Uno de los grandes beneficios que nos dejó la reforma estructural para alcanzar la autonomía de Banco de México, fue precisamente salir de la “dominancia fiscal”, para poder controlar la inflación. Se le denomina así a la condición económica en que un país con altos niveles de endeudamiento ha alcanzado un nivel tal, que no puede servirse (pagar) a través de los ingresos tributarios que recibe, lo que implica que el banco central tenga que adoptar una política expansiva para mantener solvente al gobierno, perdiendo así, su credibilidad para mantener la estabilidad de precios.

El financiamiento de los déficits fiscales a través de expansiones monetarias en los años previos a la autonomía era algo común y nuestros padres pueden ayudarnos a recordar como era vivir con altos niveles de inflación, producto de una mala administración de las finanzas públicas en combinación con una política monetaria subordinada a la fiscal.

Es cierto que actualmente nuestro país aún presenta finanzas públicas lo suficientemente sólidas para atender sus compromisos relacionados con la deuda pública sin necesidad de efectuar recortes que afecten programas de gobierno que incidan directamente en el crecimiento económico potencial. Pero también es cierto que el deterioro que sufren las finanzas públicas son motivo de seguimiento y enciende focos amarillos desde el año pasado.

De acuerdo con el último informe publicado por la SHCP, los ingresos tributarios reflejan una diferencia nominal de -2.32% contra los ingresos programados, debido a una menor recaudación en ISR (-6.30%) e IEPS (-7.59%) compensado parcialmente por un superávit en la recaudación del IVA (+8.12%). Lo anterior ya era algo esperado pues la gran mayoría de las empresas aún están buscando recuperarse del impacto económico que les causó la pandemia, así como también, los consumidores en promedio tienen una menor movilidad al nivel prepandemia, modificando aún sus hábitos de consumo.

Lo preocupante es que esta tendencia de deterioro que viene del año pasado, tiene una alta probabilidad de continuar así, consecuencia lógica de los exiguos apoyos fiscales para mitigar el impacto de la pandemia en las empresas y la preservación del empleo, esto a pesar del uso de 204 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) que terminaron por casi agotar sus recursos al cierre de 2020 y con la esperanza diluida de que el remanente de operación de Banxico restituiría el fondo al apreciarse nuestra moneda desde finales de año.

Por lo tanto, al cierre del año el cociente Deuda Bruta/PIB alcanzó un nivel de 53.8%, que implica un crecimiento de 7 puntos respecto a 2019. El FMI ya ha alertado que de acuerdo con sus estimaciones este cociente se mantendrá en el mismo nivel por los próximos 6 años, por lo que la necesidad de revisar como se aplica el gasto y la necesidad de una reforma hacendaria se vuelve casi impostergable, recordando que tenemos la amenaza latente de la inflación a nivel global, algo que podría provocar un cambio en la política monetaria de la FED aumentando los tipos de interés, lo que también impactaría el costo financiero de la deuda de nuestro país.

Uno de los caminos más seductores, en caso de que las elecciones intermedias favorezcan al partido en el gobierno, será impulsar una reforma tributaria con fines recaudatorios, corriendo el riesgo de restar atractivo a la inversión privada, que aún no logra recuperarse.

Incurrir en déficit fiscal con el nivel de endeudamiento actual puede comenzar a afectar las expectativas de inflación de manera indirecta a través de la prima de riesgo (calificación crediticia soberana) y el tipo de cambio, por lo que más que nunca es importante preservar la autonomía del banco central, especialmente ante la coyuntura del término del mandato del Gobernador de Banco de México a finales de este año y el repunte inflacionario que actualmente transitamos.