Staff Correo / Roberto López

San Miguel de Allende.- El Observatorio Estatal Ciudadano de Guanajuato (OECG) anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue y sancione por la vía penal a quienes se apropiaron de al menos siete viviendas ubicadas en el Centro Histórico de San Miguel de Allende, aprovechando que pertenecían a una norteamericana que no tenía herederos.

Así lo anunció la organización que este jueves ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de la causa, “ante la posible comisión de tipos penales de abuso de autoridad, tráfico de influencias y los delitos que resulten”, según se advierte en la convocatoria. El OECG adelantó que en la operación que derivó en la pérdida de al menos siete propiedades que por ley debieron pasar al patrimonio de la Universidad de Guanajuato, pudiera advertirse el posible encubrimiento del actual rector, Luis Felipe Guerrero Agripino.

Esto, luego de que el pasado miércoles Periódico Correo publicó un reportaje en el que se exhibió la UG perdió los derechos que tenía sobre varios bienes inmuebles en San Miguel de Allende, por descuido, negligencia o por un probable acto de corrupción en el área jurídica, y al menos una casona fue aprovechada por un tercero que la vendió en 40 millones de pesos.

Otras instancias

El alcalde electo Mauricio Trejo Pureco dijo que el caso de las viviendas intestadas que no pasaron a formar parte de los bienes de la Universidad de Guanajuato no es competencia del gobierno local, sino del estatal, del poder judicial y de la propia universidad. Pidió que se investigue el caso y que se sancione a quienes cometieron actos de corrupción.

El Frente Amplio Cívico Sanmiguelense denunció que la norteamericana Carmen Beckmann no dejó solamente una propiedad, sino que dejó intestadas 8 viviendas que debieron pasar a formar parte de los bienes de la Universidad de Guanajuato.

Aseguran que enviaron una carta para denunciar el hecho y que fue recibida por la Universidad de Guanajuato, pero también se entregó copia a la LXII legislatura, al Supremo Tribunal de Justicia, a la presidencia municipal (entonces gobernada por Mauricio Trejo Pureco) y al gobierno de Guanajuato, que encabezaba Miguel Márquez.

“Es un tema que no le corresponde a un presidente municipal. Niego categóricamente que yo haya estado enterado de ese tema; no hay ningún oficio dirigido a Mauricio Trejo como presidente municipal sobre este tema y si hay algún oficio dirigido al gobierno municipal, quizá se enteraron otros menos yo”, dijo Trejo Pureco.

Alabó que se esté investigando “porque es muy peligroso que esté pasando, sobre todo porque San Miguel de Allende es una ciudad que tiene más de 14 mil norteamericanos retirados y que pudiéramos tener muchos casos como éste de la señora Beckmann, de gente que fallezca con bienes intestados”.

Reconoce UG que perdió propiedad por probables actos de corrupción

Una semana después de que Periódico Correo dio a conocer que la Universidad de Guanajuato (UG) perdió la propiedad de una casona ubicada en el Centro Histórico de San Miguel de Allende, que debería ser de su patrimonio, debido a una negligencia o probable acto de corrupción de su exapoderada legal, la casa de estudios emitió un comunicado para dar su versión de los hechos.

En el mensaje, la UG reconoció que hubo indicios de que se trató de un acto de corrupción, y que por ende ordenó abrir una investigación contra su exapoderada, María Isabel Rodríguez Aguilera, quien fue la que cedió la propiedad a Gloria Espinoza Briseño, la mujer que se encargó de cuidar una norteamericana dueña de la casona –que murió sin haber hecho su testamento—, solo porque ella aseguró que era deseo de su expatrona heredarle todos sus bienes.

Aunque la UG perdió todo en los tribunales –la casona, el proceso administrativo contra la exapoderada, e incluso tuvo que pagar los costos a la mujer que se quedó con la propiedad del inmueble—, en el comunicado no explica por qué su exapoderada no fue cesada de su cargo, y por el contrario aún la mantiene en sus filas como asesora jurídica de la Dirección del Colegio del Nivel Medio Superior.

Estas son las precisiones que la UG desea hacer, con relación al inmueble ubicado en la calle Hernández Macías #105, Zona Centro, en San Miguel de Allende.

1. La señora Beckmann Macías falleció el 14 de octubre de 2014 sin haber expedido un testamento.

2. En el año 2014, mediante la celebración de un contrato, se acordó que los bienes de la sucesión de la señora Carmen Beckmann, se pondrían en posesión de la Universidad de Guanajuato, con excepción del inmueble referido el cual, se argumentó, fue objeto de una donación en el año de 1994.

3. En el mes de febrero del año 2015, se iniciaron los trámites del juicio sucesorio respectivo de conformidad con lo estipulado en las leyes de la materia.

4. El 9 de septiembre de 2015, se recibió el emplazamiento de un juicio ordinario civil en materia de prescripción positiva sobre dicho inmueble.

5. El 27 de septiembre de 2015, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino asumió la Rectoría General de la Universidad. En este periodo rectoral, se instruyó a esta Oficina agotar todos los recursos legales a fin de que dicho inmueble se incluyera en la masa hereditaria. Así lo hicimos, pero finalmente la autoridad judicial resolvió que la prescripción positiva se había consumado.

6. Además, dentro de los plazos señalados por las leyes correspondientes, se interpuso el recurso de apelación y se confirmó la resolución judicial antes referida. Ante ello, interpusimos un amparo, el cual fue negado.

7. Aunado a lo anterior, el 19 de octubre de 2016, se dio vista al Órgano Interno de Control de la Universidad –Contraloría General– para iniciar investigación por la probable comisión de actos de corrupción a fin de deslindarse las responsabilidades administrativas correspondientes, siendo resuelto el asunto en última instancia por el Tribunal de Justicia Administrativa.

Es necesario precisar que el tratamiento del caso se ha realizado agotando al máximo los recursos legales a partir del estado en el que nos correspondió darle seguimiento.

Con relación al punto 2, es importante señalar que en el convenio mediante el cual se cedió la propiedad –del que Periódico Correo tiene copias— no existen pruebas de que el inmueble le haya sido donado a Gloria Espinoza Briseño en 1994: todo se fundamenta en lo dicho por ella, lo cual motivó a que la entonces apoderada legal de la UG entregara la propiedad como un acto “de buena fe”, tal como ella misma lo reconoció en un escrito que envió a este medio el jueves 17 de junio.