Karla Silva

Silao.- Ejidatarios de las comunidades Menores y San Diego el Grande en Silao, denunciaron públicamente que en el año 2016 vendieron terrenos para la ampliación del Parque Industrial FIPASI, transacciones que no han sido liquidadas; temen perder sus predios.

Reunidos en el centro de Silao, más de una decena de habitantes de la zona rural rindieron testimonio de que realizaron acuerdos de compra-venta con Manuel Díaz y Alberto Bello Albo, este último identificado como delegado federal en Guanajuato de la Secretaría de Economía.

El comisariado ejidal Amado Fuentes Rodríguez realizó el proceso a nombre de los pobladores de San Diego el Grande: “No tuve desconfianza porque era un ‘jefe’ de Economía, ¿cómo nos iba a quedar mal? El primer dinero que nos dieron fue con Ricardo (García Oseguera, creador de FIPASI), dijo que él respondía y ya no desconfiamos, pero nos dio una parte, luego otra partecita y luego ya no nos dio. Luego yo buscaba a Alberto, no a Ricardo” y no hubo respuesta.

Transcurrido el tiempo Bello Alba habría solicitado al Comisariado Ejidal que se dirigiera con García Oseguera para el cobro, a quien vio por última vez hace cerca de dos años. “Lo que queremos es que nos pague o que nos regrese nuestros papeles porque ni para atrás ni para adelante y, ni siquiera nos viene a decir que nos va a pagar”, compartió.

Amado representa a 15 ejidatarios y a varios que incluso ya fallecieron: “Ya se han ido dos, tres personas y nos estamos yendo algunos, y nos vamos a ir y ahí se van a quedar los terrenos (…) fue un engaño, un abuso que nos hicieron (…) firmé documentos y nunca quisieron hacerme un contrato, es lo que yo peleaba”.

Ambas partes tienen en su poder copia de un estado de cuenta con los nombres de decena y media de personas de San Diego, con quienes CUDIMEX S.A. de C.V. y/o Ricardo García Oseguera habría acordado un pago global de 15 millones 672 mil 768 pesos, pero con anticipos en 2017 y 2018 se tendría un saldo a pagar por la cantidad de 12 millones 537 mil 285.66 pesos.

Algunos han fallecido

En el Ejido de Menores la situación es similar, según contó María Luisa Granados. Su esposo Manuel Rangel Carrillo -ya fallecido- realizó la venta a García Oseguera: “Mi esposo empezó a cobrar y anduvieron viendo licenciados y ninguno les pudo arreglar, a partir de eso él enfermó hasta que murió (…) me siento con temor de que vaya a querer hacer algo este señor”. A Manuel se le entregó como pago parcial un cheque sin fondos.

Irene Hernández Estrada perdió en el año 2020 a su padre, el ejidatario Gabriel Hernández Torres. El trato efectuado desde 2007 -dijo- no lo realizó con Ricardo, sino con un presunto hermano que dijo llamarse Héctor; están implicadas tres hectáreas por un monto de 200 mil pesos cada una. En diciembre de ese mismo año un presunto notario público acompañó de Héctor, habría acudió al domicilio del señor Gabriel y le habrían convencido de firmar un documento del que la familia desconoce su contenido, posteriormente le habrían entregado un cheque sin fondos por la cantidad de 190 mil pesos, así como una pequeña cantidad en efectivo.

En octubre de 2019 le prometieron a los afectados que se les finiquitarían las transacciones, lo que convenció a Irene para que también accediera a vender tres hectáreas que le heredó en vida su padre: “Cerramos un trato el 26 de octubre el 2019 quedando de pagarme en diciembre del mismo año hasta hoy fecha, nada”. Le fueron abonados aproximadamente 200 mil pesos y tampoco se cumplió con el acuerdo. “Quiero que liquide lo de mi padre y con lo mío ya no hay trato, simplemente que me regrese mis papeles para yo poder vender más adelante”.

Los afectados consideraron que el valor de los terrenos ya no es el mismo que en las fechas en que se realizaron los acuerdos, por lo que tendrían que realizarse los ajustes correspondientes.

Víctimas de fraude

Édgar Álvarez representa a los integrantes de ambos ejidos y fue enfático al señalar que desde hace casi dos décadas han sido engañados, pues se les ha orillado a firmar documentos y se les ha entregado cheques inválidos y dinero en efectivo “sin que ellos tengan comprobante de lo que firmaron, no saben lo que firmaron y tienen temor de perder sus tierras”, en tanto las promesas de pago continúan. Suelen recibir abonos de 5 mil ó 10 mil pesos mensuales o hasta anuales.

Édgar Álvarez representa a los integrantes de ambos ejidos y fue enfático al señalar que desde hace casi dos décadas han sido engañados, pues se les ha orillado a firmar documentos y se les ha entregado cheques inválidos y dinero en efectivo “sin que ellos tengan comprobante de lo que firmaron, no saben lo que firmaron y tienen temor de perder sus tierras”, en tanto las promesas de pago continúan. Suelen recibir abonos de 5 mil ó 10 mil pesos mensuales o hasta anuales.

Los comisariados ejidales disputan también brechas del ejido y parcelas escolares. El adeudo es de al menos 50 millones de pesos, por lo que el representante informó que se presentaron ya requerimientos de pago y se entablarán demandas civiles y denuncias penales por abuso de confianza, fraude y/o incumplimiento de pago, con respaldo del abogado Rafael De la Torre que despacha en la ciudad de León.

EZM