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Vida Pública

Diputada de Morena demandará por violencia en su contra

Magdalena Rosales interpondrá este día una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por los golpes y violencia que presuntamente ejercieron en contra de ella un grupo de Policías estatales en el Congreso

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#LeónInterpone queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos la diputada local de Morena Magdalena Rosales Cruz por presunto abuso de autoridad contra granaderos de las Fuerzas de Seguridad Pública el pasado viernes, durante la manifestación que se llevó a cabo en el congreso del estado.

Publicado por Periódico correo en Lunes, 18 de febrero de 2019

Magdalena Rosales interpondrá este día una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por los golpes y violencia que presuntamente ejercieron en contra de ella un grupo de Policías estatales en el Congreso

Luz Zárate

Celaya.- La diputada local de Morena, Magdalena Rosales Cruz, interpondrá hoy lunes una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por los golpes y violencia que presuntamente ejercieron en contra de ella un grupo de Policías estatales el pasado viernes.

Además acudirá a la Procuraduría de los Derechos Humanos para levantar una denuncia contra elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública y contra el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, al considerar que los policías recibieron órdenes de su jefe.

Cabe recordar que el viernes se aprobó entre protestas y conatos de violencia entre militantes de Morena y policías estatales afuera del Congreso local, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Guanajuato, cuyo titular será el actual procurador general de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre.

Ese día la diputada por Morena salió del edificio gubernamental para unirse a la manifestación que se suscitaba en el exterior del Congreso y cuando quiso regresar y volver a entrar se armó la ‘gresca’ en la que asegura Magdalena Rosales fue no sólo agredida y violentada en sus derechos, sino hasta golpeada y afectada en su integridad física.

La denuncia será por impedirle el libre tránsito, así como su derecho de manifestación y por abuso de poder.

“La denuncia será por abuso de poder, limitaciones al derecho de libre tránsito,  limitación al derecho de manifestación, hay que decir que el espacio en el que estábamos es el  estacionamiento (del Congreso) es un edificio gubernamental en donde la población puede entrar y ver a los diputados, es reprobable que no dejen entrar a la gente que no es afín a sus ideas”, señaló.

La legisladora aseguró que además de las agresiones que recibió ella el pasado viernes, cuando un grupo de morenistas se manifestaron en el Congreso, se ‘cerraron las vías de comunicación’ en Guanajuato capital para impedirle llegar al Congreso del Estado a los pasajeros de 21 camiones que iban en apoyo a la manifestación.

“Eran 21 camiones,  detuvieron a 10 en el entronque de Silao- Guanajuato y los de Acámbaro no llegaron porque no se los permitieron… Por eso será una denuncia penal en contra de quien resulte responsable y la denuncia en Derechos Humanos por agresión fisica. Fue una limitación del derecho de vía y tráfico (libre tránsito) y abuso de autoridad.

“Los compañeros de Morena también interpondrán su queja en derechos humanos”, señaló la legisladora en rueda de prensa. Se espera que en las próximas horas acuda al Ministerio Público y a la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Se presentan ante la PDHEG Magdalena González y Alma Alcaraz

Como lo anunció la diputada local  Magdalena González Cruz y la dirigente estatal de Morena, Alma Alcaraz Hernández, -por separado- interpusieron una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG).

Los motivos fueron claros para ambas Morenistas, violarles su derecho a la libertad de tránsito, reunión, agresiones físicas por parte de agentes preventivos.

“Esto no puede seguir sucediendo en el Estado de Guanajuato,  la forma de controlar las manifestaciones”, comentó González Cruz.

La queja está dirigida para el Secretario de Seguridad del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, quien aseguró Alcaraz Hernández, fue quien orquestó el operativo el pasado viernes en el exterior del Congreso del Estado.

Además la diputada local, dijo que temía por su integridad luego de los hechos registrados, señaló que esta misma tarde acudirá a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), para interponer una denuncia por la agresión física que sufrió a manos de agentes preventivos.

Ambas quejas quedaron bajo el documento 44/19-AI,  y 45/19-A.

MEJZ*/AL

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Grupo armado ‘levantó’ a nueve jóvenes silaoenses en 2009; padres afirman que seguirán con la búsqueda, aunque ya no lo hagan las autoridades estatales

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Gilberto Navarro

Silao.- Durante 11 años, familiares de nueve silaoenses, han vivido el infierno de la incertidumbre, al no saber nada de sus hijos ‘levantados’, el 30 de mayo del 2009, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Los padres de los jóvenes, aseguran que aunque pasen los años, y las autoridades se olviden de buscarlos, ellos no los olvidan y todos los días seguirán luchando hasta encontrar a César Augusto Martínez, los hermanos, Antonio y Miguel Montañez, Christian Gómez, Fermín Cruz Maldonado, Antonio de Jesús Escalera, Melecio Razo Mendoza y J. Carlos Gutiérrez.

Aquel día, cerca de las 11 de la noche, se llevaron a nueve jóvenes silaoenses de la esquina de las calles La Esperanza y Sostenes Rocha en la Zona Centro de Silao.

Hasta ese lugar llegó un convoy de camionetas con hombres armados, quienes entraron a la casa de dos hermanos para sacarlos y después se llevaron a dos amigos que platicaban en una esquina, en total nueve jóvenes fueron privados de la libertad esa noche.

Al cumplirse 11 años de su desaparición, los padres de los muchachos viven el infierno de la incertidumbre, de no saber el paradero de sus hijos, si viven o han muerto, además de la impotencia de saber que, quienes fueron detenidos por participar en la desaparición de los nueve silaoenses, están libres.

“En la noche es pensar como estarán, dónde estarán, en la mañana despertar igual pensando, sin saber si están muertos, pero mínimo decir, ahí está mi hijo, tener una tumba dónde llorarles”, indicó uno de los familiares.

Hubo detenidos

Y es que en su momento, el entonces director de Seguridad Pública de Silao, Antonio Ramírez Torres, fue detenido junto con dos elementos de la corporación, acusados de haber formado parte del convoy de personas armadas que se llevaron a los jóvenes, pero dos años después y tras ser consignados por el delito de delincuencia organizada, fueron liberados sin dejar una pista del paradero de los plagiados.

Los familiares que han seguido en la lucha y el infierno burocrático, lamentan que más de una década ha pasado de la desaparición de sus hijos y la Fiscalía General del Estado, no ha podido resolver el caso y ni siquiera avanzar en las investigaciones.

Aunque expresan que les han tomado muestras de ADN, e incluso entregaron un teléfono celular al que al día siguiente del ‘levantón’, recibieron una llamada de Zacatecas donde se exigía un millón de pesos por la libertad de los jóvenes, el avance de la investigación ha sido nulo.

“Entregamos el teléfono, nos tomaron pruebas de ADN, cuando encuentran fosas o personas sin vida, preguntamos a ver si es alguno de ellos, pero nos dicen que no, no ha habido ningún avance”, indicaron.

Los afligidos padres, señalan que ante la reciente aprobación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el estado con lo que se contempla la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en cuanto pase la emergencia sanitaria del Covid y se establezca la comisión, acudirán a exigir que se avance en la investigación.

“Vamos a ver si es necesario que nos vuelvan a tomar otra muestra de ADN, o qué pasó, porque no hemos tenido resultado alguno en 11 años, no ha habido ningún avance, que nos digan que apareció uno, vivo o muerto, pero no hay nada”, externaron los familiares de las víctimas.

 

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La CNDH cumple con los estándares internacionales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, pues se centra en las víctimas de este tipo de lugares

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Fernando Velázquez

León.- La investigadora del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NIMA), Rebeca Aguayo, consideró que las recomendaciones emitidas por la CNDH en torno a ‘La Ciudad de los Niños’ en Salamanca, debe ser una oportunidad para Guanajuato de tener una efectiva regulación de estos espacios, pero también para facilitar los procesos de integración familiar y adopción.

En entrevista,   consideró que el documento de la CNDH cumple con los estándares internacionales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, pues se centra en las víctimas del albergue que era dirigido por el padre Pedro Gutiérrez Farías.

Sin embargo, consideró que debe provocar también que ya no existan las omisiones que tuvieron autoridades estatales y municipales, que derivaron en las violaciones graves a derechos humanos en ‘La Ciudad de los Niños’.

“Es una oportunidad para seguir mejorando los procesos que se llevan a cabo dentro de estos centros, que no tienen que quedar en el secreto, en el que no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, sino regular cómo se llevan a cabo los cuidados a la niñez y a la adolescencia, (…) el Estado también tendría que procurar otros procesos del acceso al derecho a una familia de las niñas, niños y adolescentes, que no queden olvidados en las instituciones”, dijo.

Rebeca Aguayo indicó que ahora toca vigilar que las autoridades señaladas cumplan con las recomendaciones de la CNDH, que la Fiscalía General del Estado mejore sus procesos de investigación de los delitos que atentan contra la niñez, y señaló que es momento de que los colectivos que se denominan “provida” y el PAN demuestren que de verdad están a favor de los derechos de las niñas y niños.

“En este contexto en donde diferentes grupos o la fuerza política en la entidad que se ha expresado a favor de la vida y a favor de los derechos de los niños, que lo demuestren en un caso como este, que evidencien que de verdad es algo que les interesa, (…) y que no solamente es parte de un discurso paliativo”, dijo.

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Asegura diputada que resulución de CNDH exhibe ‘compadrazgos’ en Guanajuato; Vanessa Sánchez lamentó que las autoridades no hayan hecho nada en su momento para castigar

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Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El estado encubrió las violaciones a los derechos humanos y demás delitos cometidos en contra de menores de edad y personas con discapacidad que vivían en la ‘Ciudad de los Niños’ en Salamanca, afirmó la diputada del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero.

Señaló que la resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pone en evidencia el ‘compadrazgo’ y ‘amiguismo’ que hubo entre el gobierno del estado y quien administraba ese sitio.

La CNDH acreditó casos de tortura en la ‘Ciudad de los Niños’ en agravio de 21 personas menores de edad y 10 personas adultas con discapacidad, además de violencia sexual contra nueve adolescentes y cuatro adultos.

Vanessa Sánchez recordó que se trató de un tema que salió a la luz pública por el trabajo periodístico y pese a que en su momento legisladores locales exigieron que se atendiera de manera puntual, “en el estado no se hizo nada, se encubrió, se fingió y al final no se resolvió, ni se investigó a fondo y tiene que venir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, años después a decir que sí hubo violaciones, sí hay estos delitos, sí existe toda esta situación, que fue denunciada en su momento, no puede ser que en Guanajuato el compadrazgo, el amiguismo, llegue a tal grado”.

Afirmó que, en Guanajuato, si eres amigo del gobernador o de algún alto funcionario, entonces las autoridades, sobre todo de procuración de justicia no hacen su trabajo de forma efectiva e imparcial.

“El utilizar todas las herramientas de procuración de justicia con fines de acabar con enemigos políticos, pero realmente los delincuentes no están siendo perseguidos y que no estén siendo encarcelados”, sentenció.

Hay responsabilidad

De acuerdo con la resolución de la CNDH se emitieron recomendaciones al gobierno estatal como a la Fiscalía General del Estado a la que le pidió iniciar las carpetas de investigación con motivo de las denuncias que presentó la instancia defensora de derechos humanos por los delitos cometidos, además de la responsabilidad de los servidores públicos que toleraron el funcionamiento de los albergues a cargo del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías.

La legisladora del Verde Ecologista anticipó que derivado de esta resolución es probable que, desde el Congreso del Estado, más de dos grupos parlamentarios levanten la voz en pro de las víctimas con la posible presentación de propuestas de exhortos para exigir a las autoridades que hagan su trabajo.

 

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