionó” la plataforma de pago y que con toda la pena, debían volver a repetir la operación.

Es decir, que los laboratorios proveedores, nacionales y extranjeros, presentaran otra vez la misma documentación ingresada electrónicamente, en papel y en las oficinas centrales de ese susodicho instituto.

Pero cuando parecía que este proceso estaba encaminado, la directora de Recursos Materiales del Insabi, Blanca Chávez Buenrostro,  convocó para el 19 de noviembre a una videoconferencia.

Ahí se aclararon dudas sobre el procedimiento de revisión de facturas descrito en el Oficio INSABI-2319-2020, dado a conocer apenas el 31 de octubre.

Informó que todos los procesos que se realizaron con anterioridad carecían de valor alguno y que se iban a programar mesas de trabajo para ingresar, nuevamente a cobro, todo lo entregado durante el año.

Para ello el 9 de noviembre la proveeduría recibió un oficio del mismísimo director del Insabi, Juan Ferrer, en el que se señalaba que la fecha límite para recibir facturas a cobro era el 30 de noviembre

Pero las mesas de trabajo inventadas en la teleconferencia se iniciaron en la segunda quincena de ese mes y operaron hasta el 19 de diciembre, situación que generó una presencia masiva de la proveeduría.

Al final el Insabi nunca pudo procesar correctamente los pagos que debió efectuar durante 2020 y hasta diciembre no liquidó un solo peso a sus proveedores. No contento, ahora los amenaza.

 Les manda decir que no pagará lo ingresado de manera posterior al 30 de noviembre, sin considerar que para el cobro de los medicamentos de alta especialidad o fondos catastróficos, nunca se dieron a conocer los lineamientos para trámite de cobro.

Este instituto fincó compras por alrededor de 12 mil millones de pesos y no ha pagado más allá de 20% de ese importe económico. Ferrer y los suyos se están embolsando más de 9 mil 500 millones de pesos.

Y es este mismo Insabi el que está dizque coordinando la compra de todas las medicinas del sector salud para este 2021, proceso que ya está desfasado cuatro meses y que acusa los primeros signos de desabasto.

Para ello encomendó el programa, en el que hay una bolsa de 100 mil millones de pesos, a otra instancia igual de incompetente y opaca: la oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

LA CENA QUE hace exactamente una semana sostuvo Andrés Manuel López Obrador con nueve empresarios de alto nivel de Monterrey tuvo un resultado del que nada se ha dicho hasta ahora: un cambio radical en su apreciación sobre el outsourcing. Tanto, que es probable que a la iniciativa que busca desaparecer la tercerización se le dé marcha atrás en aspectos esenciales. Los industriales hicieron ver el efecto devastador que la eliminación de la tercerización tendría en las empresas y los trabajadores. Pérdida de empleos, retiro de nuevas inversiones, violaciones al T-MEC y profundización de la crisis económica conllevaría la iniciativa de ley si es que se aprueba en sus términos originales. El Presidente tomó nota de lo que cada uno de los nueve asistentes dijo. La tercerización u outsourcing puede mantenerse, siempre y cuando las empresas paguen sus contribuciones al SAT y al IMSS y, sobre todo, se respeten la antigüedad de los trabajadores y sus derechos laborales fundamentales. Sobre esa base se adquirió un compromiso. A la cena en casa de Alfonso Romo asistieron los capitanes de Cemex Rogelio Zambrano, de Alfa Armando Garza Sada, de Proeza Enrique Zambrano, de CYDSA Tomás González Sada, de Vitro Adrián Sada Cueva, de Xigniux Juan Garza Herrera, de Arca Jorge Humberto Santos y de DeAcero Sergio y Raúl Gutiérrez Muguerza.

ATENCIÓN TAMBIÉN CON esto: este miércoles hacia las 22:10 horas hubo fallas en las frecuencias de comunicaciones controlador-piloto en el servicio de control de tránsito aéreo del aeropuerto de Toluca, mismo que estaba siendo proporcionado desde el Centro México. Pilotos de varias aerolíneas, incluidas Volaris que dirige Enrique Beltranena, Viva Aerobus de Roberto Alcántara y Aeroméxico que comanda Andrés Conesa, amén de vuelos privados que se dirigían a la zona metropolitana, se quedaron incomunicados un buen rato y si en el centro de información de la CDMX. Una primera explicación que se ha dado fue que se están ahorrando personal en los turnos nocturnos de la terminal de Toluca. Ojalá que los viajeros no nos tengamos que lamentar el austericidio de la 4T y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que lleva Jorge Arganis, en este rubro tan, pero tan delicado en términos de seguridad aérea.

SI BIEN LA Comisión Federal de Competencia Económica terminó imponiendo multas ridículas a los siete bancos y once traders que se pusieron de acuerdo para manipular los precios de los bonos gubernamentales, quizás no se salven de demandas en los Estados Unidos. Hasta ahora solo dos cuyos acuerdos impactaron los valores de los papeles de deuda del gobierno tuvieron que pagar una compensación a los inversionistas afectados. Fueron JP Morgan, que dirige aquí Felipe García-Moreno, y Barclays, que maneja Raúl Martínez-Ostos. El primero aceptó retribuir 15 millones de dólares y el segundo 5.7 millones. Se arreglaron el año pasado ante el Tribunal de Distrito de Manhattan para cancelar los litigios. Faltan Bank of America-Merrill Lynch que conduce aquí Emilio Romano, Deutsche Bank a cargo de Juan Oberhauser, Citibanamex de Manuel Romo, BBVA de Eduardo Osuna y Santander de Héctor Grisi.

BIEN POR LOS sindicatos de sobrecargos que lidera Ricardo del Valle y de pilotos que comanda Rafael Díaz Covarrubias. Lograron darle a Aeroméxico ahorros por poco más de 500 millones de dólares. Pero se equivocan los trabajadores si creen que Apollo Global Management les bonificará su aportación en septiembre del 2024. Como le he venido diciendo a lo largo de la semana, el fondeador nunca se comprometió a retribuir el sacrificio. En cuatro años se tendrán que volver a sentar para revisar este convenio y en el hipotético caso que la compañía que dirige Andrés Conesa haya recuperado los niveles de operación e ingresos prepandemia del coronavirus, se convendrán nuevos términos laborales. Pero devolver los más de 500 millones, definitivamente no.

RECIÉN LE PLATICABA del cerco que la 4T impuso al sector energético. Octavio Romero y Rocío Nahle tendrán posiciones irreconciables que tienen postrada a Pemex. Pero donde sí coinciden el director y la Secretaria de Energía es en bloquear la comunicación con los empresarios. El gobierno restringió la importación de petrolíferos y petroquímicos. Le informé también que se canceló la subasta de óxido de etileno. En ambos casos la Asociación Nacional de la Industria Química, que preside José María Bermúdez y dirige Miguel Benedetto, envió a Nahle una carta alertando del riesgo para la cadena productiva. No hubo respuesta.