Quesos que son quesos

La determinación de la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para sacar del mercado a más de 23 quesos y yogurts por incumplir la Norma Oficial Mexicana y presentar a los consumidores productos que no son lo que se ofrece en sus envolturas, generó, de arranque, un fuerte reclamo de las empresas sancionadas, organizaciones del sector privado y hasta una guerra de comentarios en las redes sociales, que ha comenzado a trivializarse como la ‘Guerra de los Quesos’, pues se mezcló la animadversión de mucha gente hacia el gobierno de la Cuarta Transformación con esta medida, en la lógica de que es un ataque a la iniciativa privada.

Lo cierto es que este acto de la autoridad es uno de aquellos que merece ser ponderado y ojalá se tradujera en una normalidad en toda la administración pública, pues se sustenta en el cumplimiento del Estado de Derecho, al cual debiera ceñirse, en primer lugar, el presidente de la República. La autoridad actuó en el asunto quesero, cumpliendo su deber hacia con los consumidores que reciben, muchas veces, plastiquesos, y si hay alguna falla administrativa deberán hacer valer sus derechos las empresas señaladas.

Las empresas, que ya comenzaron a realizar sus ajustes para cumplir las normas, a partir de las audiencias que se celebraron este jueves en Profeco, acatan el cumplimiento a la Norma Oficial de Queso NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018, así como a la NOM-002-SCFI-2011 contenido neto-tolerancias y métodos de verificación y a la NOM-051- SCFI/SSA1-2010, las cuales se refieren a las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, información comercial y sanitaria.

Es decir, han aceptado en muchos de los casos, tras demostrarse las fallas, imprecisiones o dolo, que si hubo violaciones a la norma.

En mi caso, yo si quiero que el queso que compro y dice 100 por ciento quesos, lo sea. Desde hace tiempo, muchas empresas en el sector alimentario comenzaron a realizar, bajo tolerancia de las autoridades, muchos cambios en sus presentaciones. Los kilos de granos, por ejemplo, como frijol o arroz, dejaron de ser eso, kilos. Pasaron a vender presentaciones de 900 gramos, algo así como dos libras. Ignoro si la medida fue para mantener ciertos costos y disfrazar inflación, o si el cambio fue para ajustar envasados al sistema de medidas inglés, para enviarse a los Estados Unidos, que usa libras y no kilos, porque en México la obligación es usar el sistema decimal.

También pasó con los litros de aceite, que dejaron de ser litros, y con muchos productos más. Luego comenzaron a vendernos productos similares, leche que ya no era leche, sino una fórmula láctea, lo cual también se aplicó a quesos, que dejaron de ser, por ejemplo, manchegos, para ser tipo manchego. Sutilezas que las empresas empleaban porque no estaban ofreciendo lo que el cliente esperaba, pero que dejaba pasar por ignorancia, no fijarse o no importarle.

Múltiples estudios de Profeco, antes de la existencia de la nueva Ley de Infraestructura y Calidad, que es la base para el retiro de los quesos, ya venían señalando cómo diferentes marcas de lácteos no cumplían con lo señalado en sus etiquetas. Quien desee revisar las Revistas del Consumidor de muchos meses atrás, puede darse cuenta de ello. También puede buscar entre notas periodísticas de marzo de 2019 cómo la procuraduría denunció que se usaba soya en lugar de atún.

Y aunque se ha tenido discreción en el tema, otro de los problemas con los quesos es el uso de una sustancia, caseinato de sodio, un sinónimo del glutamato monosódico, un poderoso saborizante presente en todos los alimentos ultraprocesados, cuyas consecuencias para la salud a corto y largo plazo pueden ser dañinas, incluso en algunos países se le ha señalado como neurotóxico. Algo que se revisa en muchos productos por el gobierno mexicano, por la epidemia de obesos que tenemos.

Celebro la acción porque soy un convencido de la necesidad e importancia de la Procuraduría Federal del Consumidor, la cual, sé, no ha tenido los dientes suficientes para protegernos de los abusos de muchas empresas, incluidas las del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad, que por su condición monopólica ha abusado por actos de corrupción contra muchos mexicanos y la Profeco ha sido poco eficiente para frenarla.

Celebro, porque es un acto de una institución que ha sido útil y de fin noble por muchos años, aunque pudiera serlo más. No porque sea un asunto de individuos (hoy un guanajuatense está a cargo de ella) o partidos. Es obligación de cualquier gobierno, actuar institucionalmente y proteger a los ciudadanos. Bien por el gobierno de Morena, en esta. Eso sí, si en otras Ricardo Sheffield Padilla, procurador del Consumidor, no actúa, pasará a ser mera golondrina.

La medida también nos ha permitido voltear la vista a los productores pequeños, que trabajan de manera natural, con productos más sanos, sin tanto saborizante ni conservadores. A fin de cuentas, necesitamos cuidar nuestra salud y de paso, hasta beneficiar a las empresas locales.

En 1976, es importante recordarlo, se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo que creó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para ser la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. Como con otras instituciones con fines sociales, México fue el primer latinoamericano en tener este instrumento. Muchos no olvidamos un número aprendido en nuestra niñez: 568 8722… se cantaba.