La institucionalidad democrática mexicana vive una verdadera crisis. Poco a poco, haciendo uso de los metapoderes que tiene un presidente de la República conforme a los usos y costumbres políticas de un México que pensamos ya no existía, se ha estado doblegando entes que fueron creados durante las últimas tres décadas para frenar el comportamiento “imperial” de los titulares del Poder Ejecutivo federal en turno. Sin importar el Estado de Derecho, porque se ha construido una falsa idea de justicia que está por encima de las leyes, la autonomía de organismos creados para contener el poder presidencial se ha visto sometida con diversos instrumentos, aprovechándose el desprestigio bien ganado de los partidos políticos tradicionales, que no han logrado transitar a una oposición efectiva, racional y convincente.

La última situación se ha dado con el análisis de la Cuenta Pública 2019, donde luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregara a la soberanía de la que depende, el Poder Legislativo federal, su informe sobre lo encontrado en el manejo de los recursos públicos federales en los tres órdenes de gobierno, destacando las severas irregularidades en el manejo de 67 mil millones de pesos por la administración de la Cuarta Transformación, la respuesta fue absolutamente antidemocrática. Se descalificó el informe y hasta se advirtió que se tendría al propio titular de la ASF en la “mañanera” desmintiendo su propio informe, como si fuera su propio empleado y no de otro poder, porque en Palacio Nacional se tenían “otros datos”, esos que son muletilla cuando se está en contra y nunca se presentan a la sociedad. 

Lo peor llegó más tarde, cuando de manera abrupta y sin antecedente, la propia ASF envío un confuso comunicado afirmando que había deficiencias en su informe sobre los costos de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, el de Texcoco, donde se encontró que hacerlo a un lado ha tenido un costo mucho más grande que lo dicho por el gobierno federal. Se hizo ver como que era un documento inacabado. Cuando se entrega un informe de semejante calado, en el análisis de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados, este tipo de deslices no se cometen. Todo apunta a que, ante el enojo en Palacio, alguien dobló las manos y con ello la fiscalización que debe ser regla de oro para el equilibrio entre poderes en un estado democrático.

Por estas razones y ante la crudeza de lo que sobrevendrá en el país cuando se extreme la lucha política, será esencial que por condición de legitimidad el resto de los actores políticos obren con la mayor transparencia posible y entreguen cuentas claras a los ciudadanos en sus responsabilidades. 

En este tenor, resalta que el estado de Guanajuato haya logrado estar entre las entidades federativas sin montos observados, por existir un manejo eficiente del gasto público y disciplina financiera, todo ello conforme a lo expuesto en los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación.

Solamente las cuentas claras, la transparencia, el apego a la legalidad y el respeto íntegro a los derechos humanos, sin olvidar solventar la situación crítica en seguridad pública, pata de palo del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, pueden otorgar una legitimidad en el manejo del erario, amén de no reproducirse los excesos vistos cada mañana, en acciones políticas y reformas legales, como la eléctrica, que ahora no solamente deberá pasar por una Corte acotada, sino por tratados internacionales.

La contrarreforma legal impuesta en la Cámara de Diputado federal, colocada por encima de cualquier valoración, fortalece la desconfianza del sector privado sobre el actual gobierno, pues creen no hay estado de derecho que valga. 

En un gobierno nostálgico del echeverrismo, cualquiera puede ver el futuro, es como un huevo de serpiente…