Redacción

La Haya.- Las organizaciones en defensa de los derechos humanos Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) e Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS), presentaron una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en la que acusan de crímenes de lesa humanidad a los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En concreto, el documento presentado ante la corte internacional acusa a ambos mandatarios de “la presunta comisión de tortura y tortura sexual como crímenes de lesa humanidad en México, perpetrados por elementos de las Fuerzas Federales del Estado Mexicano entre diciembre de 2006 y diciembre 2018”.

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Esta denuncia documenta y analiza 197 casos comprendidos en 166 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y dan cuenta de 642 víctimas de tortura y tortura sexual ocurridos en 26 entidades federativas durante la llamada “Guerra contra las drogas”, lanzada por Calderón a finales del primer año de su gobierno, informó Graciela Rodríguez, directora ejecutiva de la CMDPDH.

También se acredita la responsabilidad superior y de mando de 58 comandantes militares adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes son señalados como responsables de perpetrar actos de tortura, violencia sexual y otras conductas graves que constituyen crímenes de lesa humanidad y son competencia de la CPI.

Además se informa sobre la supuesta estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crímenes de lesa humanidad que habrían sido cometidos por desaparición forzada, además de que documenta el hallazgo, entre junio de 2017 y mayo de 2020, de 30 fosas clandestinas con al menos 140 cuerpos de personas desaparecidas en el estado.

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A raíz de esta información se constató que existen bases razonables para considerar que se cometieron actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad competencia de la CPI y que fueron cometidos mediante una estructura criminal que operaba en el seno de la Fiscalía de Nayarit.

“Las organizaciones convocantes consideramos que la intervención de la CPI podría fomentar investigaciones y enjuiciamientos efectivos. Asimismo, reconocemos que es fundamental que el Estado mexicano reconozca la grave crisis de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad que vivimos en el país y que actúe en consecuencia”, señalaron en un comunicado conjunto.

JRP