Denuncian a EPN y su ‘equipo mexiquense’ por quebranto al erario de 3 mil 100 mdp

Enrique Peña y Luis Videgaray.

Los hechos probablemente delictuosos representarían un quebranto multimillonario a la Hacienda Pública federal

Redacción

CDMX.- El abogado Paulo Díez presentó el pasado viernes una nueva denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del presidente Enrique Peña Nieto; de los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes, Luis Videgaray Caso y Gerardo Ruiz Esparza, respectivamente; el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas; y del candidato priista al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, por haber creado un mecanismo que permitió desviar 3 mil 100 millones de pesos de las arcas federales vía Edomex.

De acuerdo con Díez Gargari, los hechos probablemente delictuosos representarían un quebranto multimillonario a la Hacienda Pública federal, una “operación propia de la delincuencia organizada, diseñada y ejecutada con la participación de Peña Nieto”.

En su denuncia, el abogado explica que el presidente, junto con Videgaray Caso (aún como Secretario de Hacienda), Ruiz Esparza, Ávila Villegas y Del Mazo Maza (entonces director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos -Banobras-) trabajaron en un mecanismo que les permitió transferir por lo menos 3 mil 100 millones de pesos federales al Edomex.

Díez Gargari documentó el proceso que se remonta a 1991 y luego a los años en que Peña Nieto era gobernador del Edomex (2005-2011) y actualmente presidente.

La trama

En 1991 la SCT otorgó a la empresa Promotora y Administradora de Carreteras SA de CV la concesión para construir, explotar y conservar el tramo carretero Champa-Lechería por un plazo de 20 años.

En 1992, aún en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno federal celebró un Convenio de Concertación de Acciones. Ahí quedó estipulado que el gobierno del Edomex debía aportar obligatoriamente 50 millones de pesos para cubrir el costo de liberación del derecho de vía, para que luego el gobierno federal le entregara una nueva concesión por otros 20 años y así recuperar, por ingresos de peaje, los 50 millones de pesos.

En 1997, la Secretaría de Hacienda y la SCT aprobaron un esquema de reestructuración financiera de las autopistas concesionadas. Ahí se limitó el costo fiscal del rescate y los 50 millones de pesos fueron considerados como aportaciones ‘no recuperables’. El gobierno federal no asumió el reembolso y el Edomex no impugnó el rescate.

Pero luego, el 21 de marzo de 2007, Peña Nieto como gobernador, Ruiz Esparza como secretario de Comunicaciones y Videgaray como secretario de Finanzas (ambos estatales) presentaron varias reclamaciones al gobierno federal para que se le entregara al Edomex la concesión de la autopista o para que se le reembolsaran los 50 millones de pesos ‘supuestamente’ aportados.

El gobierno federal lo rechazó, pero luego llegaron Peña Nieto a la Presidencia y Ruiz Esparza a la SCT.

Según Ruiz Esparza, la aportación del Edomex la autopista no fue de 50 mil millones, sino de 125 millones de pesos, pero con una tasa de interés anual de 10 puntos reales por encima de la inflación, el monto alcanzó los 3 mil 671 millones de pesos.

De acuerdo con Díez Gargari, ese 10% utilizado no tiene soporte legal o contractual. Si la cifra se actualiza por inflación, sería de 334 millones de pesos (al 30 de abril de 2017). Pero de entrada, el Edomex no tenía ya el derecho a recuperar el dinero.

Ya en el poder, el ‘equipo mexiquense’ acordó favorecer el reclamo.

La ruta del dinero debió llegar al Sistema de Administración del Sistema Carretero del Estado de México (Saascaem), pero no hay rastro alguno de los recursos. Tampoco en otros lados hay registro o referencias al convenio.

Pero en la SCT, en su Cuenta Pública Federal, quedó registrado como “subsidio a una entidad federativa”.

*Con información de sinembargo.mx